Exhortan a crear cerco social para evitar más daños de las semillas transgénicas

  • Grupos de campesinos lamentaron que el gobierno guarde silencio ante las afectaciones
  •  La contaminación es un atentado contra la alimentación de los pobres, señalan expertos

Matilde Pérez U.

La Jornada

10 de noviembre de 2003

La contaminación es un atentado contra la alimentación de los pobresRepresentantes de las comunidades rurales de Veracruz, Oaxaca y de la Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas (AJAGI) comentaron que para frenar la contaminación de semillas de maíz de autoconsumo con variedades transgénicas establecerán un cerco social. Puntualizaron que no han definido la estrategia para la defensa de sus variedades de maíz, pero demandarán al gobierno federal que deje de importar el grano transgénico y mantenga la moratoria a la siembra y producción del alimentos modificados genéticamente. Para los representantes de dichas comunidades, la contaminación de sus maíces es «más que una catástrofe biológica, es un atentado contra la alimentación de los más pobres».

Carlos Chávez, de AJAGI, alertó sobre los efectos que causaría levantar dicha moratoria. «Los juicios contra los campesinos se multiplicarían por cientos, ya que la contaminación descubierta en zonas rurales de nueve estados es de variedades transgénicas patentadas. Estarían en problemas con el gobierno de Estados Unidos».

Los análisis realizados por diversas organizaciones no gubernamentales en Chihuahua, Morelos, Durango, estado de México, San Luis Potosí, Puebla, Oaxaca, Tlaxcala y Veracruz (La Jornada, 8 de octubre) indican que los maíces nativos contienen proteínas de maíces transgénicos elaborados por las empresas Monsanto, Novartis, Aventis-Bayer, entre otras trasnacionales.

«Al gobierno no le importa qué pase en las comunidades y menos con el maíz, y a pesar de la gravedad de la situación no hay una acción para proteger la base de la alimentación de millones de mexicanos», abundó Chávez. La situación muestra el fraude que se cometió contra las comunidades y que cede a las presiones de las grandes empresas, pues la ley de bioseguridad no cumple con el Protocolo de Cartagena ni con el Convenio de Biodiversidad.

Por la situación, a las comunidades sólo les queda proteger y defender sus semillas del flujo genético de los transgénicos; tendrán que impedir el ingreso de semillas mejoradas, del maíz que entrega Diconsa y de las ayudas internacionales, ahora «todo genera desconfianza». Además, dijo Chávez, se ha comprobado que las semillas desarrolladas por los pueblos y adoptadas a las condiciones, difícilmente son superadas por otras; es frecuente que una mazorca más grande sea blanco de plagas. La contaminación demuestra que las comunidades deben convertirse en las «desarrolladoras de sus propias semillas».

En Veracruz «estamos estudiando lo que haremos. No quiero decir nada más sólo que es un asunto grave para los productores», agregó. A su vez, Mercedes García, de la Organización de Agricultores Biológicos de Oaxaca, expuso que los campesinos están preocupados «por este mal.

Apenas estamos mirando cómo podemos contrarrestarlo, todavía no tenemos metodología ni un proceso a seguir; pero sabemos que la respuesta está en nuestras manos». Esta contaminación debilita mucho a las comunidades, porque es un ataque contra su alimento, contra su subsistencia, acotó.

A su vez, los integrantes del Centro de Estudios para el Cambio en Campo Mexicano, Centro Nacional de Apoyo a Misiones Indígenas, Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración, Centro de Análisis Social, Información y Formación Popular y de la Unión e Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca lamentaron que el gobierno guarde silencio ante las evidencias de contaminación del maíz, y responsabilizaron de ésta a las trasnacionales, particularmente a Monsanto, Dupont, Bayer, Dow, BASF y Syngenta.

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noviembre 10, 2003

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