Diagnósticos autogestionarios, debates pantanosos, organización renovada

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Entre octubre de 2002 y diciembre de 2003, México fue escenario de una batalla prácticamente invisible. Por un lado, las dependencias y los funcionarios (en particular el subsecretario de Agricultura Villalobos) amagaron varias veces con suspender de facto la moratoria que prohibe la siembra de maíz transgénico, con el alegato, bastante provocador, de que si ya se contaminó pues que siga, y así la gente empezará a disfrutar las bondades de los transgénicos, así esparcidos.

Como hemos dicho, varias comunidades y las organizaciones campesinas y civiles de Chihuahua, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Jalisco, Durango, San Luis Potosí y Tlaxcala, emprendieron talleres preparativos para hacer pruebas de contaminación propias sin depender del gobierno para impulsarlas. Con ayuda de las fundaciones Misereor y Pan para el Mundo, se inició un proceso de diagnóstico en varias zonas de las entidades mencionadas conjuntamente con algunos organismos civiles, independientes, como el Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam), el Centro Nacional de Apoyo a Misiones Indígenas (Cenami), el Centro de Análisis Social, Información y Formación Popular (Casifop), el Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración (Grupo etc), la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca (Unosjo) la Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas (ajagi), Consultoría Técnica Comunitaria (Contec), de Chihuahua, y un grupo independiente de biólogos y biólogas de la Universidad Nacional Autónoma de México (unam), cuya participación fue crucial en la toma y el análisis de las muestras.

Para la gente que participó (muchos comuneros y comuneras wixárika, rarámuri, nahua, ñahñú, zapotecos, tenek, popolucas y otros), para la gente de los organismos civiles y para el equipo de biólogos, fue siempre claro que lo importante, lo verdaderamente crucial de un proceso de esta naturaleza, era el proceso de reflexión que conllevaba. Era la discusión que potenciaba desde abajo, desde las alejadas regiones del maíz, y el impulso a una preocupación real, comunitaria, por entender su milenario proceso como amantes del maíz. Entender las condiciones que privaban sobre las comunidades y el campesinado en su región particular, en México y el mundo, y las posibilidades de descontaminación que las propias comunidades podrían diseñar. Era también un momento para reflexionar sobre el papel de la ciencia y la tecnología y, por supuesto, entrever el alcance de la contaminación. En el manual que se difundió de manera explícita entre los integrantes —que fue diseñado con la participación de las propuestas de los involucrados y que sistematizó la gente de Cenami— se enlistan una serie de previsiones que normaron todo el trabajo:

1. Las comunidades indígenas y campesinas que participan de manera consciente y transitiva en la campaña “En defensa del Maíz”, parten de procesos comunitarios motivados por los siguientes objetivos:

* Propiciar la reflexión comunitaria hacia el arraigo y la autosuficiencia amplia a nivel familiar y comunitario.

* Potenciar a las mujeres y hombres de las comunidades en el despliegue de sus capacidades y habilidades como promotoras(es), agricultores(as), autoridades agrarias y tradicionales, mediante la recuperación de sentidos o valores culturales, la recuperación del conocimiento profundo de la agricultura tradicional y la biodiversidad y la capacitación en aspectos agrarios, administrativos y de gestión.

* Facilitar la articulación entre organizaciones, comunidades y centros especializados en análisis de la situación en el campo, para defender el maíz, la diversidad biológica, la propiedad intelectual y sus derechos como agricultores.

* Partir de la autosuficiencia alimentaria como primer nivel de la economía campesina, sin dejar de potenciar los cultivos comerciales que pueden manejarse como excedentes dentro de mercados regionales o locales.

* Buscar el equilibrio productivo entre la seguridad alimentaria basada en el aumento de la producción de granos básicos y la conservación de suelos y de la biodiversidad.

* Pretender la integridad del ecosistema del territorio indígena mediante el ordenamiento territorial, el manejo sustentable del bosque, el manejo ecológico en las parcelas agrícolas y la promoción de tecnologías apropiadas para el ahorro de energía.

* Pensamos que las y los agricultores indígenas aportan a la soberanía alimentaria del país. Por lo tanto, pensamos que es necesario luchar por nuestros derechos como agricultores.1

A esta reflexión, alimentada en asambleas, talleres y reuniones informales, contribuyeron también el Grupo etc y GRAIN. Una de las reflexiones que pesó durante este periodo es la siguiente, formulada en su forma más acabada en los siguientes párrafos:

