La inmoral ruptura de la moratoria

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En agosto de 1999, meses después de que se declarara una moratoria de facto a la siembra y comercialización del maíz transgénico en México y poco tiempo antes de que apareciera la primera evidencia de contaminación transgénica, la investigadora Ana de Ita escribía:

 Las transnacionales impulsoras y beneficiarias únicas de la agenda del libre comercio y de la revolución biotecnológica en la agricultura sufrieron varios golpes en los últimos meses. El peor fue la moratoria de facto decretada por los quince ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea, el 24 de junio [de 1999], que suspendió la aprobación de nuevas variedades de cultivos transgénicos hasta la entrada en vigor de normas más estrictas, hacia el año 2002. Con esta medida, dirigida contra las compañías de Estados Unidos y contra las exportaciones que las contienen, el Consejo respondió a la negativa de Estados Unidos para diferenciar y etiquetar los cultivos transgénicos y sus derivados y dificulta la comercialización futura de un amplio rango de productos biotecnológicos a granel y procesados. La resolución refuerza las posiciones de Grecia, Luxemburgo, Austria, Dinamarca, Francia, Alemania y el País Vasco que habían prohibido la producción e importación de ciertos cultivos transgénicos. Es una victoria de la movilización social mediante la cual ambientalistas, campesinos y consumidores forzaron a sus respectivos gobiernos y a las principales cadenas de supermercados y restaurantes a escuchar su oposición a los alimentos Frankenstein.

Otro golpe fue asestado en mayo [de 1999] por los científicos de la Universidad de Cornell. En experimentos de laboratorio encontraron que el polen del maíz transgénico Bt de Monsanto es tóxico para la mariposa monarca. La mitad de las orugas murieron después de comer el polen, y las sobrevivientes sólo crecieron a la mitad de su talla.

Para los dirigentes europeos el estudio fue una evidencia más para justificar las nuevas barreras a la biotecnología. Austria prohibió el cultivo de maíz de Monsanto y Francia revisará su anterior aprobación.

?El debate no sólo involucra a los países desarrollados. El primer Estado declarado oficialmente libre de transgénicos es Rio Grande do Sul, Brasil, base de los campos de investigación de Monsanto. El nuevo gobierno frenó desde 1999 todas las pruebas genéticas, declaró ilegales los 79 campos experimentales existentes y prohibió su cultivo y comercialización pues, sostiene, son una amenaza para los pequeños productores al aumentar su dependencia sobre los insumos externos.

Para Estados Unidos el gran reto es que la prohibición europea a las importaciones de OGM fracase en el comité de disputas de la OGM. Los cultivos genéticos proliferaron en ese país pero el debate apenas emerge. En julio, en Minnesota, granjeros y representantes del sector, después de oír la partitura oficial en defensa de los OGM con la ciencia, culparon a las multinacionales y al gobierno por fallar en revisar las consecuencias que tendría la agricultura biotecnológica. Clinton, entusiasta promotor de la agricultura biotecnológica, recibió significativas contribuciones financieras de Monsanto. El secretario de Agricultura recriminó a los europeos por no mantenerse en “la senda del progreso” y los urgía aceptar la nueva tecnología estadunidense. Sin embargo a raíz del endurecimiento de las posiciones advirtió: “No podemos alimentar a la fuerza a consumidores renuentes”. El hecho es que las ganancias de Monsanto cayeron un 33% durante el primer trimestre de 1999.

En este escenario el doctor Zedillo [presidente de México en ese entonces] acordó el 20 de junio la integración de una Comisión Consultiva de Bioseguridad para dar opiniones científicas sobre los productos transgénicos y la de una comisión ejecutiva intersecretarial.? Varias instituciones de investigación coordinadas por la Comisión Nacional de Biodiversidad y la de Ciencia y Tecnología alertaron sobre los impactos que los OGM pueden ocasionar en la producción campesina, los riesgos para la biodiversidad de plantas en las que México es centro de origen y la necesidad de etiquetar estos productos.?1

 Lo escrito en 1999 por Ana de Ita ya anunciaba, en sus referencias y en las vinculaciones que tendía entre eventos, lo que habría de pasar 10 años después:

 Greenpeace denunció que en México desde 1993 se autorizó el cultivo experimental de maíz Bt y entre 1995 y 1998 se realizaron al menos 20 experimentos en El Batán, Tlaltizapán, Los Mochis, San José del Valle, Ciudad Obregón, y Santo Domingo. Demostró que las importaciones de maíz contienen mezclado maíz transgénico.? Como México, profundiza, es el traspatio de Estados Unidos, lo que Europa desecha pronto inundará México. Alrededor del 25% de las importaciones de maíz y el 50% de las importaciones de soya serán transgénicas. Bajo cuerda el programa Alianza para el Campo promueve los cultivos de algodón y soya genéticamente modificados.2

