EL SISTEMA ALIMENTARIO VIGENTE: ENEMIGO DE LA SALUD

JOSÉ GODOY Y BENJAMÍN MACAS

Ojarasca

Periódico La Jornada

Junio 2020

Anciana recoge alimentos del basurero en el mercado de la Merced. Foto: Mario Olarte

Anciana recoge alimentos del basurero en el mercado de la Merced. Foto: Mario Olarte

SANIDAD  AGROPECUARIA  Y POLÍTICAS ANTICAMPESINAS EN  AMÉRICA LATINA

Esta pandemia ratificó el gran fracaso del sistema alimentario  industrial que afecta permanentemente a los territorios y a los  cuerpos; deja gravísimos lastres en la salud y el ambiente; debilita  nuestro sistema inmunológico, la calidad, la vastedad y la  variedad de la alimentación que hasta hace no muchos años se  apegaba a los ciclos campesinos de temporada y se comercializaba  e intercambiaba por canales de confianza. Podía llegar a  los mercados de abastos y otros mercados exigentes.

Han surgido múltiples maneras de controlar, uniformizar  y monopolizar la alimentación desde la semilla hasta el  producto final. Ahora, los estándares de “sanidad” o “inocuidad”,  parte del libre comercio, favorecen la industrialización  de los alimentos y el control monopólico corporativo. Tales  estándares encierran un sinfín de contradicciones e injusticias  y no obstante se volverán más agresivas con las regulaciones  por la pandemia de Covid-19.

En junio de 2019 se realizaron las “jornadas contra las políticas  anticampesinas en Ecuador”. Participó la Red Agroecológica  de Loja con la presencia de un miembro de la  Red en Defensa del Maíz de México, que denunció los daños  provocados  por el TLCAN (hoy T-MEC) sobre el agro mexicano.

El objetivo era mirar la destrucción de la vida campesina  que instaura el libre comercio por los territorios y por el mercado  interno en Ecuador y en América Latina, y su relación  con tratados internacionales que amenazan la supervivencia  de los pueblos.

“Uno de los ejes centrales fue analizar las legislaciones de  sanidad e inocuidad, que anidan los intereses de las transnacionales  agroalimentarias, el capital financiero y la sociedad  de mercado. Así se tornan nuevas políticas públicas para la  dominación y despojo de los pueblos.”

A inicios del siglo XX, la agricultura sufrió una bifurcación.  Hasta entonces radicaba en los pueblos originarios y en el  mestizaje que da origen a las poblaciones campesinas. Su  base era la biodiversidad de semillas, la integración entre  cultivos y animales, y el respeto a los ciclos estacionales y  cósmicos. Las nociones de equilibrio dentro del ecosistema  eran fundamentales. En los bosques nativos tropicales no  existe la idea de las plagas, sino interrelaciones biológicas  complejas desarrolladas en procesos de evolución milenaria.  Del mismo modo, en los sistemas de cultivos, sea la milpa  mesoamericana o la chacra andina, los pueblos han forjado  estas relaciones, así que las “plagas” y los insectos benéficos  son un asunto muy diferente en la agricultura campesina o  en la industrializada.En este mismo periodo, la agricultura empresarial capitalista  tomó un giro radical, se desmarcó de la agricultura  tradicional y tomó impulso con la energía fósil propia de la  civilización petrolera.

La agricultura industrial responde a la acumulación de  riquezas de las corporaciones transnacionales y se orienta,  con disfraces como las políticas sanitaristas y el control de  semillas, a destruir a la madre, a la agricultura originaria, a la  fuente de semillas y sustento de los pueblos.

Los monocultivos se expanden con el uso de semillas  híbridas o transgénicas donde todas las relaciones de equilibrio  quedan destruidas. En el campo, estas semillas requieren  fertilizantes químicos. Al crecer son completamente vulnerables  al ataque de plagas y enfermedades, requiriendo  la aplicación de pesticidas que son venenos para nuestros  cuerpos y tóxicos para nuestro cuerpo ampliado, llámese  éste territorio, ambiente o naturaleza.