La descontaminación del maíz, la restauración de su carácter sagrado y de las relaciones de respeto profundo que por él se debe tener no podrá ser obra de científico ni centro de investigación alguno, sino obra de los pueblos que aún lo cultivan con cariño. En la medida que la contaminación no pueda seguir negándose, veremos ofrecimientos bien o mal intencionados, respetables o desvergonzados, de descontaminar el maíz mediante esfuerzos científicos de envergadura. No sería sorpresa que distintos centros de investigación, incluido el cimmyt ofrezcan descontaminación, o al menos dirigirla. Probablemente se erigirán como los únicos capaces de lograrlo. Dirán que sólo ellos pueden producir semilla no contaminada; que lo más que pueden hacer los campesinos es reproducir la semilla que ellos entreguen. Dirán que aquellas comunidades cuyo maíz ha sufrido contaminación deben quemar su semilla, o entregarla para que se descontamine. Tal vez dirán, de manera lamentable, que no se puede descontaminar cada población contaminada, y que por tanto habrá que resignarse con descontaminar una población “representativa” por variedad, la que habrá que distribuir a lo largo y ancho. Y quizá después digan de manera aún más lamentable que es imposible descontaminar todas las innumerables variedades locales ya contaminadas, y que habrá que resignarnos a que tales variedades se pierdan —tal vez de manera obligatoria— para evitar la re-contaminación.

O quizás digan algo distinto, pero si emprenden o anuncian acciones pensando que son ellos los que pueden definir, diseñar, dirigir o implementar los esfuerzos de descontaminación, están irremediablemente destinados a cometer errores tanto o más dañinos que la contaminación misma.2

Mientras este proceso se diseminaba por sierras y quebradas, las instancias de gobierno, los organismos internacionales y las agroempresas continuaban su escalada. En diciembre de 2002 el ine presentó oficialmente los resultados de sus investigaciones a partir de nuevos estudios que realizó en Oaxaca y Puebla, que corroboraban que en el campo mexicano crecía maíz transgénico. El ine y la Conabio dieron seguimiento a los estudios de las siembras de maíz de Oaxaca, donde en 2001 las mismas comunidades de la Sierra Norte detectaron la presencia de transgénicos e informaron del hecho a las autoridades. En marzo de 2003, después de asumir la presidencia de la Comisión de Bioseguridad, Víctor Villalobos, subsecretario de Agricultura y asesor de las empresas transnacionales que producen transgénicos, declaró en El Financiero del 10 de marzo que trabajaría “para terminar con la moratoria que impide la siembra de maíz transgénico”. En esa misma entrevista, Villalobos afirmaba que el escape transgénico en el país era “un laboratorio natural” para ver qué ocurría con la contaminación.

Pero el embate no paraba ahí. En abril de 2003 (coincidiendo casi con el indigno Acuerdo para el Campo anotado más arriba), la Cámara de Senadores aprobó la iniciativa de Ley de Bioseguridad, faltando discutirla en la Cámara de Diputados para convertirla en ley. Desde ese momento, diversas organizaciones campesinas, ambientalistas y de la sociedad civil (entre ellas Greenpeace y el Grupo de Estudios Ambientales, gea) argumentaron que el proceso de redacción de la iniciativa de ley era completamente irregular, falto de consulta pública e ignorante del principio de precaución, fundamental para proteger la biodiversidad y los centros de origen de los cultivos.3

Hacia septiembre estuvieron listos los resultados de los diagnósticos autónomos. En un documento interno, los participantes anotaban algunas reflexiones, previas a la publicación:

…organizaciones campesinas, indígenas y civiles nos hemos organizado para analizar la situación en nuestras comunidades y plantearnos qué hacer frente a ella. Nuestros análisis de maíz campesino muestran contaminación en varios otros estados de México, y es dable pensar que hay contaminación en todo México.

Todos los estudios, desde la primera denuncia basada en los datos de los investigadores de la Universidad de California en Berkeley, Ignacio Chapela y David Quist, en el 2001, los posteriores del ine, la Sagarpa e Inifap, así como los realizados por organizaciones campesinas y de la sociedad civil han confirmado la contaminación. Comprobamos que existe en muchos otros estados y comunidades aparte de las primeras que se dieron a conocer en Oaxaca y Puebla. Hemos encontrado contaminación en Veracruz, Chihuahua, San Luis Potosí, Estado de México, Tlaxcala, Morelos y en otras áreas de Puebla (Sierra Norte) y Oaxaca (Sierra Sur) lejanas de las anteriores y que no habían sido muestreadas. Esto lamentablemente no significa que los demás estados de México no estén contaminados, sino que se necesita hacer muchísimas más pruebas. Lo que sí sabemos es que la contaminación existe de Norte a Sur y de Este a Oeste del territorio mexicano.

