La contaminación legalizada

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Si bien la moratoria sobre la introducción, experimentación, siembra y trasiego del maíz transgénico ocurrió el 6 del marzo de 2009 tras la reunión en México de un grupo del Protocolo de Cartagena, en realidad estaba ocurriendo a trasmano en el norte del país sin que nadie supiera bien a bien que estaba ocurriendo. Era más fácil empezar por contaminar las regiones que no cuentan una presencia de comunidades que reivindicaran el maíz nativo de un modo fundamental, comunidades que durante varios años siguen frenando en los hechos la entrada de transgénicos, y que resisten con una actitud de cuidado integral y una postura autonómica los embates de las empresas y el gobierno.

El horizonte vasto e ignoto de grandes superficies de tierra del norte, con sus agricultores comerciales, agroindustrias o pequeños productores comidos por la competencia desleal de las grandes empresas, pareció propicio para la segunda estrategia de contaminación del gobierno. En ese norte lo que haya habido de una tradición de cuidado de las semillas nativas lo fueron borrando los años de monocultivo industrial y un arrinconamiento bastante brutal de los agricultores tradicionales campesinos.

 Así, desde septiembre de 2008, por lo menos, se comprobó la siembra y consumo de maíz transgénico en Chihuahua, al norte del país, “sin que el productor ni el vendedor de la semilla se den cuenta que se trata de un producto genéticamente modificado”, según afirmaba Lourdes Díaz López en El Diario1. Eran casi 25 mil hectáreas de acuerdo al muestreo que levantó Greenpeace en su momento y que el activista Víctor Quintana comentó diciendo: “los resultados del levantamiento de muestras de maíz hecho por un laboratorio certificado pagado por Greenpeace revelaron que no sólo hay 70 hectáreas sembradas con este tipo de semilla, como difundió el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), sino 25 mil hectáreas, por lo que se levantó un segundo muestreo del que se esperan resultados muy pronto”. Y agregó: “Si se vigilara como lo marca la ley la entrada de semilla, la comercialización y la planta en desarrollo, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca, Desarrollo Rural y Alimentación (Sagarpa) habría detectado mucho antes que nosotros que en Chihuahua se está sembrando maíz transgénico. Las autoridades de la Sagarpa quieren curarse en salud diciendo que son 70 hectáreas y que el problema se está atendiendo”.2

Sin embargo, aunque entonces supuestamente funcionaba todavía la moratoria que especificaba que “sembrar maíz transgénico puede ser castigado con cárcel que va de los dos a los diez años, además de la multa de 15 mil a 150 mil pesos, según lo establece el artículo 420 del Código Penal Federal, y de acuerdo con el artículo 120 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados”, lo cierto es que en Chihua­hua se hizo oficial que esta siembra ocurrió. El delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) Ignacio Legarreta Castillo indicó “que en Chihuahua se ha detectado el primer caso a nivel nacional de siembra de maíz transgénico, lo cual investiga ya el Ministerio Público Federal (mpf), luego de los estudios de laboratorio del Senasica, y será el mpf quien determine de quién es la responsabilidad, si del productor, el vendedor de semilla o de aduanas al momento de la importación”.3

Desde principios de 2008, la investigadora Ana de Ita afirmaba: “Para Monsanto, es una prioridad el levantamiento de la moratoria a la siembra de maíz transgénico establecida en México hace diez años” pues en el actual entorno favorable a las empresas “lograr la siembra de maíz transgénico en México, donde cerca de la mitad de la superficie agrícola se destina al maíz, parece un negocio jugoso”. Esta moratoria, llegará a su fin, “cuando se otorgue el primer permiso de siembra experimental y en cuestión de meses sería legal la siembra comercial”. 4

 El entorno favorable mencionado es visible en el hecho de que, aun con moratoria, “México ocupa el cuarto lugar en las ventas de Monsanto, una vez que las compañías semilleras nacionales sucumbieron ante la feroz competencia y que fue eliminada la empresa estatal Promotora Nacional de Semillas (Pronase). A escala mundial, Monsanto triplicó sus ganancias en el primer trimestre del 2008 con base en la venta de semillas de maíz (transgénico e híbrido) y de herbicidas. El auge de los agrocombustibles y el uso de maíz para la fabricación de etanol en Estados Unidos aumentaron el valor de sus acciones en 21%”.

