Tribunal Permanente de los Pueblos: hacia el cierre del Capítulo México

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María González

17 de septiembre de 2014

Hoy, 17 de septiembre de 2014, inicia el último bloque de audiencias temáticas del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) Capítulo México. Del 12 al 15 de noviembre se realizará la audiencia final, corolario de un importante proceso ético-jurídico que comenzó formalmente en octubre del 2011.

El TPP es un tribunal ético internacional independiente, con sede administrativa en Roma, Italia. Fue fundado en 1979 por el jurista y senador italiano Lelio Basso, miembro del Tribunal Russell, que precedió al TPP y juzgó los crímenes de guerra de Estados Unidos en Vietnam, así como a algunas dictaduras militares latinoamericanas del siglo pasado. Basso junto con otros juristas, humanistas e intelectuales de diferentes países, creó este tribunal para: promover el respeto universal y efectivo a los derechos fundamentales de los pueblos, las minorías y los individuos; brindar un espacio serio y confiable en el cual denunciar y dar visibilidad internacional a las violaciones a estos derechos, cometidas generalmente por gobiernos, agentes u organismos privados, estatales, nacionales o internacionales; y esclarecer las causas estructurales de dichas violaciones, señalando a su vez a sus respectivos responsables. Sus documentos declaran que su labor se orienta a la construcción de una legislación que defienda, sobre todo, los derechos colectivos.

Este tribunal encuentra sus fundamentos en documentos como la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos o Carta de Argel (1976); la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948); los archivos de los Procesos de Nüremberg (1945/46) –que juzgaron los crímenes de lesa humanidad del régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial–; la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados (1974); y su propio estatuto.

Su cuerpo de jueces lo conforman aproximadamente 70 integrantes de 29 países, con amplia competencia en diferentes disciplinas. Por él han pasado juristas, economistas, historiadores, literatos, líderes e investigadores sociales, especialistas ambientales, en derechos humanos; algunos ganadores de premios Nobel, todas y todos reconocidos como personas de gran integridad moral y cuya experiencia conjunta se traduce en la formación equipos de trabajo interdisciplinarios que pueden dar cuenta de la complejidad del funcionamiento conjunto de los sistemas económico, jurídico, político y social, así como de las relaciones de dominación y poder que entretejen y sus efectos. Por mencionar algunos ejemplos históricos, han sido parte del TPP o del Tribunal Russell (su antecede directo): Jean Paul Sartre, Bertrand Russell, Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, Lázaro Cárdenas, Simone de Beauvoir y Sergio Méndez Arceo, entre muchos otros.

Dado el carácter ético e independiente del TPP, sus resoluciones no son vinculantes, lo que significa que quienes resultan responsables en las sentencias o dictámenes emitidos no están obligados, en el marco del derecho internacional, a cumplir penas o reparaciones de daños. Sin embargo gracias a su peso político internacional; y al gran detalle, claridad y profundidad de sus resoluciones; el Tribunal ha logrado incidir en algunos procesos vinculantes (jurídicos) de los conflictos a los que ha dado seguimiento.

Orientado en gran medida, a la reivindicación y legitimación de las luchas sociales, sus trabajos son referentes de gran importancia para la conciencia pública y para el avance de los derechos colectivos en el mundo. Asimismo la sistematización y documentación detallada de esas luchas resulta un acervo invaluable de memoria histórica colectiva y un instrumento de gran utilidad para los pueblos, organizaciones o grupos que llevan procesos jurídicos en instancias nacionales o internacionales.

En una síntesis de las exposiciones que Simona Fraudatario, Secretaria Técnica del TPP, ofreció a los grupos promotores del Capítulo México, se manifiesta que «el TPP nació para afirmar la legitimidad en el ámbito internacional del derecho a la existencia de los individuos en su dimensión colectiva y del deber de protegerlos de la violencia estatal, principio innovador en un ordenamiento que reconocía sólo a los Estados y al hombre abstracto». Esto implica que la visión del Tribunal es que los derechos de los pueblos –o colectivos– no caben en el esquema de los derechos humanos ya que en éste, cada individuo queda solo frente a la ley. En este sentido el TPP ha buscado promover tanto los derechos colectivos como los individuales, proclamando que no deben excluirse unos en nombre de otros, ya que ambos conjuntos se encuentran articulados y en dependencia recíproca.

