La defensa más transparente

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Hace diez años comenzó la contaminación clandestina del maíz en México, con el trasiego de maíz no identificado que llegaba de Estados Unidos y que distribuían las tiendas paraestatales del gobierno. Los transgénicos pudieron haber quedado indisolublemente ligados a los cultivos tradicionales.

El gobierno mexicano negó todo conocimiento o responsabilidad sobre el asunto, pero nosotros comenzamos por reconocer “que pese a las manipulaciones, negativas, evasivas, falsedades seudo científicas, mentiras a medias, eufemismos, justificaciones penosas e intentos de acallarlo, el maíz está genéticamente contaminado en su centro de origen”. Tenemos la certeza de que esta contaminación fue y es una estrategia consciente de las empresas y los funcionarios técnicos y políticos del gobierno mexicano y que encima de todo se quiso responsabilizar a los campesinos e indígenas como si por ignorancia no hubieran entendido cómo cuidar que no se mezclaran los transgénicos con los cultivos nativos.

Luego, desde las instancias del gobierno mexicano, se quiso impulsar la idea (y eso duró muchos años) de que si se contaminaba, pues “al cabo y qué”, que no pasaba nada, que se podía continuar con la vida como siempre, pero que tendríamos que aprender a “coexistir” con los organismos genéticamente modificados. Parecían decir: “Si el centro de origen ya se contaminó, ¿por qué no contaminar el resto? Si el maíz está contaminado, ¿por qué no contaminar los cultivos restantes?”

En ese segundo paso, el Congreso mexicano (diputados y senadores por igual) aprobó la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM) y varias leyes colaterales como la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, los reglamentos de ambas leyes, y una batería completa que configura un verdadero blindaje que en los hechos ha obstruido la consecución de la justicia mediante los canales legales del gobierno.

El tercer paso fue apostarle a la confusión. A ella contribuyó el reglamento de la LBOGM en lo tocante al llamado Régimen Especial de Protección al Maíz, pues éste quedó como alusión constreñida en unos cuantos párrafos en dicho reglamento. Así, de ser uno de los supuestos “centros” de la LBOGM, prácticamente desapareció dejando una incertidumbre formal que existe aún en torno a si en México existen centros de origen del maíz, y sitios donde no hay tales centros, o si todo el país es centro de origen como lo hemos venido insistiendo muchísimas organizaciones, comunidades, colectivos, investigadores y gente de buena voluntad. Que todo México y más sea el centro de origen del maíz para el mundo, era y es uno de los fundamentos de la moratoria de facto que funcionó desde fines de1998 a principios de 2009.

Aprovechando la confusión, el cuarto paso en la estrategia de contaminación del Estado mexicano y las corporaciones fue la instalación de siembras experimentales y piloto en el norte del país, de un modo clandestino, en preparación de la ruptura de la moratoria, lo que ocurrió el 6 de marzo de 2009.

Con la ruptura de la moratoria se instauró un quinto paso: de ahí en adelante, las dependencias encargadas comenzaron a otorgar permisos de siembra experimental y siembras piloto en el norte del país, con la ley por delante. En paralelo, el gobierno ha venido realizando preparativos para emprender monitoreos a las comunidades en busca de semillas “no certificadas”, lo cual es uno de los signos más ominosos de esta confusión planeada y legalizada.

Hoy, el discurso ha cambiado. Desde el gobierno mexicano se quisieran santificar formas más y más legales para introducir los transgénicos sin que nadie pueda protestar. Y se abren dos escenarios (sexto y séptimo pasos) que parecen configurar la nueva estrategia gubernamental: por un lado alentar la promoción de leyes estatales que dicen defender el maíz “criollo” de la contaminación mediante el registro, la certificación y la fiscalización de las semillas y los productores, y por otro la delimitación de supuestos “centros de origen” únicos en el territorio nacional abriendo espacio para que en el resto del país exista una enorme extensión para promover agricultura industrial y transgénicos. Ambas estrategias apuntan a lavar la imagen del gobierno e insisten en que son estrategias para cuidar del patrimonio genético del país, la multiculturalidad de los pueblos originarios y la diversidad de los maíces, cuando en realidad preparan la erradicación de todo aquello que en lo tocante a la agricultura no esté sometido a los controles establecidos por las normas, reglamentos, leyes y reformas constitucionales de un Estado mexicano muy imbricado con grandes corporaciones.