 En 2009, el gobierno mexicano aprobó 22 siembras ‘experimentales’ de maíz transgénico a favor de las transnacionales Monsanto, Dow Agrosciences y Pioneer Hi Bred (propiedad de DuPont), haciendo eco de los nuevos rumbos cifrados por las corporaciones, “contra viento y marea”, y “en medio de innumerables críticas e irregularidades”, afirmaba Silvia Ribeiro. Para la investigadora del Grupo ETC, no contentos con acaparar el 90% del mercado de semillas transgénicas y el 40% del mercado global de semillas en general, las transnacionales van por todo y requieren erradicar las raíces más profundas del maíz que no son nada sin la socialidad indígena que les ha dado fuerza y diversidad por milenios.

En octubre de 2009, Ribeiro sentenciaba: “Estos ‘experimentos’ cubrirían en total unos 120 mil metros cuadrados —área suficiente para provocar una debacle de contaminación transgénica en el maíz campesino y nativo de México— distribuidos en los estados de Sonora, Sinaloa, Tamaulipas y Chihuahua. Otras solicitudes de las transnacionales que están en proceso, pretenden permisos para liberación en Jalisco, Coahuila y Durango, y van por más. Es ignominiosa (y fuertemente criticada incluso por muchos de sus propios investigadores, a los cuales se ha ignorado) la colaboración que reciben estas transnacionales de organismos públicos como el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) que les brindan sus centros para experimentar. Además es paradójico, ya que el avance de las transnacionales en el mercado semillero, apunta justamente a que instituciones públicas como el INIFAP desaparezcan. A algunos miembros de esta institución les parece mejor servirles desde ya, mal usando recursos y patrimonio públicos, quizá para ver si con el avance de la privatización les caen algunas migajas por el favor”.3

Las críticas han sido reiteradas y comienzan a crecer y proliferar por todo el país. “En Chihuahua, organizaciones campesinas, indígenas y ambientalistas anunciaron que no permitirán la siembras aun si para ellos tuvieran que destruir las parcelas experimentales. Greenpeace hizo una revisión exhaustiva de la legalidad de estas decisiones y presentó un recurso de revisión, demandando su anulación. En los documentos presentados4 se muestra que las instancias de gobierno violan varias leyes, incluyendo la de bioseguridad. Por ejemplo, no se indica las fechas en que fueron otorgados los permisos, ni quiénes fueron los responsables de otorgarlos (en ambos casos, seguramente porque saben que es un crimen de lesa humanidad y pretenden ocultarse en la generalidad de las instituciones), tampoco dan la identificación precisa de los ‘agricultores cooperantes’ en cuyos terrenos se realizarán las siembras; la ubicación de las parcelas es imprecisa o incluso falsa, y las coordenadas geográficas no coinciden con los predios presentados en las solicitudes de las empresas. El gobierno está obligado por ley a entregar todos estos datos al público, pero teme las consecuencias que le traería darlos a conocer”.5

Para el momento de la anulación de facto de la moratoria a la siembra de maíz transgénico en México, es decir al autorizar sin miramientos la siembra “experimental” (que, no importa lo que digan, es una clara provocación para que por todo el territorio nacional todo mundo comience a solicitar permisos de varios tipos), el efecto fue que se permitía de facto la contaminación, se abría el proceso de legalización del trasiego de transgénicos en el país y se podía declarar sin problemas: “no pasa nada”, “no hay los daños anunciados. El 24 de octubre de 2009, Silvia Ribeiro escribía:

 No hay argumento para romper la moratoria que rige desde hace 10 años contra la siembra de maíz transgénico en México, por ser su centro de origen. Todas las causas por las que se decidió la moratoria siguen presentes o se han agravado. A falta de argumentos, las secretarías de agricultura y medio ambiente esgrimieron que “sólo” se tratará de siembras “experimentales” y que observarán medidas de “bioseguridad”. Esto no evitará la contaminación, pero además, para los funcionarios —y las transnacionales favorecidas— esta etapa es solamente un trámite burocrático, que deben cumplir para seguir después con la siembra comercial a gran escala, ya sin farsa de “bioseguridad”. Aún cuando tomaran ahora algunas medidas para manejar la contaminación de maíces no transgénicos (medidas que han sido cuestionadas por insuficientes por científicos y técnicos mucho más capacitados que los de las secretarías, incluso por algunos de sus maestros), éstas nunca serán repetidas y mucho menos supervisadas en campo en la siembra comercial. Los productores no las realizarán, por engorrosas y caras, y porque saben que el gobierno no tiene ni la capacidad ni la voluntad de fiscalizarlos. Prueba de ello es que nunca tomó medidas para impedir las siembras ilegales —¿por qué lo haría contra las que el mismo autorizó? Hablar de “experimentación” es una burla.