Desde que se conoce la contaminación en el 2001, hasta ahora, el gobierno de México, a través de la Sagarpa y la Cibiogem, como la industria biotecnológica —principalmente las cinco empresas dueñas de los transgénicos— y gran parte de la comunidad científica, incluyendo a representantes de la Academia Mexicana de Ciencias— se han dedicado primero a inventar argumentos para negar la existencia del problema y luego a decir que la contaminación no tiene importancia y en algunos casos, hasta que sería positiva. El próximo paso es lograr que se acepte como un hecho irreversible la contaminación y que por tanto haya que resignarse a la presencia de transgénicos en el país, dando de paso el mensaje al resto del mundo de que si la ya está contaminado el centro de origen y diversidad del maíz, no importa su presencia en todos los otros países.4

En paralelo, entraba en vigor el Protocolo de Cartagena sobre Biodiversidad, del cual México es signatario. A partir del 11 de septiembre del 2003, México estaba en infracción de las normas de este Protocolo Internacional por su importación de maíz de Estados Unidos que contiene transgénicos sin segregar. Sin embargo, ante las declaraciones del secretario del Ambiente mexicano en la reunión ministerial de Cancún, el documento interno de diagnósticos autogestionarios, previo a la publicación de resultados autónomos, no dejaba de anotar:

Recientemente, el nuevo secretario de medio ambiente (Semarnat) Alberto Cárdenas, afirmó el 7 de septiembre 2003 en Cancún, en una de sus primeras apariciones en público, que ya se sabía que no habrá “ninguna afectación negativa para la identidad de los maíces criollos” y que los transgénicos no son ningún problema para el ambiente y la salud, al contrario, su Secretaría impulsará la biotecnología. Hasta hoy no ha podido explicar en qué argumentos y evidencias basa tales afirmaciones, pero muestra claramente sus intereses y a quienes quiere favorecer.

Por otra parte, instituciones internacionales como el cimmyt —que tienen el mayor banco de genes de maíz público del mundo, tomado de miles de variedades de maíces desarrollados por campesinos y campesinas en México y otras partes— no ha ni siquiera reconocido la existencia de la contaminación, se ha limitado a decir que hacen falta estudios, al mismo tiempo que tiene varios programas de desarrollo de maíz y trigo transgénico. Esta actitud del cimmyt es deplorable y muestra que no son dignos de hacerse cargo de tal acervo histórico. El banco de germoplasma del cimmyt, al igual que otros bancos de genes como los del arroz, papa, etcétera, del sistema cgiar, deberían pasar inmediatamente a ser responsabilidad de organismos internacionales públicos y controlables por los campesinos e indígenas, que garanticen que nada de estos materiales ni sus componentes sean patentados en ninguna forma en ningún país, que no tenga ingerencia de las empresas multinacionales, y provea a los campesinos facilidad para el acceso a las muestras contenidas en el banco y que la participación campesina defina la orientación de la investigación y aplicaciones que derivan del uso de estas muestras.

Tampoco se ha hecho nada efectivo desde organismos como el Convenio de Diversidad Biológica y la fao para que el tema de la contaminación transgénica en centros de origen o diversidad (que además del maíz amenaza otros cultivos de gran importancia cultural, social y económica como el arroz, la papa, el trigo) sea tomado seriamente, exigiendo la aplicación de un estricto principio de precaución.5

Finalmente, el 9 de octubre de 2003 Casifop, Ceccam, el Colectivo de Educación y Desarrollo Integral de la Mujer (cedim), Cenami, la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (cosyddhac), Contec, el Centro Regional de Educación y Organización (creo) el Grupo etc, Greenpeace México, gea, Guerreros Verdes, la Organización de Agricultores Biológicos (Orab), Regionalización Tuxtleca, la Unidad Indígena Totonaca Nahua (Unitona), ajagi, unorca y Unosjo, hicieron públicos los resultados de los muestreos de diagnóstico independiente. En ellos señalaban:

El 9 de octubre de este año, organizaciones campesinas, indígenas y de la sociedad civil hicimos públicos los resultados de muestreos de maíz en 138 comunidades campesinas e indígenas de México, reportando contaminación transgénica del maíz campesino en 33 comunidades de Chihuahua, Morelos, Durango, Estado de México, San Luis Potosí, Puebla, Oaxaca, Tlaxcala y Veracruz. Encontramos hasta 3 diferentes transgénicos en la misma planta, correspondientes a maíz tolerante a herbicidas y maíz insecticida con la toxina Bt. Detectamos en esos estados contaminación con maíz transgénico “Starlink”, prohibido para consumo humano en Estados Unidos. Todas las secuencias están patentadas por alguna de las 5 multinacionales que controlan globalmente la producción de transgénicos.

Estos resultados —que confirman la contaminación anunciada por el ine-Conabio en 2001— se hicieron con el esfuerzo de campesinos, indígenas y organizaciones de la sociedad civil, frente a la falta de acciones del gobierno sobre la contaminación. Son sólo una pequeña muestra de la gravísima contaminación, seguramente presente en muchos otros Estados.

