Ejido San Isidro

Ejido San Isidro “El gobernador ni siquiera voltea a vernos”

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Vista El llano en Llamas. Foto: Oswaldo Ruiz

El núcleo ejidal San Isidro, en el municipio de San Gabriel, lleva más de dos décadas luchando por la restitución de 280 hectáreas que les arrebató la trasnacional Nutrilite con el aval de autoridades federales y estatales, dice la abogada Carmen Figueroa González. Los tres gobiernos panistas conocieron el problema y no hicieron nada por resolverlo, y en cuanto al priista Aristóteles Sandoval, ni siquiera ha volteado al ejido para saber cómo el gigante agroalimentario aplasta a campesinos.

Desde principios de la década de los noventa, cuando se consumó el despojo de tierras en el núcleo ejidal de San Isidro, municipio de San Gabriel –territorio donde Juan Rulfo se inspiró para escribir su libro El Llano en llamas–, los afectados han acudido a instancias locales y federales para denunciar las irregularidades, pero ninguna autoridad los ha apoyado.

No lo hizo el primer gobernador panista, Alberto Cárdenas Jiménez; ni el segundo, Francisco Ramírez Acuña; menos el tercero, Emilio González Márquez; y en cuanto al priista Aristóteles Sandoval Díaz, “ni siquiera ha volteado a vernos”, se quejan los ejidatarios afectados.

A través de su abogada, Carmen Figueroa González, explican que llevan más de dos décadas denunciando la complicidad de las autoridades federales, estatales y municipales con agroempresas trasnacionales como Amway-Nutrilite y Bioparques de Occidente, entre otras, para despojarlos de 280 de las 500 hectáreas que les fueron otorgadas en 1939 por el presidente Lázaro Cárdenas.

La superficie está invadida por Nutrilite, relatan Evangelina Robles y José Godoy, integrantes de la Red en Defensa del Maíz en Jalisco, quienes se sumaron a la lucha de los afectados. Los empresarios, cuentan, llegaron a la región en 1987 y compraron las tierras a través de un prestanombres, porque antes de la reforma agraria de 1994 las corporaciones trasnacionales no podían adquirir terrenos en México.

Figueroa González abunda: el 15 de febrero de 1994 –siete años después– en un encuentro efectuado en el Club de Industriales de Jalisco, un grupo de funcionarios y empresarios acordaron no devolver las 280 hectáreas al núcleo ejidal que ella representa legalmente. “Con ello se consumó el despojo”, puntualiza.

Entre los funcionarios que estuvieron en aquella reunión, de acuerdo con el documento oficial consultado por el reportero, destacaron el entonces titular de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), Arturo Warman Gryj, y el delegado de la dependencia en Jalisco, Alejandro Díaz Guzmán; el secretario de Desarrollo Rural de Jalisco, Arturo Gil Elizondo; el delegado de la Secretaría de Desarrollo y Fomento Industrial, Gustavo Martínez Güitrón, y el subgerente de Distribución de la Comisión Federal de Electricidad, Rafael Hidalgo Reyes.

Por la parte empresarial, Nutrilite estuvo representada por los abogados David Tuttle, Enrique Romero Amaya y Adriana de Aguinaga Girault; a su vez, Exportag envió a los hermanos Sergio y José Roberto Vargas Maciel; posteriormente este último fue director adjunto de la Comisión Nacional Forestal y propietario temporal de una parte del predio El Petacal, donde se asienta el ejido San Isidro.

En 1998, en otra “acción concertada” entre industriales y burócratas para detener la lucha jurídica de los campesinos, el entonces gobernador Alberto Cárdenas Jiménez –quien ocupó el cargo del 1 de marzo de 1995 al 28 de febrero de 2001– le pidió a la SRA que expropiara las 280 hectáreas en disputa, ubicadas en Puerta de El Petacal.

En su solicitud, registrada con el número de expediente 122/98 y fechada el 24 de marzo de 1998, se reconoce que el área pertenece al ejido San Isidro, pero se informa que será destinada al desarrollo de un complejo agroindustrial para producir alfalfa, berro, perejil y “otros vegetales ricos en nutrientes”, según publicó este semanario en su edición del 6 de noviembre de 2011.

Los documentos consultados por el reportero, indican que Cárdenas Jiménez solicitó expropiar esas tierras para utilizarlas con fines “de utilidad pública”. El proyecto de Nutrilite, agrega, aparecía normado conforme al plan nacional de desarrollo 1995-2000, “el cual pretendía superar la pobreza y el impulso a la producción de proyectos productivos”.

Hasta esa fecha, la propiedad agroindustrial estaba en manos del consorcio, según se puede corroborar en el documento expedido por la Secretaría General de Gobierno, que encabezaba Fernando Guzmán Pérez Peláez (folio 122/98).

Las jornadas de resistencia

El 10 de abril de 2005, los ejidatarios publicaron la “Declaración de San Isidro. Por la defensa de las tierras comunales y ejidales”, en la que reiteraron sus demandas en seis puntos, el último de los cuales decía:

“Llamamos a todos los campesinos del Occidente del país a no permitir la imposición del Procede (Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares) en las tierras que sus padres y abuelos les legaron, muchas veces a costa de su vida, y los invitamos a unirse a esta lucha que hemos decidido fortalecer en defensa de nuestras tierras y de nuestros derechos colectivos fundamentales.”

