Acusación general

TRIBUNAL PERMANENTE DE LOS PUEBLOS

Capítulo México, 2012 

Eje 5

Violencia contra el maíz,

la soberanía alimentaria y la autonomía de los pueblos

Acusación general:

Los devastadores efectos de una guerra sostenida contra la subsistencia de los pueblos

Sumario de la demanda 

1. Presentación

2. Resumen de los principales agravios/delitos que reclamamos al Estado mexicano y a las corporaciones e individuos que resulten responsables.

3. Una introducción que intenta narrar y sistematizar el panorama o marco general con que vemos el proceso de violencia contra el campo mexicano.

4. Un perfil de quiénes somos los agraviados/promoventes de esta audiencia.

5. Por qué apelamos ante el Tribunal Permanente de los Pueblos

6. Hechos, agravios.

7. Las responsabilidades de empresas, Estado mexicano y niveles de gobierno.

8. Los derechos reclamados

9. Un conjunto de demandas concretas ante el TPP

10. Conclusiones, que sistematizan un poco más todo lo planteado

1. Presentación

Cuando hace más de dos años comenzamos a plantearnos la necesidad de una visión integral y panorámica de lo que significa el ataque a la agricultura y la producción independiente de alimentos en México, eso que nosotros, siguiendo a Vía Campesina le llamamos soberanía alimentaria, sabíamos que había multitud de casos que documentaban nuestras afirmaciones, pero no comprendíamos aún la fuerza con que eso iba a ser planteado en diferentes preaudiencias.[1]

De aquí surge un agravio central que fue formulado con mayor precisión en la preaudiencia de San Isidro, Jalisco: que el Estado mexicano, junto con las corporaciones, buscan activamente impedir que la gente resuelva por medios propios algo tan fundamental como su propia subsistencia, es decir su propia producción de alimentos. La preaudiencia de San Isidro lo planteó así:

Que las empresas se benefician directamente de los actos de gobierno de los Estados, sus políticas públicas, sus reformas constitucionales, y sus legislaciones apalancandas con “tratados de libre comercio y cooperación” (y sus normas, estándares y reglamentaciones), mediante un mecanismo de dominación, sencillo y brutal (que si bien ha estado presente en los análisis desde por lo menos siglo y medio, ahora entendemos que es central): destruir las condiciones para que la gente gestione su entorno material y subjetivo; impedir que resuelva la subsistencia mediante sus propios medios individuales y colectivos, con creatividad e ingenio propio. Esto acarrea fragmentación comunitaria, la erosión de las relaciones; la invasión, la devastación, el despojo y el acaparamiento de los territorios, la expulsión de personas y su sumisión extrema en trabajos esclavizantes e indignos.

Esta destrucción comunitaria  y territorial empeora diario. Y quienes históricamente hemos cuidado nuestros lugares pagamos las consecuencias: unos cuantos lucran con el desastre. Mientras más nos afectan, menos podemos cuidar nuestro lugar. Las capas de deterioro se suman hasta que nuestros territorios se ven reducidos a esqueletos informes y se convierten en barriadas inhóspitas de ciudades que crecen.

Los procesos industriales que nos enajenan, violentan la escala de los procesos naturales y sociales interviniendo los entornos —de lo más físico y “ambiental” como la deforestación, la perforación, la extracción, la manipulación del suelo y el agua—, hasta los ámbitos más vitales e íntimos de los individuos —como el cuerpo de las madres y sus hijos— hasta el corazón tangible de comunidades y pueblos en sus espacios vitales donde las claves son la tierra, el agua, el bosque, las semillas, los saberes y el mismo lenguaje.

Toda esta destrucción hace imposible resolver por medios propios el sustento y cuidado de la vida individual y colectiva —y su transformación hacia un futuro abierto, justo y digno.[2]

 

De este centro, podemos intentar los diversos caminos de análisis para detallar lo más posible este agravio fundamental. Son varios los agravios concatenados que resumimos.

 

2. Resumen de los agravios

* La instauración de instrumentos legales o paralegales para el desvío de poder: a partir del sexenio 1988-94 en México se implantaron políticas económicas y jurídicas concretas que redefinieron la vida nacional. El Tratado de Libre Comercio con América del Norte y luego en otros tratados y acuerdos igualmente devastadores, reforzaron la permanencia de esas políticas y las hicieron más difíciles de echar abajo.

* Privilegiar a las corporaciones transnacionales y frenar/castigar los esfuerzos productivos de incluso los medianos productores comerciales de alimentos en el campo (como es el caso de los productores maiceros de Sinaloa) es un atentado contra la soberanía nacional, contra la seguridad alimentaria de la población en su conjunto además de socavar las bases y estrategias productivas del país.

* Intentar destruir la relación de las comunidades con su territorio, base fundamental de la subsistencia, la reproducción social y la continuidad civilizatoria de un pueblo.

* Erosionar la misma idea del territorio separando la tierra del agua y los bienes comunes, permitiendo su privatización y acaparamiento. Fragmentar, confinar y privatizar tales bienes comunes. Intentar destruir la propiedad comunal y ejidal, la propiedad colectiva de la tierra, la llamada propiedad social, estableciendo legislaciones que despojaron a la tierra de su carácter inalienable, inembargable e imprescriptible.

* Profundizar las reformas de las políticas públicas necesarias para implantar una dependencia forzada al promover paquetes tecnológicos nocivos que hacen drogadicta la tierra, la erosionan y encarecen la actividad agrícola hasta restarle toda su rentabilidad, empezando con la  Revolución Verde.

* Promover la erradicación de la agricultura independiente, de la producción propia de alimentos, la soberanía alimentaria.

* Criminalizar las semillas campesinas ancestrales y su custodia e intercambio libre, atentando contra una de las estrategias más antiguas de la humanidad.

* Imponer cultivos transgénicos, como un control biológico, tan extremo, tan violento, atado a patentes, y varios marcos jurídicos de propiedad intelectual e industrial, fue realizado exprofeso y ha asumido a lo largo de los últimos diez años varias estrategias o pasos para dicha contaminación.

* Buscar desmantelar los derechos colectivos (de los campesinos) y desconocer hasta ahora los derechos indígenas, los derechos al territorio. Esto pesa de una manera brutal sobre la vida general de las comunidades a once años de que se aprobó la reforma de derechos indígenas de 2001.

* Privatizar y apoderarse de los bienes comunes que permiten la subsistencia, estableciendo las condiciones para la privatización de todo, mediante patentes, derechos de obtentor, derechos de propiedad intelectual, lo que en la práctica es un despojo bastante directo sobre las estrategias y bienes de los colectivos.

* Despojar mediante artilugios legales de los instrumentos para defender las fuentes de agua en los territorios campesinos e indígenas. La defensa del agua es algo crucial en México, donde la cultura del agua entre las comunidades campesinas e indígenas tiene tantos años de antigüedad. Despojar del agua a las comunidades locales conurbadas a las ciudades contaminándola a extremos de convertirla en fuente de enfermedad.

* Una dislocación generalizada que se expresa en el alejamiento del punto donde se producen los alimentos del punto donde se consumen agregando procesos en todo el camino (transformación, transporte, procesado, almacenamiento, refrigeración, empacado etcétera). Que se expresa dislocando la creatividad de la labor y volverla trabajo redundante pues el trabajo sirve para ganar dinero para comprar comida para trabajar para hacer dinero para ganar comida (por lo menos visto desde quien trabaja). Y la dislocación de las decisiones, donde éstas se toman lejos y en otros momentos que los que son pertinentes, y los toman gentes ajenas a la circunstancia puntual. Ése es ya un desvío de poder político puntual.

* Promover la expulsión de marejadas humanas de sus propios territorios, escindiendo a las personas, a los colectivos, de sus medios propios de subsistencia.

* Emprender entonces, integralmente, un verdadero ciclo de enajenación: una verdadera guerra contra la subsistencia, donde las personas no pueden resolver por medios propios su sustento, lo que desencadena la explotación del trabajo,  la enajenación de los saberes y los esfuerzos, la ruptura de los ciclos creativos, la fragmentación de las comunidades, el acaparamiento de la tierra, el agua y los bienes comunes, la invasión y devastación general de los territorios, la expulsión de las personas, su fragilización como individuos y colectivos.

Señalamos entonces responsabilidades de las instancias de gobierno federal, estatal, municipal, y del ámbito ejecutivo, legislativo y judicial. Obviamente señalamos la complicidad de algunas de estas instancias con empresas transnacionales. A estas empresas proponemos fincarles responsabilidades por:

• Acaparamiento de tierras, por renta, compra o comodato, para su uso en contratos de largo plazo, y sean para la producción agroindustrial intensiva protegidos por ley agraria, por la nueva ley de asociaciones  público privadas y por otras leyes, que en los hechos dan certeza jurídica a las empresas en su inversión privada en menoscabo de la calidad de los suelos, de los mantos acuíferos y la biodiversidad, de la soberanía alimentaria y de la integridad de las comunidades afectadas.

* El cambio de uso de suelo del ámbito rural, y de las zonas naturales protegidas, en favor de inversionistas privados para el uso, aprovechamiento y disfrute de los recursos naturales de estos territorios monopolizándolos, erosionándolos, expoliándolos.

* Envenenamiento de montes, bosques, aguas y poblaciones por el uso extensivo de agrotóxicos y paquetes biotecnológicos en grandes extensiones de tierra y territorios, y por recurrir a procesos industriales a todas luces nocivos como las granjas y criaderos industriales, las grandes plantas químicas, y los procesos de minería a cielo abierto y en socavones.

* Por la amenaza, muerte y desaparición de líderes comunitarios, de organizaciones civiles campesinos e indígenas por grupos paramilitares promovidos por las empresas mineras, forestales, de infraestructura y otros para lograr el miedo y desaparición de la oposición a sus proyectos de infraestructura o inversión en los que las comunidades tenían oposición.

* El trabajo de presión política, económica y  de amedrentamiento hacia los representantes u autoridades comunitarias o ejidales o del pueblo para lograr acuerdos de concesiones, venta, compra, renta o uso de los recursos naturales de los territorios en propiedad social.

* Tráfico de personas para la mano de obra barata como jornaleros y obreros.

 * La compactación de grandes empresas que se apoderan de toda la cadena de producción de alimentos, mismos que son nocivos a todas luces para los productores, para los consumidores y para el planeta. Sin embargo, su normatividad es parte de la batería de estándares, normas de calidad, sanidad alimentaria y otros criterios “técnicos”, que se invocan para marginar los alimentos producidos “por la libre”, privilegiando a los producidos bajo el control de las corporaciones, aunque en la práctica sean estos alimentos mucho más nocivos que los populares.[3]

* El dolo con que aprovechan la situación de debilitamiento de las comunidades y presionan de maneras diversas para incidir en las leyes que deberían proteger al pueblo, violentando no sólo los derechos de los pueblos sino la soberanía nacional misma, actos que el gobierno pretende no ver o promueve abiertamente.

Acusamos al Estado Mexicano, a los legisladores y funcionarios de todos los niveles que han promovido el desmantelamiento de la agricultura y el ámbito rural mexicanos, de la propiedad social, en favor de empresas trasnacionales para darles certeza jurídica, permitiendo el despojo y el acaparamiento de vastas extensiones de terreno, los oligopolios de sectores de mercado claves, como la semillas; la compra y distribución de granos, su procesamiento y venta al público,[4] arrebatando las posibilidades de soberanía alimentaria, debilitando por ello a los pueblos y destruyendo así la integridad de comunidades enteras y sus territorios. Lo acusamos también de arrebatarnos como mexicanos y mexicanas, de las posibilidad de decidir qué comemos y cuales son sus condiciones sanitarias. Este desmantelamiento entraña una inseguridad alimentaria extrema (28 millones que padecen hambre y por lo menos 3 millones en condiciones de hambruna); una urbanización imparable con sus problemas; la fragmentación de las comunidades; un caos generalizado; y la marginación de grandes segmentos de la población mexicana al punto de la delincuencia, como una de las pocas salidas concretas a su compleja problemática. Todo esto es responsabilidad del Estado mexicano y las corporaciones.

