Territorio Wixárika: Invasión perpetua con nuevos disfraces

José Godoy Berrueta y Ramón Vera Herrera                                                                              Ojarasca                                                                                                                                        Marzo  2008                                                                                                                                PDF

Salinas, San Luis Potosí

Salinas, San Luis Potosí

La sierra huichola cambia. El gobierno, mediante su brazo armado de dinero —la famosa Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indios (cdi)— invade con “proyectos” lo que antes invadían ganaderos, narcos y ejidos aledaños: el territorio de un pueblo que ha defendido su cosmovisión, su comunalidad, su trabajar y aprender colectivamente, su sensibilidad para pensarse un solo pueblo y no únicamente rancherías aisladas.

Hablamos de 450 mil hectáreas continuas (después de que en la titulación les fueron excluidas o segregadas enormes extensiones) en zonas de Jalisco, Nayarit, Durango y Zacatecas. (El Distrito Federal cuenta con 148 500 hectáreas.) La lucha por recuperar las partes invadidas de su territorio es fundamental para las comunidades wixaritari desde la Revolución mexicana.

Los huicholes han batallado mucho por mantener la posesión territorial y consolidar el reconocimiento y titulación de sus bienes comunales mediante la fuerza de las asambleas. En 2000, San Sebastián Tepo­nahuaxtlán y Tuxpan de Bolaños recuperaron casi 36 500 hectáreas, pero tienen pendientes unas 12 mil hectáreas que les invaden ganaderos y talamontes de Puente de Camotlan y Huajimic, mismos que invaden 9 500 hectáreas de Guadalupe Ocotán. San Andrés Cohamiata logró recuperar casi 2 700 hectáreas de un diferendo de límites con el ejido San José del Refugio. Quedan en conflicto más de 14 mil hectáreas de invasiones, sobreposiciones y segregaciones a sus planos originales: tan sólo a la comunidad autónoma de Bancos de San Hipólito en Durango no le reconocen 10 540 hectáreas que posee desde tiempos ancestrales, pese a que la comisión de expertos de la Organización Internacional del Trabajo (oit) le ha dirigido recomendaciones explícitas al gobierno mexicano.

Algunos de estos juicios (con Puente de Camotlán y San José del Refugio) fueron “resueltos” mediante el Programa de Focos Rojos de la Secretaría de la Reforma Agraria, que estableció mecanismos de retribución o “indemnización” injustificada a quienes por años invadieron las tierras con lujo de violencia, y que perdieron los litigios en los tribunales agrarios. Así, se instauró el sinsentido jurídico de arreglar por fuera de la ley lo que los tribunales agrarios debían resolver (o ya habían resuelto), restándole autoridad a dichos tribunales y afianzando en muchos casos el poder caciquil, que recibió una inyección de efectivo para operar en la región. Para muchos expertos jurídicos en materia agraria, esto tiene la finalidad de “regularizar” la propiedad de la tierra, en pinza con el Procede, para que la inversión privada que se avizora fluya sin obstáculo alguno.

Es una concentración poblacional tan desmedida que San Andrés (la antigua Tateikie) se perfila ya como una de las urbes de la Sierra con todo lo queentraña de violencia, prostitución, alcoholismo y mistificación.

La invasión que hoy sufre la sierra es de otro orden: imposiciones y controles burocráticos en la gestión; absurdos contenidos, nada pertinentes, en la educación; discriminación e irresponsabilidad de los servicios de salud; contención cultural disfrazada de multiculturalismo. Son ataques que nos cuestionan la idea geográfica de lo territorial. Son políticas y leyes nacionales o estatales encaminadas a disolver la comunidad, su territorio y la unidad de sus asam­bleas; a ilegalizar la actividad campesina y sus semillas tradicionales, a contaminarlas con transgénicos. Es la certificación de ojos de agua y pozos que realizan ciertos particulares y los funcionarios de los municipios sin consenso de las asambleas; la privatización  del bosque que entrañan las “áreas protegidas” y los servicios ambientales, el barrido de un progreso que es fragmentación. Todo esto crea situaciones confusas que van mermando los esfuerzos comunitarios y que tarde o temprano pueden mellar el filo de las asambleas en la toma de decisiones en muchos asuntos, pues por debajo de tratados y acuerdos políticos a nivel estatal y nacional están turbios intereses internacionales que actúan directa pero soterradamente en la región.

Donde más se nota la nueva invasión es en San Andrés, otrora un pequeño poblado, que hoy cuenta con un albergue estudiantil patrocinado por Cocacola, más y más casas de material y dos pisos, varias toneladas de cerveza al mes que los camiones llevan a la comunidad, hoteles “alternativos”, centros para promover visitas de “eculturismo” con rituales, curaciones, costumbrismo, temazcales y chamanes de artificio —todo con financiamiento de la cdi. Es una concentración poblacional tan desmedida que San Andrés (la antigua Tateikie) se perfila ya como una de las urbes de la Sierra con todo lo que entraña de violencia, prostitución, alcoholismo y mistificación. La certificación emprendida por el Procecom, las grandes represas que expulsarán a muchas personas en diversas regiones de la frontera de Nayarit, Jalisco, Durango y Zacatecas, las “unidades del manejo ambiental” que ya se proyectan, los proyectos forestales amañados y las carreteras que, de nuevo, con dinero de la cdi, intentan cruzar todo el territorio huichol, recrudecerán la concentración, la miseria y la pérdida de sus antiguos modos campesinos. Por fortuna, un núcleo duro de comuneros y autoridades tradicionales tateikietari entiende la situación, se sabe arrinconado por toda esta andanada gubernamental y busca expresar sus propias posiciones en algunos documentales que pronto saldrán a la luz.

Pero la situación no sólo cambia en San Andrés. Santa Catarina, San Sebastián y Tuxpan sufren también la corrupción insidiosa que intenta minar la resistencia tenaz que durante años han mantenido las comunidades wixárika. Siendo que las autoridades comunitarias han sido sinónimo de obediencia a las asambleas, algunas de pronto caen en la torpeza de firmar documentos de compromiso (para vender partes de un bosque) o llevar a cabo una asamblea que no cumplió con las formalidades de la ley para ser válida donde una minoría aprobó la carretera Huejuquilla a Amatitán, desconociendo —por la campaña de mentiras, confusión y amenazas de los funcionarios gubernamentales— acuerdos comunitarios firmes y de largo plazo.

La confusión creada por el gobierno mexicano contrasta con la claridad que en estos momentos tiene la comunidad de Santa Catarina para defender su territorio, mucho mas allá del enredo legal y administrativo con que quieren imponerles de manera autoritaria, sin consulta, la carretera. La reunión de la Región Centro Pacífico del Congreso Nacional Indígena, que sesionó el 8 y el 9 de marzo en el mismo lugar donde sigue el plantón de catarineros, es una muestra contundente de la unión de las comunidades wixárika ante los nuevos disfraces de las viejas invasiones.

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