No fue accidente, fue a trasmano

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En los entreveros de una incipiente discusión tenemos que insistir en que el maíz no es una cosa: es, como la tierra, un tramado de relaciones. El embate contra el maíz es un intento por erosionar el tejido social que ha logrado que los campesinos sobrevivan por derecho y entereza.

Se afirma ya que sólo la mitad del mundo es campesina —pero para efectos prácticos alimenta al grueso de la población. Y cierto es que nunca antes fue tan frontal el embate. En todo el mundo, no sólo en México, se quiere desaparecer a los campesinos, el conjunto de relaciones que conforman un modo de vida que un movimiento mundial creciente reivindica como la Vía Campesina.

Millones de campesinos, la gran mayoría abrevando de culturas indígenas, siguen dispuestos a sobrevivir. La lucha por la tierra no es por un pedazo de suelo, por una cosa. Es la cosificación de la tierra uno de los agravios que enlistan las comunidades. El mero acto de fijarle un precio a la tierra de cultivo suena a afrenta, sean siete, setenta, siete mil o siete millones de pesos por metro, porque como decía uno de los campesinos de San Salvador Atenco entrevistados en el video independiente Tierra sí, aviones no, “nadie puede pagar lo que esta tierra puede producir, si la cuidamos, de aquí al fin de los tiempos, con el trabajo de mis hijos, mis nietos y los tataranietos de mis tataranietos”. El argumento es incontrovertible y engarza con todo la discusión en torno al maíz que este texto pretende. Además, por más “bien superior” que se pretenda invocar, cualquier expropiación añade otro elemento de agravio: la imposición.

La lucha por la tierra —y por la vía campesina— es una resistencia ante la avalancha de todo lo que se decide sin la anuencia y sin la participación de quienes guardan una relación con la tierra y todas sus relaciones de trabajo, de celebración, de entendimiento, de crianza mutua.

Desaparecer a los campesinos, aparte de matarlos, implica condenarlos a su suerte en verdaderos enclaves de abandono, expulsarlos a la migración como jornaleros agrícolas, o convertirlos en frágiles obreros de las maquilas, por ejemplo, esa forma moderna de explotación sin los controles que antes tenían como obligación las empresas.1 Éste fue uno de los requsitos impuestos en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá: la desregulación laboral, según nos sigue recordando con filo el investigador Andrés Barreda. Con el tiempo sus palabras cobran más peso.

Las relaciones se desmadejan, las comunidades se dividen (y hay intención de dividirlas) las mujeres defienden la comunidad, asumen trabajos y cargos, mientras que algunos gobiernos hacen la guerra a la gente.

Los datos hablan por sí mismos: según un informe de la Organización Mundial de Migraciones en 2009 había 240 millones de migrantes en el mundo, y si se le suman los migrantes internos, la cifra de desplazados alcanza los mil millones de personas. La ciudad de México es el espacio indígena más grande de todo el continente.

Para que siga viva la resistencia de los campesinos es indispensable defender el maíz. (Y para defender el maíz hay que reconsiderar y defender el papel que juegan los campesinos en un mundo “globalizado” que quiere convertir en industria incluso la agricultura.) Por eso, además de todas las propuestas en defensa de los productores comerciales, hay que defender también las siembras de alimentos propios.

El maíz es lo que permite el autogobierno en las comunidades indígenas. Sólo con maíz propio, nativo (no su desfigurada versión transgénica), sembrado para que coma la comunidad dependiendo lo menos posible, se pueden defender otros muchos ámbitos del nosotros, ámbitos comunes en una vida a contrapelo de los sistemas hoy pretendidamente planetarios.

Pero resulta que pese a que México es centro de origen del maíz, corazón de una vastísima cultura indígena, hilo del saber y el cuidado que han permitido la perdurabilidad del modo de vida campesino —y una actividad que representa el 60% del cultivo de granos en México—, el maíz mexicano está contaminado por el derrame genético proveniente de millones de toneladas de maíz transgénico que se ha importado al país.