3. Introducción

El 17 de marzo de 2011, la asamblea de la Red en Defensa del Maíz (RDM) emitió un comunicado en que logró resumir el corazón de lo que ahora, ante el Tribunal Permanente de los Pueblos, quisiéramos argumentar para que se entendiera la gravedad del caso y  la urgencia de detener lo que, intentaremos demostrar, es un ataque contra las estrategias más antiguas de la humanidad y contra quienes —en apego a esas estrategias— siguen empeñados en producir alimentos para sí mismos y para otros, reivindicando que la tarea de la subsistencia a largo plazo (para todos) es la responsabilidad más profunda que heredamos los seres humanos:

Defender el maíz en México pasa necesariamente por el respeto a la libre determinación y autonomía de las comunidades y pueblos indígenas y campesinos.

Rechazamos una vez más cualquier siembra experimental, piloto o comercial, así como la distribución, almacenamiento, comercialización, de organismos genéticamente modificados en cualquier parte del territorio nacional (y en el mundo).

La soberanía alimentaria radicará siempre en el respeto del derecho colectivo a tener, guardar e intercambiar libremente semillas nativas sin la imposición de mecanismo alguno de control estatal, federal o empresarial (sea certificación, inventario, banco de semillas, catálogo de variedades, patentes, denominaciones de origen o derechos de obtentor).

La soberanía alimentaria requiere condiciones que permitan la producción libre y autónoma de alimentos a nivel local, regional y nacional, el respeto a nuestros territorios, amenazados ahora por proyectos mineros, hidroeléctricos, petroleros, carreteros, de servicios ambientales, reservas de la biósfera, privatización de los mantos de agua; territorios amenazados también por la industrialización y urbanización salvaje y por la política ambiental oficial de conservación sin gente.

El comunicado de la Red en Defensa del Maíz apuntaba con filo: “Lamentamos profundamente que las leyes nos roben la palabra, no nos permitan dialogar desde lo profundo y nos traten de imponer en este caso la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados y sus derivados, como el único camino legal para defender nuestro derecho de vivir como pueblos de maíz, siendo que dicha ley nos impide esa defensa”. [5] En el contexto de su declaración, era esa ley de la que se quejaban, pero podríamos hacer extensiva su queja contra la enorme batería de leyes con que el Estado y las empresas beneficiarias de sus políticas, intentan restringir las posibilidades de defensa de la gente. Porque la gran paradoja es que en este esquema la ley no siempre supone una defensa de la población, como debería serlo, sino un freno real a la justicia.

El ataque contra los sistemas agrícolas es múltiple: atenta en muchos niveles contra los tejidos sociales, rompe las relaciones directas, las sustituye, las delega, las erosiona, las erradica o las disloca situando su decisión en otros lugares y en otros tiempos, interponiendo mediaciones, agregando pasos innecesarios con tal de lucrar.

Quienes promovemos esta audiencia, este proceso abierto contra el Estado mexicano y quien resulte responsable, insistimos en algo que es crucial: hay un ataque directo contra la subsistencia de la gente y contra la producción propia de alimentos (eso que se conoce soberanía alimentaria) y se atenta también directamente contra la relación entre la gente (las comunidades) y su territorio —ámbito primordial para ejercer sus diversas estrategias de subsistencia.

La agricultura, entendida en su definición más amplia y más antigua es un enorme tramado de relaciones e implica la vida de millones de campesinos cuyo centro civilizatorio milenario es la comunidad y la vida en la siembra. Siendo México centro de origen del maíz, uno de los cuatro alimentos cruciales para la humanidad, los ataques al maíz y a los pueblos que lo cultivan, son un ataque directo contra relaciones que propician el sustento desde hace por lo menos diez mil años.

Por supuesto, la agricultura y todas las actividades relacionadas con la producción de alimentos en el campo en México son también, a nivel comercial, cruciales para el sustento de millones de familias de agricultores, en particular quienes se dedican al maíz, cuya rentabilidad puede fortalecer la seguridad y soberanía alimentaria del país si se contara con las políticas públicas apropiadas para lograrlo. Son cruciales también para alimentar, de manera digna, a millones de mexicanas y mexicanos que dependen de las actividades agropecuarias que producen los alimentos que tienen que consumir. Baste decir que el gobierno mexicano ha llegado a despreciar en extremo la seguridad alimentaria de la población mexicana, al respaldar a los cárteles de importación en su compra de cosechas de Sudáfrica y Estados Unidos poniendo en grave riesgo a los productores mexicanos de maíz comercial.[6] Como afirma Ana de Ita:

México había iniciado una liberalización unilateral del sector agropecuario desde 1989, como parte de un ambicioso programa de ‘modernización del campo’, inscrito en un proyecto general de cambio estructural. La apertura comercial, el retiro del Estado de la mayoría de las actividades económicas, la reducción de los subsidios, la privatización de la mayoría de las empresas estatales, fueron los objetivos que orientaron la política agrícola. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) institucionalizó el modelo económico neoliberal y pretendió darle un carácter definitivo e irreversible. Es decir, el TLCAN garantizó que las drásticas reformas estructurales impulsadas en la agricultura se mantuvieran. El TLCAN fue el candado que cerró la puerta e impidió dar marcha atrás a las reformas. Separar el efecto de las reformas de los efectos del Tratado es prácticamente imposible.[7]

Entreviendo lo que habría de ocurrir con el TLCAN y ante la disyuntiva de defender las siembras diversas y complementarias que son propias de la agricultura tradicional o promover los siempre hiper-especializados cultivos propios de la agricultura comercial que propició el TLC, el doctor Guillermo Bonfil Batalla (en el último artículo escrito por antes de morir) afirmó que el dilema era, sobre todo, quiénes eran los que tomarían las decisiones y qué tanto se imponían modelos que no corresponden con “la posibilidad de realizar un futuro propio (consecuente con nuestra historia, con nuestra realidad, plural, con los múltiples gérmenes de futuro que viven en las diversas culturas mexicanas) al mismo tiempo que emparejamos el terreno [artificialmente] para que [supuestamente] sea el mismo en el que juegan Canadá y Estados Unidos”. Para Bonfil, el problema no se limita a “borrar barreras arancelarias: va mucho más allá porque implica asumir un modelo de sociedad para el futuro. Ese modelo, ¿lo estamos adoptando libre y soberanamente los mexicanos?”.[8] Topamos de nuevo con lo enfatizado por la Red en Defensa del Maíz: cómo apelar a las leyes para defendernos si muchas de ellas se han vuelto un obstáculo que frena la justicia, si las regulaciones o leyes que nos podrían defender se erosionan y se modifican, si además las instancias gubernamentales no responden a las demandas de las comunidades, colectivos y personas, si se ha promovido una espesura legal que enmaraña y confunde las posibilidades legales reales con que cuenta la gente y si los tratados de libre comercio terminan siendo utilizados como el instrumento expreso para cerrar la posibilidad de darle marcha atrás a las reformas estructurales, abriéndole espacio de maniobra a las corporaciones: esto es, llanamente, lo que entendemos por desvío de poder.

 

Quienes promovemos esta audiencia tenemos la visión de que los tratados o acuerdos de libre comercio no son únicamente de comercio y no son exactamente para darle una libertad al tránsito de mercancías.

Siendo sólo parte de las políticas estructurales establecidas por el Consenso de Washington, y siendo el candado que cerró la posibilidad de combatir estas reformas, el TLCAN sirvió de modelo para muchos otros tratados y acuerdos y con los años, tales instrumentos se han refinado en su carácter de servir expresamente al desvío del poder.

Pasados los años y conforme se firman más acuerdos bilaterales o multilaterales, “muchos acuerdos se caracterizan por su amplitud y su carácter abierto y ‘en curso’, que obliga a los países firmantes a ampliar periódicamente lo acordado y a emprender en los años por venir un número indefinido de reformas jurídicas, administrativas, económicas y sociales cuyo fin es otorgar condiciones cada vez más favorables a las inversiones de las empresas […]; constituyen verdaderas reformas legales ‘paulatinas’ que serán definidas a nivel ministerial, lejos del seguimiento que puedan hacer los parlamentos o la opinión pública de cada país”.[9] Para innumerables investigadores, los TLC son estrategias de “las élites económicas y políticas” para dividir y hacerse de nuevos aliados, nuevos mercados y mayor poder y control”; “abarcan y tienen tantos efectos sobre tantos aspectos” que suele haber la tendencia a coaliciones amplias para luchar contra ellos en todas partes que se quieren instrumentar.[10] En esta visión, que asumimos, los TLC son matrices de gobierno sustitutas que suplantan la legalidad de los Estados en todos los órdenes de la vida. Acuerdos, que pueden llamarse de cooperación o comercio o culturales o de transferencia tecnológica, pero que en el caso de las actividades agropecuarias, de pesca, pastoreo y producción rural de alimentos, establecen una serie de normas, criterios, requisitos, estándares, procedimientos, programas, proyectos y asignación de presupuestos, incluida la gestión de vastos segmentos de la actividad gubernamental como lo es la gestión y administración del agua, la sanidad alimentaria, las normas de calidad y sobre todo la competencia de los tribunales para dirimir asuntos cruciales, que implican que la normatividad que prevalece es la derivada de acuerdos “comerciales” o de “cooperación”, en detrimento de la legalidad nacional y de los derechos de la población.[11]

A estos tratados no se llegó de golpe. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte entró en escena después de un proceso de muchísimos años, como instrumento de dicho proceso.

Un hito muy visible que devastó la agricultura tradicional mexicana y abrió violentamente la puerta del país a la agricultura industrial fue la Revolución Verde. Siendo éste un proceso que intentó subordinar la agricultura a los paquetes tecnológicos de las empresas, erradicar la producción independiente de alimentos, erosionar las semillas propias, nativas, ancestrales y su intercambio, sustituyendo éstas con semillas “mejoradas”, “híbridas”, de laboratorio (aras, decían, de aliviar el hambre del mundo, aumentando la eficacia, los volúmenes y los rendimientos) sentó las bases para el modelo agrícola modernizante y sus políticas asociadas, promovidas por corporaciones, gobiernos y organismos internacionales. Las empresas insistieron en promover el uso intensivo de agrotóxicos —plaguicidas y fertilizantes—, que implicaron una intensificación de los cultivos “en aras de alimentar a más personas”, cuando en realidad buscaban promover un modelo industrial de producir alimentos y la erosión de las posibilidades de la agricultura mexicana. Esto tuvo como resultado el acaparar tierras, cambiar el uso del suelo, y promover a las corporaciones, desplazando de la competencia al campesinado tradicional. Curiosamente, fue México la punta de lanza de este ataque que comenzó aquí con la complicidad de fundaciones internacionales y la formación del  Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y el Trigo (CIMMYT), posteriormente miembro del Grupo Consultivo Internacional de Investigaciones Agrícolas (CGIAR),

Ya para los ochenta, el Estado mexicano avanzó en las reformas estructurales que los organismos internacionales le exigieron “como vía corta a la modernidad” y se relegaba al sector rural a ejercer una función de mera abastecedora de materias primas baratas y fuerza de trabajo para la industria urbana. Era crucial, por supuesto, desmantelar los programas de protección rural existentes[12]:

Al llegar Carlos Salinas al poder en 1988, se inicia la segunda generación de medidas de ajuste estructural de la economía. La postura del salinismo en agricultura la resume bien uno de sus altos representantes al decir: “En el campo mexicano sobran muchos millones de campesinos, pues su contribución al producto interno bruto es muy desproporcionada con su participación en el total poblacional. Por lo tanto, de 25 millones hay que reducir la población a unos 5 millones”. Con eso todo estaba dicho.

