El Senado de los pollos

Alejandro Nadal

La Jornada

16 de febrero de 2005

En Roma, el emperador era muy poderoso. Gobernaba el destino de pueblos enteros y tenía todo a su alcance. Pero, en realidad, su conducta estaba determinada por las entrañas de los pollos, el vuelo de un águila o el retumbar de un trueno. Los agoreros y adivinos que lo acompañaban a todas partes tenían que «leer» las vísceras de un pollo sacrificado, los círculos o titubeos del vuelo de las aves o el eco de los truenos. Eso era parte del protocolo del poder, ya estuviera el césar en el Monte Aventino o en la cuenca del Danubio dirigiendo a sus legiones.

La ironía del emperador gobernado por pollos se repite en todas las estructuras de poder en México. Sólo que ya no se trata de las entrañas de los pobres pollos sacrificados, sino de otro tipo de señales. El principio, sin embargo, es el mismo: los senadores no tienen la capacidad de analizar y decidir de manera autónoma pensando en el interés colectivo.

 Ayer aprobaron la mal llamada Ley de bioseguridad de organismos genéticamente modificados (LBOGM). Es uno de los actos más monstruosos desde que el Congreso diera luz verde al megafraude del Fobaproa. Es el primer paso para que los organismos genéticamente modificados (OGM) sean comercializados en todo tipo de productos en México, para consumo humano directo e indirecto.

 No habrá etiquetado obligatorio ni protección para los productores orgánicos ni para las mal llamadas «zonas libres» de transgénicos. Tampoco se salvarán las áreas naturales protegidas y si nos descuidamos, el régimen de protección especial para cultivos cuyo centro de origen se encuentre en México, será una caricatura en un pedazo de papel.

 La LBOGM tiene muchos defectos importantes. Cada uno de ellos por separado hubiera sido suficiente para rechazarla o replantear su diseño. Pero todo eso no fue suficiente para un cuerpo legislativo cansado de arrastrar su carcasa y de leer las señales del poder. El Senado da muestras de fatiga de apoltronamiento.

 Lo que pasó ayer en el Senado no es sorprendente, pero sí es trágico. México es escenario del primer episodio de contaminación por material transgénico en un centro de origen. En la emergencia, el gobierno marchó a la retaguardia, como es costumbre. Ninguna autoridad ambiental hizo algo que valiera la pena, y sólo hasta que organizaciones civiles pidieron la intervención de la Comisión de Cooperación Ambiental (CCA), se llevó a cabo el primer estudio sobre esta contingencia. Las recomendaciones derivadas del estudio de la CCA no fueron escuchadas y, en el fondo, no se ha hecho nada. Incluso se comienza a minimizar el problema diciendo que el caso de contaminación en maíces en Oaxaca ya está disminuyendo, aunque no se han hecho públicos los estudios que avalan esa conclusión.

 En el caso de la contaminación de maíces mexicanos, y para casos similares en el futuro, la flamante Ley de bioseguridad no ofrece ninguna protección. Los senadores lo saben porque en varios momentos se les alertó sobre el artículo 121 de su ley. Ese artículo dice que solamente cuando se causen daños a terceros o el medio ambiente por el uso indebido de los OGM hay responsabilidad. Basta con demostrar que se siguieron las instrucciones y se obtuvieron los permisos correspondientes para liberarse de toda responsabilidad.

 En realidad no era necesario hacer tanto mitote y gastar el tiempo del Congreso para aprobar la LBOGM. Ese régimen de responsabilidad y reparación de daños es el mismo que el aplicado a los automóviles: usted es responsable cuando maneja sin permiso, con imprudencia o negligencia. Claro, la diferencia es que su automóvil estacionado frente a su casa no contamina los autos de los vecinos. Eso no es lo que sucede cuando hay cultivos de polinización abierta. Pero los vecinos no podrán demandar al productor con OGM; éste alegará que no hizo uso indebido de los transgénicos. En cambio, el afectado podrá ser demandado por la compañía productora de transgénicos por invasión de patentes.

 Uno de los giros desafortunados de este proceso es que la Academia Mexicana de Ciencias salió lastimada. El papel de uno de sus miembros, Francisco Bolívar, fue muy dañino. Hasta el fin manipuló el nombre de la AMC, induciendo a los legisladores a pensar que la Academia toda entera apoyaba el proyecto de ley. El presidente de la AMC, Octavio Paredes, no pudo frenar esa manipulación y enturbió todo con declaraciones ambivalentes. La AMC tardará tiempo en recuperar credibilidad.

 El Congreso no obedece a las vísceras de las aves sagradas, pero responde a la música de las empresas trasnacionales. Sigue una batalla difícil para contrarrestar el daño que la nueva Ley de bioseguridad le hará a México.

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febrero 16, 2005

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