La Sagarpa, sin tomar cuenta de la contaminación y ocultando hasta sus propios estudios que la demuestran, sigue promoviendo la fuente principal de contaminación: las importaciones de maíz de Estados Unidos. Maíz que llega mezclado con transgénicos y subsidiado, compitiendo deslealmente con los campesinos de México. Víctor Villalobos, promotor de los transgénicos y amigo de las multinacionales que los producen, es representante de Sagarpa en la presidencia de la Cibiogem. Desde allí anunció el pasado lunes que levantará la moratoria que impide la siembra de maíz transgénico. En lugar de este cinismo, debería dar inmediatamente a conocer los resultados de los estudios sobre contaminación que tiene la Cibiogem/Sagarpa al público y a las comunidades muestreadas, a las que se les han negado, y escuchar lo que piensan las víctimas de la contaminación.

El Senado de la República, con el apoyo de todos los partidos —al igual que con la Ley de Derechos y Cultura Indígena— aprobó irresponsablemente y contra las protestas de organizaciones civiles y campesinas, una Iniciativa de Ley de Bioseguridad, ahora en Cámara de Diputados. Esta iniciativa de ley, de aprobarse, legalizará y aumentará la contaminación, ya que no se basa en el principio de precaución, no tiene en cuenta la situación de México como centro de origen del maíz y muchos otros cultivos y concentra la decisión de liberación de cultivos transgénicos en la Sagarpa, que ha sido cómplice y promotora de la contaminación.6

Mientras esto ocurría, Víctor Villalobos, subsecretario de Agricultura y presidente de la Cibiogem, firmaba un acuerdo con Estados Unidos y Canadá, donde los exceptuaba de cumplir con las exigencias del Protocolo de Cartagena y de pagar indemnización por contaminación con transgénicos, si las exportaciones de esos dos países a México “sólo” tenían un máximo de 5% de contaminación. “También los exceptuaba de declarar o pagar, si la contaminación no era intencional (5% es un porcentaje propuesto por las multinacionales: en ningún país del mundo se acepta un porcentaje tan alto para decir que algo ‘no’ es transgénico)”.7

El escándalo se hacía público e internacional, y uno de los logros centrales del muestreo independiente fue que las organizaciones civiles y sociales, las comunidades —ésas tan despreciadas por gobierno y empresas— salían al paso de la irresponsabilidad gubernamental y divulgaban la contaminación que las dependencias no habían tenido el valor de anunciar de forma tan contundente.

Asomaba también un aspecto que tal vez no fue tomado en cuenta en su momento pero que permite evaluar la generalidad de los resultados mostrados por la sociedad civil rural y urbana: con diferentes metodologías y grados de confiabilidad, independientemente de la metodología usada, de haber recurrido o no a laboratorios especializados, los datos confirmaban una vasta contaminación. Los vericuetos minuciosos de la misma podrían estar en entredicho (el porcentaje al detalle, los sitios, la manera de dispersarse), pero en condiciones de una polinización tan fácil como la del maíz y dada su presencia en tantos y dispersos estados, no hay lugar a dudas: el maíz mexicano está contaminado con genes de maíz transgénico.

La respuesta internacional no se hizo esperar. Asumiendo muchos de los puntos incluidos en la publicación inicial de los resultados de los muestreos elaborados autogestionariamente por la sociedad civil rural y urbana de diversas regiones de México, y extendiendo la argumentación, se publicó una carta “a la opinión pública nacional e internacional” que firmaron 302 reconocidas organizaciones civiles, ambientalistas, sociales y políticas de Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Bélgica, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Ecuador, El Salvador, Escocia, Estado español, Estados Unidos, Euskal Herria, Filipinas, Francia, Grecia, Hawai, Holanda, Hungría, India, Indonesia, Irlanda, Italia, México, Japón, Luxemburgo, Malasia, Nicaragua, Nueva Zelanda, Pakistán, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Inglaterra, Rumania, Sri Lanka, Sudáfrica, Suiza, Tanzania, Ucrania, Uruguay, Zaire, Zimbabwe, incluidos los firmantes originales.

Pese al despliegue tan contundente de legitimidad, que aplaudía el esfuerzo autogestionario de las organizaciones y comunidades mexicanas, el gobierno hizo como que no oyó. En esta nueva carta, los firmantes enfatizaban:

La contaminación es un tema que concierne a todo el mundo, en tanto que el maíz es uno de nuestros cultivos alimentarios más importantes y México es reservorio de su diversidad genética, de la cual todos dependemos. Los cambios en la política que se están considerando ahora podrían poner al gobierno mexicano en el trágico papel histórico de haber permitido la destrucción de un recurso crítico para el futuro global de la seguridad alimentaria, y haber puesto en riesgo la herencia más preciosa de los pueblos indígenas y campesinos de México.

“Incertidumbre” es la palabra que mejor describe la tecnología de transgénicos hoy en día. No se conocen los impactos a largo plazo de la contaminación transgénica sobre la diversidad genética de los cultivos. Sin embargo, hay creciente evidencia que demuestra que los cultivos transgénicos pueden poner en peligro la estabilidad de los genomas de los cultivos y otros impactos negativos sobre la biodiversidad y el medio ambiente. La recombinación de bacterias transgénicas en plantas y animales y el potencial alergénico en quienes consumen cultivos transgénicos son también motivo de preocupación, así como la posibilidad de la contaminación con cultivos modificados genéticamente para producir substancias no comestibles, que van de plásticos a fármacos.