Salinas continúa reduciendo los apoyos al campo a la vez que controla los precios de garantía y reduce el número de productos que cuentan con ellos. Pero su estrategia hacia el campo se centra en dos políticas: privatización de la propiedad agraria y negociación de un tratado de libre comercio con los Estados Unidos.

La primera la logra imponiendo una Contrarreforma Agraria. Desde 1992 y con el apoyo de los diputados del PRI y del PAN, las tierras ejidales se pueden enajenar y las compañías por acciones pueden poseer propiedades rurales. El resultado de esta apuesta salinista es el fracaso: actualmente ni el uno por ciento de la inversión extranjera directa que llega a México se dirige hacia la agricultura.

La segunda política desemboca en la firma y entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en 1994. Ocho años después, el Secretario de Agricultura, Javier Usabiaga, reconoce que “estuvo mal negociado”, que no se defendió adecuadamente al sector agropecuario. Pero en aquellos momentos el inicio de la integración económica (selectiva) con los Estados Unidos tuvo el consenso de todos quienes se fueron de boca con el salinismo  La rebelión del EZLN en Chiapas, el mismo minuto que entra en vigor el TLCAN, anuncia y denuncia los estragos que producirá en México su entrada plena a la globalización excluyente.[13]

Efectivamente, fue un duro golpe la contrarreforma del artículo 27 Constitucional de México que durante años defendió el derecho campesino (e indígena) a la tierra en colectivo que nadie podía quitarles ni embargarles y cuya custodia comunal no se podía revertir, era inextinguible. En los hechos se perpetró la escisión legal de la tierra y el agua, se abrió la posibilidad de individualizar la tierra, de privatizarla, de comprarla, venderla o enajenarla, afectando centralmente a las comunidades para quienes el territorio como ámbito común era la tierra, el agua y los recursos.[14]

Romper los ámbitos comunes y los derechos colectivos —ejidos, comunidades y el derecho colectivo al territorio—, comenzó a escindir a las comunidades de sus tierras y territorios, fragilizó la propiedad social y permitió que el TLC ahondara el desmantelamiento de los apoyos al campo, la deslealtad en las importaciones, la aceptación de la Revolución Verde, al tiempo que se impulsó la privatización de ejidos y comunidades, la certificación de semillas y variedades, la instauración de programas de compensación, mientras se ponía en manos de transnacionales todos los hilos del sistema agroalimentario nacional con su agricultura industrial y sus monocultivos.

A la vuelta de los años tenemos encima la contaminación transgénica del maíz mexicano, un cambio de uso del suelo inusitado (una creciente deforestación en aras de establecer e impulsar monocultivos, agricultura industrial y urbanización)[15] en contra de la agricultura tradicional campesina, e incluso a contrapelo de los agricultores comerciales medianos, mediante una política de subsidios y programas inequitativa y tendenciosa. El desmantelamiento de la economía del maíz con la imposición del TLCAN vino acompañado de desnutrición, desempleo, emigración, deterioro ambiental, narcotráfico y violencia y el mayor desgarramiento del tejido social en la historia contemporánea de la Nación Mexicana.  Víctor Quintana lo plantea así:[16]

Entre 1985 y 1999 el maíz perdió el 64% de su valor y el frijol, el 46%, sin que esto significara de ninguna manera un abaratamiento de la comida para los consumidores, pues entre 1994 y 2002 la canasta básica se incrementó  en un 257 %.[17] En ese mismo periodo, México pasó a ser un país oficialmente mal nutrido. Según  el Journal of Occupational and Environmental Health (Revista de Salud Ocupacional y Ambiental), señala que el incremento de obesidad y sobrepeso en México —12 por ciento entre 2000 y 2006— coincide con la aplicación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Durante ese lapso se incrementó en el país el consumo de productos procesados, bebidas gaseosas y otros alimentos con altos niveles de grasa y azúcar, mientras cada vez más empresas estadunidenses aumentaron su presencia en toda la gama de producción y procesamiento, así como en restaurantes y en la venta de comida con la cual transformaron el ambiente de alimento y con ello provocaron un incremento en las tasas de obesidad.[18]

Para 2002, clasificación de pobreza alimentaria afecta a más de la mitad de todas las familias dedicadas a actividades campesinas.

En octubre de 2011 el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social del Gobierno Mexicano declaró que el 55.7% de la población, es decir, 63 millones de personas, padece inseguridad alimentaria; de éstos, 28 millones padecen pobreza por hambre y de ellos 20 millones viven en áreas rurales.

Emigración: según la Secretaría del Trabajo desde 1994 han dejado el campo un millón 780 mil personas. Y la Sedesol reconoce que cada día sale del medio rural un promedio de 600 campesinos.[19]

Narcotráfico y violencia: Una de las opciones diferentes a la emigración que tienen los campesinos es el cultivo de enervantes: en 2002, ya había100 mil hectáreas dedicadas a ello en las zonas rurales del país.[20] La penetración de la delincuencia organizada acarrea una grave situación de la violencia en el medio rural. Las luchas entre los diferentes grupos de narcotraficantes, las adicciones y la acción de las fuerzas del orden han incrementado exponencialmente la violencia en el campo mexicano.

Desgarramiento del tejido social: se da una drástica reducción demográfica en el agro. Al emigrar hombres y jóvenes, tanto mujeres como varones, las familias se van desintegrando. Esto debilita también a las redes sociales que las comunidades rurales han venido construyendo desde hace mucho tiempo y que, de alguna manera, les brindaban una protección ante el despojo y la explotación.

Deterioro ambiental: El desastre ambiental en el campo ha crecido, con ineludibles y costosos impactos en las ciudades y para el desarrollo económico nacional. De los 196 millones de hectáreas con que cuenta México, 64 por ciento están degradadas, principalmente por erosión hídrica y eólica. Anualmente se pierde la utilidad agrícola de unas 10 mil hectáreas en las mejores tierras irrigadas, por causa de la acumulación de sales. Ello acumula ya una superficie de 425 mil hectáreas que han dejado de ser útiles para la producción agrícola intensiva.[21]

Una primera tesis, entonces, es que todo el proceso de reformas estructurales promovidas por los organismos internacionales (y que tiene en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, un obturador que le abre margen de maniobra a las corporaciones, mientras cierra las posibilidades de defensa por parte de la población), promovió que el Estado mexicano emprendiera un interminable desmantelamiento jurídico de todas las leyes que promovían derechos colectivos y protegían ámbitos comunes, en particular los territorios, de los pueblos indígenas y campesinos, sus tierras, aguas, montañas, y bosques. El TLCAN implicó también el desmantelamiento de todo el sistema de programas, proyectos y políticas públicas que apoyaban la actividad agrícola, en detrimento de los pequeños y medianos agricultores mexicanos y en beneficio de la agricultura estadounidense, sobre todo la que busca acaparar mercados, procesos y financiamientos, es decir, la agricultura de las corporaciones. Este desmantelamiento llegó al extremo de apostarle a las importaciones de maíz, pese a que es un producto básico para la alimentación de la población mexicana y pese a todas las asimetrías en productividad y subsidios —existentes entre los productores de Estados Unidos y Canadá y los productores mexicanos. Aunque se contaba con un plazo de 15 años para liberalizar por completo el comercio exterior del maíz, el gobierno mexicano, unilateralmente, permitió la entrada de importaciones por arriba de la cuota y sin arancel. Esto redujo los precios internos de maíz en un 50%, lo que benefició tan sólo a los cárteles transnacionales que controlan el grano.[22] De acuerdo a las investigaciones de Ana de Ita:[23]

Entre todos los acuerdos comerciales internacionales, los compromisos para la agricultura, establecidos en el TLCAN entre México y Estados Unidos son los más radicales, pues incluyen la liberalización de todo el comercio agrícola y agroalimentario en un plazo máximo de catorce años: 1994-2008.

El TLCAN es el primer Tratado que asocia como iguales a dos países desarrollados y a uno subdesarrollado. El sector agrícola de México presenta grandes asimetrías económicas, tecnológicas, de factores de producción y de políticas agrícolas y recursos de apoyo a la agricultura, frente a sus homólogos de Estados Unidos y Canadá.

La negociación del capítulo agrícola se dio en contra de los intereses nacionales, de la soberanía alimentaria, de los campesinos que son la gran mayoría de los productores del país y únicamente a favor de las empresas transnacionales, algunos agricultores empresariales y un reducido número de cultivos de exportación. El TLCAN atenta contra la agricultura campesina, que no tiene posibilidades de competir en el mercado abierto […]

La ganadería ejidal y de pequeños ganaderos casi ha desaparecido a merced de la competencia con la producción de Estados Unidos. Las principales corporaciones de ganadería industrial en Estados Unidos —Smithfield, Pilgrims Pride Tyson¾ han instalado subsidiarias en México para reducir regulaciones ambientales y laborales, la producción pecuaria doméstica se encuentra cada vez más concentrada.

El Estado ha reducido los subsidios y programas de apoyo para los campesinos y pequeños productores, mientras muchos programas se han concebido para subsidiar a los grandes productores y a las comercializadoras e industrias procesadoras de alimentos, muchas de ellas transnacionales.

El gobierno mexicano eliminó las empresas estatales de regulación que operaban en el sector agropecuario. El vacío que dejó el Estado fue aprovechado por empresas trasnacionales subsidiarias de firmas estadounidenses, muchas de las cuales se vincularon con las empresas mexicanas más fuertes. La integración del mercado norteamericano a favor de las transnacionales es un hecho sin precedentes, que en todos los casos significó una transferencia de renta del sector campesino al sector empresarial, con la mediación del Estado.

 Esta visión coincide con la de Víctor Quintana plasmada más arriba. Quintana insiste en que:

 

La crisis de la producción nacional de maíz sobrevino como resultado de las políticas de ajuste estructural iniciadas en 1982 y que llegaron a un punto culminante en 1994 con el la entrada en vigor del TLCAN. El alimento básico del pueblo de México y principal cultivo industrial, mismo en el que fuimos autosuficientes muchas décadas, ahora lo importamos crecientemente, hasta llegar a comprar al extranjero uno de cada cuatro kilos que consumimos. Tan sólo de 2010 al 2011, la compra de maíz a los Estados Unidos se incrementó en un 48.7%.[24]

Una segunda tesis es que las grandes corporaciones en todo el mundo se han propuesto el despojo, la erosión e incluso la criminalización del resguardo e intercambio libre de semillas nativas ancestrales. Esto ocurre a través de una concentración corporativa que ha significado un control de mercado oligopólico sin precedentes en la historia de la agricultura mundial.  Las diez mayores empresas mundiales en cada rubro, controlan el 95% del mercado mundial de agrotóxicos, el 75% del mercado mundial de semillas comerciales. Seis de ellas, Monsanto, DuPont, Syngenta, Dow, Bayer y Basf, controlan el 100% de las semillas transgénicas.[25]

No parece importarles el atentar contra todos los saberes propios de la agricultura tradicional campesina y agroecológica, para así promover el cultivo y la comercialización de semillas de laboratorio (híbridos, transgénicos y más), mediante leyes expresas que le abren espacio a las grandes corporaciones y les permiten acumular poder (es decir relaciones y capital) y les permiten certezas jurídicas de propiedad (de la tierra, del agua, de los saberes, de la biodiversidad), mediante títulos agrarios, derechos de propiedad intelectual, patentes, derechos de obtentor, regulaciones sanitarias, “buenas prácticas agrícolas”, volúmenes mínimos para la comercialización, plazos de pago etcétera. Este blindaje jurídico, esta privatización y estas normatividades paralegales, propias de los acuerdos “comerciales” tienen como fin último la erradicación de toda producción independiente de alimentos.[26]

Una tercera tesis es que, sabiendo que todas estas políticas son un atentado contra la agricultura y contra toda la vida campesina e indígena, y sabedores del desasosiego general y la resistencia que esto provoca, el Estado y las empresas promueven una invasión transgénica “legal”—que comenzó en 2001 y que inevitablemente contaminará a las 62 razas y miles de variedades que existen en México— como un control biológico que suponen que el campesinado no podrá quitarse de encima, mientras esas empresas, gobiernos y organismos internacionales acaparan muestras de semillas nativas en sus bancos y jardines botánicos, y promueven un sistema de fiscalización de la actividad campesina, una certificación de semillas y productores, para poner en manos de las transnacionales toda la agricultura. En este ataque, la invasión transgénica es un paso, el más letal hasta ahora.[27]

Una cuarta tesis es que atentar contra los sistemas de agricultura campesina ancestral y sus variantes agroecológicas modernas, atentar contra bienes comunes tan cruciales como las semillas nativas, atentar contra la a actividad agropecuaria general, comercial o de subsistencia propia, devasta la vida en el campo y debilita las comunidades, agudiza la emigración y la urbanización salvaje, favorece la invasión de los territorios campesinos e indígenas para megaproyectos, explotación minera, privatización de agua, plantaciones de monocultivos, deforestación y apropiación de territorios en programas de mercantilización de la naturaleza, como REDD y servicios ambientales.