Desde sus inicios al día de hoy, el TPP ha acompañado 39 procesos de lucha en diferentes regiones y países del mundo, realizando sus sesiones in situ, y abarcando una gran diversidad de temas como son: la negación a los pueblos del principio de autodeterminación, las invasiones extranjeras, la destrucción ambiental, las nuevas dictaduras económicas o neocolonialismo, la esclavitud, las violaciones de derechos humanos por motivos políticos, los crímenes de guerra y de lesa humanidad, las políticas económicas internacionales, el derecho de asilo, la conquista de América, los derechos de los niños y los adolescentes, los derechos de los trabajadores, la actuación de empresas transnacionales en América Latina, los agrotóxicos y el extractivismo. También ha realizado sesiones para analizar problemáticas en territorios específicos y dar cuenta de las historias de vida de los pueblos; algunas de estas sesiones han sido sobre: la Amazonía brasileña, el Tibet, Colombia, el Sahara Occidental, Nicaragua, El Salvador, etcétera. El Capítulo México conforma la sesión número 38, titulada: Libre comercio, violencia, impunidad y derechos de los pueblos, una de las más extensas de toda la historia del Tribunal por la multiplicidad de temáticas que investiga.

El proceso para lograr la instalación del TPP Capítulo México inició aproximadamente hace cinco años con el trabajo de 39 organizaciones sociales –actualmente son cientos–, y docenas de especialistas y personas comprometidas y consternadas por la situación de violencia creciente en el país. Se elaboró una petitoria que se entregó formalmente a las autoridades y jueces del TPP el 21 de octubre de 2011, la cual detalla cuantitativa y cualitativamente las situaciones de violencia que hasta entonces ocurrían en el país y las atrocidades cometidas por cada gobierno en turno, a lo largo de 16 años del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN) y en sus antecedentes. Tras muchas revisiones, ampliaciones y correcciones, dicho documento fue aprobado y el Tribunal se instaló en México para comenzar los trabajos.

Uno de los asesores jurídicos de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA) –organización promotora del TPP Capítulo México– nos comentó que un obstáculo importante que se enfrentó antes de lograr traer al Tribunal a México, fue la incredulidad inicial, en la Fundación Lelio Basso –a la que pertenece el TPP–, de que en nuestro país la situación de los derechos humanos y derechos de los pueblos fuera tan deplorable (La logística compleja que implica la realización de las sesiones in situ del TPP ha condicionado la demostración contundente, por parte de los solicitantes, de una situación de vulnerabilidad y violación importante de tales derechos). Al respecto se demostró que aunque de cara al ámbito internacional, el gobierno mexicano es uno de los que ha firmado y ratificado más tratados en la materia, al interior del país los incumple sistemáticamente. También se manifestó que el Estado se ha esforzado, con el apoyo de los grandes corporativos mediáticos, en la construcción de una imagen pública que muestra un país democrático que respeta la legislación internacional. Esta situación ha ocultado hacia el exterior la grave crisis humanitaria –y del Derecho– en que viven y resisten los pueblos de México. La demostración concreta –con una lluvia de testimonios y casos documentados sobre violaciones a los tratados firmados– de que esa imagen ha sido producto de una gran simulación orquestada por del aparato del Estado y los medios masivos de información, fue una condición necesaria para la instalación del Tribunal.

En la petitoria se apela a la Carta de Argel, manifestando que el gobierno mexicano viola gravemente, múltiples artículos de dicho tratado internacional por hechos como: la comisión de fraudes electorales; la persecución, encarcelamiento, asesinato selectivo o desaparición forzada de luchadores sociales; la criminalización y represión de las voces disidentes; la aprobación de leyes nocivas y contrarias al bienestar de la población; la obstrucción de acceso a la justicia; la permisión de la devastación ambiental, el despojo territorial y de recursos naturales a manos de la clase empresarial; la negación a los pueblos indígenas de la potestad a la autonomía y a la autodeterminación; la violación masiva y sistemática de los derechos humanos mediante violencias diferenciadas como las ejercidas hacia las mujeres o hacia las y los comunicadores; la corrupción de todo el bloque legislativo que ignora reiteradamente a la población y las funciones sociales que por mandato debiera cumplir; y la militarización de las calles y territorios del país.