 En un momento tan oscuro de México, es grave equivocarnos. Tenemos que tener muy claro que cualquier ley que defienda el maíz debe contemplar defensas muy integradoras. Es por eso que vale recordar, una vez más, lo dicho y establecido durante los ya diez años que el gobierno mexicano ha intentado que los transgénicos sean parte del espectro biológico y cultural de nuestro país. Lo dicho y establecido por las comunidades mexicanas que se organizaron en lo que se conoce ahora como Red en Defensa del Maíz y que defiende la idea central de que la mejor defensa del maíz nativo es seguirlo sembrando, y que para sembrarlo, como no es una cosa sino un enorme tejido de relaciones biológicas, históricas, sociales, de saberes y sagradas, lo mejor es asumir la postura de defender completa la vida de los pueblos y comunidades que se han criado mutuamente con el maíz desde hace 10 mil años, lo que implica una resistencia integral, difícil pero viva, que no sólo defiende saberes campesinos sino también el territorio, la autonomía y la propia justicia. Para defender al maíz en su integridad —no sólo contra la contaminación genética— la única respuesta honesta es “apoyar la restauración de aquellos sistemas, procesos y dinámicas que crearon el maíz y lo mantuvieron diverso durante tantos siglos” sabiendo que “ninguno de esos procesos es posible sin la permanencia de los pueblos indígenas y campesinos que los pusieron en marcha”.

A diez años, habemos muchas personas, colectivos, comunidades y organizaciones que seguimos reivindicando la integralidad necesaria en la defensa del maíz.

Hay que recordar que, por lo menos desde 1992, las leyes en México se cocinan para servir de obstáculo concreto a los afanes de justicia de la población. Con este férreo control jurídico legal, quienes hacen leyes orillan a la gente a no tener cabida en la ley y, valga la obviedad, a quedar y a actuar fuera de la ley.

Este rasgo de sucesivos gobiernos mexicanos lo lamentan por lo menos desde 1996 varios ámbitos jurídicos internacionales. En ese entonces, la Comisión Internacional de Derechos Humanos, expresó que en México hay una “utilización de los poderes del Estado para perseguir y afectar las garantías de los pueblos” (es decir, como recalca la abogada Magda Gómez: “el poder actúa de mala fe contra la población que tendría que proteger, descuidando, o de plano mermando, los derechos de ésta”).

Con esta idea de integralidad, y buscando en los hechos una defensa verdaderamente transparente, la asamblea de la Red en Defensa del Maíz del 17 de marzo de 2011, se inconformó con la apertura de la siembra de transgénicos y con las supuestas defensas que promueven varias leyes estatales diciendo:

 Defender el maíz en México pasa necesariamente por el respeto a la libre determinación y autonomía de las comunidades y pueblos indígenas y campesinos.

Rechazamos una vez más cualquier siembra experimental, piloto o comercial, así como la distribución, almacenamiento, comercialización, de organismos genéticamente modificados en cualquier parte del territorio nacional (y en el mundo).

La soberanía alimentaria radicará siempre en el respeto del derecho colectivo a tener, guardar e intercambiar libremente semillas nativas sin la imposición de mecanismo alguno de control estatal, federal o empresarial (sea certificación, inventario, banco de semillas, catálogo de variedades, patentes, denominaciones de origen o derechos de obtentor).1

 Los congresos estatales de Michoacán y Tlaxcala habían promulgado por esas fechas “leyes que se promueven como leyes para proteger al maíz de la contaminación transgénica y para establecer zonas libres de transgénicos”. La realidad es que de su lectura uno entiende que son leyes que no prohiben la siembra de maíz transgénico, no prohiben la introducción de semillas transgénicas, criminalizan las semillas nativas y su libre intercambio, propician la erosión de la infinita variedad de semillas de maíz (restringiendo ésta a unas cuantas docenas de variedades por inventariar), buscan fiscalizar a los productores mediante un directorio o registro que conlleva infinidad de requisitos, y al mismo tiempo excluyen de la supuesta protección de esta ley a todos aquellos que no alcancen a cumplir estos requisitos de control exigidos sin razón, e intentan “monitorear actos no autorizados” en las comunidades.

