Pronostican más conflictos por minería en territorios indígenas

  • Se imponen proyectos en vez de buscar sociedades: Martínez Veloz

Mauricio Ferrer

La Jornada

Jueves 12 de junio de 2014, p. 33

Guadalajara, Jal., 11 de junio.

Pronostican más conflictos por minería en territorios indígenasMás de 2 mil 600 concesiones que el Estado mexicano ha entregado a empresas mineras –documentos que permiten explotar 35 millones de hectáreas, 17.6 del territorio nacional– generarán en breve conflictos con comunidades indígenas, aseguró hoy Jaime Martínez Veloz, comisionado para el Diálogo de los Pueblos Indígenas de la Secretaría de Gobernación.

Durante un foro realizado por el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, en la biblioteca pública del estado Juan José Arreola, alertó: “Hay grandes tensiones sociales en el país porque se quiere imponer proyectos que no son consultados. Los de arriba se niegan a ver a los pueblos indígenas o a los ejidos como socios; los ven como estorbos, les quieren dar la vuelta, reprimirlos”.

Llamó a definir cuanto antes “las reglas del juego” en la Ley de Consulta Indígena cuyo borrador aún no está listo en el Congreso.

Según Martínez Veloz, el documento deberá contener la esencia de cinco herramientas jurídicas: el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, firmado por México en 1991, aplicable a pueblos indígenas; la reforma de 2011 al artículo primero de la Constitución Mexicana, que eleva a rango constitucional los tratados internacionales firmados por el Estado mexicano.

También un protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que determina que las consultas a los pueblos indígenas deben realizarse en la lengua de cada etnia y que el método debe ser decidido por la comunidad; otra resolución de la Corte señala que la jurisprudencia de casos similares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos es aplicable en México; asimismo deberá incluirse la observación que la Organización de Naciones Unidas hizo en 2013 al gobierno federal para crear una ley de consulta indígena.

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