Tan sólo entre 1994 (fecha en que dio inicio el tlcan) y 2001 (año en que se dio a conocer la contaminación del maíz) se importaron de Estados Unidos 35 millones 220 mil toneladas2, sin que pudiera saberse qué porcentaje de este grano estaba contaminado pues no existen —en ninguno los 48 puertos y aduanas del país— los controles necesarios ni las revisiones adecuadas ni los laboratorios pertinentes como para hacer las muestras que nos podrían arrojar la seguridad de que no está contaminado lo que llega. Las investigadoras Ana de Ita y Pilar López Sierra calculan que entre 1996 y 2001 se importaron unos 5 millones 800 mil  toneladas de maíz transgénico.3 “Las leyes mexicanas prohiben el cultivo de maíz transgénico en México”, decían las investigadoras poco antes del anuncio de la contaminación “debido al riesgo que puede representar para las variedades nativas, pero como parte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan) el país importaba aproximadamente un millón a un millón y medio de toneladas de maíz transgénico al año provenientes de Estados Unidos”4. De acuerdo a Ana de Ita y Pilar López Sierra:

En 1995, los especialistas nacionales e internacionales de maíz, convocados por el Centro Internacional de Mejoramiento del Maíz y el Trigo (cimmyt), el Instituto Nacional de Investigación y Fomento Agropecuario (inifap), y el Comité Nacional de Bioseguridad Agrícola (cnba), preocupados porque la liberalización comercial del cultivo de maíz Bt [el más conocido maíz transgénico] ocurriría en Estados Unidos en 1996 [un año después]… señalaron que “si en Estados Unidos se desregula el maíz transgénico, lo más probable es que llegue a México en un tiempo muy corto.  Aun cuando parte de ese maíz transgénico no se adaptara bien a México, es casi seguro que habrá polinización cruzada con el tiempo”.  A fines de 1998, el Comité estableció una moratoria de facto al no aceptar nuevas solicitudes para realizar pruebas de campo”.5

Pese a una moratoria de facto para la siembra, la contaminación pudo ocurrir por el hecho de que el gobierno mexicano no sólo permitió la importación de un maíz sin identificación, sino que incrementó dichas importaciones por encima de las cuotas asignadas. Siendo Estados Unidos “el mayor productor de maíz transgénico” que de sus 32 millones de hectáreas de maíz, 8 millones están cultivadas con maíz transgénico,6 era altamente probable que mucho de éste fluyera a México, revuelto con el maíz común. Eso fue lo que ocurrió. Hay que recordar que “Estados Unidos se ha negado sistemáticamente a separar el maíz convencional del maíz transgénico y el gobierno mexicano, a diferencia de Japón, no se lo ha exigido…  A su vez, las empresas biotecnológicas productoras de semillas transgénicas reclaman que la prohibición a la siembra de maíz transgénico en México se libere, pues la biodiversidad no corre ningún peligro, afirman, y sería un beneficio enorme para los campesinos mexicanos”.7 Tras de esta insistencia yace la sospecha de que “a pesar de cincuenta años de Revolución Verde”, en México los híbridos, o las variedades ‘mejoradas’ de maíz “no han logrado conquistar el 85% del territorio que se siembra con maíz nativo”8, un mercado que las transnacionales semilleras quieren invadir. Es decir, no podemos descartar, de ninguna manera, la tesis inicial: el trasiego de maíz transgénico a México esconde la intención de garantizar que el cultivo del maíz, en su totalidad, entre a correr los riesgos de la lógica del mercado. ¿La biodiversidad, la vida campesina, el hueco de independencia real que otorga sembrar los propios alimentos sin pedirle permiso a nadie? No es que no importe. Es justamente eso lo que las transnacionales y los gobiernos quieren erradicar. En el mundo actual (nos informan esperando que nos quedemos callados) nadie puede estar, ni siquiera tangencialmente, fuera del ámbito del dinero.

 

El anuncio de la contaminación. En septiembre de 2001 el gobierno mexicano anunció que existía evidencia de la contaminación de variedades de maíz tradicional mexicano con adn de maíz transgénico en los estados de Puebla y Oaxaca. De inmediato se desató un revuelo que no ha parado. Al mes siguiente del anuncio, diversas organizaciones civiles mexicanas exigieron que el gobierno frenara de inmediato las importaciones de maíz genéticamente modificado y presentara un plan para “prevenir y revertir la contaminación transgénica, haciendo que las empresas responsables pagaran indemnizaciones a los campesinos afectados, por daños”.9 De todo el mundo comenzaron a llegar las cartas de apoyo de la sociedad civil.

Aun con una presión que comenzaba a filtrarse a la prensa, en la Asamblea General Anual del Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional (cgiar), se evadió el punto de la contaminación pese a ocurrir ¡en el centro de origen del cultivo!