 Ante leyes como éstas, escribieron Ana de Ita, Álvaro Salgado y Silvia Ribeiro, intentando alertar de los mismos problemas que ya señalaba la Red en Defensa del Maíz. Escribió Ana de Ita:

 La Ley de protección al maíz de Tlaxcala se promocionó ante la opinión pública nacional y extranjera como una norma que prohibe el cultivo del maíz transgénico en el estado y lo declara libre de transgénicos. Sin embargo, esto no es así, puesto que la declaración de zonas libres de transgénicos y la decisión sobre dónde se siembran es una atribución federal, regulada por la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM), o Ley Monsanto. Así, en la ley de maíz de Tlaxcala nunca se habla de sembrar, plantar o cultivar maíz transgénico, sino únicamente de autorizar su almacenamiento, comercialización y distribución. La ley de maíz de Tlaxcala le llama autorización comunitaria a la autorización que da el municipio. Los intereses municipales no son siempre los intereses de las comunidades, de ahí que llamarle autorización comunitaria es sólo mercadotecnia. Pero lo más grave de la ley es que pavimenta el camino a los intereses de las corporaciones semilleras y da mayores atribuciones a la Secretaría de Agricultura estatal, reduciendo el margen de acción de los campesinos y agricultores.

Por ejemplo, los fondos de semillas de maíz criollo, ejidales o municipales, ahora deben ser autorizados por la Secretaría de Fomento Agropecuario (Sefoa) y supervisados por el Consejo Estatal de Maíz, que podrá intervenirlos en caso de contradicción con esta ley (artículo 53).

?La supuesta protección y fomento al maíz “criollo” incluye denominaciones de origen, patentes y derechos de protección de variedades vegetales (artículo 19). Todos estos instrumentos sirven para favorecer los intereses de las corporaciones y son contrarios a los derechos colectivos y bienes comunes. Están incluidos en la Ley Federal de Variedades Vegetales, como derechos de obtentor, en los que se debe garantizar que la variedad sea nueva, distinta, estable y homogénea, condiciones que no cumplen las semillas campesinas, entre ellas el maíz, en diversificación constante.? Además, en la ley se compromete a levantar un inventario de biodiversidad de maíz y establecer un directorio de productores para clasificarlos en el sistema producto.  Los ?integrantes de la Red en Defensa del Maíz calificaron la Ley del maíz de Tlaxcala como peligrosa al analizarla a la luz de la experiencia europea, que conocen a través de sus pares alemanes, franceses y españoles.? En Europa, las leyes de semillas han convertido en ilegales las semillas campesinas. Está prohibido comercializar, intercambiar o distribuir semillas que no estén en un catálogo de variedades registradas. Las semillas campesinas no cumplen estos requisitos y, por tanto, ahora son ilegales. La lucha de los europeos ha sido rechazar el catálogo.

La ley de semillas mexicana (2007) sigue esta tendencia, convirtiendo en ilegal la distribución y comercialización de semillas no registradas, es decir, semillas campesinas.? Aún más, en Europa las empresas pretenden que los agricultores les paguen regalías por sembrar semillas de su propia cosecha, argumentando que en el pasado pudieron haber utilizado semillas patentadas cuyos caracteres y mejoras aún persisten en las cosechas actuales. El directorio de productores permitió a las compañías fiscalizar a los productores e intimidarlos para que paguen las compensaciones.2

 Álvaro Salgado, coordinador de Agroecología, Territorio y Comunalidad del Centro Nacional de Misiones Indígenas (Cenami), uno de los fundadores de la Red en Defensa del Maíz y uno de los promotores más importantes de la resistencia plural, diversa y a nivel de las comunidades y las regiones de México, con un trabajo de base que pasa por la reflexión conjunta a nivel de parcela escribía:

 Tlaxcala cuenta con testimonios vivientes de familias y comunidades que han recibido generación tras generación las semillas entregadas en tradición de las primeras abuelas, con el simple mandato de ser pueblo. Desde hace más de 500 años los pueblos han sabido defender sus semillas aun después de acumuladas agresiones a su integridad cultural, territorial y organización política. El despojo de sus tierras, la imposición de otros cultivos y mercados no les ha impedido guardar, sembrar, dispersar y defender, desde sus diversos usos y costumbres, sus semillas nativas.