Son justo los vericuetos de estas matrices sustitutas de gobierno (los acuerdos o tratados de “libre comercio” y cooperación), los que abren la puerta para que mediante la leyes mineras, de aguas, y con programas de servicios ambientales y REDD, se promueva un clima favorable a la invasión de territorios, al cambio de uso de suelos, a la dislocación entre producción y consumo, al desmantelamiento de la actividad agrícola independiente, a la privatización del agua, la deforestación extrema, la expulsión de poblaciones; para que con esquemas de propiedad industrial, normas sanitarias, las marcas de Calidad Suprema, el Procede, el Procampo, Oportunidades, se obstaculice la comercialización de productos independientes. Todo anterior aumenta la migración, vacía los territorios y promueve su invasión y el acaparamiento.

Todo esto junto, subordina la vida de los pueblos, la vida de la comunidad, y sustituye una actividad creativa por un trabajo sin sentido para ganar dinero y comprar comida para seguir trabajando.

Una quinta tesis es que las corporaciones y los gobiernos que están en el fondo de esta eliminación de ámbitos comunes y derechos colectivos, todo el sistema que está en el fondo de este desmantelamiento y este blindaje jurídicos, de este intento por erradicar la producción independiente de alimentos y por monopolizar la rentabilidad de un cultivo tan versátil —eliminando así toda la gama de sembradores que no sean corporaciones, desde pueblos indígenas hasta agricultores de mediana o pequeña escala—; todo el sistema que está en el fondo de los encarecimientos desmedidos en los precios de los alimentos y de la crisis alimentaria generalizada, es responsable de una buena parte de la crisis climática.

Hay suficientes pruebas de que el sistema agroalimentario mundial, debido a su integración vertical (con su acaparamiento de tierras y agua, con sus semillas de laboratorio híbridas y transgénicos, con su promoción de agrotóxicos que erosionan el suelo, con su deforestación,  sus monocultivos, el transporte que emplea, el procesado industrial, el empacado, el almacenamiento y la refrigeración) es responsable de entre 45-57% de los gases con efecto de invernadero.[28]

4. Quiénes somos

los agraviados ante el TPP

Somos los pueblos, comunidades, colectivos y organizaciones que basamos nuestra existencia en el cultivo del maíz y en el cuidado de nuestro territorio. Somos  aquéllos a quienes nos ha sostenido el maíz, transformándonos, al tiempo que lo transformamos según nuestras infinitas circunstancias sobre el territorio que hoy es México (territorio que todo él es centro de origen del maíz) y que desde hace miles de años acoge la planta del maíz y su sistema comunitario que llamamos milpa.

Los agraviados somos también todos aquellos colectivos, comunidades, organizaciones y personas que entienden que el cultivo de alimentos es algo más vasto que la mera agricultura mercantil, y que para mucha gente entraña la intención consciente, el impulso vital de cuidar el equilibrio de muchísimos ciclos (del viento, del agua, de la biodiversidad, del clima y del momento particular del año) y que siendo comunidades recolectoras, sembradoras, pescadoras, pastoras, cazadoras, al mantener animales de corral o cuidar el bosque, al cosechar agua o revitalizar los cuerpos de agua, al guardar, intercambiar y custodiar las semillas ancestrales, estas comunidades campesinas están “cultivando” el equilibrio del mundo, la subsistencia de vastos segmentos de la población, una verdadera soberanía alimentaria y un equilibrio territorial integral, incluida la comunidad humana y su sentido de la justicia.

Somos también agraviados todos los agricultores comerciales honestos, que buscamos vivir de las actividades agropecuarias, aun dentro de las reglas impuestas por el modelo dominante, que sin embargo somos marginados crecientemente conforme se desploma la tasa de ganancias y las corporaciones deciden degollar a todo aquel que se interponga en el camino de su propia estabilidad financiera.

Somos también los llamados consumidores de las ciudades, que vemos que no podemos decidir sobre nuestros alimentos y nuestra salud, que no tenemos cómo producir nuestros propios alimentos porque ya nos despojaron de la memoria de hacerlo y tenemos que trabajar para comprar alimentos.

Todos estos colectivos sentimos el agravio de las políticas internacionales y del Estado mexicano instrumentadas por el libre comercio y sus acuerdos repletos de normas y reglamentos supra-constitucionales; todos estos colectivos y personas (emprendamos proyectos agrícolas continuos o acompañemos sus procesos, seamos gente que sistematiza estas experiencias o seamos meramente parte de la población mexicana), somos agraviados por tales políticas, estamos en riesgo por sus irresponsables actos y acudimos al tribunal en calidad de querellantes.

Los agraviados nos reconocemos como pueblo en el sentido más vasto que le otorga la declaración de Argel, a la cual nos acogemos, y por nuestra calidad de pueblos indígenas, comunidades, colectivos, organizaciones e individuos definidos por nuestra voluntad de entender juntos y trabajar juntos; por nuestro reconocimiento mutuo en un camino común; por nuestra historia común y por la transformación continua que queremos, que también es común, apelando siempre al “deseo, a la voluntad”, de “vivir colectivamente”, aunque nuestra definición y conformación propia, común, cambie con el tiempo y las condiciones.

Apelamos entonces a la visión de Gurutz Jáuregui Bereciartu,[29] quien afirma que aunque “…se plantean problemas para establecer los criterios que deben predominar a la hora de determinar si un colectivo constituye un pueblo o no”, y sabiendo que hay el criterio geográfico-territorial y el criterio étnico-objetivo, lo determinante es el criterio democrático-subjetivo que afirma que “debe otorgarse la condición de pueblo, y por lo tanto la titularidad del ejercicio del derecho de autodeterminación, a aquellos grupos que optan por decidir su propio futuro”, pues “lo que define al pueblo como tal es su deseo de vivir colectivamente” (aunque ciertos elementos objetivos tales como una lengua, una cultura, o una religión común pueden jugar un papel determinante en la emergencia de ese proceso de autodefinición).

Entonces, lo importante es que nos autodefinimos o autoadscribimos por continuar coincidiendo entre nosotros, en nuestras demandas y visiones de futuro, en nuestra querella y nuestra resistencia ante la injusticia.

No obstante, los promoventes directos de este proceso legal, de conciencia, contra el Estado mexicano y quien resulte responsable somos:

1. La Red en Defensa del Maíz: una red de más de mil comunidades y organizaciones en 23 estados de la república, con trabajo en torno a la defensa del maíz durante los últimos 10 años

2. La Organización de Agricultores Biológicos, ORAB (Oaxaca), dedicada al trabajo de recuperación de suelos y conservación de semillas nativas, con presencia en tres regiones de Oaxaca y 20 años de existencia.

3. La Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca, UNOSJO, dedicada al trabajo de gestoría para el beneficio de las comunidades indígenas y campesinas de la Sierra Norte, con más de 25 años de existencia.

4. La Vía Campesina Región América del Norte, regional del movimiento campesino más importante del mundo: La Vía Campesina Internacional.

5. El Frente Democrático Campesino de Chihuahua, con 23 años de existencia, nació en la lucha por los precios de garantía del maíz y del frijol. Se dedica a la defensa de los intereses campesinos de la zona temporalera, al buen manejo de los créditos de apoyo a la producción, a la obtención de créditos para el mejoramiento de vivienda y las alternativas económicas viables. Cuenta con miembros en 17 municipios Chihuahua.

6. La Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, espacio de reflexión-acción de comunidades y organizaciones urbanas y rurales empeñadas en la defensa de sus territorios contra la devastación ambiental generalizada en México.

7. El Colectivo Oaxaqueño por los Territorios. Una red suelta de comunidades y organizaciones indígenas y de la sociedad civil oaxaqueña, con la intención de promover la autonomía y la democratización de las decisiones a todos los niveles en el estado.

8. El Centro Nacional de Ayuda a Misiones Indígenas (Cenami). Un centro de apoyo a los procesos de base, pastoral indígena y la autonomía de los pueblos indígenas con cincuenta años de trabajo.

9. El Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam), organización de investigación y acompañamiento de procesos indígenas y campesinos, cercanos colaboradores de la Vía Campesina.

10 El Colectivo por la Autonomía y los Territorios/Saberes Locales,  colectivo de Jalisco dedicado a impulsar la autonomía indígena y la autonomía alimentaria, la defensa integral de los territorios y su cuidado, la defensa de las semillas y saberes ancestrales en manos de la gente en comunidad.

11. El Grupo ETC, organización internacional de investigación de los impactos ambientales, sociales y económicos relativos a nuevas tecnologías, a nivel global, y particularmente sobre pueblos indígenas, comunidades rurales y la biodiversidad. Opera hace 30 años.

12. GRAIN, una pequeña organización internacional sin fines de lucro que trabaja apoyando a campesinos y agricultores en pequeña escala y a movimientos sociales en sus luchas por lograr sistemas alimentarios basados en la biodiversidad y controlados comunitariamente, con 25 años de trabajo.

13. El Centro de Análisis Social, Información y Formación Popular (Casifop). Organización dedicada a la construcción de capacidades entre estudiantes, obreros, campesinos, indígenas y organizaciones urbanas y rurales de México, con 17 año de trabajo.

14. La Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad-México, una organización no lucrativa conformada por la iniciativa de un amplio grupo de científicos de campos diversos como las ciencias naturales, sociales y las humanidades, dispuestos a asumir su responsabilidad ética frente a la sociedad y el ambiente.

15. El Grupo de Estudios Ambientales (GEA) dedicado desde hace 35 años a la investigación-acción, al acompañamiento a comunidades indígenas y campesinas en la organización comunitaria del territorio, y al trabajo jurídico-político en temas de agrobiodiversidad, soberanía alimentaria y transgénicos; integrante de la Campaña Nacional Sin Maíz No hay País que agrupa a más de 300 organizaciones campesinas, ambientalistas, de defensa de derechos humanos, de consumidores).

16. Contec, Consultoría Técnica y Comunitaria, asociación no lucrativa de capacitación a los ejidos forestales y comunidades indígenas en el estado de Chihuahua.

 

 

5. Por qué acudimos al TPP

Acudimos al Tribunal Permanente de los Pueblos pues nuestras exigencias han sido anuladas cuando hemos apelado ante las dependencias y ante las instancias de aplicación de justicia. Es más, las propias leyes y modificaciones constitucionales son promotoras de políticas públicas que le facilitan y abren margen de maniobra a las corporaciones transnacionales, nacionales y extranjeras, e impiden que la justicia de nuestras demandas encuentre cauces legales que podamos proseguir. Esto tiene el efecto directo de criminalizar las demandas de la población y haber restringido (en apariencia) el margen de la legalidad del Estado mexicano.[30] Éste es un Estado que ha sido sordo ante nuestras denuncias, al tiempo que promueve abiertamente los intereses de las corporaciones. Ni siquiera las cartas internacionales de centenares de organizaciones y organismos no gubernamentales y de la sociedad civil han logrado hacer retroceder al Estado en sus acciones contrarias a los pueblos. Tampoco los pronunciamientos de figuras internacionales como el Relator Especial para la Alimentación de Naciones Unidas, o de la Comisión de Cooperación Ambiental del TLCAN, ambos invocando la necesidad de una moratoria contra los organismos genéticamente modificados, han conmovido el afán del Estado en su cobertura de las corporaciones contra la gente.

