En el banquillo

La Jornada

Gustavo Esteva

29 de abril de 2013

Acusamos al gobierno de México.                                                                                            PDF

No lo acusamos ante tribunales mexicanos, que son cómplices de crímenes que han llegado a extremos de degradación moral y profesional sin precedentes. Lo acusamos ante el más importante de los tribunales, el de la opinión nacional e internacional, a través del más prestigiado de los tribunales morales del mundo, el Tribunal Permanente de los Pueblos.

Lo acusamos de muchas cosas: hay siete indagatorias en curso. Pero en la preaudiencia que tuvo lugar en Oaxaca este fin de semana lo acusamos por sus crímenes en relación con el maíz y la soberanía alimentaria.

Vandana Shiva fue testigo de honor de un acto muy concurrido, en el que sencillos campesinos e indígenas de diversos estados, al lado de prominentes especialistas, presentaron casos y testimonios de los crímenes que son motivo de la acusación. Camila Montesinos, de Chile, y Joel Aquino y Gustavo Esteva, de Oaxaca, fueron los dictaminadores de esta preaudiencia que es uno más de los pasos que se están dando para llegar a la audiencia formal ante el Tribunal Permanente de los Pueblos.

El dictamen recogió con precisión lo que se presentó en la preaudiencia y formuló algunas recomendaciones específicas.

Enrique Peña Nieto y sus funcionarios –señaló el dictamen– no son jurídicamente responsables de los crímenes en serie cometidos a lo largo de 60 años. Pero son moral y políticamente responsables, porque fue el partido al que pertenecen el que los cometió. Denunciamos ahora que no solamente continúa esa orientación anticampesina, sino que la actual administración la está profundizando.”

Uno de los testimonios señaló: Que ya no se establezcan programas con la careta de apoyar al campo y que sólo benefician a las empresas agroindustriales amigas de los altos funcionarios. Que no se trate de engañarnos regalándonos comida dizque nutritiva, porque sabemos que lo único que persiguen es despojarnos de los alimentos que producimos localmente.

Se trata, muy concretamente, de uno de los programas de la nueva administración. Su campaña contra el hambre no se dirige realmente contra esta vieja enemiga de la humanidad que vuelve a aparecer entre nosotros. Es una campaña contra los campesinos. Una más.

En uno de los casos presentados se señaló: Denunciamos el cinismo, la irresponsabilidad y la perversidad con la que las instituciones gubernamentales han tratado el problema. Los hombres y mujeres oaxaqueños estamos sembrando nuestros maíces aun en contra de un sistema que quiere acabar con el campo oaxaqueño y mexicano.

Es un argumento muy sólido. Uno de los crímenes más serios que han cometido los gobiernos mexicanos es el de empeñarse en eliminar a los campesinos. La invasión transgénica forma parte de esa estrategia.

En la preaudiencia se desmontó con solidez y fundamento la falacia de que el maíz transgénico ofrezca ventajas a los campesinos o al país y pueda emplearse para combatir el hambre. Es al contrario. Si el país entero quedara contaminado de transgénico, la producción de maíz caería. Por su propia naturaleza la transgenie disminuye la producción.

El propósito es muy distinto: entregar a corporaciones privadas el mercado nacional de semillas, que representa un negocio de más de mil millones de dólares. Y controlar la agricultura, destruyendo las bases de la autonomía de los pueblos. Esta operación tendría efectos catastróficos en todos los aspectos de la vida nacional. Hasta la gastronomía se vería afectada: buena parte de los platillos a base de maíz que aún consumen los mexicanos sólo pueden prepararse con maíces nativos.

El dictamen, leído la tarde del sábado 27, no deja lugar a dudas. Existe el cuerpo del delito, la materia que se juzgará. Y existen culpables: se dieron nombres y apellidos, además de señalar genéricamente a las instituciones responsables. Los jueces tendrán una sólida base para realizar su trabajo.

Se demostró con claridad que ha habido una desviación de poder. Las facultades públicas se han empleado para favorecer intereses privados. Por una parte, se han estado promulgando leyes que benefician directamente a las corporaciones y perjudican a los pequeños productores. Por otra parte, se han implementado programas que atacan directamente todos los aspectos de la vida campesina e indígena.

Se hizo ver, con evidencias contundentes, que además de todo eso se están haciendo arreglos que pasan por encima de la Constitución y de las leyes, lo mismo que de los tratados internacionales, en beneficio de esos intereses privados.

Los titulares de la soberanía nacional, el pueblo mexicano, se hicieron así presentes para demostrar que la están violando quienes la Constitución señala como sus garantes. Estos criminales en serie han cometido y siguen cometiendo crímenes sin precedentes y sin nombre. No detenerlos es hoy hacerse su cómplice.

gustavoesteva@gmail.com

 

abril 29, 2013

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