En realidad, el descubrimiento —que no pudieron ocultar todas las dependencias del gobierno— fue hecho por las comunidades de las Sierras Norte y Juárez de Oaxaca junto con los investigadores Ignacio Chapela y David Quist, de la Universidad de California en Berkeley. El anuncio del gobierno sólo confirmaba, con estudios propios, el fatal hallazgo. Con la subsecuente divulgación en las páginas de revistas tan famosas en el medio científico internacional como Nature o de amplia difusión como Newsweek (que le dedicó su portada al miedo por la contaminación de transgénicos en el maíz mexicano), el revuelo adquirió tintes de debate álgido desde noviembre de 2001. En diciembre del mismo año, “Los científicos amigos de la industria iniciaron una viciosa campaña para desacreditar el artículo de Chapela y Quist afirmando que la contaminación no estaba probada, y acusaron a Chapela y Quist de fallas metodológicas”.10

Por supuesto, algunos funcionarios del gobierno mexicano, especialmente Víctor Villalobos, subsecretario de Agricultura, actuaron como si en los hechos hubieran buscado hacer irremediable la contaminación. Así, en el número de Newsweek donde se divulgó el trasiego de transgénicos en México y la polémica en torno al estudio de Chapela y Quist, Villalobos señaló que haber difundido la noticia de contaminación proveniente de importaciones tenía el efecto negativo de que ahora, en México, había miedo a usar este maíz, y que como las importaciones de Estados Unidos siguen y seguirán, y éstas son en un tercio transgénicas (hay quien afirma que un 80% lo son), le saldrá más caro importar maíz no transgénico.

A contrapelo de tales funcionarios, la reacción a la contaminación y a la fuerte presencia convocada en el Primer Foro en Defensa del Maíz provocó reacciones en el Foro Social Mundial en Porto Alegre donde algunas organizaciones civiles hicieron un fuerte pronunciamiento en pro de un plan de emergencia para proteger los bancos genéticos y enfatizar la urgencia de mantener la moratoria de liberación de transgénicos.11

 

El primer Foro en Defensa del Maíz. Los días 23 y 24 de enero de 2002 tuvo lugar en el DF un foro —En Defensa del Maíz— que convocó a más de 300 participantes de 120 organizaciones en un espectro que incluyó a autoridades de comunidades de Oaxaca, Chiapas, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Morelos, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Colima, Chihuahua, Sonora, el estado de México y el Distrito Federal, organismos civiles, académicos, investigadores locales y extranjeros, e incluso representantes de algunas dependencias gubernamentales. La intención fue iniciar una discusión en torno a la defensa del maíz, dilucidar las previsiones [e imposiciones] del gobierno en torno al problema y emprender un camino propio, autogestionario, encarando un asunto para el que los funcionarios encargados no han dado respuesta contundente.  Al momento del Primer Foro en Defensa del Maíz, tal discusión era incipiente y “propia de expertos” en la materia.

A casi diez años de distancia, tal vez el logro más importante de todo este proceso fue desembocar, en ese foro, en la Red en Defensa del Maíz y en una moratoria de facto que se ha mantenido en los territorios comunales de las organizaciones que desde entonces se reconocen en la Red, impidiendo, todavía hoy 2011, la entrada masiva de transgénicos en vastas regiones de México, sobre todo indígenas. En ese foro pudo cuajar la discusión horizontal, interdisciplinaria y plural entre campesinos —“indígenas y no indígenas”—, investigadores, académicos, representantes de organizaciones de agricultores, ecologistas e incluso incipientes y potenciales redes de consumidores.

“Nos reunimos para construir colectivamente, desde la perspectiva de los pueblos indios, las organizaciones campesinas y las organizaciones de la sociedad civil, propuestas, alternativas y estrategias de acción a escala local, nacional e internacional que enfrenten la situación de riesgo en que se encuentra actualmente el maíz mexicano y defiendan su permanencia como herencia de los pueblos indios de México y como patrimonio colectivo de la humanidad”, dijeron en las conclusiones.

En ese momento, con los datos disponibles, y en una discusión que habría de profundizarse y precisarse con los años, los participantes declaraban: “México es centro de origen, diversidad y ‘domesticación’ del maíz. Supera a cualquier otro país en la diversidad de sus razas y variedades, con presencia endémica de sus parientes silvestres o ‘teocintles’. El maíz es el núcleo de la economía campesina, base de la dieta popular, el cereal de mayor consumo y el corazón de una cultura. En Mesoamérica la gente no fue creada de barro, sino de maíz. El maíz es el cultivo más importante de México. Unos 3 millones 200 mil productores (en su mayoría con parcelas menores a cinco hectáreas) producen anualmente más de 18 millones de toneladas de maíz, que equivalen al 60% de la producción de granos, en 8 millones 500 mil hectáreas. Más del 70% de los productores siembra variedades de maíz nativas. Por ser país centro de origen, en México no está permitida la siembra comercial de maíz transgénico, y a partir de 1999 se cancelaron los permisos para experimentación en campo”. [Todo esto habría de revertirlo más tarde el gobierno al levantar la moratoria y abrir la experimentación con maíz transgénico.]