A través de presentaciones de decenas de organizaciones y miles de personas, que han aportado sus casos y testimonios en cinco pre-audiencias nacionales en diferentes puntos del país, hemos comprobado que la violencia hacia el maíz, la contaminación transgénica —que consideramos es un clímax de esta violencia— y el ataque más amplio contra la soberanía alimentaria y los derechos y la autonomía de los pueblos, son el resultado de las políticas públicas que buscan deliberadamente subordinar la agricultura mexicana a los intereses de un sistema agroalimentario industrial mundial dominado por unas cuantas corporaciones transnacionales, despojando a los pueblos de la posibilidad de producir sus propios alimentos, de mantener sus culturas y formas de vida y de mantener un proceso continuado de creación de biodiversidad agrícola y cultural-social.

Vemos que los tratados o acuerdos de libre comercio son un instrumento de todas esas políticas públicas, mediante los cuales se deciden cuestiones cruciales que afectan a toda la población, y que en el caso de México han tenido efectos devastadores y de violencia contra los pueblos. Este correlato de favoritismo del Estado hacia las empresas y particulares implica necesariamente la violación de los derechos de los pueblos, articulada mediante la complicidad de autoridades de todos los niveles de gobierno y empresas locales y transnacionales.

Estamos en un momento histórico en que el libre comercio establece una condición estructural de violencia contra los derechos de los pueblos, y en el caso de nuestra audiencia implica un proceso de desmantelamiento de los ámbitos rurales. Como en los otros procesos que son parte del Tribunal Permanente de los Pueblos-capítulo México, podemos proponer que el Estado mexicano incurre en lo que se conoce como “desvío de poder”[31], es decir la utilización expresa de las leyes, y del poder del Estado, para obstruir la justicia, desmantelar ámbitos comunes y erradicar derechos colectivos, mientras privilegian a las corporaciones ligadas al sistema agroalimentario mundial y a otras corporaciones que —al destruir la posibilidad de subsistencia independiente de los pueblos, al socavar las bases para una mínima seguridad alimentaria—, proseguirán sus intereses extractivos, mineros, de bioprospección, de utilización del bosque y del agua, de imposición de semillas de laboratorio, la erradicación de los sistemas ancestrales de intercambio y custodia de las semillas, y la concreción de sus proyectos de desarrollismo urbano y bienes raíces, para por último utilizar la mano de obra fragilizada al lograr destruir los núcleos de subsistencia de los pueblos, y expulsar a los núcleos humanos de sus territorios —como ya lo dijimos en la introducción. Todo lo anterior atenta contra artículos varios de la Declaración de Argel. Ya en la Petitoria que dio origen al establecimiento del Capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos, anotábamos lo siguiente:

El Estado mexicano viola el artículo 11 de la Declaración de Argel que a la letra dice: Todo pueblo tiene el derecho de darse el sistema económico y social que elija y de buscar su propia vía de desarrollo económico, con toda libertad y sin injerencia exterior, porque al emprender reformas estructurales apegado a los lineamientos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y otros organismos internacionales, al convertir esas reformas estructurales en legislaciones que abran hueco para que las empresas puedan a su antojo entrar a despojar los territorios de la nación de recursos petrolíferos, mineros, acuíferos, al apropiarse de más segmentos del sistema agroalimentario y al emprender formas de agricultura industrial que expulsan a sus campesinos del campo impulsándolos a las ciudades o a la migración al extranjero, o peor aún a la delincuencia generalizada, impide que el pueblo logre en verdad tener un sistema económico y social decidido libremente.[32]

El Estado mexicano viola el artículo 13 de la Declaración de Argel que a la letra dice que Todo pueblo tiene el derecho de hablar su propia lengua, de preservar y desarrollar su propia cultura, contribuyendo así a enriquecer la cultura de la humanidad, porque en los hechos el Estado mexicano criminaliza su agricultura tradicional, sus saberes ancestrales y el sistema de intercambio libre de semillas que ha sido uno de los tesoros más antiguos de la humanidad, al atentar contra el maíz que es uno de los cuatro cultivos más importantes del mundo. Por si fuera poco, el Estado mexicano no reconoce los derechos de los pueblos indígenas (y por ende su cultura), al considerarlos en el artículo 2 de la Constitución, meros “sujetos de interés público”, y no, como se planteaba en Los Acuerdos de san Andrés, “sujetos de derecho público”, que los haría el centro de los derechos a la autonomía.[33]

Definiendo pueblo como lo hemos definido, podemos afirmar que el ataque contra el maíz y el libre intercambio de semillas no sólo atenta contra toda la civilización indígena, sino contra la población en general.

El Estado mexicano viola el artículo 16 de la Declaración de Argel que a la letra dice que Todo pueblo tiene derecho a la conservación, la protección y el mejoramiento de su medio ambiente, porque por lo menos, en lo concreto, desde su negociación en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, México renunció a diseñar y poner en efecto regulaciones ambientales para entregar en la negociación la ventaja comparativa de la desregulación ambiental. Desde entonces, los mexicanos y mexicanas sufrimos de una manera brutal la devastación ambiental, la contaminación de las aguas y el aire, el desmantelamiento de nuestro sistema inmunológico social, la amenaza continua de la contaminación con transgénicos, el crecimiento de la mancha urbana con su salvaje acaparamiento de agua, espacios y su dispersión de la socialidad. Además de la enorme devastación que significan los tiraderos de basura por todas partes. Esto, aunado a la contaminación procedente de los proyectos de extracción salvaje, como la minería a cielo abierto, el gas y el petróleo, más el boom de la industria química, dejan al país absolutamente sujeto a un ambiente nada apto para la vida humana.[34]

Entendemos que el ataque contra la soberanía alimentaria de los pueblos promueve una devastación ambiental más acendrada al vaciar los territorios y apropiarse de los mismos.

El Estado mexicano viola el artículo 25 de la Declaración de Argel que a la letra dice que Todos los tratados, acuerdos o contratos desiguales, suscritos despreciando derechos fundamentales de los pueblos, no podrán tener ningún efecto, porque mantiene en funcionamiento el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, pese a todas las críticas fundamentadas que se han hecho en su contra, en particular por la desigualdad de sus términos para México. Otros muchos tratados siguen siendo firmados entre México y la Unión Europea, China y otros países, que contradicen el espíritu de este artículo.[35]

Apelamos al artículo 30 de la Declaración de Argel, que a la letra dice que El restablecimiento de los derechos fundamentales de un pueblo, cuando son gravemente ignorados, es un deber que se impone a todos los miembros de la comunidad internacional, porque es crucial que la comunidad internacional ayude al pueblo de México a restablecer esos derechos fundamentales, y es con base en este artículo que recurrimos al Tribunal Permanente de los Pueblos.

Le pedimos entonces al Tribunal Permanente de los Pueblos que nos acompañe en el proceso democrático de recuperar para el derecho su verdadero valor y su más entrañable esencia.

 Apelar al Tribunal Permanente de los Pueblos es reivindicar una confianza en el derecho, cuando el Estado y el gobierno en nuestro país nos imponen, sin miramientos, una serie de disposiciones y prácticas, que claramente están por encima de la ley suprema de nuestro país, y de las leyes internacionales.

 

Desde la Petitoria inicial al TPP diversas organizaciones sociales de México consideramos que el Tribunal Permanente de los Pueblos es un referente ético incuestionable, con una trayectoria intachable y una autoridad moral labrada con sus años de funcionamiento. “En esta espesura legal que nos encontramos, es para nosotros urgente hallar un referente así, que incluso vaya más allá de la institucionalidad internacional y sea en verdad independiente, lo que le permite documentar de forma vasta, abierta (y sin embargo rigurosa) todo tipo de agravios. Tal y como ya ha ocurrido en otros lugares del mundo, a México le abre un plano internacional que permitirá ponerle nombre propio tanto a las víctimas como a quienes se benefician de la actual situación. Con ello resultará posible romper el cerco informativo que las actividades de cabildeo gubernamental en el extranjero y los medios de comunicación globales han creado en torno de la descomposición nacional. El TPP ofrece una forma única con la cual los diferentes afectados de múltiples violaciones de sus derechos pueden emprender procesos de visibilidad y la apertura de espacios para poder explicar la vastedad y complejidad de los procesos de deterioro social que ocurren en el país y que afectan gravemente a un número significativo de mexicanas y mexicanos. Esperamos que la deconstrucción de la imagen ficticia que el Estado mexicano ha creado de sí mismo ayude a modificar sus formas de actuación. Apelamos a ustedes entonces por considerarles el tribunal ético y de conciencia más antiguo e importante que hoy existe en el mundo”.[36]

 


6. Hechos, agravios

Para normar el trabajo de los jueces y jurados en la documentación del caso de la violencia contra el maíz, la soberanía alimentaria y la autonomía de los pueblos, hacemos una pregunta clave con la que busquemos fincar las responsabilidades pertinentes y delimitar el alcance de los agravios:

¿Qué condiciones hacen posible que un gobierno como el mexicano, que cuenta en su territorio con los sistemas más ancestrales para garantizar la biodiversidad y una agricultura que alimente a las comunidades,  que tienen 10 mil años de certeza, (además de la potencialidad para producir en territorio nacional los alimentos básicos para alimentar a toda la población), decida desmantelar ese sistema tradicional, abandonar los apoyos a la producción agrícola doméstica, criminalizar el intercambio libre de semillas y saberes que es parte de ese sistema ancestral y atente directamente contra el maíz, uno de los cereales más importantes de la humanidad, cuyo centro de origen es precisamente nuestro país?

 

A partir del sexenio 1988-94 en México se implantaron políticas económicas y jurídicas concretas que redefinieron la vida nacional, y se reformaron leyes que le permitieron a México participar dentro del Tratado de Libre Comercio con América del Norte y luego en otros tratados y acuerdos igualmente devastadores, consolidando la instauración de instrumentos legales para el desvío de poder.

Como dice Guillermo Bonfil Batalla:  “El TLC es solamente un instrumento, importante sin duda, para impulsar y hacer irreversible la transformación de la sociedad y la economía mexicanas, y adecuarlas a un mundo que tiene condiciones y exigencias nuevas, según una manera generalizada de interpretar el presente y el futuro previsible. De manera directa, el nuevo proyecto para la nación exige cambios drásticos en el aparato productivo. La reorganización de la producción implica cambios culturales que pueden ser de gran envergadura”.[37]

Este proceso de desregulación/restricción jurídica impuesta por las reformas estructurales de libre comercio y sellada por los tratados y acuerdos “comerciales y de cooperación”, se cumplió mediante una creciente desregulación agrícola, laboral, competitiva, ambiental, individualizadora, y estableció un sistema de leyes y normas que permitieron la privatización y el despojo de todo tipo de bienes y ámbitos comunes y la erradicación de derechos colectivos.

Algunos documentos ya alertaban de la intención de los cambios, no sólo en relación con Estados Unidos, sino también con Europa diciendo: “No sorprende entonces que América Latina sea blanco privilegiado de los intentos por lograr acuerdos comerciales. Con éstos se busca completar los procesos privatizadores, terminar con cualquier restricción a la propiedad y la actividad europea en la región, conseguir pleno acceso a los recursos naturales y dar garantías que podrán operar con claras ventajas sobre las empresas nacionales. Todo ello blindado contra cualquier cambio político que los pueblos de la región puedan impulsar a futuro”.[38] Este conjunto de leyes, disposiciones, normas y reglamentos en lugar de proteger al pueblo le cierran las puertas jurídicas para que no pueda emprender por canales legales el camino de la justicia. Este recuento podría parecer desmedido, pero no ocurre sólo en México y no sólo es el TLCAN sino otros tratados y acuerdos, como los de la Unión Europea:

Una característica fundamental es que los tratados con la ue no son sólo amplios, también son expansivos. Junto a cláusulas específicas y detalladas se incluyen cláusulas muy generales y abiertas, que pueden ser interpretadas de múltiples modos, o que obligan a la reformulación y ampliación futura del acuerdo, siempre con el fin de mejorar las condiciones entregadas a las empresas europeas. Estas son las llamadas cláusulas “paulatinas” o de “revisión”, que pueden formar parte de cada capítulo (como es el caso de Chile y México) o de las provisiones generales (como en el acuerdo con los países del Caribe).