La presencia de caracteres patentados en el maíz de los campesinos, es particularmente preocupante porque las compañías biotecnológicas están promoviendo agresivamente demandas legales contra los agricultores por violación de sus patentes. Bajo la ley de patentes en Estados Unidos y otros países industrializados, es ilegal que los campesinos reutilicen semillas patentadas, o que cultiven semillas transgénicas sin tener un contrato para el uso de la tecnología. Los agricultores podrían ser obligados a pagar regalías sobre semillas transgénicas encontradas en sus campos, incluso si no compraron las semillas ni sacaron ningún provecho.

La contaminación de las variedades de los campesinos amenaza muchos centros de origen y diversidad, particularmente en el Tercer Mundo. Aunque se sabe de la contaminación transgénica en México desde hace más de dos años, ni los gobiernos ni las instituciones internacionales han tomado acciones para detenerla y proteger las formas de vida de los indígenas y campesinos, particularmente aquellos que viven en centros de origen y diversidad de los cultivos. El escape de genes es un problema global, no confinado al maíz en México. Entre otros casos, se ha reportado contaminación de las variedades tradicionales de maíz en Nueva Zelandia, algodón en Grecia, canola en Canadá, soya en Italia, papaya en Hawai. La comunidad internacional y el gobierno mexicano deben inmediatamente tomar acciones para detener y prevenir mayor contaminación de variedades tradicionales.

La organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones campesinas y de pueblos indios debemos comenzar urgentemente un amplio proceso, liderado y en manos de campesinos e indígenas para apoyar el proceso de descontaminación que sólo podrá ser obra de éstos, ya que conocen íntimamente los cultivos, el campo y sus procesos. Tal como reivindican las organizaciones mexicanas, este delicado proceso no puede ser obra de ningún técnico ni de los gobiernos que han permitido y hasta promovido la contaminación.8

En dicha carta, se exigía al gobierno mexicano, entre otras cuestiones, mantener la moratoria a la siembra de maíz transgénico en México, centro de origen del maíz, detener de inmediato las importaciones de maíz transgénico o no segregado, descartar la Iniciativa de ley de bioseguridad, “porque pese a su nombre, no está basada en el Principio de Precaución y no toma en cuenta que México es un país megadiverso, ni el punto de vista de los pueblos indígenas, los campesinos y las organizaciones ambientalistas en México”. Se le exigía también resistir la presión extrema de la industria biotecnológica y los científicos financiados directa o indirectamente por ella, incluidos los que detentan cargos en el sector público.

A las instancias internacionales se les exigió enfatizar el principio precautorio para prevenir mayor contaminación transgénica en las variedades tradicionales en cualquier parte del mundo. Reconocer que la contaminación representa una seria amenaza a la diversidad biológica, particularmente en los centros de origen y/o diversidad de los cultivos. Reconocer públicamente la contaminación con maíz genéticamente modificado en Mesoamérica y que otros centros de origen están amenazados por la liberación de cultivos transgénicos. Los firmantes llamaron a una moratoria inmediata contra la liberación de organismos genéticamente modificados, como semillas, o para procesamiento en alimentos o piensos, o para investigación, particularmente en aquellos países o regiones que forman parte de los centros de origen y/o diversidad de los cultivos.

Un punto crucial en la carta citada es que enfatizaba: “Debido a que todos los rasgos transgénicos están patentados, debe establecerse claramente que no se permitirá ni se aceptará ningún reclamo de propiedad intelectual de parte de las empresas transnacionales que han contaminado, y que por el contrario, se les hará responsables de la contaminación”.

 Además, la carta concluía instando a la fao y el cgiar a presentar una estrategia específica para asegurar que “las accesiones en los bancos genéticos están protegidas de la contaminación —totalmente, tal como fueron recogidas de los campesinos antes de la contaminación, no estableciendo grados ‘de tolerancia’— y que el importante intercambio vital de recursos genéticos entre los bancos de genes y los mejoradores y campesinos no sea amenazado por el riesgo de contaminación”, además de asegurar “la integridad del germoplasma bajo su resguardo y que no existan reclamos de propiedad intelectual sobre este germoplasma ni ninguno de sus componentes”.9

Es decir, aunque la situación siguiera siendo difícil a finales de 2003 la sociedad civil rural y urbana tuvo un logro sumamente importante pues exhibió al gobierno mexicano, alertó a la opinión pública nacional e internacional sobre los peligros de una contaminación que ya está aquí, inició un proceso de reflexión permanente en diversas regiones del país, desde abajo, y comenzó a plantear posibilidades para revertir el proceso de contaminación. Ahondó el camino emprendido por los pueblos indios desde abril de 2001, es decir el camino de la autonomía en los hechos, porque con el gobierno no se cuenta, y rompió —y lo sigue haciendo— cercos regionales para discutir y actuar, acorde a los intereses de justicia y cuidado que la población reconoce como urgentes.

