- Políticas para un caos sistemático
Ramón Vera Herrera,
Ojarasca
Octubre de 2013
Península de Yucatán.
En los tres estados por igual —Campeche, Yucatán y Quintana Roo— se perfila un futuro cada día más incierto. Los nuevos programas de gobierno, cuando los cumplen, se revierten contra la gente sin que se dé cuenta de qué ocurrió. Un ejemplo emblemático son las comunidades que se inundan súbitamente porque en las inmediaciones hay extensiones cultivadas con agricultura industrial mecanizada, algo que los lugareños llaman con sorna “el Mecanizado”, aunque a veces recurran a éste al sembrar maíz comercial, y reserven los métodos tradicionales para seguir cultivando su maíz nativo de siglos.
Sucede que por el tipo de suelos que hay en la península, “el Mecanizado” tapa todos los hoyos naturales y aplana los cauces naturales por donde el agua corría y se iba penetrando la tierra que, ahora “impermeable”, sirve de tobogán para arrojar súbitamente miles de litros a las comunidades aledañas. La constante es que sean comunidades con siembra mecanizada. Así pasa en SucTuc, Sahcabchén y Vicente Guerrero (hoy paradójicamente conocida como Iturbide), que han sufrido inundaciones brutales, muy inesperadas y desmesuradas, con pérdidas materiales cuantiosas.
Donde sólo hay cultivos a lo tradicional, el agua encuentra sus cauces y si bien puede haber alguna inundación esporádica, por lo general la gente sabe que el agua encuentra su rumbo y se mete al suelo, tarde o temprano.
Así de súbitos e inentendibles son los programas de gobierno. En el estado de Yucatán, el gobierno está implementando un programa que, anuncia, sembrará dos mil hectáreas con pepita de calabaza para vender como golosina empaquetada. (Se dice por todas partes que para Sabritas y su marca afiliada, Sonric’s: hay que recordar que Pepsico es una de las compañías que contribuirá con la Cruzada contra el Hambre).
Lo extraño es que las comunidades reportan que los funcionarios del gobierno llegan a promover que la comunidad le otorgue una hectárea a cada una de las señoras que entrarían al programa (es sólo para mujeres), y que ellas, cada quien, tendrán que titular individualmente, aunque sea tierra procedente de algún ejido o comunidad agraria. Una vez que cuente con registro y titulación, la solicitante deberá poner ese título de una hectárea en prenda para los efectos del proyecto, que es sembrar pepita de calabaza mediante un sistema de riego. A cada una se le otorga un panel de energía solar y se le perfora un pozo. Las condiciones son que si algo ocurre con la cosecha, el pozo o la celda solar, será la solicitante la responsable de reponer o pagar de su parte lo correspondiente. Y en todo caso la compañía, o los contratistas, pueden quedarse con la parcela “por tiempo indefinido”, suponemos que mientras paga o resarce de algún modo lo dañado, lo malogrado.
Las corporaciones nunca pierden. Sin embargo, aquí las comunidades temen algo peor. Piensan que se trata de un despojo descarado, que intenta arrebatar a las solicitantes, de una en una, hectáreas de terreno que, ah que casualidad, “deben ser contiguas”.
Con tanto vuelo que trae la soya (y la transgénica todavía más), la gente teme que el despojo de parcelas continuas de una hectárea sea el paso previo para sucesivas invasiones de siembras mega-industriales de soya. Ya se verá, pero en los ejidos de los municipios de Timul, Tadziú, Chacsinkín y Yaxcabá, sobre todo, el temor crece como una inquietante noticia más desde “el Mecanizado”.