En otras palabras, no son sólo un conjunto de acuerdos específicos: son un compromiso sin fecha de término para cambiar las formas de vida y convivencia nacionales y locales en función de entregar garantías crecientes a las empresas europeas. El poder y la obligación de diseñar los cambios futuros y ponerlos en práctica quedan en manos de los gobiernos de turno, sin la posibilidad de negarse o ejercer un control o participación efectiva por parte de los parlamentos o de los movimientos sociales. Se renuncia en los hechos a ejercer la soberanía nacional o garantizar la participación social.[39]

Paradójicamente, dicha desregulación condujo al desarrollo de una regulación excesiva encaminada a restringir los derechos de la población afectada por estas transformaciones y a contener cualquier posibilidad de protesta social. Es posible demostrar que la firma de todos los tratados y acuerdos de libre comercio y cooperación desencadenó y desencadena en México una nueva actual visión estratégica que conduce no sólo hacia la desregulación/sobreregulación jurídica, al desmantelamiento institucional, sino que es el instrumento más acabado de la desviación de poder, a partir de dinámicas integrales (económicas, políticas, sociales, ambientales, militares, jurídicas). Las actuales devastaciones alimentaria, comunitaria, social y ambiental que se observan en el país son el resultado estructural de las diversas políticas de desregulación y restricción desmedida acordadas que los tratados de libre comercio instrumentan. Éste es el agravio más profundo y de mayor alcance. Por eso está en el centro de nuestra demanda ante el Tribunal Permanente de los Pueblos.

De este agravio se desprenden los actos, posibles delitos, que están afincados en el desvío de poder, pero también delitos que configuran un abuso de poder e incluso un genocidio, por atentar directamente contra las fuentes mismas de la subsistencia y la autonomía o autodeterminación de un pueblo. Anotamos los siguientes:

 

1. Privilegiar a las corporaciones transnacionales y castigar los esfuerzos productivos de incluso los medianos productores comerciales de alimentos en el campo (como es el caso de los productores maiceros de Sinaloa) es un atentado contra la soberanía nacional, contra la seguridad alimentaria de la población en su conjunto y socava las bases y estrategias productivas del país. Pongamos el ejemplo que da Ana de Ita:

Con el pronóstico de una menor producción, los agricultores [de Sinaloa] esperaban vender su cosecha en cerca de cinco mil pesos por tonelada. Sin embargo, el mercado de maíz está concentrado en un puñado de compradores trasnacionales que actúan a manera de cárteles y han decidido no comprar el grano de Sinaloa, pues con la aprobación y apoyo del gobierno han importado maíz blanco de Sudáfrica y de Estados Unidos. Desde 2008, con el sector agropecuario totalmente abierto a las importaciones de Estados Unidos, México compró medio millón de toneladas de maíz blanco, además de las más de siete millones de toneladas de amarillo. Desde el año pasado, el gobierno mexicano decidió permitir a las trasnacionales abastecerse de maíz blanco sudafricano, sin poner ningún requisito o impuesto a su importación, a pesar de que México no tiene acuerdo de libre comercio con este país. Se importaron en ese año casi un millón de toneladas de Sudáfrica y más de medio millón de toneladas de Estados Unidos.

Durante los tres primeros meses de este año las trasnacionales han importado 255 mil toneladas de maíz blanco de Sudáfrica y otras 255 mil provenientes de Estados Unidos, por las que pagaron en promedio alrededor de 4 mil 900 pesos por tonelada (371 dólares). Se sabe que vienen en camino varios miles de toneladas más, de ahí que Cargill y Archer Daniels Midland (ADM), quienes compran alrededor de 1.5 millones de toneladas en el estado y otras empresas, que compran otro tanto, se nieguen a comprar el maíz de Sinaloa. Estos monopolios que después de la retirada de los aparatos de regulación del Estado, la única alternativa de compra de la cosecha para los productores, argumentan que el mercado está “invertido” y no es redituable comprar ahora, cuando en meses posteriores los precios internacionales bajarán.

La Secretaría de Agricultura, que confunde la seguridad alimentaria y la política agrícola con oportunidades de negocios, argumenta que no tiene recursos para apoyar a los productores a establecer algún esquema de pignoración que evite la caída del precio del mercado, garantice la venta de la cosecha nacional y constituya una reserva técnica, por el contrario sostiene que apoyar a los agricultores nacionales implicaría pérdidas. Olvida que una función del Estado es regular los mercados de productos básicos y garantizar la producción nacional.[40]

En realidad, asistimos a un momento de realidad donde va quedando claro que “La apertura propiciada no ha tenido la gradualidad acordada ni condiciones suficientes para reconvertir la planta productiva. Sin ser el único, el caso más relevante es el del maíz. En contra de lo ofrecido, no hay, ni protección a la agricultura maicera, ni gradualidad en la transición. Lo que hay es una liberalización total de las importaciones. Lo mismo sucede con otros productos”.[41] Es un momento en que ante el desplome de la tasa de ganancia, quienes lucran con la seguridad alimentaria han decidido ir por todo y desprotegen incluso a quienes en un primer momento podrían haber supuesto que serían poco afectados por la liberalización del campo. El efecto sobre quienes sufren hambre o dietas deficientes en el país es inmediato.?Dice un documento de GRAIN:

Uno de los efectos más conocidos de los tratados de libre comercio es la ruina de los sistemas agrícolas y alimentarios locales, que no pueden competir con las importaciones de alimentos. La imposibilidad de controlar las exportaciones es sólo la otra cara de la moneda y su efecto es que a la ruina de la agricultura local se suma la imposibilidad de defenderse de sus impactos.

Salta a la vista, una vez más, que la crisis alimentaria no es un accidente en el camino del capitalismo globalizado, sino una situación construida por éste, y que los tratados de libre comercio son un instrumento fundamental para ello. […]

La crisis alimentaria actual muestra que no ha sido paranoia sino capacidad para ver que la avidez de ganancia del capital no tiene límites. Por razones de justicia básica y de respeto a la dignidad humana, la alimentación debería estar por sobre cualquier afán de ganancia. Los organismos y gobiernos para los que tales razones no existen al menos deberían tomar conciencia de que están creando condiciones de explosividad social que ponen en peligro el mismo sistema que defienden y protegen a todo costo. Sin embargo, el potencial de la crisis alimentaria para aumentar las ganancias de las megaempresas dominantes en el mercado de alimentos es tan brutalmente grande (en 2007 las tres mayores empresas comercializadoras de grano en el mundo duplicaron sus ganancias, que alcanzaron más de 5 mil 200 millones de dólares), que no ha permitido que se escuchen razones éticas o de simple gobernabilidad. Lo concreto es que los gobiernos que restrinjan la exportación de alimentos para asegurar niveles mínimos a su población pueden ser llevados a litigio comercial si sus países han firmado acuerdos de libre comercio (como es el caso de Haití y Malasia) y es muy probable que seamos testigos del absurdo que un país que intente proteger el alimento de su población se vea sometido a sanciones comerciales u obligado a pagar multas multimillonarias.[42]

2. Intentar destruir la relación de las comunidades con su territorio, base fundamental de la subsistencia, la reproducción social y la continuidad civilizatoria de un pueblo.[43] Baste mencionar que en este agravio contribuye la ausencia de derechos indígenas reconocidos por la Constitución, y todo el embate a la invasión de los territorios, para todo tipo de proyectos. Son la deforestación, los monocultivos, la contaminación de suelos, agua y aire, las invasiones ganaderas y de narcotraficantes, la minería, y la decisión de expulsar a poblaciones enteras a las ciudades o inventarles las llamadas “ciudades rurales”. Sin embargo, este agravio se expresa a través de todos los siguientes. No obstante merece este apartado porque habremos de demostrar durante los dos años siguientes que esta escisión es intencional. Que existe la voluntad de que, como en la época colonial, los pueblos indígenas, las comunidades campesinas se compacten, se “reduzcan”.[44]

3. Erosionar la misma idea del territorio separando la tierra del agua y los bienes comunes, permitiendo su privatización y acaparamiento. Además de fragmentar, confinar y privatizar tales bienes comunes. Es decir intentar destruir la propiedad comunal y ejidal, la propiedad colectiva de la tierra, la llamada propiedad social, estableciendo legislaciones que despojaron a la tierra de su carácter inalienable, inembargable e imprescriptible, es decir, legislaciones que abrieron la puerta a la privatización de la tierra comprando, vendiendo, rentando o utilizando la tierra en prenda para todo tipo de contratos de asociación con empresarios y entre empresarios e instituciones públicas.

La certificación de las tierras de ejidos y comunidades empujada con no mucha sutileza por el Programa de Certificación Ejidal (Procede) y su variante comunal (Procecom) es una privatización, así lo encubran, minimizando sus impactos, diversos voceros de la Procuraduría Agraria mientras avanzan en todo el esquema programado a partir de volver mercancía —es decir una cosa— todas las tierras mancomunadas cuyo signo es encarnar relaciones sociales profundas.

El fondo de estos instrumentos de la contrarreforma al artículo 27 constitucional ocurrida en 1992, es desmantelar los territorios y la comunalidad de los pueblos indígenas, la razón social de organización compartida de los ejidos. Es desactivar las estrategias comunitarias encarnadas en la fuerza de las asambleas, para que cada flamante “propietario” se halle solo ante la ley. Donde la comunidad se reivindica mediante asambleas fuertes que defienden integralmente sus territorios, es difícil lograr este desmantelamiento programado. No basta entonces con hacer llamados a la naturaleza voluntaria del mentado programa. Lo que hace falta es desnudar el significado que dicha certificación y su naturaleza privatizadora tienen en un escenario cada vez más nítido de ataque generalizado contra los campesinos y sus formas de vida en la siembra y en su cuidado de territorios que durante milenios han custodiado.[45]

La cita del entonces Procurador Agrario Isaías Rivera, impulsor de la certificación agraria, instrumento central de esta privatización, no deja dudas:

Con la reforma al artículo 27 constitucional, la expedición de la Ley Agraria y la instrumentación del programa Procede, las tierras ejidales o comunales se incorporaron al mercado de tierras mediante diversos mecanismos, sea a través de la celebración de contratos de enajenación de derechos ejidales (cesión, compraventa, donación) o mediante la aportación de tierras de uso común que realizan los ejidos y comunidades a sociedades civiles o mercantiles.[46]

4. Profundizar las reformas de las políticas públicas necesarias para implantar una dependencia forzada al promover paquetes tecnológicos nocivos que hacen drogadicta la tierra, la erosionan y encarecen la actividad agrícola hasta restarle toda su rentabilidad, empezando con la Revolución Verde.

La agroindustria es producir (no sólo alimentos) mediante métodos más y más sofisticados (no necesariamente más eficientes) grandes extensiones de terreno para cosechar grandes volúmenes y obtener mucha ganancia a toda costa. Pero en el fondo, en obediencia a su ser industrial, se perpetra una violencia, incluso extrema, a todos los procesos naturales, a todos los ciclos vitales, implícitos en el cultivo, desde la siembra hasta la cosecha, y ahora, con los transgénicos, desde el corazón de la vida que es la semilla.

