No a la privatización de las semillas, No a la Ley Federal de Variedades Vegetales

29 noviembre 2019

POSICIONAMIENTO DE LA RED EN DEFENSA DEL MAIZ

Las comunidades, organizaciones, colectivos, instituciones y personas que nos reconocemos en la Red en Defensa del Maíz rechazamos la iniciativa de reforma de la Ley Federal de Variedades Vegetales (LFVV) introducida por el diputado federal Eraclio Rodríguez del partido MORENA, pues significa un grave intento de privatizar, acaparar semillas comerciales y no comerciales en general, y criminalizar las semillas campesinas en agravio contra la soberanía alimentaria.

El fondo y principal objetivo de esta iniciativa es asegurar la propiedad intelectual de las transnacionales semilleras ampliando el control oligopólico del mercado por parte de Bayer-Monsanto, Syngenta, Corteva y las demás grandes empresas semilleras y de transgénicos que dominan casi la totalidad del mercado de semillas comerciales en México. Siendo su objeto proteger y defender los derechos de las empresas transnacionales semilleras, fomenta la privatización de lo que ha sido un legado colectivo de los pueblos, en especial de las comunidades campesinas y los pueblos originarios.

La reforma propuesta es explícita en adherirse a los planteamientos de lo que se conoce como Acta de la Unión para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV) en su versión 91, que ya es parte sustancial de todos los tratados de libre comercio puesto que con ella las empresas semilleras buscan monopolizar la producción y comercialización de las semillas. Siendo México el país que más Tratados de libre comercio ha firmado, se prepara entonces el arribo del nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte, hoy rebautizado T-MEC, un acuerdo que se hizo a espaldas de campesinas y campesinos y sin consultar a nadie.

A pesar de que el propio T-MEC establece que México puede tomar un periodo de 4 años antes de suscribir dicha acta, la iniciativa oculta esto y quiere sacar una reforma al vapor, sin considerar salvaguardas, ni que México estudie cómo puede desafiar esta absurda obligación que compromete la soberanía alimentaria del país y los derechos indígenas y campesinos de los pueblos.

La iniciativa del diputado Eraclio Rodríguez reproduce con detalle los intereses de las empresas y busca aumentar la dependencia de agricultores grandes, medianos y pequeños hacia ellas.

 Por un lado plantea establecer canales más restrictivos de propiedad intelectual sobre semillas con “títulos de obtentor”, permitiendo el uso e intercambio de semillas sólo a quienes detenten títulos o a quienes autoricen las empresas dueñas de dichos títulos, criminalizando así a quienes realicen intercambios libres o incluso a quienes usen las semillas de su propia cosecha para volverlas a sembrar sin considerar las condiciones impuestas por las empresas y sus disposiciones unilaterales.

Desde la exposición de motivos se invoca como argumento el “brindar certeza jurídica a la propiedad intelectual de las innovaciones y la investigación y la transferencia de tecnología en materia de variedades vegetales”, haciendo “necesaria la adopción de las disposiciones del Acta de 1991 de la UPOV conforme a las realidades de nuestro país”. La parte punitiva viene cuando afirma: “es indispensable fortalecer las sanciones por violaciones a la ley para reducir la piratería de semillas, el uso de semilla ilegal y el engaño y el daño a los agricultores causados por estos efectos”. Propone además sanciones económicas graves y requisar las semillas supuestamente infractoras.

Esto llanamente significa que buscan criminalizar toda aquella semilla que no tenga certificaciones, registros, facturas. Buscan cercar los bienes comunes de tal suerte que si se cuenta con variedades campesinas de uso común, (las que supuestamente no tienen que ver con la LFVV

ni con la reforma propuesta o que estarían protegidas), al no poder demostrar su procedencia (en los términos establecidos por sus propias regulaciones), pueden ser calificadas de “piratas” y como tal sancionar a quien las utilice, aunque sean los verdaderos cultivadores ancestrales de tales semillas.

Así, contrariamente a lo expresado en la exposición de motivos, estas reformas abren las puertas a la privatización y expropiación de la biodiversidad nativa agrícola y silvestre de México.

En el texto de la iniciativa los partidarios de la privatización de las semillas afirman que las variedades de uso común no se pueden privatizar porque no se conceden derechos de propiedad sobre lo que no es “distinto” o “nuevo”, sobre lo que no se ha “reclamado”. Insisten en que las variedades “notoriamente conocidas” no califican para privatizar.

Pero lo “notoriamente conocido” no se refiere a lo que la gente común o los campesinos conocen, sino a lo que la industria semillera, los institutos o los funcionarios de la propiedad intelectual reconocen. Entonces todo aquello no reconocido por ellos puede ser privatizado. En este galimatías del pensamiento y a nivel jurídico nos quieren enredar.

Se pretende establecer derechos de propiedad intelectual, derechos de obtención, para reclamar como propiedad todas aquellas variedades que supuestamente “obtuvieron” los laboratorios de las empresas. Pero todo lo que ellas hacen está basado en lo que han venido haciendo campesinas y campesinos del mundo entero por generaciones y generaciones en conversaciones colectivas permanentes y siempre cambiantes. Que un puñado de empresas hayan decidido proteger lo que ellas dicen haber “obtenido” es siempre un robo y no les da derecho a intentar criminalizar todo lo que caiga fuera de su registro y certificación.

Estamos ante un ataque a toda forma de semilla pública o del uso propio de campesinas y campesinos sin pasar por las empresas. También es un ataque feroz a quienes utilizan semillas

mejoradas, o a quienes mezclan con sus variedades y que sacan semilla mejorada para la próxima cosecha (sean pequeños o medianos). Dificultará aún más el trabajo de los productores nacionales, encareciendo las semillas y obligándolos a comprar más de las trasnacionales, exactamente al contrario de lo que afirma esta iniciativa de reforma a la LFVV en su argumentación.

Además, la iniciativa establece sanciones punitivas a quienes no cumplan, y que sea el propio estado que vigile y haga cumplir que todas y todos los agricultores de México se sometan al yugo de la propiedad intelectual sobre semillas de las trasnacionales.  Todo esto va más allá de lo que incluso pide la propia UPOV 91 y los tratados de libre comercio.

La reforma quiere abrir la puerta de las nuevas tecnologías (con su cauda de derechos de propiedad intelectual adicionales) cuando al definir el mejoramiento se incluyen la “técnica o conjunto de técnicas y procedimientos, incluyendo los últimos avances y herra­­­mientas tecnológicas, que permiten desarrollar y obtener una variedad vegetal distinta, homogénea y estable; quedan incluidas dentro de este proceso las que utilizan el conocimiento preciso de la relación entre el genotipo y fenotipo de las plantas y las herramientas de la biología molecular, que permiten desarrollar una nueva variedad vegetal, equivalente o indistinguible de las variedades que pueden desarrollarse utilizando técnicas convencionales de mejoramiento vegetal”.

Tenemos que defender las semillas, creación milenaria colectiva, campesina, indígena, legado que los pueblos brindan a la humanidad. Permitir que sean las corporaciones las que impongan sus restricciones, es permitir un robo descomunal que tarde o temprano nos dejará en manos de quienes hoy nos arrebatan las semillas y ya buscan arrebatarnos la existencia.

Desde la Red en Defensa del Maíz llamamos a rechazar esta reforma a la LFVV y a impugnar la aberración jurídica que implica UPOV.

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