México: el maíz y su defensa más transparente

 Ramón Vera Herrera

Ojarasca

«Hace poco se reunió en asamblea la Red en Defensa del Maíz (RDM), un espacio que por casi diez años ha promovido el trabajo cotidiano con perspectiva global de un universo de comunidades, municipios, organizaciones, pueblos indígenas y mestizos, campesinos todos, que están empeñados en defender su vida de cultivadores al cuidado del mundo. Ahí existe un diálogo permanente en directo, sin retórica, donde se trabaja en lo práctico por alcanzar autonomía y soberanía alimentaria.»

En un momento tan oscuro de México, es grave equivocarnos. Ya lo decía Andrés, el personaje del Libro de Manuel, la novela de Julio Cortázar, parafraseando según él a Jean Paul Sartre: “El problema es que a lo mejor cuando yo elijo lo que creo una conducta liberadora, un agrandamiento de mi circunstancia, a lo mejor estoy obedeciendo a pulsiones, a coacciones, a tabúes o a prejuicios que emanan precisamente del lado que quiero abandonar”.

Eso viene a cuento porque en un momento de semejante ilegitimidad del gobierno, la llamada “incidencia política” (movilizar “contactos” en la clase política para que, si tienen voluntad, cambien algunos parráfos en una norma o promuevan iniciativas de ley, como las estatales para la defensa del maíz nativo en México), nomás legitima leyes que no necesariamente corresponden con lo que era anhelo de la gente.

Con el debido respeto para quienes buscan incidir políticamente en el aparato jurídico mexicano, hay que recordar que, por lo menos desde 1992, las leyes en México se cocinan para servir de obstáculo concreto a los afanes de justicia de la población. Con este férreo control jurídico legal, quienes hacen leyes orillan a la gente a no tener cabida en la ley y, valga la obviedad, a quedar y a actuar fuera de la ley.

Este rasgo de sucesivos gobiernos mexicanos lo lamentan por lo menos desde 1996 varios ámbitos jurídicos internacionales.

En ese entonces, la Comisión Internacional de Derechos Humanos, expresó que en México hay una “utilización de los poderes del Estado para perseguir y afectar las garantías de los pueblos” (es decir, como recalca Magdalena Gómez: “el poder actúa de mala fe contra la población que tendría que proteger, descuidando, o de plano mermando, los derechos de ésta”).

Elegir un agrandamiento de nuestra circunstancia (digamos apostando a incidir en la ley para quedar atrapados en normas que dañan, más que beneficiar, a quienes las promovieron) nos vuelve a dejar, más sojuzgados, en el lado que queríamos abandonar.

Hace poco se reunió en asamblea la Red en Defensa del Maíz (RDM), un espacio que por casi diez años ha promovido el trabajo cotidiano con perspectiva global de un universo de comunidades, municipios, organizaciones, pueblos indígenas y mestizos, campesinos todos, que están empeñados en defender su vida de cultivadores al cuidado del mundo. Ahí existe un diálogo permanente en directo, sin retórica, donde se trabaja en lo práctico por alcanzar autonomía y soberanía alimentaria. Uno de sus logros más concretos es mantener una moratoria autogestionaria en sus regiones, contra los transgénicos.

Ahora, alarmada por las autorizadas siembras piloto de maíz transgénico en Tamaulipas, y por las nuevas leyes estatales de supuesta defensa del maíz, la rdm emitió un comunicado donde expresó:

Defender el maíz en México pasa necesariamente por el respeto a la libre determinación y autonomía de las comunidades y pueblos indígenas y campesinos.

Rechazamos una vez más cualquier siembra experimental, piloto o comercial, así como la distribución, almacenamiento, comercialización, de organismos genéticamente modificados en cualquier parte del territorio nacional (y en el mundo).

La soberanía alimentaria radicará siempre en el respeto del derecho colectivo a tener, guardar e intercambiar libremente semillas nativas sin la imposición de mecanismo alguno de control estatal, federal o empresarial (sea certificación, inventario, banco de semillas, catálogo de variedades, patentes, denominaciones de origen o derechos de obtentor). La soberanía alimentaria requiere condiciones que permitan la producción libre y autónoma de alimentos a nivel local, regional y nacional, el respeto a nuestros territorios, amenazados ahora por proyectos mineros, hidroeléctricos, petroleros, carreteros, de servicios ambientales, reservas de la biósfera, privatización de los mantos de agua; territorios amenazados también por la industrialización y urbanización salvaje y por la política ambiental oficial de conservación sin gente.

Lamentamos profundamente que las leyes nos roben la palabra, no nos permitan dialogar desde lo profundo y nos traten de imponer en este caso la ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados y sus derivados, como el único camino legal para defender nuestro derecho de vivir como pueblos de maíz, siendo que dicha ley nos impide esa defensa.

Sin embargo, los congresos estatales de Michoacán y Tlaxcala acaban de promulgar “leyes que se promueven como leyes para proteger al maíz de la contaminación transgénica y para establecer zonas libres de transgénicos”; en realidad leyes que:

…no prohiben la siembra (experimental, piloto o comercial) de maíz transgénico. Tampoco prohiben la introducción de semillas transgénicas en los estados, pero sí definen el procedimiento de autorización para introducirlas, almacenarlas, distribuirlas y comercializarlas en su territorio, dando certeza jurídica y económica a la inversión de empresas semilleras y agroindustriales, transnacionales y nacionales… Criminalizan las semillas nativas y su libre intercambio. Propician la erosión de la cantidad y calidad de la enorme variedad de semillas de maíz (retringiendo ésta a unas cuantas docenas de variedades por inventariar, que después serán la base para sancionar a quienes transgredan las disposiciones de propiedad intelectual que entraña la ley)… Buscan fiscalizar a los productores mediante un directorio o registro que conlleva infinidad de requisitos, y al mismo tiempo excluyen de la supuesta protección de esta ley a todos aquellos que no alcancen a cumplir estos requisitos de control exigidos sin razón. Someten el quehacer campesino y las decisiones agrícolas a un antidemocrático consejo estatal, que además da muy poco peso a la participación campesina y que tiene la facultad de “monitorear actos no autorizados” en las comunidades.

 

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