La respuesta de las comunidades

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Ante un panorama de intereses creados, irresponsabilidad de los funcionarios y el desprecio de los organismos internacionales encargados de velar por las semillas, la alimentación y los derechos de los pueblos, las comunidades y las organizaciones campesinas e indígenas, al igual que las organizaciones de la sociedad civil, comenzaron a emprender acciones: en principio de información y análisis, marchas y cartas de protesta, cabildeos diversos y muchos talleres regionales. Había y hay una inquietud real en la mera idea de que estuviera contaminado lo más sagrado de su vida y fuente primordial de su alimentación, eso que los hace ser y les brinda identidad trabajada durante milenios (en el caso de los pueblos indios y los campesinos pobres), o un cultivo que para muchos pequeños productores es el centro de su estrategia (para quienes ven en la siembra comercial del maíz una fuente de ingresos concreta).

Cuando los comuneros wixaritari (o huicholes) se enteraron del asunto, uno de ellos comentó, de inmediato y contundente: “sin maíz no somos, no sólo estaríamos muertos, dejaríamos de ser”.

Pronto, de varios enclaves del país comenzaron las reflexiones. Tal vez la reflexión de Aldo González, de Unosjo, resuma muchas de las inquietudes que se suscitaron en los meses siguientes al Primer Foro en Defensa del Maíz y que comenzaron a plasmarse en documentos diversos. Dice Aldo González:

Nosotros creemos que se tiene que hacer una investigación seria para determinar con precisión cuáles son los predios contaminados, que es lo que a nosotros nos interesa porque lo que queremos es poner un límite entre las semillas transgénicas y las que no lo son. Si el próximo año siguen monitoreando y el siguiente también, puede que el maíz transgénico siga incrementando su porcentaje en las comunidades de la región y no se esté tomando una medida efectiva para evitarlo.

En la Sierra Juárez nos estamos informando, pero hace falta más información de nuestras mismas comunidades. Nos preocupa que esto pueda estar ocurriendo en otros lugares del país. Las semillas o los “granos” de Diconsa no llegan sólo a Oaxaca, llegan a todos los lugares del país en donde se consume ese maíz, y esto pone en riesgo la integridad de las semillas nativas, mal llamadas “criollas” de muchas comunidades indígenas de México.

Para nosotros las semillas nativas son un elemento muy importante de nuestra cultura. Podrán haber desaparecido las pirámides, las podrán haber destruido, pero un puño de semilla de maíz es la herencia que nosotros podemos dejarle a nuestros hijos y a nuestros nietos, y hoy nos están negando esa posibilidad. El proceso de globalización que se vive en nuestro país y el solapamiento de las autoridades gubernamentales está negando a las comunidades indígenas el que puedan seguir transmitiendo esta herencia milenaria. Son más de 10 mil años de cultura: nuestras semillas han probado durante 10 mil años que no le hacen daño a nadie. Hoy nos están diciendo por la radio en Guelatao que las semillas transgénicas no hacen daño. Qué pruebas tienen al respecto. Nosotros sí tenemos pruebas: 10 mil años de práctica lo demuestran. Cinco años o seis años de práctica de la siembra de maíz transgénico en el mundo no nos están dando ningún indicador de que estas semillas, o de que estos granos, no vayan a causar daño a la humanidad. Después de 10 mil años nuestras semillas siguen vivas. Bien podemos poner en duda las semillas de ellos, que no tienen demostración al respecto.

En la Sierra Juárez creemos que es muy importante que podamos realizar un trabajo para diferenciar las semillas transgénicas y las que no lo son. No tenemos los recursos suficientes, es más, no tenemos recursos. No hay recursos para la difusión que en muchas comunidades es necesaria. Mucha gente no sabe todavía qué es el maíz transgénico. En la ciudad de México se ve la televisión, se escucha la radio, se pueden leer los periódicos; en la Sierra Juárez eso no existe. Tenemos que ir de comunidad en comunidad a informar lo que sucede, y nuestros paisanos cada vez están más molestos por esta situación.1

Los tzotziles de San Andrés Sacamch’en, Chiapas, que fuera sede de los diálogos entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el gobierno federal entre octubre de 1995 y julio de 1996, apuntaban preocupados por la contaminación de sus semillas:

Somos de Los Altos de Chiapas, somos personas hechas de maíz y de barro. Somos tzotziles, pero nuestro nombre verdadero se ha transformado en la punta de la lengua de los invasores. Somos indígenas desde que nuestra madre tierra nos parió y lo seguiremos siendo hasta que la misma madre tierra nos trague.

