Pueblos de la Tarahumara denuncian abusos y despojos

Caravana de la Tarahumara llega a CDMX para denunciar abusos y despojos

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Por tercer año consecutivo, representantes de los pueblos originarios de la Sierra Tarahumara llegaron a la Ciudad de México para reclamar respeto a sus derechos como pueblos indígenas; además, repartieron un informe en el que documentan el sinnúmero de abusos que sufren en esa región del estado de Chihuahua.

De 63 páginas, el Informe Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas de la Sierra Tarahumara fue elaborado por tres organizaciones de la Red en Defensa del Territorio Indígena en la Sierra Tarahumara.

El documento muestra cómo el Estado mexicano ha despojado de sus tierras a la población de esta región –que figura entre las más pobres y vulnerable del país–, además de aprobar e incentivar megaproyectos energéticos y turísticos sin consultar a sus habitantes y, en cambio, negarles el acceso a la justicia y las herramientas para defenderse.
“Nosotros como indígenas llevamos mucho tiempo en la lucha social, es un reclamo urgente, pero de siempre”, dice Miguel Manuel Parra, representante de la caravana en entrevista con Apro.

“Ciertamente aquí venimos un pequeño grupo pero hay muchos más ahí en la Sierra. Por causas de que no hay asesoría por parte de la sociedad civil, a veces están cada quien en su lado, pero cada quien defendiendo lo mismo”, asevera.

“Nuestra esperanza es que reaccione el Estado mexicano, que resuelva las problemáticas que tenemos en la Sierra Tarahumara”, precisa.

Según Luis Pérez Enríquez, otro de los integrantes de la caravana, los pobladores Rarámuri, Ódami, Pima y Warijío, habitantes de la Sierra Tarahumara, sufren de manera directa los proyectos turísticos de Barrancas del Cobre o del Gasoducto El Encino-Topolobampo –que pretenden instalar la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la empresa TransCanada–; además del narcotráfico y la tala de árboles en la región.

En todos estos casos, afirma, las autoridades ignoran los derechos a la consulta previa, libre, informada y de buena fe, así como el derecho a la autodeterminación que tienen los pueblos indígenas en sus territorios ancestrales. Por otra parte, agrega, las autoridades violan sus derechos básicos a la vivienda, a la salud, al agua y a un medio ambiente sano.

Autoridades ignoran derechos ancestrales

Además, el luchador indígena denunció que integrantes de grupos criminales se apoderaron con violencia de vastas superficies de territorio de la Sierra Tarahumara, una región cuya superficie equivale a la de Austria, para sembrar amapola y mariguana, asesinando –con toda impunidad– a líderes y defensores de la tierra, robando ganado y provocando el desplazamiento interno forzado de comunidades enteras.

Pérez Enríquez señaló que ni la Coordinación Estatal de la Tarahumara –instancia del gobierno chihuahuense– ni la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) han velado por los derechos de los pueblos ancestrales de la región, que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) clasifica en situación de pobreza extrema.
Apenas uno de cada 10 de sus habitantes accede a los servicios de salud y no tiene luz ni drenaje, mientras ocho de cada 10 no tiene agua potable y el analfabetismo rebasa 70% de la población.

Estos factores atentan contra sus derechos a la autodeterminación y demuestran la falta de la protección jurídica. “Hay desigualdad en la aplicación de la justicia”, deploró Pérez Enríquez y añadió: “Dicen que somos nómadas y en el camino de la justicia también somos nómadas”.

El integrante de la caravana deploró las constantes campañas de difamación contra los habitantes de la Sierra Tarahumara en los medios de comunicación o por parte del llamado Consejo Supremo de la Tarahumara, cuyos integrantes, dijo, son mestizos y “nunca se acercaron a la comunidad”.

Luego, recordó que el conflicto por el territorio nació hace décadas y que “ha habido guerras a través del tiempo, pero no había forma de dialogar porque no compartíamos la misma lengua”.