Siendo el propósito central de este texto mostrar la fuerza de un movimiento cuasi invisible y la historia de la defensa del maíz por parte de la sociedad civil mexicana y mundial, es crucial ese primer encuentro, pues ahí se reflexionó sobre algunos aspectos de la problemática que después habrían de pesar sobre la visión de amplios sectores de esa sociedad civil rural y urbana.

Tras reflexionar sobre el momento de la contaminación (que entonces todavía no se entendía como absolutamente intencional sino como una irresponsabilidad del gobierno mexicano) y sobre el papel que pudo haber jugado la importación de maíz no etiquetado desde Estados Unidos y el papel del sistema de abasto popular en México conocido como Diconsa, los participantes del foro establecieron algunas conclusiones, de las cuales presentamos algunas de las más importantes:

1. Los hallazgos del INE y Conabio sugieren que la contaminación por transgénicos no es un hecho aislado, sino que puede ser un fenómeno generalizado en otras regiones de México.

2. Las importaciones de maíz de Estados Unidos que contienen mezclado maíz transgénico son la principal fuente de contaminación de las variedades de maíz nativo. Desde la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN), las importaciones de maíz de Estados Unidos han alcanzado volúmenes récord: unas 6 millones de toneladas anuales.

3. Diconsa, la empresa estatal de distribución de productos de consumo básico, se considera una fuente importante de contaminación, pues anualmente distribuye 600 mil toneladas de maíz a través de sus 23 mil tiendas de abasto rural. Diconsa importa alrededor de una tercera parte del volumen de maíz que comercializa, a pesar de que las cosechas nacionales son suficientes y podría comprarlo a los productores nacionales a un precio justo. Los análisis del Instituto Nacional de Ecología (INE), que realizó pruebas para determinar si existía o no contaminación, comprobaron presencia de granos transgénicos en proporciones muy altas (37%), en la muestra de Diconsa.

4. El maíz es patrimonio de la humanidad, resultado del trabajo de crianza de los pueblos indios y campesinos mesoamericanos por más de 10 mil años, y no de las corporaciones transnacionales. El cultivo de maíz es el corazón de la resistencia comunitaria.

5. La contaminación transgénica a las variedades nativas de maíz representa un daño a la memoria genética de la agricultura tradicional mexicana, que puede ser irreparable.

6. Las políticas agrícolas y comerciales atentan contra la producción nacional de maíz, núcleo de la economía y organización campesina y contra la soberanía alimentaria.

En dicho foro, fue Eyeli Huerta —coordinadora de Gestión Ambiental de Técnicas y Análisis de la Comisión Nacional para la Biodiversidad (Conabio)—, quien anunció los resultados preliminares de nuevos estudios en curso que indicaban rastros de material transgénico en las muestras tomadas en 22 comunidades de la Sierra Norte de Oaxaca y en el Valle de Tehuacán y otros enclaves campesinos en el estado de Puebla. Según los datos presentados, la concentración de material transgénico era más abundante en las muestras procedentes de semillas que Diconsa12 distribuye a través de sus 300 almacenes rurales en sus 23 mil tiendas de abasto campesino (“que cubren el 93% de los municipios del país”13), que en las muestras de los predios de agricultores individuales, lo que indicaba que Diconsa podría ser una fuente importante de contaminación, por más que del volumen total de las importaciones de maíz sólo maneja 600 mil toneladas anuales, de las que 200 mil las importa directamente y 400 mil provienen de comercializadoras privadas que también pueden contener maíz importado, y en menor medida de cosechas compradas a organizaciones de productoras.14

Entre las conclusiones del foro, una de las más contundentes (ya señalada al principio) fue la constatación de que ir contra el maíz es parte de una escalada contra todo lo que los campesinos defienden y representan: el cultivo del maíz como refugio de soberanía alimentaria para defender bosques, agua, biodiversidad, técnicas y saberes agrícolas y medicinales, la justicia, los derechos, las formas de organización comunitaria que animan sus territorios. Este embate extrema la creciente marginación social en el campo, propicia la expulsión de mano de obra a las ciudades o a los campos de jornaleros, el vaciamiento de los territorios y la posibilidad de que las pocas megaempresas se apropien de los recursos naturales, muchos de ellos genéticos, de los cuales la vida campesina es salvaguarda.

Era entonces impensable lo que parecía estar haciendo el gobierno mexicano; por eso las exigencias y demandas que los participantes señalaron. Entre ellas las más contundentes fueron:

* Declarar al maíz como recurso estratégico de seguridad nacional y establecer políticas de protección y fomento, por tratarse del cultivo sobre el que descansa la alimentación básica de la población, por ser al que se dedican la mayoría de los productores rurales y en torno al cual los pueblos de México han desarrollado y mantienen su cultura material y simbólica.