Todo el proceso ha estado plagado de irregularidades, incluso dentro del marco que exige la limitada ley de bioseguridad. No existe régimen de protección especial del maíz, como lo mandata dicha ley; en la consulta pública sobre las solicitudes de experimentación, el gobierno ignoró la vasta mayoría de opiniones técnicas, científicas y de muchísimas organizaciones sociales y ciudadanos, porque eran críticas a la liberación. Tampoco tomó en cuenta la gran cantidad de opiniones, protestas, cartas firmadas por amplios sectores de la sociedad mexicana e internacional, las denuncias, manifestaciones e interminable cantidad de razones presentadas continuamente desde hace una década, argumentando sólidamente y desde una gran variedad de perspectivas (científicas, económicas, políticas, sociales, culturales, históricas, geográficas) contra la liberación de maíz transgénico en México.6

 En aquel momento, tan contrastante con el momento en que se aprobó la moratoria, los organismos multilaterales incluidos, empujaban la solución de los transgénicos para “acabar con el hambre en el mundo” y para impulsar los combustibles biológicos tan promovidos como solución para enterrar el patrón tecnológico propio del petróleo.

Todas estas declaraciones eran lo que llamamos “bolas de humo” con tal de que siguieran los negocios como siempre, y las llamadas “medidas de bioseguridad” una “farsa vergonzosa”, sobre todo porque nadie podrá garantizar nunca que no haya contaminación del maíz nativo. “Es increíble que tamañas decisiones hayan sido anunciadas al público a través de escuetos boletines de prensa donde los funcionarios esbozan generalidades como que ‘cumplieron con la ley’ y que ‘habrá bioseguridad’. Documentos que comprueben tales afirmaciones: ninguno”, decía la investigadora de el Grupo ETC.7

Por su parte, la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS) reunió más de 700 firmas de apoyo de reconocidos científicos nacionales e internacionales y le dirigió un extrañamiento al presidente Felipe Calderón contra la liberación del maíz transgénico en México. Ellos sí presentaron datos, documentos, argumentos en defensa de todo México como centro de origen del maíz, y estudios con evidencias de que hay alternativas que “pueden generar, e incluso superar, los beneficios que se pretende obtener con el maíz transgénicos sin que impliquen los riesgos de esta tecnología [la de los transgénicos]”. La UCCS concluía: “todas las siembras experimentales de maíz transgénico deben prohibirse, hasta que se resuelvan satisfactoriamente, desde el punto de vista científico y socioeconómico, las inquietudes que se han planteado”.8

Lo que también preveían desde 1999 las investigaciones del Ceccam, del Grupo ETC, GRAIN y otros muchos centros de investigación con años de entender lo que significan los transgénicos, es que la resistencia no se haría esperar. Iba a ser profunda, radical y muy extendida. Silvia Ribeiro escribió al momento de la ruptura de la moratoria:

 No por casualidad, el anuncio de las primeras autorizaciones, a favor de Monsanto, se difundió el 16 de octubre, día mundial de la soberanía alimentaria. Fue una muestra más del cinismo y lo poco que le importa la soberanía a un gobierno empeñado en entregar todos los sectores claves del país a las transnacionales.

Como señal de los tiempos, ese mismo día, la Vía Campesina lanzó una campaña mundial contra Monsanto, la mayor empresa semillera y de transgénicos del mundo, por ser “un enemigo principal de la soberanía alimentaria, de la agricultura campesina sustentable y del alimento para toda la gente”. En muchos países hubo acciones contra ésta y otras transnacionales que pretenden controlar la red alimentaria mundial. Las autorizaciones de maíz transgénico son una imposición arbitraria de unos pocos contra las mayorías y contra la historia y pueblos de esta tierra. Se engaña el gobierno y las transnacionales si creen que este nuevo acto de Conquista no encontrará resistencia.9

 Colectivo por la Autonomía, GRAIN, Casifop

 Notas:

1 Estado, mercado y OGM, Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam), 1999, op.cit.

2 Ibídem.

3 Ver: “Ilegal e inmoral, pero impune”, La Jornada, 7 de noviembre de 2009.

4 Disponibles en www.greenpeace.org.mx

 5 Ibídem.

6 Ver “Maicidio racista”, La Jornada, 24 de octubre de 2011.

7 Ver “Ilegal, inmoral pero impune”, op.cit.

8 Ver www.unionccs.net

9 Ver “Maicidio racista”, op.cit.

febrero 1, 2012

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