A estas alturas de un debate escandaloso, con tan impresionante complejidad de vericuetos, matices y componendas por remontar, algunas organizaciones, con muy buena intención, comenzaron el intento de “ya que no se puede frenar la Ley de biodiversidad, intentemos suavizarla”. Ante la andanada de discusiones, la investigadora Silvia Ribeiro, del Grupo etc, salió al paso con algunas precisiones que deberíamos considerar muy seriamente.

…Las mega corporaciones presionan para abrir todos los mercados y apropiarse de cada vez más sectores, desde recursos naturales hasta cadenas de producción y servicios.

El tema del maíz transgénico y la iniciativa de ley de bioseguridad están en el mismo marco. Apuntan al despojo a los campesinos y pequeños productores mexicanos a favor de las grandes transnacionales de semillas y distribución, que controlan este recurso estratégico. Quién controle las semillas tiene la llave de la cadena alimentaria.

Sólo cinco empresas transnacionales son dueñas de la totalidad de las semillas transgénicas cultivadas comercialmente en el mundo: Monsanto, Syngenta (Novartis + AstraZeneca), Bayer (Aventis), Dupont (Pioneer Hi-Bred) y Dow. A Monsanto que tiene el 90% de este mercado, le ha ido bastante mal: sus acciones cayeron de 51 dólares en 1999 a 25 dólares actualmente. Sus productos encontraron una fuerte resistencia de los consumidores por los riesgos a la salud y al medio ambiente, fundamentalmente en Europa y Japón.

Conquistar el mercado mexicano es particularmente importante, sobre todo en maíz, porque daría el mensaje de que una vez liberados en el centro de origen, los demás países tienen menos argumentos.10

Silvia Ribeiro afirma que esta conquista se topó con dos trabas, y que la Ley de bioseguridad (la paradoja o el engaño está en el nombre) resuelve por lo menos la segunda de ellas. La primera es una moratoria que el subsecretario Villalobos ha decretado levantar “de facto” en varias ocasiones. La segunda es “la falta de vías legales para comercializar maíz transgénico”. Ribeiro recalca:

La otra “traba” es la falta de legalidad: por eso el gran apuro para que el Congreso de la Unión apruebe una ley de “bioseguridad” que fue diseñada a la medida de las transnacionales.

Una de las cosas más perversas de esta iniciativa de ley de “bioseguridad”, es que nombra muchos temas cruciales que deben tenerse en cuenta. Pero el mismo texto los acota, dejándolos irreconocibles y asegurando que no pasen de retórica. Se dice que se garantizará la protección de la salud humana, el medio ambiente y la diversidad biológica, pero en un nivel “adecuado”. (¿a quién?), y para ello no se habla de principio de precaución sino de “enfoque”, rematando con la afirmación que se aplicará “conforme a las capacidades”. Cuando haya “peligro de daño grave o irreversible” se tomarán medidas “en función de los costos”. Es como decir que existe el principio “no matarás”, pero como un enfoque, que se aplicará si hay capacidad, en caso de que sea “adecuado” y no sea muy caro. Todo el texto está plagado de situaciones similares.

Nunca antes de los transgénicos se habían movilizado tantos recursos públicos internacionales y nacionales para beneficiar a tan pocos, obviando además las preguntas fundamentales: ¿se necesitan los transgénicos? No. Hay enorme cantidad de alternativas sin riesgos y que afirman la soberanía y la producción nacional. ¿ A quién benefician? […] es otro poderoso instrumento para seguir enriqueciendo a las transnacionales a costa de los recursos básicos de la mayoría de la gente.11

Tal vez el público internacional no reconozca en la redacción de esta ley un estilo que es rampantemente una estrategia de “reconocer” acotando, de tal modo que lo “contemplado” en las leyes termina no teniendo filo y lo que es peor, frena la posibilidad de que las leyes sirvan de paraguas real a los derechos de una gran mayoría del pueblo mexicano. Ocurrió así. La historia lo recuerda en la aprobación de la reforma en materia de derechos y cultura indígena aprobada en abril de 2001. En 2003 el Acuerdo Nacional para el Campo fue una muestra más que indigna de esto mismo. En lo tocante a esta ley de bioseguridad se sigue la misma tendencia.

Ante esto, se han abierto dos vertientes en la sociedad civil mexicana. Quienes consideran que se puede modificar, aunque sea un poco la famosa ley, y quienes —sabedores tal vez de las mañas del gobierno mexicano—, intentan trabajar a contrapelo de cualquier previsión contraria a la justicia.