[…] Luchamos por lo que fuimos ayer, lo que somos y lo que mañana seremos. Luchamos para conocer la historia, para rescatar nuestra cultura, porque bien sabemos que si un pueblo conoce su historia jamás será condenado a repetirla y jamás será vencido.

Nos hemos enterado de que las empresas agroquímicas han patentado nuestro maíz, le están introduciendo genes de otros seres vivos y muchas sustancias químicas para acabar por completo a nuestro maíz natural, para que luego compremos puro maíz transgénico. Nosotros sabemos las graves consecuencias que trae este tipo de maíz que están creando, que afecta a nuestra cultura, porque para nosotros los indígenas, el maíz es sagrado, y si esas industrias agroquímicas tratan de desaparecer nuestro maíz, es como querer desaparecer parte de nuestra cultura que nos heredaron nuestros antepasados mayas. Sabemos que el maíz es nuestro alimento principal y cotidiano. Sabemos que nuestros primeros padres y madres nos criaron de maíz, por eso nos llamamos hombres y mujeres de maíz. Nuestros abuelos indígenas campesinos entregaban su trabajo y sus corazones, y lloraban pidiéndole protección a nuestro dios creador para que su trabajo tuviera logro.

[…] Nos preocupa que nuestro maíz se acabe por completo, por eso en nuestras escuelas queremos crear un banco de semillas para conservar nuestro maíz, para luego fomentar que en cada comunidad se establezcan bancos de semillas. En nuestra escuela se está llevando a cabo un proyecto en defensa de nuestro maíz natural que lleva por nombre “Semilla madre en resistencia de nuestras tierras chiapanecas”. Estamos en contra del maíz transgénico, y juntos y con todo el pueblo de México esperamos salvar parte de nuestra vida que nos la quieren arrebatar.2

En las reuniones indígenas, por todo el país, comenzó entonces a gestarse un movimiento fuerte, invisible, para defender el maíz y entender las implicaciones de su contaminación. Los pronunciamientos se multiplicaron.

Desde enero de 2002, en las reuniones del Congreso Nacional Indígena, en particular en la Región Centro Pacífico, los pueblos y comunidades discutieron la defensa del maíz, con una perspectiva integral, y en los resolutivos se remacharon los resolutivos del Primer Foro en Defensa del Maíz y de múltiples talleres que proliferan, aun hoy, por el territorio nacional: defender el maíz nativo, rechazar el maíz transgénico e iniciar discusiones para entender las mejores formas de cuidar su herencia milenaria.

Por ejemplo, en la Asamblea del Congreso Nacional Indígena de la Región Centro Pacífico, en la comunidad wixárika de San Sebastián Teponahuaxtlán (Huaut+a), en el municipio de Mezquitic, Jalisco, el 21 de julio de 2002, el punto de la contaminación estuvo tan presente que los delegados wixárika de Jalisco, purhépecha de Michoacán, ñahñú del Estado de México, huachichil de San Luis Potosí, chichimeca de Guanajuato, nahua de Jalisco, Colima, Guerrero, Estado de México, Morelos y Distrito Federal, y amuzgos de Guerrero, enfatizaron:

Octavo. Exigimos al gobiernofederal el cese en la introducción a nuestro país de maíces transgénicos o de dudoso origen. Llamamos a todos los pueblos indígenas y campesinos, así como a los consumidores de maíz en todo el país, a defender las semillas propias y a que se unan a nuestra exigencia.

Noveno. Rechazamos la prohibición decretada por el gobierno federal en el uso de 85 plantas medicinales y alertamos a todos los pueblos indígenas y campesinos del país del despojo y privatización que las grandes transnacionales, en concurso con el gobierno federal, están llevando a cabo con relación a nuestros conocimientos tradicionales y la biodiversidad de nuestros territorios.

Aquí surgió una vuelta que resulta interesante. Los pueblos indios vincularon de inmediato la defensa del maíz con la pertinencia de mantener sus saberes tradicionales y para ellos, defender el maíz es defender sus recursos naturales, la biodiversidad, su negativa a la bioprospección y las patentes, y emparentan todo esto al ejercicio de la medicina tradicional, otro enclave de saberes, pues para los pueblos los que curan no sólo atienden a las personas sino al todo. Cuidan el mundo, como bien lo ponen los huicholes o wixaritari.

