Perspectivas y acciones para la defensa de las semillas, hacia la soberanía alimentaria

Campaña Semillas de Identidad

Colectivo de Abogados «José Alvear Restrepo»

8 de febrero de 2012

Las semillas son patrimonio cultural de los pueblos y se convierten en elemento fundamental para la soberanía y autonomía alimentaria de las comunidades locales, pero mediante las normas de semillas, el ICA regula su uso y su comercialización, y mediante un falso pretexto de garantizar la calidad y sanidad, está decomisando semillas a los agricultores en varias regiones del país.

Actualmente se están modificando e imponiendo normas y leyes de semillas a nivel internacional y nacional, que pretenden la privatización y el monopolio del mercado de las semillas por unas pocas transnacionales y a la criminalización del uso de las semillas criollas. En Colombia, las organizaciones sociales, campesinas, indígenas y afros, consideran que estas normas son una fuerte amenaza a la biodiversidad, a los patrimonios culturales de los pueblos y a la soberanía y autonomía alimentaria de las comunidades locales.

El gobierno nacional recientemente ha expedido nuevas normas sobre semillas y de propiedad intelectual sobre la biodiversidad, acorde con los lineamientos dictados por los Tratados de Libre Comercio y por las presiones de la industria semillera multinacional. Estas empresas que actualmente controlan más del 75% del mercado global de semillas, presionan también a los gobiernos de los países biodiversos para que les sean entregados el control absoluto del mercado de semillas a través de leyes que permiten solo el uso de semillas protegidas legalmente y criminalizan la producción y la comercialización de semillas. Entre estas normas, están:

1. La Ley 1032 de 2006 que modifica el artículo 306 del Código Penal y que se refiere a la usurpación de los derechos de obtentores vegetales. Esta norma penaliza el uso de semillas protegidas legalmente y también el uso de semillas que sean similarmente confundibles con una protegida, con penas de 4 y 8 años de cárcel y una multa de hasta 1500 salarios mínimos.

2. La Resolución 970 del ICA de 2010, que reglamenta la producción, el uso y comercialización de semillas en el País. Define que las únicas semillas legales son aquellas registradas y certificadas. Es decir, vuelve ilegal el uso de las semillas criollas y nativas que desde épocas ancestrales han conservado y utilizado las comunidades rurales. Esta norma prohíbe producir y comercializar semillas sin la autorización del ICA y faculta a esta entidad para decomisar y judicializar a los agricultores que utilicen semillas “ilegales”. Esto significa una criminalización a los agricultores simplemente por sembrar semillas que garanticen su seguridad y autonomía alimentaria.

Actualmente esta norma dejo de ser papel y letra, a pasar ser un instrumento real para perseguir y criminalizar a los campesinos. En 2010 el ICA reporta el decomiso en diferentes regiones del País de 1.167.225 kilogramos de semilla, la mayoría de arroz; pero también de papa, maíz, trigo pastos, frijol, entre otras.

¿Qué podemos hacer frente a estas normas tan lesivas para los agricultores? En la medida que soltemos la producción de alimentos y dejemos que esa producción sea controlada por las transnacionales, estas leyes van a ser sumamente reales. Para enfrentar estas normas regresivas que quieren acabar con las semillas de los agricultores se requiere fortalecer la recuperación y uso de las semillas criollas y los sistemas tradicionales biodiversos, como también permitir que las semillas se mantengan vivas y caminando.

Este foro público visibiliza la problemática frente a la privatización de las semillas y su control por unas pocas empresas, como también se rechaza la criminalización de la producción tradicional de semillas. Este encuentro hace parte de la construcción de alternativas y acciones integrales, desde las organizaciones sociales y locales, que incluyen propuestas de conservación, recuperación y libre circulación de las semillas; igualmente acciones de resistencia frente a estas normas, y demandas judiciales para derogarlas.

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