* Por ser México país centro de origen, diversidad y crianza del maíz, el gobierno debe suspender de inmediato las importaciones de maíz transgénico de Estados Unidos, señaladas como fuente principal de la contaminación del maíz mexicano y dar carácter de obligatoriedad jurídica a la moratoria de facto sobre la liberalización de la siembra comercial o experimental de maíz transgénico.

* Detener la siembra y movilización en el territorio nacional también de otros granos y semillas transgénicos como soya, algodón y canola, así como los ensayos de campo con organismos transgénicos, ante la ausencia de un marco regulatorio y de una política ampliamente consultada con toda la sociedad, apelando al principio de precaución reconocido en el Convenio sobre Diversidad Biológica signado por nuestro país en Río de Janeiro en 1992.

* Diconsa, la empresa estatal de abasto rural no debe importar un sólo kilo de maíz, sino priorizar la compra directa a las organizaciones mexicanas de productores a un precio justo. Ya que actualmente el abasto de Diconsa contiene maíz importado y transgénico, es responsabilidad del gobierno mexicano retirar el surtimiento de maíz transgénico de las tiendas rurales y alertar sobre los peligros de su siembra para las variedades nativas. Además de informar a la población consumidora sobre el contenido de maíz transgénico.

* Es responsabilidad del gobierno establecer de manera oficial la magnitud y las fuentes de la contaminación transgénica, las poblaciones de maíces nativos y silvestres afectadas y las comunidades en donde se encuentran; los tipos de transgenes y las empresas dueñas de las patentes involucradas.

* Expulsar del país de las empresas multinacionales con posible responsabilidad en el derrame transgénico, tales como Monsanto, Novartis, DuPont y Aventis.

* Que el gobierno de México se oponga a las patentes sobre la vida en México y en cualquier parte del mundo.

* Que los bancos de germoplasma en México, incluyendo el del CIMMYT comprueben y vigilen que sus colecciones se encuentren libres de contaminación transgénica

* Que se establezca legalmente que ninguna parte del material genético tradicional, ni en totalidad ni en sus componentes, pueda ser reclamado por derechos de propiedad intelectual ni sujeto a convenios de bioprospección.

Como red en defensa del maíz, que comenzaba a tomar forma, algunas propuestas fueron:

* Impulsar la organización desde abajo de una red en defensa del maíz, autónoma, independiente, plural, que incluya a todos los sectores involucrados y a las personas interesadas, para coordinar acciones, información y apoyo a demandas urgentes desde distintas regiones geográficas. Incluir en ella redes de información y acción de otros países.

* Producir información sencilla y accesible para usarse en las comunidades (asambleas ejidales, comunales, escuelas, organizaciones de base, etcétera), apoyando el intercambio de información y trabajo entre ciudad y campo.

* Trabajar en las asambleas ejidales o comunales para establecer los puntos o acuerdos que protejan a las semillas y cultivos tradicionales, entre ellos una moratoria de facto contra los maíces ajenos mediante “comités de vigilancia voluntarios” de las comunidades, para atender problemas relacionados con la siembra del maíz, la introducción de semillas para el nuevo ciclo, la llegada de personas a las comunidades con fines de exploración o investigación, la llegada de empresas de insumos agrícolas.

* Crear una red de intercambio de maíz (que puede ser mediante el trueque) para asegurar el abasto de semillas nativas o libres de transgénicos.

* Una coordinación en redes para hacer autodiagnósticos de contaminación genética de maíz en nuestras localidades

* Realizar una campaña especial contra el abasto de maíz transgénico por Diconsa, e informar de sus riesgos para las variedades nativas impidiendo que se siembre en las comunidades.

* Promover acciones legales desde la base de los productores en el campo y los consumidores en las ciudades, contra los responsables de la contaminación del maíz.

Es decir, los participantes en el foro reflexionaron que el maíz y otros cultivos “soberanos” son corazón de la resistencia comunitaria contra los megaproyectos individualizantes.

La amenaza real de los maíces transgénicos —señalaron— se expresa de manera extrema en la variedad Terminator que, al cruzarse con las variantes nativas, las va inhabilitando para reproducirse, lo que en los hechos devastaría la diversidad del maíz y haría a los campesinos dependientes de las compañías diseñadoras y productoras de semillas.

El sistema de cargos comunitario, núcleo del autogobierno en las comunidades —afirmaron—, se vería directamente afectado cuando quien cumple un cargo como servicio no pudiera ejercerlo al no contar con las reservas de semillas nativas que le permitirían sobrevivir el periodo de su cargo.