Por las mismas razones invocadas, en la reunión de la Región Centro Pacífico del Congreso Nacional Indígena, celebrada el 30 de noviembre en Ayotitlán, en el territorio nahua de Jalisco, los participantes de los pueblos amuzgo de Guerrero, nahuas de Veracruz, Puebla, Jalisco, Colima y Morelos, los ñahñú del Estado de México, los wixaritari de Jalisco y Durango, los zapotecos del Istmo oaxaqueño y los purépecha de Michoacán declaraban:

[…] Con gran preocupación pudimos observar que los poderosos de dinero, en complicidad con el gobierno mexicano, siguen empeñados en el exterminio de nuestros pueblos; que nuestros problemas agrarios siguen sin resolverse y que nuestras propiedades comunales y ejidales siguen siendo invadidas o despedazadas por los programas agrarios oficiales; que nuestras plantas y saberes tradicionales se los roban las universidades y las grandes empresas extranjeras para sólo lucrar con ellos; que nuestras semillas de maíz nativo están siendo contaminadas por maíces transgénicos que ponen en riesgo no sólo la diversidad existente de semillas nativas, sino la vida misma de nuestras comunidades y su organización tan milenaria como el cultivo de maíz; que por medio de la represión y las leyes indigenistas, hechas a la medida de los intereses de quienes nos mantienen dominados, tratan de doblegar nuestra resistencia, destruir nuestras culturas y robar nuestros territorios.

Sexto. Exigimos la inmediata moratoria, dentro del territorio nacional, a la introducción, comercialización y cultivo de semillas de maíz transgénico, y llamamos a las comunidades indígenas y campesinas para que impidan en sus territorios la introducción de semillas bajo sospecha y resguarden, conserven y multipliquen sus semillas nativas.

Séptimo. Llamamos a todos los pueblos indígenas del país a no retroceder en el difícil camino emprendido y a seguir construyendo y fortaleciendo al Congreso Nacional Indígena como la Casa de Nuestros Pueblos.

Los logros autogestionarios, cuasi invisibles, pero plenos de sugerencias de trabajo y reflexión de las comunidades, organizaciones y personas en lo individual que se empeñó en defender el maíz en la vida cotidiana, hicieron inevitable convocar a un segundo foro en defensa del maíz que ocurrió a principios de diciembre de 2003. Una de las preocupaciones presentes era discutir propuestas independientes, factibles, para prevenir la contaminación en los lugares a los que no ha llegado, al tiempo de dilucidar si era necesario profundizar el muestreo en busca de contaminación transgénica en otras regiones del país.

Varias preguntas cruzaron la reunión: ¿es crucial impulsar bancos de semilla en cada comunidad?, ¿o es en cada familia que se diversifica más la fuente del maíz y como tal, se vuelve más confiable su diversidad, se evitan los acaparamientos, el posible poder de bancos de maíz comunitarios pero centralizados?, ¿cómo propiciar el intercambio de semillas seguras?, qué hacer con los predios que ya están contaminados, cómo proseguir en la discusión hacia abajo.

Por su importancia, resumimos las principales conclusiones con base en la sistematización que de la reunión hizo Andrés Barreda, investigador de Casifop.

De acuerdo a las discusiones del segundo Foro, a nivel de milpa es vital fomentar la defensa, el reconocimiento y la redifusión de las técnicas tradicionales de cultivo (agronómicas, ecológicas, medicinales y otras) incluidos los nuevos conocimientos del cultivo orgánico, para desde ahí estructurar un proceso de descontaminación de largo plazo. La conjunción de técnicas tradicionales y agroecología pueden ser una herramienta poderosa si además se refuerza la diversificación de las parcelas y del cultivo de traspatio. Es vital que las comunidades cuiden de sólo sembrar en sus milpas semillas de maíces tradicionalmente conocidas. Uno de los problemas que adolece el cultivo de maíz, y que es causa de migración en muchas regiones, es que no existen ni subsidios ni fomento ni precios de garantía que apuntalen la economía campesina, por lo que es vital allegarse subsidios autónomos y precios de garantía propios (regionales), tal vez vinculando la iniciativa con las organizaciones de migrantes.

Si asumimos que la contaminación está muy generalizada y que el gobierno mantiene vigentes las fuentes externas de contaminación, “se considera que sería desgastante y sin sentido continuar con los diagnósticos de contaminación pues sería una sangría permanente de los escasos recursos con los que se cuenta”. En cambio, habría que confiar en el proceso de prevención y curación natural, propio del proceso milenario de relación mutua entre el maíz y los humanos, circunscribiendo el diagnóstico preciso para los caso de maíces deformes u “otros que las propias comunidades decidan”. Aunque no se pide detener la investigación científica, es claro que la solución al problema de contaminación del maíz transgénico, por su extraordinaria complejidad, sólo puede ser resuelta (si es que tiene solución) en el largo plazo, siendo los principales actores de la descontaminación los propios pueblos campesinos e indígenas. Para lo cual se requiere escuchar al maíz y a la tierra, a los saberes y las necesidades de los pueblos del maíz y a nuestro corazón.