Dos meses después, en el Foro Nacional en Defensa de la Medicina Tradicional (organizado por comunidades y organizaciones que se reconocen en el Congreso Nacional Indígena) celebrado el 16 de septiembre de 2002 en el territorio ñahñú de M’enhuani-Atlapulco, Estado de México, infinidad de médicos tradicionales, autoridades y delegados de comunidades y organizaciones indígenas pertenecientes a los pueblos tohono o’odham, mayo, rarámuri, cora, wixaritari, nahua, huachichil, tenek, chichimeca, purhépecha, mazahua, tlahuica, matlatzinca, hñahñu, tepehua, amuzgo, tlapaneco, mixteco, huave, zapoteco, mixe, mazateco, maya peninsular, tzeltal, tzotzil, c’hol, tojolabal, mame, zoque, chuj y mochó, de veinte estados del país, estos pueblos (tras declarar una moratoria contra la bioprospección en sus territorios) hicieron un pronunciamiento contundente con respecto a la contaminación transgénica junto con organizaciones pertenecientes a la sociedad civil:

Quinto. Como parte de nuestra defensa de la madre tierra y todo lo que en ella se nace, repudiamos la introducción de maíces transgénicos a nuestro país, pues la madre maíz es fundamento primero de los pueblos nuestros. En consecuencia exigimos al gobierno federal declare una moratoria indefinida en la introducción de maíces transgénicos con independencia del uso que se les pudiera dar.

Exigieron también respeto a los territorios indígenas, a los recursos naturales, a la biodiversidad y a los saberes ancestrales y modernos propios de los pueblos indígenas; se negaron a la convalidación de la práctica médica tradicional por parte de las autoridades sanitarias del país; reivindicaron los Acuerdos de San Andrés, su autonomía y sus gobiernos propios.

Debemos entender que estas reuniones —que no se quedaban únicamente con la idea de que la fuerza mostrada en las calles para protestar ante autoridades distantes es movilizarse, sino que abrazaban la forma de encuentros de reflexión, verdaderas asambleas de diversas comunidades y pueblos indígenas del país—, ocurrían en un contexto que prevalece hasta nuestros días: el trozamiento de todos los puentes de entendimiento entre el gobierno mexicano y los pueblos indígenas del país. En 2001 había ocurrido la más grande movilización indígena y popular en la historia mexicana, la Marcha del Color de la Tierra, convocada por el ezln y el Congreso Nacional Indígena, que había incluido un enorme Congreso en Nurío, Michoacán y una caravana que llegó hasta la ciudad de México, con fuerza tal que pudo lograr que varios representantes zapatistas y del cni hablaran públicamente en la cámara de diputados, con el fin de defender la propuesta de reformas constitucionales más discutida y consensada: la propuesta de reformas indígenas elaborada por la Comisión de Concordia y Pacificación traduciendo los Acuerdos de San Andrés, firmados entre el ezln y el gobierno federal en 1996.

Pero precisamente por la fuerza convocada, y en un contexto de importantes intereses detentados por la clase política mexicana, los tres poderes de la Unión habían rechazado la posibilidad de reconocer los derechos colectivos de los pueblos indígenas en la Constitución. Ante ese escenario, los pueblos comenzaron a organizar su autonomía en los hechos y comenzó un periodo de resistencia activa en muchos rincones del país, que sigue vigente y fuerte. En una situación así, los rechazos planteados por los pueblos, la moratoria, son acciones de facto y no graciosas peticiones a un gobierno ciego y sordo a las demandas reales, legítimas, de una población de más de 20 millones de personas.

Obviamente, lo privilegiado desde entonces fue la acción real, acompañada de reflexión continua en todos los rincones indígenas. Es muy sintomático que las reuniones mencionadas —y otras muchas que no es posible anotar pues son tantas— ocurrieron, y siguen ocurriendo, en comunidades alejadas, o en comunidades con un claro proyecto de resistencia, autogobierno y mandato claro de la asamblea.

Éste fue el clima que propició el cumplimiento de uno de los principales acuerdos del Primer Foro en Defensa del Maíz: impulsar diagnósticos regionales, autogestionarios, que le dieran a las comunidades ciertas indicaciones de si su maíz estaba o no contaminado. A partir de octubre de 2002, comenzaron los talleres preparativos para que las comunidades asumieran diagnósticos en ese sentido. En el año 2003 se hicieron pruebas propias, a contrapelo de las dependencias de gobierno que seguían sin mostrar la cara de una manera frontal y responsable —salvo honrosas excepciones— y en cambio, el embate contra el maíz, a nivel gobierno de México e instancias internacionales, seguía su curso.