Monsanto, dice Ana de Ita, “ha contado con el apoyo de los legisladores que aprobaron a su favor la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (lbogm), y con el respaldo de funcionarios de las secretarías de Agricultura y Medio Ambiente, que publicaron el reglamento de la ley y burocráticamente intentan concluir el Régimen de Protección Especial al Maíz”.

Lo extraño es que en años anteriores “los permisos para siembra experimental cancelados por ilegales se ubicaban en Chihuahua, Sonora, Sinaloa y Tamaulipas, y aunque los funcionarios se empeñaron en negarlo, en esos estados existe una amplia diversidad de razas y variedades nativas. En Chihuahua hay 23 razas catalogadas y teocintle, que también se registra en Sinaloa”, insistía Ana de Ita.

Es decir, estábamos ante una embestida clandestina e ilegal para hacer de la siembra de maíz transgénico un hecho consumado que terminara de facto la moratoria.

Muere la moratoria entre mensajes cruzados. El 6 de marzo de 2009 (a escasos 6 meses del descubrimiento de siembras transgénicas masivas e ilegales en el norte del país), se anunció una serie de reformas al reglamento de la lbogm “bajo las cuales se podrá hacer uso experimental del maíz genéticamente modificado”. Y en el artículo 67 de reglamento referido se hizo una misteriosa salvedad por la cual “no se permitirá la experimentación ni la liberación al ambiente de maíz genéticamente modificado que contenga características que impidan o limiten su uso o consumo humano o animal, o bien su uso en procesamiento de alimentos para consumo humano”, [sic].5

Indagando un poco, uno acaba por entender que el artículo se refiere a maíces transgénicos que contengan plásticos, biorreactores, u otros elementos que los hacen definitivamente no-comestibles, pero de su confusa redacción uno podría derivar dos posibles alternativas de su puesta en práctica: o se activa la moratoria, toda vez que ningún transgénico ha logrado demostrar su inocuidad (es decir no habría ningún maíz transgénico que haya probado no tener características que “impidan o limiten su uso o consumo humano”), o se promueve que animales y humanos tengan mayor acceso a los transgénicos experimentales, para no limitar ni su “uso ni su consumo”. La primera alternativa la rompieron de facto al levantar la moratoria; la segunda es absolutamente aberrante y suicida.

Alberto Cárdenas, titular de la Sagarpa dijo entonces que el país “abrirá la puerta poco a poco, y no de par en par, sino con todo cuidado y responsabilidad a la tecnología para el desarrollo de organismos genéticamente modificados, que se desarrolla en 55 países y con la cual se cultivan 115 millones de hectáreas”.6

Pese al anuncio de la liberación transgénica, Patricio Patrón Laviada, titular de la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente (Profepa) insistió en esos mismos días en que “los agricultores de Chihuahua y Sinaloa que siembren maíz transgénico serán sancionados, por ejemplo, con destruir la cosecha. Además se harán inspecciones continuas en esas entidades, porque es un compromiso histórico evitar la contaminación del centro de origen del grano”. El funcionario dijo a la reportera: “vamos en serio. La ley se cumple. A manera de ejemplo, recordó los casos de inspecciones y clausuras de hoteles por incumplir las normas ambientales. Me va a temblar la mano, pero voy a firmar a la hora de que lo tengan que botar (el maíz transgénico). Más vale una advertencia, aseveró. Se busca, explicó, evitar la entrada de organismos genéticamente modificados al centro de origen de ese grano, sobre todo a los estados de Oaxaca y Puebla”.7

Y como en una comedia de enredos, al otro día el titular de la Semarnat, Juan Elvira Quesada, anunció que se recibirían solicitudes para el cultivo experimental de maíz transgénico. Advirtiendo que “si no hay políticas en la materia y no se dan permisos puede haber más casos de introducción ilegal del producto, lo cual a la larga ocasionará más daños a la biodiversidad”.8 Por lo que para el funcionario —y es uno de los pretextos preferidos por las autoridades mexicanas en otras situaciones—, lo mejor es hacer legal lo que ya ocurría pero de lo cual la autoridad no se enteraba.