Las leyes sanitaristas se basan en esta lógica y multiplican  el uso de pesticidas para combatir plagas y enfermedades  creadas por esta forma deformada de la agricultura. Los equilibrios  se rompen. Y se necesitarán más venenos, pesticidas y  medicamentos, abriendo un mercado de venta de químicos  y multiplicando las ganancias.

¿Están de verdad preocupados por lo sano quienes promueven  las leyes de inocuidad y sanidad animal o vegetal?  Vemos más un modo de legitimar la necedad tecnológica de  la Revolución Verde para producir alimentos y volverla una  normalidad. El sistema de sanidad argumenta la prevención,  el control y la erradicación de plagas y enfermedades y es eso  exactamente lo que provocan.

La concepción sanitarista está estrechamente asociada  al monocultivo y a las monocrianzas, a la reducción de la  biodiversidad y la conversión de alimentos en productos o  mercancías, atiborradas con químicos, pesticidas, conservadores,  hormonas, antibióticos, vacunas. Están desprovistas  de riqueza nutricional.

La concepción de la inocuidad está asociada a una asepsia  bacteriana, y a alimentos refinados, inertes, que contradictoriamente  al ingerirlos son causa de enfermedades  y muertes, al alterar y extinguir la macrobiota intestinal.  Afectan el funcionamiento de todos los órganos del cuerpo  humano, debilitan nuestro sistema inmunológico y, en este  tiempo pandémico, nos hacen más vulnerables al ataque de  nuevas enfermedades.

En el periodo de la pandemia se han manifestado expresiones  de los gobiernos que alarman por el ataque  a la alimentación de la gente. En Ecuador, Brasil, Honduras,  Colombia, Perú, Bolivia y México, lejos de aliarse con el campesinado  nacional, se pretende suplir la demanda con importación  de alimentos, reduciendo los aranceles y flexibilizando  las políticas de calidad y cuidado del medio ambiente.  Promueven y destinan los recursos a la agroindustria global  y profundizan el despojo de comunidades campesinas e indígenas,  como sucede en las selvas habitadas por pueblos  mayas o amazónicos.

En plena pandemia el gobierno de facto de Bolivia aprobó  el decreto supremo 4232, autorizando semillas transgénicas  en los cultivos de maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y  soya. Alineándose todos a la política de UPOV 91 de privatización  y propiedad de las semillas.

Para documentar la desconexión oficial, en el estado de  Jalisco, en México, en mayo inició operaciones la Agencia de  Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (ASICA) y se  elaboró el Plan de Resiliencia ante la Pandemia, cuyos objetivos  en lo agropecuario son: “Aprovechar las oportunidades  para la exportación que se están generando a nivel internacional,  garantizar las condiciones fitozoosanitarias en las semillas,  insumos agrícolas, pecuarios y acuícolas; implementar  los estándares de bioseguridad internacional; incrementar la  infraestructura para el manejo sanitario y la logística de exportación,  certificación de cadenas productivas sustentables  (ejemplo: agave-tequila, carne y aguacate), y promover el  control de cambio de uso de suelo y descargas contaminantes  a cuerpos de agua para el cumplimiento de estándares  internacionales”.

¿Dónde está la población en sus propuestas? ¿Por qué no  mencionan al campesinado y el comercio local como estrategia  de sobrevivencia? ¿Priorizar la exportación es viable?  ¿Dónde queda la soberanía alimentaria?

Los gobiernos quieren aprovechar la oportunidad para  robustecer a sus aliados transnacionales ignorando la crisis  ambiental y de salud planetaria. Es increíble que para solucionar  la posible carencia pretendan eliminar las eficientes  maneras milenarias de darnos de comer a todos.

Lo más grave es que estos sistemas sanitarios en el campo  agropecuario y en el procesamiento de alimentos sirven  muy poco para proteger la salud pública.

En el campo de las alternativas, requerimos retomar una  mirada de lo alimentario ligado a los sistemas locales de base  comunitaria y a la defensa de la soberanía alimentaria. Las  redes campesinas han sido gestoras históricas de una fecunda  biodiversidad, cuidadores de las semillas y de la calidad  integral de los alimentos y los ecosistemas.

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