En 2014, representantes de pueblos originarios de la región –de los municipios de Bacajípare, Bosques de San Elías Repechique, Choréachi (Pino Gordo), Coloradas de la Virgen, El Mochomo, Huitosachi, Mala Noche y Mogótavo– conformaron una Caravana por la Justicia en la Sierra Tarahumara para dar visibilidad a los problemas que enfrentan.
Esta caravana se trasladó ayer a la Ciudad de México, donde se reunió con Jan Jarab, representante del alto comisionado de la ONU en el país.

Este martes, algunos de sus integrantes presentaron el informe en un coloquio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Mañana lo exhibirá en el Senado y en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), cuya titular es Rosario Robles Berlanga.

La historia del despojo

El documento plantea que “la historia de las normas y políticas agrarias es la historia de la naturalización e institucionalización del despojo del territorio y bienes comunes de los pueblos originarios de la Sierra Tarahumara, incluido el bosque, las minas, la belleza escénica y el agua.

“Este despojo ha implicado también la expropiación y apropiación de sus territorios por parte de personas externas, ignorándolos como colectivos con personalidad, cultura, sistema de gobierno, economía y derechos propios”, asegura.

Las comunidades de la Sierra Tarahumara han reivindicado sus derechos a través de la justicia. Sin embargo, el informe plantea que el sistema juega en su contra: los 13 litigios –juicios agrarios, amparos, procedimientos administrativos y juicios civiles– que las comunidades estudiadas protagonizaron desde el 2007 siguen pendientes de ejecución o en trámite, aun cuando tribunales dictaminaron a favor de los defensores.

Por si fuera poco, los jueces desconocen las peculiaridades culturales de los indígenas –incluso les piden comprobar, con peritos antropólogos, que son indígenas–, y en muchas ocasiones no tienen intérpretes que permitan el entendimiento.
Los trámites se extienden de manera “injustificada” y los pobladores deben trasladarse continuamente a la ciudad de Chihuahua para seguir sus casos, aun cuando varios municipios se encuentran a más de 15 horas de la capital estatal.

El informe también subraya una serie de irregularidades en la impartición de justicia. Entre ellos se cuentan presiones ejercidas contra jueces para fallar contra los indígenas, acoso y hostigamiento por agentes de la fiscalía estatal, allanamiento de las oficinas de la organización Tierra Nativa o “prácticas de auditorías contables ordenadas por la Secretaría de Hacienda Estatal con el firme propósito de intimidar”.

De acuerdo con el documento, las reformas agrarias de 1923 y 1992 tuvieron efectos nefastos para los pobladores originarios de la Sierra Tarahumara –se fragmentó y privatizó el territorio sin tomarlos en cuenta–, mismos que permanecen vigentes ahora que el registro agrario se encuentra a cargo de la Sedatu.

“Nos han fraccionado geopolíticamente, porque finalmente somos un gran pueblo y lo que le pase a un pueblo vecino, nos afecta a todos”, afirma Miguel Manuel Parra.
Esta dependencia, abunda, continuó con la “indiferencia y el desprecio” hacia los pueblos indígenas. Ello se tradujo en “errores en las acciones llevadas cabo, demoras interminables, pérdida de documentos y engaño a los representantes y gestores indígenas”.

Magdalena Gómez Rivera, abogada especialista en derecho indígena y fundadora de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), aseveró que el “telón de fondo” de la falta de justicia en la Sierra Tarahumara se condensa en “formas de despojo, violencia y racismo”. Y es que, dijo, “en México se utiliza la ley para cometer injusticias”.

La defensora resaltó la falta de voluntad del Estado mexicano para implementar políticas favorables a los derechos indígenas. Aseveró que las reformas estructurales que implementó la administración de Enrique Peña Nieto, gracias a la alianza de partidos conocida como el Pacto por México, incentivaron la privatización de las tierras y el despojo de territorios a los pueblos indígenas.

Por Mathieu Tourliere, 06 de Diciembre del 2016.

Fuente: Revista Proceso

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diciembre 7, 2016

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