Hechos consumados, para después legalizarlos. Por eso afirmó: “hay casos documentados de contaminación de cultivos tradicionales de maíz con transgénicos en la Sierra Juárez de Oaxaca y en Chihuahua. En este último, aún no se sabe de dónde se obtuvo la semilla transgénica y la investigación aún no concluye. México tiene ese riesgo, como lo han tenido muchos otros países en otros cultivos, teniendo o no permisos; la movilización de semillas o de granos de manera ilegal puede ser algún factor totalmente natural”.9

Para Silvia Ribeiro, investigadora del Grupo etc, “al abrirle las puertas a la experimentación con maíz transgénico el gobierno mexicano comete un delito histórico que marca la decisión de enajenar y colocar en alto riesgo el patrimonio genético alimentario más importante del país. Obviando la ilegalidad, los funcionarios argumentan que esta apertura es necesaria porque el maíz transgénico aumentaría la producción. Y además, no pondrá en riesgo las zonas que definan como centro de origen del maíz. Se trata solamente de experimentos, puntualizan, que serán evaluados antes de autorizar plantaciones comerciales. Son argumentos falsos, empezando porque todo México es centro de origen y diversidad del maíz, por lo que no debería haber maíz transgénico en ninguna parte […] Cuando hablamos de transgénicos, el punto de partida es la entrega de la soberanía alimentaria, dándoles la llave de toda la red alimentaria a unas pocas transnacionales”.10

Esa llave son las semillas. Lo que se juega es el control de las semillas. Y la controvertida ley de semillas mexicana, la Ley Mexicana de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, parte integral del paquete jurídico que refuerza a la lbogm, contiene un estilo particular en todo su articulado que apunta a identificar las variedades vegetales de modo que puedan catalogarse, certificarse, homologarse, pues es una tendencia mundial, aunque esto sea un desatino imposible (por la perenne transformación de las semillas).11 Se trata de imponer un sistema centrado en defender la propiedad privada de las empresas sobre las semillas. Dicha ley impulsa la fiscalización mediante “organismos de certificación acreditados y aprobados”, promoviendo “semillas de calidad” mediante “organizaciones, asociaciones y empresas productoras y distribuidoras de semillas”, en un sistema nacional de semillas que recabe, sistematice y proporcione “los informes y datos que permitan fortalecer la toma de decisiones de los agentes representados en el sistema…”

Así, mientras se promueve la siembra experimental de cultivos transgénicos y se fortalece el papel de las empresas que los diseñan y que son sus dueñas, en las leyes y reglamentos se promueve (de acuerdo a una valoración de Camila Montecinos al respecto de la citada ley): “un procedimiento de calificación de semillas que cumple dos funciones principales. Por un lado garantizar que se respetará la propiedad de las empresas sobre las semillas. Por otro lado, asegurar que todos quienes produzcan semillas serán fiscalizados, no importa qué tipo de semilla produzcan o cómo la intercambien. Es decir, las comunidades indígenas y campesinas quedarán bajo la fiscalización del sistema y podrían ser sancionados si no se ciñen a las reglas que se elaborarán. Dado que el sector empresarial podrá definir políticas y reglas y además crear organismos fiscalizadores, las posibilidades de agresiones graves contra los sistemas campesinos se multiplican”.12

 En su artículo 28, relativo a su reglamento, la ley señala que “se establecerán los requisitos para la conservación de generaciones de cada categoría [de especies], excepto la certificada. Lo anterior será aplicable también a las variedades de uso común”. “Éste es un artículo extremadamente peligroso”, dice la investigadora de GRAIN. “Significa que el gobierno podrá reglamentar cómo mantienen los campesinos sus variedades. Dado que la visión general de la ley es estática y no considera el papel central de la diversidad, el texto enfatiza una conservación estática, momificada. Si acataran la ley, las comunidades campesinas tendrían que elegir entre: detener totalmente cualquier proceso de selección y mejoramiento continuo de sus semillas y pedir que califiquen cada año sus semillas para poder venderlas o intercambiarlas”.