El malestar y la exigencia, se ha insistido con razón, no sólo provenía y proviene de los campesinos pobres, en su mayoría indígenas, y de las organizaciones de la sociedad civil que las acompañan. Siendo la problemática del maíz algo muy complejo, que no se agota en la contaminación, es lógico que las centrales campesinas, las organizaciones de productores, también se preocuparan. “La crisis del agro mexicano se ha profundizado en las últimas décadas del ajuste estructural y apertura comercial. Las organizaciones de productores rurales se han movilizado ampliamente a nivel regional y nacional, realizando huelgas de hambre, tomas de carreteras y puentes aduanales, plantas de diesel, oficinas públicas, plazas y monumentos en las principales ciudades del país”.3

Muchas de estas movilizaciones se han acompañado de propuestas de políticas públicas y cabildeo ante las cámaras en una idea de la participación ciudadana en diálogo con el gobierno. Desde finales de 2002, un movimiento campesino (El campo no aguanta más) procedente de muchos frentes, que aglutinaban desde campesinos pobres a las grandes centrales campesinas y agrícolas emprendieron movilizaciones que tuvieron su culminación en el primer trimestre de 2003.

El campo no aguanta más puso en el centro del debate demandas fundamentales para la defensa del maíz y de la soberanía alimentaria: renegociación del capítulo agropecuario del tlcan, reorientación de la política hacia el agro bajo principios de soberanía alimentaria y revisión del artículo 27 constitucional… A principios de 2003, las movilizaciones campesinas de El campo no aguanta más, El Barzón, El Congreso Agrario Permanente y la Confederación Nacional Campesina consiguieron abrir con el gobierno de Fox mesas de debate que concluyeron el 8 de marzo sin acuerdos básicos entre el gobierno y los productores rurales. El 24 de marzo los cuatro bloques campesinos presentaron una propuesta campesina de Acuerdo Nacional, donde plantearon la renegociación del tlcan, la soberanía alimentaria como principio rector y eje de toda la política agroalimentaria y comercial, presupuestos multianuales, reforma estructural de las políticas hacia el campo, cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés sobre derechos y cultura indígenas, defensa y valoración de los patrimonios territoriales de ejidos comunidades y pueblos indios y el fin del rezago agrario. Finalmente, el Acuerdo Nacional para el Campo alcanzado fue diseñado unilateralmente por el gobierno.4

Lo terrible de esta experiencia, cuestionada fuertemente por la Unión Nacionales de Organizaciones Campesinas Regionales Autónomas (unorca), El Frente Democrático Campesino de Chihuahua, la Unión de Organizaciones Forestales Campesinas (Unofoc) y el Frente en Defensa del Campo, es que fueran ellas las únicas que reivindicaron hasta el final las demandas consensadas en meses de movilización. Las organizaciones arriba anotadas fueron abandonadas por el resto de organizaciones que suscribieron un acuerdo espurio, unilateral e indigno, diseñado por el gobierno. “El documento cancela de entrada las demandas campesinas de revisión y renegociación del capítulo agropecuario, la exclusión definitiva del maíz y el frijol del proceso de liberalización comercial del tlcan y la reintroducción de aranceles-cuota a las importaciones de los productos de las cadenas agropecuarias básicas y estratégicas para la seguridad y soberanía alimentaria”.5

Esto, en un momento en que la contaminación por maíz transgénico amenazaba las siembras comerciales y de autoconsumo de maíz, en un contexto en que las cuotas de importación del grano se excedían hasta por 15 millones de toneladas entre 1994 y 2002 y cuando, por los subsidios otorgados por Estados Unidos a sus productores, el precio de exportación del maíz le permitía venderlo a precio de dumping perjudicando a los campesinos y productores mexicanos, profundizó la distancia entre la gente y el gobierno e hizo urgente la organización autogestionaria de cualquier salida a la crisis campesina e indígena.

Colectivo por la Autonomía, GRAIN, Casifop

Notas:

1 “Diez mil años de certeza”, Ojarasca en La Jornada 58, febrero de 2002.

2 Ibid.

3 Ana de Ita y Pilar López Sierra: “La cultura maicera mexicana frente al libre comercio, Los impactos destructivos de la globalización. Redes, Amigos de la Tierra-Uruguay, Biodiversidad-sustento y culturas, Montevideo, 2004, p. 32.

4 Ibid. p. 33.

5 Ibid.

febrero 1, 2012

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