Meses después, los ejidatarios comenzaron a ganar amparos: uno en 2006, otro en 2013 y uno más en 2016, pero el tribunal agrario se ha declarado incompetente por consigna, reitera la abogada Figueroa González. Con ello, dice, queda clara la protección del gobierno a las empresas.

Sin embargo, puntualiza, fue en 2011 cuando se abrió una nueva fase de lucha jurídica en la que ella comenzó a “exhibir la negligencia, las omisiones y los ‘errores’ de mala fe que se cometen contra estos campesinos”.

El 11 de junio de 2013, la Fiscalía General del Estado (FGE) admitió que 270 jornaleros de San Isidro eran víctimas de explotación en sus campos de cultivo.

Ese día, Felipe Cobián, coordinador de este semanario por esas fechas, publicó en la agencia Proceso (Apro) la nota “Empresa mantenía como esclavos a 270 jornaleros en Jalisco”, en la que informó sobre la detención de los miembros de una red de trata de personas involucrada con la empresa Bioparques de Occidente.

Y añadió: “Al dar a conocer hoy los hechos, la Fiscalía Central de Jalisco informó que la empresa Bioparques de Occidente, S.A. de C.V., había contratado a jornaleros de Veracruz, Guerrero, Hidalgo, San Luis Potosí y otros estados, a quienes ofreció un buen sueldo, pero que al momento del pago sólo entregaba la mitad de lo prometido, con retraso y, en ocasiones, únicamente su equivalente en vales de despensa.

“Se trata de uno de los primeros y más grandes invernaderos que se establecieron en este municipio, el cual incluso cuenta con pista aérea de unos 2.5 kilómetros.”
Una semana antes, el 6 de junio, un trabajador presentó en la FGE una denuncia contra la compañía por la explotación forestal y la presunta trata de personas. Pese a ello, en los últimos seis años Bioparques de Occidente ha recibido apoyos financieros de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) superiores a los 11 millones de pesos.

Según el sistema de transparencia de la Sagarpa, Bioparques de Occidente recibió el cheque 3LK701 por 160 mil 821 pesos por el concepto “apoyos 2015” a nombre de su apoderado legal, Leopoldo Ariel López Castelo.

En 2010, bajo el argumento de que su consorcio era “socialmente responsable”, López Castelo obtuvo siete partidas presupuestales más por un total de 5 millones 236 mil 345 pesos. En 2012, a través del Programa de Atención a Jornaleros, Bioparques de Occidente consiguió una suma similar.

El zarpazo de Nutrilite

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Nutrilite en El Petacal. Foto: Oswaldo Ruiz

Durante lustros, Nutrilite se ha ido apoderando de tierras ejidales al amparo de las autoridades de los tres niveles, con las que tiene relaciones como proveedora. La empresa vende artículos de belleza al gobierno estatal y al ayuntamiento de Tepatitlán. Sin embargo, se desconoce a cuánto ascienden sus ganancias, toda vez que la información del sistema de transparencia no está actualizada.

La abogada de los ejidatarios de San Isidro cuenta el modus operandi de la empresa: en enero de 1994, dice, se dio la compra de tierras para resolver el problema en Chiapas, y las autoridades federales y estatales tomaron ese modelo para aplicarlo en San Isidro.

Y agrega: “Los de la Secretaría de la Reforma Agraria reunieron a tres presuntos integrantes del comisariado y les dijeron que les iban a dar más tierras. En ese entonces la dependencia (dirigida por Arturo Warman) estaba repartiendo tierras por los problemas de Chiapas, pero nunca les dijo que, como iban a firmar, el ejido (San Isidro) ya no iba a recibir El Petacal (donde están las 280 hectáreas en disputa). Los engañaron”.

Y aunque Nutrilite tiene las 280 hectáreas del ejido San Isidro, en San Gabriel hay más empresas, dice la abogada Figueroa González. Y comenta al reportero: “¿Te acuerdas que hace algunos años (junio de 2013) se detectó que había esclavos en Bioparques de Occidente? Bueno, pues la empresa está cerca de esta tierra. Toda esta zona está invadida por trasnacionales, pero la primera que llegó ahí fue Nutrilite.

“Algunos ejidatarios de San Isidro dicen, cuando les preguntan sobre las políticas agroalimentarias en la región, que en sus tierras no se ha consumado la Revolución. Eso contrasta con lo que afirman los planes de desarrollo sexenal de los últimos cuatro gobiernos estatales.

“Los políticos sólo han utilizado el nombre San Isidro para presumir sus presuntos logros. En el caso del priista Sandoval Díaz la situación es aún más lamentable, pues ni siquiera ha volteado al ejido para saber qué sucede ahí; su administración no ha realizado las inspecciones pertinentes para verificar cómo ha sido violentada la vida campesina. Él nunca se ha pronunciado sobre su caso.”

El último de los amparos ganados por los ejidatarios se encuentra en el Colegiado Segundo en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en la ponencia del magistrado Filemón Haro. Los afectados confían en que se pronuncie por una ampliación del amparo.

Por Ricardo Balderas, 31 de Diciembre de 2016.

Fuente: Revista Proceso

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enero 10, 2017

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