También se califica la posible “puesta en circulación”, lo que significa que estará sujeto a normatividades obligatorias incluso el intercambio, “lo que en los hechos, ilegaliza los intercambios de millones de campesinos” que no se sometan a “la calificación”.13

Cuál panorama. Si añadimos que en el artículo 72 del nuevo reglamento de la lbogm se promueve el monitoreo gubernamental de una contaminación transgénica que el propio gobierno promovió junto con las empresas, más piezas del rompecabezas de este favoritismo caen en su lugar. Así, en dicho artículo se dice: “En los casos en que las autoridades determinen la presencia no permitida de material genéticamente modificado en razas, variedades y parientes silvestres de maíz, deberán establecer medidas para eliminar, controlar o mitigar dicha presencia. Para el caso de las razas y variedades, la atribución corresponderá a la Sagarpa, y para el caso de los parientes silvestres, a la Semarnat”.14

Es muy pronto para entender el panorama que se nos presenta, pero podemos apuntar varios razonamientos tentativos que juntos nos hacen levantar las antenas de alarma.

El primer paso fue promover la contaminación del maíz nativo mexicano, de modo aislado, casi clandestino, sobre todo en zonas indígenas.

Luego se ocultaron los resultados de muestreos que afirman la contaminación, y los legisladores de todos los partidos aprobaron una batería de leyes (sobre todo la lbogm) que le brindan a las empresas, en charola de plata, muchos eslabones de la cadena alimentaria, de la semilla a la comercialización abriendo el camino para echar abajo la moratoria.

Más tarde, de espaldas a la gente, aprobaron leyes que potencialmente ilegalizarán el guardar, intercambiar y reutilizar las semillas nativas que durante milenios han sido el corazón del maíz y la agricultura campesina.

A fines de 2008 se descubrieron miles de hectáreas sembradas con maíces transgénicos. Pocos meses después el gobierno levantó la moratoria a la siembra del maíz transgénico, y de modo desaseado modificó leyes y reglamentos que lo permitan. Declaró a todos los vientos que cuidará del maíz nativo mientras en los hechos santificó en las leyes monitoreos institucionales “legales”. Tales monitoreos podrían erradicar grandes colecciones de variedades de semillas que con la prohibitiva y homologante naturaleza de ley de semillas ahora se vuelven las principales “sospechosas” de una contaminación que en realidad comenzó el gobierno y las empresas con sus semillas de laboratorio. Y mientras, creció y creció la contaminación y la desconfianza en las instituciones del gobierno mexicano.

Colectivo por la Autonomía, GRAIN, Casifop

Notas;

1 Lourdes Díaz, El Diario, “Chihuahua: son 25 mil hectáreas de maíz transgénico”, 24 de septiembre de 2008.

2 Ibídem.

3 http://www.semillasdevida.org.mx/noticias_9.htm

4 “Granjeros modernos o siervos de Monsanto”, La Jornada del campo, número 8, mayo de 2008. Todas las citas de Ana de Ita, provienen de ahí.

5 Reglamento de la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados, 19 de marzo de 2008, con reformas del 6 de marzo de 2009, publicado como libro electrónico en http://ebookbrowse.com/reglamento-lbogm-pdf-d50011258

 

6 Angélica Enciso, La Jornada, 9 de marzo de 2009

7 Ibídem.

8 Angélica Enciso, La Jornada, 10 de marzo de 2009

9 Ibídem.

10 Silvia Ribeiro, “La contaminación transgénica como negocio”, La Jornada, 14 de marzo, 2009

11 Ver texto anterior: “Leyes para acabar con la agricultura independiente”.

12 Comunicación personal con Camila Montecinos de GRAIN, diciembre 2008.

13 Ibídem.

14 Reglamento de la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados, op.cit.

febrero 1, 2012

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