Primero fue el despojo de grandes extensiones de los territorios ancestrales de los pueblos. Después, quienes sembraban cultivos propios e intercambiaban sus saberes ancestrales, fueron expulsados del campo por producir sólo para la comunidad sin entrar al mercado. Y aunque los campesinos siguen sembrando un buen porcentaje de la comida natural que se consume en el mundo, el capitalismo-ciudad insistió en vaciar el campo, sumó obreros en las fábricas y en las empresas agrícolas, saqueó los territorios desocupados e insistió en mecanizar el campo.

Con la Revolución Verde, gobiernos y empresas engancharon a los campesinos a comprar semillas híbridas, que primero rindieron más pero después apenas, con muchos fertilizantes y plaguicidas químicos. Los suelos se erosionaron y se volvieron drogadictos. Al mismo tiempo se le quitaron subsidios al campo.

Comenzó la guerra por el control de las semillas. Como los campesinos las atesoran desde hace milenios, y las comunidades las mantienen, mejoran, comparten y redistribuyen diversificando su fortaleza, las empresas produjeron semillas de diseño, patentadas, minando la fortaleza diversa de las semillas locales. Comenzó a ser muy difícil vivir del campo y la gente vació muchas comunidades y en muchas ocasiones perdió su ser más antiguo: ser sembradores. La Revolución Verde fue un desprecio consciente de la enorme sabiduría que sustenta los cultivos nativos, y se impusieron formas de cultivo y consumo muy homogéneas que promueven la dependencia total de las industrias y que destruyen muchos saberes que cada comunidad tenía para mantener, mejorar, repartir y compartir semillas. [47]

Por supuesto, los agricultores pequeños o medianos que utilizan semillas híbridas y no pueden dejar los paquetes tecnológicos de origen químico, no son los responsables de que las empresas busquen el control corporativo total de la producción en términos tan extremos. Son ellos, aunque no lo sepan, víctimas de tales corporaciones y serán también descartables al momento en que las corporaciones quieran seguir asegurando su margen de ganancia, en una época de crisis.

Debemos insistir en que las corporaciones que producen los insumos químicos necesarios, proceden a obtener ganancias desmedidas, sin importarles que esto tenga un efecto devastador sobre la tierra y sobre la posibilidad de que esa tierra tenga en el futuro la fertilidad mínima necesaria para producir alimentos. Así, “puede que los principales ganadores de esta crisis sean los proveedores de insumos agrícolas. Con su control cuasi-monopólico sobre semillas, pesticidas, fertilizantes y maquinaria, fueron capaces de maximizar el estrangulamiento de los agricultores. Actualmente las diez mayores empresas de agroquímicos controlan el 95% del mercado mundial, las seis mayores de éstas, el 76%. En el mercado de semillas comerciales, las 10 mayores controlan el 75% del mercado, pero las tres primeras, Monsanto, DuPont y Syngenta, tienen el 53% del mercado.[48]

Las ganancias de estas compañías en 2008 fueron poco menos que obscenas, en especial para la industria de fertilizantes. Mosaic Corporation, parcialmente propiedad de Cargill, vio disparar sus beneficios antes de impuestos en más de un 430 por ciento en 2008”.[49] Como dato nada indirecto, es impresionante constatar que en 2012, a escasos pocos años de una crisis alimentaria mundial, en México “Las ganancias netas de operación de la industria alimentaria de México ascendieron el año pasado a 28 mil 339 millones de dólares, 46.6% más que las registradas por el mismo sector en Brasil, reveló un análisis de la consultoría Global Insight. Sorprendentemente, el monto de las ganancias de esta industria mexicana superó a las reportadas por el conjunto de seis países: Canadá, Indonesia, Turquía, Chile, Corea del Sur e India. Las de todos ellos llegaron a 24 mil 851 millones de dólares en el 2012. …Con un valor de 124 mil millones de dólares, México se colocó entre los principales 10 productores a nivel mundial de alimentos procesados. En el 2012, su producción creció 3.3% con respecto al año anterior, según datos de Global Insight, quien previó que esta industria crecerá en el país a una tasa promedio anual de 7.6% del 2012 al 2020”.[50]

5. Promover la erradicación de la agricultura independiente, de la producción propia de alimentos, la soberanía alimentaria. Las investigaciones son contundentes:

 

¿Por qué, si los cultivos transgénicos no aumentan la producción, se les intenta imponer con tanta fuerza? La respuesta es que los cultivos transgénicos tienen otros objetivos que para las empresas son muy importantes.

El primer objetivo es maximizar las ganancias del puñado de empresas que hoy controlan las semillas transgénicas y la producción de agroquímicos. El segundo objetivo es pasar a ser parte de ese conjunto de medidas —técnicas, económicas, legales y políticas— que tienen como meta acabar con la producción independiente de alimentos; es decir, acabar con la producción que hacen campesinos, pescadores, pastores, pueblos indígenas y pequeños productores del mundo entero, para poner esa producción bajo el control de los grandes capitales.

 

Primer objetivo. Cómo esperan maximizar las ganancias. Todos los cultivos transgénicos, sin excepción, están patentados o sujetos a alguna otra forma de propiedad intelectual. Quien los use se verá obligado a comprar semillas año tras año. Y no sólo eso; además se verá obligado, mediante un contrato que deberá firmar al momento de comprar la semilla, a comprar un conjunto de agroquímicos, producidos, la mayoría de ellos, por las mismas empresas semilleras. Hoy, la mayoría de quienes cultivan transgénicos se ve obligada a utilizar glifosato,  pero ya hay otros transgénicos que obligarán a quienes los cultiven  a comprar y utilizar, además, otros productos químicos.

Entonces, los transgénicos son un instrumento diseñado y utilizado para expandir el mercado de las semillas y el mercado de los agroquímicos. Estamos hablando de muchísimo dinero. Actualmente el mercado de las semillas es de unos 20 mil millones de dólares anuales y las empresas quieren llegar a al menos 40 mil millones para el año 2020, y seguir creciendo después de eso.

El mercado de los agroquímicos es aún más grande, tres o cuatro veces eso. No debemos olvidar que si las empresas quieren vender todos los años 20 mil millones de dólares adicionales sólo en semillas, significa que alguien deberá pagarles ese dinero. En los planes empresariales, ese “alguien” incluye a campesinos e indígenas.

Segundo objetivo. Terminar con la producción independiente de alimentos. Con los transgénicos los agricultores y campesinos se verán obligados a firmar contratos donde se comprometen a cultivar de la manera en que la empresa lo determine. La empresa determinará fecha de siembra, dosis de semilla, distancias entre surcos, labores de cultivos, qué agroquímicos usar, cuándo y en qué dosis, etcétera.

De acuerdo a las leyes de propiedad intelectual, las empresas incluso tienen la posibilidad de fijar a quién se le va a vender el producto. La capacidad de decidir cómo cultivar, cuándo cultivar, qué cultivar, cómo cuidar el suelo o el agua al cultivar, cómo combatir las plagas o enfermedades, y las muchas otras capacidades necesarias para ser un buen cultivador van a quedar eliminadas por contrato. A eso se le suma que será delito guardar o intercambiar semilla y que aumentarán los costos por la obligación de comprar esas mismas semillas y otros insumos. Veremos entonces la imposición de contratos que nos dirán que no podemos ser cultivadores libres, que debemos despreciar los saberes propios y someternos al conocimiento y marcos técnicos de las empresas; que es un delito cuidar e intercambiar semillas —como los pueblos del mundo lo han hecho desde que hay agricultura—, y que es necesario obligar a campesinos y pueblos indígenas a endeudarse.

Para las empresas el camino está claro: o logran obligar a los campesinos e indígenas del mundo a pagarles, o los expulsan de la tierra para que los reemplacen grandes empresarios que sí pagarán.[51]

6. Criminalizar las semillas campesinas ancestrales y su custodia e intercambio libre, atentando contra una de las estrategias más antiguas de la humanidad. Analizando la llamada Ley Mexicana de Producción, Certificación y Comercio de Semillas (y su reglamento), y las reformas a la Ley federal de variedades vegetales que operan en México, podemos afirmar, gracias al diagnóstico elaborado por la investigadora Camila Montecinos, que dichas leyes tienen los objetivos siguientes:

* Dejar fuera de la ley los sistemas locales, campesinas e indígenas de uso, intercambio, producción y mejoramiento de variedades locales

*. Permitir que el sector empresarial —incluidas las transnacionales—, definan políticas nacionales sobre semillas, investigación y agricultura.

* Crear un sistema de certificación y fiscalización que será controlado por empresas privadas y asociaciones internacionales de semilleros.

* Obligar a comunidades campesinas y pueblos indígenas a aceptar normas fijadas por las transnacionales semilleras y la fiscalización por parte de organismos privados si desean seguir intercambiando semillas de manera legal.

* Postergar, minimizar o eliminar cualquier preocupación por la conservación de la diversidad agrícola.[52]

Y también hace el recuento de dicha ley de semillas:

La llamada Ley Mexicana de Producción, Certificación y Comercio de Semillas obliga a través del articulo 34 y otros más, a que toda semilla tiene que ser de producción propia o comprada, no existe otra alternativa. Eso significa que intercambiar o regalar semillas pasa a ser ilegal y no hay excepción. El regalo y el intercambio de semillas es ilegal porque en ese caso la semilla que se tiene no es ni propia, ni ha sido comprada.

Alguien podría decir que la gente que tiene semilla propia, puede decir que la comercializa, pero en realidad la ley tiene una serie de artículos que hacen exigencias imposibles de cumplir, o que matan lo mejor de las semillas campesinas e indígenas. Por ejemplo si alguien decide vender semilla tiene la obligación de guardar un registro estricto de cómo produjo esa semilla y además guardar una muestra de esa semilla para pasar cualquier inspección que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Alimentación (Sagarpa) determine a través del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, snics. Eso a veces ni las empresas logran hacerlo, menos aún lo va a hacer la gente en el campo. En otras palabras no solamente se prohibe el intercambio y regalo, sino que también se prohibe la comercialización campesina.

La ley también impone el concepto de que la semilla de buena calidad debe ser uniforme, es decir igual e invariable y además estable, es decir que no cambia en el tiempo. La calificación de semilla de buena calidad incluso para ser certificada, no incluye para nada el comportamiento agronómico. Es decir, con tal de que salga parejita, toda igual, si funciona mejor o peor que otra no tiene ninguna importancia. Sabemos que solamente la semilla producida por las grandes empresas semilleras es toda igual, y que sea toda igualita no significa que sea mejor.

La ley dice también que las semillas además tienen que ser estables y para mantener un nombre no deben cambiar. Eso significa, en un país como México, que de alguna forma se le impone a las semillas nativas la obligación de no seguir evolucionando. Las semillas campesinas y de los pueblos indígenas de México se han mantenido justamente porque han ido evolucionando en el tiempo.

La ley exige que se congelen (podríamos decir), y si no es así podrían tener problemas legales para circular de un campo a otro. Alguien podría decir, esto es lo que la ley dice pero la semilla nativa, la semilla propia, ha circulado siempre, no le hemos perdido permiso a nadie, la vamos a hacer circular igual. Eso es una estrategia fundamental, pero los ataques van a seguir —y uno de los ataques que ya se está produciendo es un programa como el Promaf (el Proyecto Estratégico para la Cadena Productiva de los Productores de Maíz y Frijol)— ya que todos los proyectos de asistencia técnica y crediticia van a estar condicionados al uso de semilla certificada… Resumiendo, el Sistema Nacional de Semillas de México tiene como objetivo estratégico que para el año 2025 el 60 por ciento de las semillas sean certificadas y todas esas semillas certificadas tengan una protección mediante patentes.[53]

7. Imponer cultivos transgénicos. El agravio de imponer semillas transgénicas como un control biológico, tan extremo, tan violento, atado a patentes, y varios marcos jurídicos de propiedad intelectual e industrial, fue realizado exprofeso y ha asumido a lo largo de los últimos diez años varias estrategias[54] o pasos para dicha contaminación:

 Primer paso: el trasiego a trasmano. Contaminar como “accidente”, incluso echando la culpa a la gente por “ignorante”, cuando que una de las fuentes más probables de la contaminación fueron las tiendas campesinas de Diconsa (ver adelante) administradas por el gobierno.