Por si fuera poco, Monsanto, como documenta el Grupo etc, enfatizó Silvia Ribeiro, “está empeñado en demandar e incluso llevar a la cárcel, o cobrar sumas muy fuertes a los campesinos que fueron contaminados en sus predios por la semilla de transgénicos diseñadas por esta compañía, alegando que esas semillas o esos genes de esas semillas halladas en los predios de los agricultores están patentadas por la mega-transnacional”.

No era paranoia que ésta pareciera ser por lo menos una de las finalidades de los transgénicos: devastar la diversidad biológica del maíz, desarmar a los campesinos de su estrategia de sobrevivencia, y como tal de su resistencia y su sentido comunal, a partir de hacerlos dependientes de las semillas que tengan que comprarle año con año a las grandes compañías.

A contrapelo, los campesinos e indígenas tienen sus modos tradicionales de trasiego, su propia manera de resguardar y cruzar sus semillas indígenas — insistieron los participantes. Quienes resguardan las semillas buenas, desde tiempos inmemoriales, son comuneros o comuneras con prestigio en su localidad.

Una de las exigencias más generalizadas en el foro fue iniciar un veto contra Diconsa, exigirle al gobierno mexicano que suspendiera las importaciones de maíz transgénico y que se iniciara autogestionariamente un plan serio y corresponsable (por regiones) para detectar y erradicar las semillas transgénicas; emprender un plan de fortalecimiento de las semillas nativas en el que participaran las comunidades, desde el diseño hasta la evaluación, y donde existiera una supervisión por parte de organismos civiles para vigilarle las manos del gobierno.

Este acuerdo, incipiente en ese momento, resultó una de las estrategias que efectivamente se llevó a cabo entre 2002 y finales de 2003 (pero fue totalmente autogestionario) y arroja resultados en muchos frentes. Pero continuemos con la historia.

Otra reflexión importante del foro fue que “aunque la experimentación es algo potencialmente provechoso que no puede frenarse así nomás, también debemos cuestionar la responsabilidad de la ciencia, incluso en términos de un estricto método científico, cuando sin tener datos duros que demuestren las bondades invocadas, algunos científicos se lanzan a difundirlo al público en general así nomás”.

En un ambiente científico en el que más y más la actividad de la ciencia pasa por mediación de las empresas que les aportan y les norman los objetivos de algunos experimentos cruciales, el foro cuestionó la irresponsabilidad de las empresas y del gobierno al propiciar su importación y no mantener controles para que no se siembre. ¿Y su consumo? —bueno, dijeron algunos— “por lo menos debería avisarse a la gente que no está determinada su posible toxicidad o nocividad para animales y seres humanos”.15

Pero para los participantes en el foro de lo que se trataba era de abrir la perspectiva —del problema de los transgénicos o de la bioprospección que se emprende en el país— a toda la problemática del maíz. “El problema que nos aqueja es integral. Requerimos de soluciones integrales”, plantearon Ana de Ita y Luis Hernández Navarro, del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam). Este último investigador y periodista dijo entonces:

La producción de maíz en México está en peligro. La contaminación de las siembras nacionales con semillas transgénicas, la apertura económica salvaje y la carencia de políticas de fomento amenazan al grano, así como a los pequeños productores que la siembran. En contra de lo que pudiera suponerse los factores de riesgo están estrechamente relacionados entre sí.

El asunto es delicado. México es centro de origen, domesticación y diversidad del maíz. De los 4 millones de productores agrícolas que existen en el país, alrededor de 3 millones 200 mil campesinos —en su mayoría ejidales— lo cultivan; 35% de la producción se destina al autoconsumo. Lo paradójico de esta situación, propiciada por la entrada en vigor del tlcan, por la cancelación o no cobro de los aranceles que hasta hace unos años protegían de las importaciones a los productores mexicanos, por el retiro de los apoyos al sector agropecuario, es que el maíz fue incluido en las negociaciones del tlcan —a contrapelo de la opinión de los campesinos mexicanos— bajo el supuesto de que la apertura comercial forzaría la reconversión de cultivos hacia productos con mayor competitividad en el mercado internacional. En los hechos se trataba, según los expertos del gobierno, de mantener variables macroeconómicas “sanas”, como reducir la inflación, importando maíz barato de Estados Unidos.

La decisión puso en peligro inmediato a unos 2 millones 300 mil productores con predios de menos de cinco hectáreas, pues su actividad no sería competitiva; 4 millones 700 mil hectáreas tendrían que reconvertirse a otro cultivo y se dejarían de producir 7 millones 100 mil toneladas de maíz correspondientes a esa superficie.

