La Ley Monsanto

La Ley Monsanto                                                                                                 

Luis Hernández Navarro

Más de ocho siglos después no han cambiado mucho las cosas. Durante la Edad Media en Europa los siervos vestían túnicas con el escudo de su señor feudal. Hoy en día los campesinos, en lugar de su tradicional sombrero, usan gorras con el logotipo de sus amos empresariales: Monsanto, Cargill o John Deere.

Y los señores del poder no quieren que las cosas cambien. Para garantizar que esa moderna forma de servidumbre se perpetúe en nuestro país, los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN) se han puesto el uniforme de las grandes empresas transnacionales que producen y distribuyen organismos genéticamente modificados (OGM). Es así como hoy, 14 de diciembre, buscarán aprobar una Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM), que en el futuro será conocida como Ley Monsanto.

¿Por qué bautizarla Ley Monsanto? Porque expresa prácticamente sin mediaciones los intereses de los monopolios de la industria biotecnológica de la que esta empresa es líder. En lugar de cuidar los intereses de los campesinos, de proteger el medio ambiente y de ver por la salud de los mexicanos, dicha ley permite la distribución y liberación al ambiente de organismos transgénicos con probables y severos riesgos a la soberanía alimentaria, la salud humana y la biodiversidad.

Se trata de monopolios. Cinco empresas vendieron casi 100% de las semillas genéticamente modificadas: Monsanto-Pharmacia, Aventis (Bayer), Syngenta, BASF y Dupont. Monsanto sola vendió 86%del total de esas simientes. Seis multinacionales tienen 74% de las patentes biotecnológicas. Son las mismas que controlan la mayoría de los mercados de agroquímicos y farmacéuticos.

Hasta ahora, 98% de su superficie cultivada con transgénicos se localiza en cuatro países: Estados Unidos, Canadá, Argentina y China. En su mayoría poseen plantíos de soya, maíz, algodón y canola. Ahora, de aprobarse la nueva ley, México —centro de origen del maíz— se convertirá en territorio liberado de los productores de alimentos frankenstein.

Los diputados no son los únicos en querer condenar a los campesinos mexicanos a la dependencia. La entrada de semillas genéticamente transformadas ha sido estimulada también desde el gobierno federal. Grandes montos de subsidios para la producción de algodón han sido transferidos a Monsanto. El responsable del desarrollo rural del país, Javier Usabiaga, afirmó que “los OGM tienen una función primordial en la agricultura: a través del desarrollo de estos materiales se pueden combatir muchas deficiencias que por naturaleza tienen las variedades”. El secretario de Medio Ambiente, Alberto Cárdenas, afirmó que hay que ir abriendo la puerta a los transgénicos y confió en que se aprobará la ley tal como está.

Originalmente la iniciativa de LBOGM fue presentada en el Senado hace casi dos años por el legislador del PRD Rodimiro Anaya, presidente en aquel entonces de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado. Aunque meses después los diputados de ese partido objetaron la propuesta, sus compañeros de Legislatura del PAN y del PRI siguieron adelante con ella.

Los legisladores de la Confederación Nacional Campesina han desempeñado papel destacado en la promoción de la ley Monsanto: Ulises Adame de León, ex secretario de Agricultura del estado de Durango y parte de una familia de caciques laguneros que controlan el comercio y la tierra en San Juan de Guadalupe y Simón Bolivar, ha presionado fuertemente para que se apruebe la iniciativa. Él, junto con el también priísta Julio César Córdova, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, quiere que la iniciativa de ley se apruebe tal como está.

Los diputados que defienden esa ley siguen una vieja tradición política: tienen una oreja grande, con la que escuchan a las grandes empresas, y otra pequeña, con la que oyen a los ciudadanos. Así le hicieron con las objeciones que la comunidad científica presentó contra la LBOGM.

El pasado 8 de diciembre decenas de reconocidos científicos y académicos publicaron en La Jornada una carta abierta a los representantes populares en la que rechazan la actual propuesta de ley “porque no se rige por el principio precautorio ni protege la biodiversidad, el ambiente de México y la salud de los mexicanos”. Solicitaron a los nueve diputados responsables de elaborar el dictamen de esta ley que “no la aprueben tal como está redactada actualmente, sino que tomen el tiempo necesario para alcanzar consensos con los sectores de la sociedad que tienen intereses y puntos de vista opuestos a los de las compañías que producen y comercializan los productos biotecnológicos, función fundamental de esta ley, que es regular los aspectos referentes a la bioseguridad que se derivan de las actividades mercantiles de estas compañías”.

La respuesta de los representantes populares fue fulminante. Ese mismo día, mediante un albazo, aprobaron el dictamen, con la oposición del Partido de la Revolución Democrática (PRD), sin atender los consejos y sugerencias de los científicos que no están comprometidos con las transnacionales. Igual desprecio les merecieron los puntos de vista de campesinos y grupos ciudadanos.

Tal actitud no es ninguna novedad. Los integrantes de la pasada Legislatura aprobaron la reforma constitucional sobre derechos y cultura indígenas en contra de la opinión de los directamente interesados. No en balde este comportamiento ha desprestigiado la imagen de los diputados entre la población. Desprestigio que, sin duda, crecerá aún más cuando, ataviados con sus invisibles gorros con el logotipo de Monsanto, aprueben este martes una ley hecha a la medida de cinco empresas trasnacionales.

* Luis Hernández Navarro es uno de los analistas políticos más acuciosos y uno de los tejedores de redes sociales más reconocidos en México. Es director de Opinión del periódico La Jornada, este texto apareció el14 de diciembre de 2004.

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febrero 1, 2012

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