También se acusa al Estado mexicano de fomentar el aumento de la migración forzada por la aprobación de reformas estructurales dictadas por el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), incluidas las concesiones de tierra a la agricultura industrial, los proyectos mineros, petroleros, eólicos e hidroeléctricos, por medio del desmantelamiento de la propiedad comunal; la destrucción del sistema hídrico por el acaparamiento, la concesión y la contaminación tóxica de las aguas nacionales; el aniquilamiento acelerado de la biodiversidad del país; atentar contra el maíz –cultivo crucial para la sobrevivencia de los pueblos mesoamericanos– y la agricultura tradicional; el desmantelamiento los derechos colectivos, como los de las trabajadoras y trabajadores; pauperizar todas las condiciones mínimamente necesarias para una vida digna, cuestión que ha orillado a grandes segmentos de la población a la migración o a la delincuencia; y de mantener el TLCAN, pese a todas las críticas fundamentadas en su contra, en particular por la desigualdad de sus términos para México.

FDe entre los vastos agravios presentadas, el TPP ha destacado el desvío de podercomo figura central para explicar la situación de descomposición a la que se ha sometido al país. El desvío de poder se define como una conducta sistemática y de largo plazo mediante la cual el gobierno de México pretende hacer pasar los intereses particulares de grupos económicos como el interés general de la población, abriendo un amplio margen de acción a los corporativos y cerrando las posibilidades jurídicas para que la población se defienda. De tal forma el gobierno actúa contrario a la noción de justicia y contrario al mandato por el cual le fue conferido un poder público, estableciendo las condiciones para un Estado de impunidad que se recrudece ante el aumento de crímenes de todo tipo que, incluso, pueden ser perpetrados por agentes del mismo poder judicial.

En concordancia con lo anterior, se ha testificado reiteradamente que acudir a las autoridades mexicanas en busca de ayuda resulta inútil, ya que no sólo no hay procuración de justicia, sino que es evidente que la clase política y los funcionarios públicos actúan en favor de las empresas transnacionales y, en muchos casos, en complicidad con el crimen organizado. A esta situación crítica se suma la creciente criminalización y represión de la protesta social y la disidencia.

Los jueces de la audiencia introductoria señalaron, en su momento, que el caso de México es especial no por la amplia gama de problemáticas que presenta, sino por el grado extremo que éstas han alcanzado.

En una carta abierta que numerosos miembros de la comunidad internacional dirigieron al TPP para apoyar la petitoria de apertura de una sesión en México se declara:

Múltiples evidencias nos obligan a afirmar que por la firma del TLCAN ocurren violaciones masivas a los derechos de los pueblos: decenas de miles de muertos, desapariciones, feminicidios, migrantes asesinados, extorsionados y discriminados; desplazados, trabajadores despedidos, sindicatos desmantelados, personas desempleadas, desnutridas, hambrientas, encarceladas, devastación ambiental; un grave desmantelamiento del sistema de salud; efectivos militares, policíacos o represivos en activo en las calles; una impunidad para quebrantar la ley por parte de quienes perpetran estas violaciones. Son también evidencias la devastación que las corporaciones dejan a su paso, las invasiones y el acaparamiento de los territorios, de los recursos naturales y de la infinidad de ámbitos y bienes que antes eran comunes.

Posteriormente, se presentó la «Acusación general de la sociedad civil ante el TPP», en la Audiencia General Introductoria realizada del 27 al 29 de mayo de 2012 en Ciudad Juárez, Chihuahua. Ésta expone a detalle los elementos que componen la situación de violación masiva y sistemática de los derechos humanos y de los pueblos que se desencadena, en su faceta más cruenta, a partir de 1994, con la entrada en vigor del TLCAN, firmado entre México, Estados Unidos y Canadá. Éste es el episodio categórico que da entrada al modelo económico neoliberal (dictado por organismos financieros internacionales), y que desde finales de los años 80, como tendencia mundial, ha conducido a una crisis global de pobreza, sobre-explotación, devastación y miseria. Con el TLCAN el gobierno mexicano concedió las desregulaciones ambiental y laboral como resultado de una descomposición jurídica que desmanteló los dispositivos protectores de los ámbitos comunes. Cada vez más, las necesidades y derechos de pueblos y personas fueron anulados cuando se interponían en la consecución de un beneficio económico para grupos en el poder u organismos nacionales o internacionales asociados a éstos; en México las leyes protectoras se convirtieron, en gran medida, en letra muerta.

La acusación general de la sociedad civil contra el Estado se inserta en una de las líneas de investigación permanentes del TPP que indaga las relaciones entre economía y derecho. En ésta se examinan los impactos del neoliberalismo sobre los derechos y la forma de vida de los pueblos, así como la configuración y transformación del derecho, que ha quedado subordinado a las demandas del mercado. En consecuencia se hace palpable la incompatibilidad de tal modelo económico vigente con los derechos fundamentales reconocidos universalmente.

septiembre 17, 2014

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