Lo que no previeron los expertos, que suponen saberlo todo desde el escritorio, es que al desplazar a los pequeños productores de otros cultivos que no pudieron mantener el ritmo de las competencias con el gran mercado, los agricultores se refugiaron en el maíz. Desde la entrada en vigor del tlcan en 1994, y hasta el año 2000, la producción del cereal se mantuvo en promedio en 18 millones de toneladas y una superficie sembrada de 8 millones 500 mil hectáreas sembradas. Lo cual es paradójico, si lo vemos con ojos empresariales, porque el precio de garantía se redujo desde 1993 a 2000 en 45.3%.

Mientras tanto, los subsidios provenientes de limosnas como Procampo se redujeron en ese mismo periodo en 30%.

En ese mismo periodo, las importaciones de maíz crecieron de 152 mil toneladas hasta la cifra récord de 5millones 300 mil toneladas en el año 2000.16

Quizá la más filosa reflexión del encuentro, aparte de emprender acciones autogestionarias, desde abajo y a contrapelo de las dependencias gubernamentales, fue plantear que el problema del maíz, obviamente, no se reduce a la contaminación con transgénicos, aunque ésta sea su punta más hiriente, y que como su problemática tiene muchas aristas, debía abordarse la solución en toda su complejidad, es decir, asumiendo una visión integral de la defensa e importancia del maíz. Así, los participantes del Foro reflexionaron sobre las posibles propuestas de solución para detectar la contaminación del maíz en las regiones.

Ana de Ita, por ejemplo, insistió en abrir las posibilidades de una organización regional “que podría defender y expandir los saberes tradicionales y contemporáneos locales; las posibles acciones legales en contra de las empresas y el gobierno mexicano, o de impugnación de los organismos de inversión y financiamiento de prospección, investigación, patente y comercialización ilícita o legaloide”.

“Necesitamos abrir espacios”, declararon en las conclusiones “en donde se socialice, desde diferentes lados, información que de otra manera estaría dispersa y que no necesariamente los medios de comunicación recogen. No sólo la información centralizada sino aquella proveniente de muchas fuentes y muchos niveles”. Fue muy importante que las propuestas fluyeran en muchos sentidos y no en uno solo. La Red en Defensa del maíz fue la respuesta que se dieron muchos de quienes asistieron a ese importante encuentro.

Reacciones diversas. El Centro Internacional de Mejoramiento del Maíz y el Trigo (cimmyt), ubicado en Texcoco, México, reaccionó de manera ambigua ante la crisis de la contaminación afirmando que ellos “cumplieron su responsabilidad haciendo pruebas para detectar contaminación transgénica en sus bancos genéticos”, pero se negó “a confirmar o negar la evidencia de tal contaminación por escrito”.17

Entre marzo y octubre de 2002 se desencadenó una avalancha de declaraciones y contradeclaraciones en diversos foros, reuniones y juntas interinstitucionales de nivel nacional e internacional. La gente hablaba del “escándalo de la contaminación del maíz mexicano”. Los organismos internacionales fingieron demencia. Los funcionarios mexicanos se contradecían unos a otros. La fao le pidió al cimmyt que aclarara las implicaciones de una eventual contaminación, y al gobierno mexicano información concreta. La revista Nature, mostrando una irresponsabilidad que no corresponde con su supuesto prestigio, se retractó de los hallazgos contenidos en el artículo de Chapela y Quist alegando que la evidencia presentada no era suficiente para ser publicada. Esto ocurrió justo antes de la reunión del Convenio de Diversidad Biológica en La Haya. En dicha reunión (la sexta conferencia de las partes) y en la del Protocolo de Bioseguridad), no se discutió oficialmente el tema de este escándalo mundial. El gobierno mexicano no declaró nada oficialmente. Sin embargo, extraoficialmente, Ezequiel Ezcurra del Instituto Nacional de Ecología (ine) confirmó “grados alarmantes de contaminación transgénica” en el maíz mexicano. El cimmyt no tuvo otra que publicar un documento preocupado por los impactos de una posible contaminación reconociendo la necesidad de estudios del flujo genético en el maíz, pero declaró públicamente “su apoyo al uso del maíz transgénico”. El movimiento mundial Vía Campesina (y otras muchas organizaciones) denunció en Roma, durante la Cumbre de la Alimentación+5 la contaminación en México y enfatizó la amenaza de los transgénicos para la soberanía alimentaria y los derechos de los agricultores. Comenzaba también a aflorar la preocupación de los gobiernos africanos por el hecho de que mucho del grano incluido en la ayuda alimentaria fuera transgénico. Mientras tanto, diversos organismos internacionales defendieron su colaboración con las agroempresas y su aceptación del sistema de patentes en el cgiar.