Los cultivos experimentales y en fase piloto de maíz OGM, la contaminación transgénica de algunos lotes, el caos climático y sus repercusiones en la agricultura, la cooptación de algunos productores custodios de semillas dentro del imparcial y pragmático Proyecto Maestro de Maíces Mexicanos, el monitoreo para la detección de semillas nativas contaminadas con OGM, los tianguis de semillas híbridas del gobierno estatal, desplazando a las nativas, y ahora el proyecto MasAgro (la nueva revolución verde transgénica), son algunas de las nuevas amenazas para la integridad del maíz.

Ahora, con la Ley de Fomento y Protección al Maíz como Patrimonio Originario, en Diversificación Constante y Alimentario de Tlaxcala parece que se ignora el cúmulo de sabiduría campesina y las decenas de estrategias de conservación y protección de las semillas; en cambio, parece que el Congreso estatal está sólo tomando los referentes legales que en sí mismos atentan contra la soberanía alimentaria y los derechos de los pueblos campesinos indígenas.3

En el mismo tenor, Silvia Ribeiro apuntaba:

En todo el mundo, las transnacionales están en campaña para monopolizar las semillas, llave de todas las redes alimentarias.

En México los derechos de obtentor y patentes sobre el maíz, además de ser activamente promovidos por las trasnacionales semilleras y de transgénicos y por las leyes nacionales de semillas, se promueven en las leyes estatales mal llamadas de “Fomento y protección del maíz criollo como patrimonio alimentario”. Esas leyes, que curiosamente llaman criollo al maíz que en México siempre es nativo (criollo quiere decir que vino de otro lado y fue criado aquí), establecen también la instauración de registros de variedades campesinas y directorios de productores, abriendo a las autoridades nuevas oportunidades de intervenir en la autonomía y la vida campesina, coadyuvando para que este control pueda ser utilizado, en conjunto con otras normativas, para criminalizar el libre intercambio y las formas tradicionales campesinas de cuidar las semillas.

Lo que en ningún caso se explica es por qué estas leyes defienden las patentes sobre la vida, los derechos de obtentor para el maíz campesino y las denominaciones de origen, todos mecanismos que sólo favorecen a las transnacionales semilleras y de transgénicos, diciendo que esto forma “parte de la protección y el fomento del maíz criollo”. Salvo que en ese caso el término criollo esté usado literalmente y se refieran a proteger el maíz de Monsanto.

La iniciativa de ley presentada en Oaxaca replica los mecanismos de control contra las comunidades y semillas campesinas e introduce otros elemento perversos, como la necesidad de “validar las razas”, para comprobar “su autenticidad”. Un nuevo ejemplo de que quienes promueven estas leyes, en el mejor caso, no entienden lo que de verdad hay que defender.

El texto terminaba: “El maíz no existe sin las comunidades que lo crearon. Defender el maíz, es defender los derechos integrales de los pueblos indios y campesinos, no leyes para que los gobiernos los controlen mejor”.4

La Red en Defensa del Maíz es justamente eso: un espacio que por casi diez años ha promovido el trabajo cotidiano con perspectiva global de un universo de comunidades, municipios, organizaciones, pueblos indígenas y mestizos, campesinos todos, que están empeñados en defender su vida de cultivadores al cuidado del mundo. Ahí existe un diálogo permanente en directo, sin retórica, donde se trabaja en lo práctico por alcanzar autonomía y soberanía alimentaria y que entre sus logros más concretos está el haber mantenido una moratoria autogestionaria local, comunitaria, y regional contra los transgénicos.

Colectivo por la Autonomía, GRAIN, Casifop

Notas:

1 Ver “Las enseñanzas del maíz”, en este mismo libro.

2 “Ley de protección al maíz de Tlaxcala: caballo de Troya” La Jornada, 26 de abril de 2011.

3 “Un laberinto sin salida”, La Jornada, 7 de mayo de 2011.

4 “Los criollos y el maíz: más leyes para privatizar semillas”, La Jornada, 16 de julio de 2011.

febrero 1, 2012

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