A nivel de las comunidades y territorios indígenas, “sigue siendo prioridad reforzar la autonomía, la organización comunitaria, resaltando la lucha por la defensa del maíz con la lucha por el territorio y el autogobierno. Así, cuando la asamblea es la máxima autoridad, pueden impulsarse políticas agropecuarias propias”. Es evidente, según plantearon los participantes, que en sus estatutos comunales y reglamentos ejidales puede establecerse la prohibición de la siembra de transgénicos, lo que conduce a una moratoria de facto decretada por los pueblos indios y campesinos en torno al consumo, la siembra y el trasiego de maíz transgénico. Una previsión adicional implicaría no permitir la entrada de semillas forrajeras al tiempo de evitar comprar en las tiendas de Diconsa, propiciando de paso la comercialización propia, en las regiones que se pueda.

Habiendo iniciado un camino propio, se insiste en “no permitir que el gobierno se apropie, emprenda u obstaculice la identificación comunitaria de maíz contaminado. Reflexionar sobre los propios saberes e iniciar un proceso de largo plazo sobre la propia vida, saberes y cultura indígena y campesina”.

Conocer y difundir a fondo el problema en las familias y comunidades, para organizar mejor acciones de rechazo, estructurando desde allí una campaña nacional de información.

Algo que se consideró crucial, y que refuerza uno de los acuerdos del primer Foro en Defensa del Maíz es centrar la campaña en defensa del maíz en “el cerco a los pueblos del maíz y no sólo en la contaminación transgénica”.

Otro acuerdo vital es tender puentes con los consumidores de las ciudades, que reconociendo su propia historia, comienzan a entender el papel de los campesinos y los indígenas en alimentar a la gente de la urbe, por lo que habría que promover y realizar un sabotaje a los paquetes de ayuda alimentaria elaborados con transgénicos (Maseca, maíz regalado) y otro a todas las gaseosas endulzadas con jarabe de maíz transgénico. Buscar además alternativas de alimentación rural y urbana y profundizar la organización específica de los consumidores.

En el nivel nacional se recalcó el rechazo a la ley de bioseguridad, exigir que se mantenga la moratoria a la siembra de maíz transgénico estableciendo alianzas para fortalecerla. “Exigir y detener las importaciones agrícolas, exigir y realizar análisis químicos de los granos importados, fortalecer el tejido de redes entre organizaciones indígenas, de campesinos y de productores, para crear un piso que barra todos los niveles de la problemática que cerca al maíz y otros cultivos. Profundizar el encuentro con organizaciones independientes de migrantes, con el objetivo de dialogar sobre los problemas de sus comunidades, la importancia del maíz y la gestión de las remesas”.

En el nivel internacional, “desarrollar alianzas para defender los maíces locales y nativos como patrimonio de la humanidad, impidiendo (y luchando contra) su patentamiento”.

Para fortalecer todo lo anterior “se hace necesario asumir el principio precautorio como propio, promoviendo la conciencia de la complejidad del problema, los diferentes niveles y cruzamientos que entraña y lo específico de los niveles de acción y estrategia. Se hace necesario entonces sumar fuerzas en vez de fomentar las divisiones por aspectos puntuales, pero intentar respetar los propios tiempos y espacios para no someter el proceso al tiempo, las coyunturas y las agendas de la clase política”.

Colectivo por la Autonomía, GRAIN, Casifop

Notas:

1 Manual: Participación de las comunidades indígenas y campesinas en la campaña En defensa del Maíz Nativo. Documento interno, sistematizado por el Centro Nacional de Misiones Indígenas (Cenami), México, 2003.

2 GRAIN: “Las enseñanzas del maíz”, Ojarasca en La Jornada 69, enero de 2003.

3 “La gran contención”, documento del Grupo etc, octubre de 2003.

4 Folleto de presentación de resultados del diagnóstico elaborado por la Red en Defensa del Maíz nativo. Documento interno sin publicar, sistematizado por el Centro Nacional de Misiones Indígenas (Cenami), septiembre de 2003.

5 Ibid.

6 Carta de publicación de resultados dirigida por la Red en Defensa del Maíz, al Congreso de la Unión, Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Transgénicos (Cibiogem), Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), octubre de 2003.

7 “La gran contención”, documento del Grupo etc, op. cit..

8 Carta a la opinión pública nacional e internacional firmada por 302 organizaciones civiles de 49 países. Ver la página de la Red en Defensa del Maíz.

9 Ibid.

10 “Hood Robin y la ley de bioseguridad”, La Jornada, noviembre de 2003.

11 Ibid.

febrero 1, 2012

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