Esta postura tuvo un clímax en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sustentable en Johannesburgo, donde adquirieron peso las corporaciones transnacionales como “actores principales del desarrollo sustentable”. No obstante, se discutió acaloradamente sobre la contaminación del maíz mexicano, la ayuda alimentaria transgénica a los países africanos y la pretensión de ciertos organismos y las transnacionales de que los transgénicos “serán la solución al hambre en el mundo.18

En agosto de 2002, el ine y la Comisión Nacional para la Biodiversidad (Conabio) anunciaron que las pruebas subsecuentes realizadas por dos instituciones académicas diferentes no sólo confirmaban los hallazgos originales, sino que revelaron grados más altos de contaminación. Los nuevos datos mostraban que la contaminación transgénica alcanzaba un rango del 1 al 37% en el 95% de los lugares donde se hicieron pruebas en los estados de Oaxaca y Puebla.19

 El director del ine, Ezequiel Escurra afirmó que “la conclusión más importante de esos estudios es que los constructos transgénicos se mueven mucho más rápido en el ambiente natural de lo que se creía anteriormente, lo cual nos obliga a reconsiderar las medidas de bioseguridad.’’20 Ese mismo mes, el Comité Científico Consultivo en pleno de la Comisión Intersecretarial sobre Biodiversidad y Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) renunció en protesta por la falta de compromiso del gobierno mexicano para con los temas de la bioseguridad. En una declaración pública, los científicos lamentaron: “el gobierno federal no considera como prioritaria la discusión sobre los organismos genéticamente modificados y… nuestras observaciones y opiniones no son tomadas en cuenta”.21

El 22 de octubre del 2002, después que Nature se negara a publicar los resultados de los nuevos estudios, Ezcurra dijo que “los argumentos de los analistas de Nature no son científicos, son ideológicos… Nuestros datos sugieren que los transgénicos están allí [en México]”.22

Colectivo por la Autonomía, GRAIN, Casifop

Notas:

1 El artículo 123, que defendía a los trabajadores, está muerto (o lo secuestraron) porque con la “flexibilización del mercado laboral”, ninguna de las conquistas de 150 años tiene filo. Son prácticas comunes la inseguridad en el trabajo, horarios no continuos, contratos por hora y no por mes, a veces unas cuantas horas a la semana, por ejemplo, repartidas al antojo de los patrones, trabajo a destajo, terroríficas condiciones laborales plenas de riesgos, la imposibilidad de asociarse en sindicatos, contratos dislocados, es decir, contratos mediados por una agencia de empleos que impiden la contratación colectiva “consagrada por el 123 constitucional”.

2 Dato derivado de las cifras oficiales que muestra Ana de Ita, basada en el Banco de México, Sagarpa y siacon, en Ana de Ita y Pilar López Sierra: “La cultura maicera mexicana frente al libre comercio”, en Maíz, sustento y culturas en América Latina. Los impactos destructivos de la globalización. Redes, Amigos de la Tierra-Uruguay, Biodiversidad-sustento y culturas, Montevideo, 2004.

3 Ibid.

4 “El año de la gran contaminación”. Documento de contexto del Grupo etc, octubre 2002.

5 Ana de Ita y Pilar López Sierra: “La cultura maicera mexicana frente al libre comercio”, op. cit., p. 28.

6 Ibid, p. 29.

7 Ibid, p. 31.

8 Ibid, p. 29.

9 “El año de la gran contaminación”. Op. cit.

10 Ibid.

11 Ver “La gran contención”, documento del Grupo etc, en www.etcgroup.org.

12 Diconsa es una empresa paraestatal que distribuye abasto popular a todas las regiones del país.

13 Ana de Ita y Pilar López Sierra: “La cultura maicera mexicana frente al libre comercio”, op. cit., p. 30.

14 Ibid. p. 31.

15 Resumen de la discusión del Primer Foro en Defensa del Maíz, 24 de enero de 2002.

16 Participación de Luis Hernández Navarro en el Primer Foro en Defensa del Maíz.

17 Ibid.

18 La información de este párrafo proviene de “La gran contención” y “El año de la gran contaminación”, documentos del Grupo etc, octubre de 2002.

19 “El año de la gran contaminación”. Documento de contexto del Grupo etc, octubre 2002.

20 “Confirma el INE la presencia de transgénicos en cultivos de Oaxaca”, en La Jornada, México, 12 de agosto del 2002.

21 “Renuncia el Consejo Consultivo de la Comisión de Bioseguridad” en La Jornada, México, 13 de agosto del 2002.

22Nature se niega a publicar estudio sobre transgénicos”, nota por Angélica Enciso y Andrés Morales, en La Jornada, México, 22 de octubre del 2002.

febrero 1, 2012

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