Los científicos que integraban el Comité Nacional de Bioseguridad Agrícola establecieron a finales de 1998 una moratoria de facto a la siembra experimental y comercial de maíz transgénico. En septiembre del 2001, Ignacio Chapela y David Quist, científicos de la Universidad de Berkeley, encontraron maíz nativo contaminado con transgenes en algunas comunidades de la Sierra Norte de Oaxaca y en Puebla[55]. El gobierno mexicano confirmó la contaminación transgénica del maíz nativo con base en sus propios estudios.

Diconsa, una empresa estatal de abasto popular en zonas rurales, importaba maíz a través de Archer Daniels Midland (ADM), vinculada a Novartis,  empresa que luego transformó su división agrícola a Syngenta,[56] y lo distribuía en sus más de 23 mil tiendas en todo el país sin ningún etiquetado. Las principales corporaciones semilleras y productoras de transgénicos están ligadas a las empresas que controlan el mercado de maíz en México y en el mundo.[57]

Las organizaciones campesinas e indígenas con base en análisis independientes detectaron contaminación transgénica en nueve estados de la República, en 18 de las 101 comunidades muestreadas, (esto me suena muy raro, creo que fueron más) entre el 1.5 y el 33.3 por ciento de las muestras registraron resultados positivos.[58]

La contaminación transgénica del maíz nativo fue un efecto directo de la doble política mexicana hacia el maíz transgénico que por un lado establece una moratoria a la siembra experimental y comercial de maíz genéticamente modificado por ser el país centro de origen, diversidad y domesticación, y por otra impulsa una libre entrada de las importaciones de maíz provenientes de Estados Unidos, el mayor productor de transgénicos a nivel mundial.  Para 2001 ¾año en que fue detectada la contaminación¾ el 30 por ciento del maíz de Estados Unidos era transgénico, mientras que para el 2010, lo es el 86 por ciento[59].

La aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias en el TLCAN impidió a cualquiera de los tres países firmantes restringir el manejo, transporte y empaquetado de alimentos transgénicos en función de motivos de seguridad o salud, a menos que tengan suficientes “bases científicas”[60]. Esto debido a que el TLCAN adoptó el “principio de equivalencia sustancial”, que implica que un alimento o componente alimenticio nuevo es sustancialmente equivalente a un alimento o componente alimenticio ya existente y puede ser tratado de la misma manera que éste en relación a la inocuidad. Es decir que el alimento o componente nuevo es tan seguro como el convencional.

 

Segundo paso: “que no hay problema en esa contaminación”. Asumiendo esta estrategia, el congreso mexicano (diputados y senadores por igual) aprobó la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM) y varias leyes colaterales como la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas,[61] los reglamentos de ambas leyes, y una batería completa que configura un verdadero blindaje para obstruir la justicia.

 

Tercer paso, apostarle a la confusión. A ella contribuyó el reglamento de la LBOGM en lo tocante al llamado Régimen Especial de Protección al Maíz, que aunque asevera que se protegerá al maíz de la contaminación,  luego se transforma en apenas ocho párrafos en el Reglamento de dicha ley, que de ninguna manera actúan como protección. De igual forma, aunque en la LBOGM se mencionan en varios artículos restricciones para liberar cultivos transgénicos en su centro de origen, e incluso el artículo 88 de dicha ley, no permite tal liberación, las autoridades re-hicieron el mapa mundial de centros de origen de los cultivos, para de manera arbitraria “fabricar” un nuevo mapa de centros de origen, que excluye muchas zonas del país, las mismas dónde existen intereses empresariales para plantar transgénicos.[62] Esto pese a que existen estudios recientes, coordinados por autoridades mexicanas, como la CONABIO, que muestran que todo México es centro de origen del maíz. [63]

Que todo México y más sea el centro de origen del maíz para el mundo, era y es uno de los fundamentos de la moratoria de facto que funcionó desde 1997 a 2009. Y algo que la Red en Defensa del Maíz seguirá defendiendo.

 

Cuarto paso: permitir la instalación siembras experimentales y piloto en el norte del país, de un modo clandestino, en preparación de la ruptura de la moratoria, que prohibía desde 1999 la siembra experimental o comercial de maíz transgénico en México y dio luz verde a las empresas para solicitar permisos de siembra para distintos eventos transgénicos en maíz. El presidente de México hasta noviembre de 2012, Felipe Calderón, decretó el  fin de la moratoria de facto, el 9 de marzo de 2009.

 

Quinto paso: las dependencias encargadas comenzaron a otorgar permisos de siembra experimental y siembras piloto en el norte del país, con la ley por delante y una farsa de consulta pública, que solamente es por internet, lo cual ya deja afuera a la mayoría de la población rural, pero que nunca toma en cuenta los elementos críticos que se han aportado.

 En paralelo, el gobierno ha venido realizando preparativos para emprender monitoreos a las comunidades en busca de semillas “no certificadas”, “semillas pirata” lo cual es uno de los signos más ominosos de esta confusión planeada y legalizada. Desde el gobierno mexicano se quisieran santificar formas más y más legales para introducir los transgénicos sin que nadie pueda protestar. Y se abren dos escenarios que parecen configurar la nueva estrategia gubernamental.

 

Sexto paso: promover leyes estatales que dicen defender el maíz “criollo” de la contaminación mediante el registro, la certificación y la fiscalización de las semillas, los productores y el proceso agrícola.

 

Séptimo paso: delimitación de supuestos “centros de origen” únicos en el territorio nacional abriendo espacio para que en el resto del país exista una enorme extensión para promover agricultura industrial y transgénicos.[64] Como dice el Grupo ETC, se trata del peor caso de contaminación transgénica de variedades nativas, la contaminación del maíz, uno de los principales alimentos de la humanidad en México, su centro de origen.[65]

Octavo paso: A partir de septiembre 2012, las empresas Monsanto, PHI México (propiedad de DuPont) y Dow Agrosciences, todas entre las mayores productores de agrotóxicos, han presentado 14 solicitudes para plantar maíz transgénico en seis estados del Norte del país, para cubrir casi 6 millones de hectáreas. Esto significaría un agresión de contaminación irreversible y la primer vez que se hace una liberación de un cultivo comercial, base de la alimentación mundial, en su centro de origen.[66]

8. Buscar desmantelar los derechos colectivos (de los campesinos) y desconocer hasta ahora los derechos indígenas, los derechos al territorio. Esto pesa de una manera brutal sobre la vida general de las comunidades a once años de que se aprobó la reforma de derechos indígenas de 2001.

Siendo que los diálogos de paz entre el ezln y el gobierno federal arrojaron los Acuerdos de San Andrés y una propuesta de reforma conjunta consensada entre las partes y apoyada popularmente durante varios años por infinidad de colectivos, organizaciones, comunidades y partidos políticos, es claro que el gobierno decidió NO aprobar esta propuesta pese a esa enorme legitimidad.

En cambio, la anti-reforma aprobada, fue una verdadera batería de candados contra los derechos indígenas que melló toda posibilidad de reconocimiento al situar a las comunidades como entidades de interés público, cortando la posibilidad de ejercer sus autogobiernos y de asociarse para crear consejos regionales, entre municipios y comunidades, para ejercer organización, trabajo, proyectos productivos o comerciales, gobierno e impartición de justicia propios. Para decirlo de otra manera, sabiendo los jugosos negocios que se avecinaban —y que involucraban el ámbito de lo indígena por sus territorios, sus recursos naturales, sus saberes tradicionales y su propia mano de obra— era crucial no sólo NO reconocerles derechos sino frenar cualquier posibilidad de que armados con esas herramientas jurídicas impidieran o frenaran la apropiación, privatización y expoliación que preparaban empresas, gobiernos y organismos multilaterales en México y en el mundo. Para reconocerle derechos a la autonomía, a los territorios, el Estado mexicano tendría que haber reconocido a los pueblos indios como sujetos de derecho público, pero no lo hizo.

Era indispensable romper la participación política de los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas. Al hacerlo, y profundizarlo como ocurre hoy, se redujo la franja de legalidad del Estado mexicano para sus “ciudadanos”. Hoy, se ilegalizan más y más espacios de participación o impugnación pública.[67]

9. Privatizar y apoderarse de todos los bienes comunes, estableciendo las condiciones para la privatización de todo, mediante control de mercados,  patentes, derechos de obtentor, derechos de propiedad intelectual, lo que en la práctica es un despojo bastante directo sobre las estrategias y bienes de los colectivos.

 

En el mundo moderno, el monopolio más total e impositivo es aquel que propone que todo método, toda práctica, todo razonamiento deben obedecer a una lógica industrial, aunque vaya contra las tradiciones y las estrategias comunes que durante milenios resolvieron la vida de la gente. Esto, que se reconoce poco, es una de las opresiones más profundas que sufrimos. Por esa lógica, el modo industrial suplanta todo quehacer, experiencia, inventiva, experimento y reflexión compartida que no siga la lógica de escala gigante y producción masiva —dañando inmensamente las escalas naturales del quehacer humano. Los métodos de la industria y las imposiciones de los técnicos, los políticos, los sistemas y los empresarios, son una barredora que puede arrasarlo todo sin reconocer la importancia de ninguna relación, salvo la del dinero.

Y como el dinero sustituye todas las otras relaciones, la lógica industrial convierte todos los saberes en mercancía para hacer uso de ellos como partes de alguna producción en serie.

Tratar los saberes como mercancía es hacerlos cosas y tornarlos vacíos y ajenos. Es despojarlos del impulso creativo —y comunitario— de donde surgieron. Los saberes mercantilizados se tornan “conocimientos” enseñados por los “profesores”, certificados grado a grado por los “expertos” en el sistema oficial “educativo”, “económico”, “científico” o “asistencial”, hasta quedar desligados de la comunidad de donde surgieron. Entonces los controladores de empresas y gobiernos a nivel local, nacional y mundial pueden condicionarlos a su antojo y hasta utilizarlos contra la gente que antes les iba dando forma libre.

Que sean una mercancía los hace propensos de compra-venta. Estar certificados, usarlos como cosas, los pone a jugar como “propiedad”, en este caso “propiedad intelectual”, patentable. Al patentarse, son secuestrados del todo, y no pueden ya fluir en su eterna transformación creativa. El patentamiento es destruirlos como bienes comunes, es destruir la creatividad social. Porque es absurdo patentar todo el quehacer de una comunidad o adueñarse de los elementos que hacen la vida de toda una comunidad, un pueblo, una región. ¿Cómo es posible patentar la cultura de un pueblo? Pero se hace. Y cuando no se patentan, se menosprecian. La arrogancia académico-técnica puede considerar esos saberes “superstición, subjetividad, sentido común, ignorancia”.[68]

Desde 2003, la Red en Defensa del Maíz, apeló a la solidaridad internacional y logró la publicación de una carta “a la opinión pública nacional e internacional” exigiendo la prohibición total de los transgénicos que sin remedio contaminarían los acervos del maíz en su centro de origen. Esta carta la firmaron 302 reconocidas organizaciones civiles, ambientalistas, sociales y políticas de 49 países.

Pese al despliegue tan contundente de legitimidad, que aplaudía el esfuerzo autogestivo de las organizaciones y comunidades mexicanas, el gobierno hizo como que no oyó. Los firmantes enfatizaban:

La presencia de caracteres patentados en el maíz de los campesinos, es particularmente preocupante porque las compañías biotecnológicas están promoviendo agresivamente demandas legales contra los agricultores por violación de sus patentes. Bajo la ley de patentes en Estados Unidos y otros países industrializados, es ilegal que los campesinos reutilicen semillas patentadas, o que cultiven semillas transgénicas sin tener un contrato para el uso de la tecnología. Los agricultores podrían ser obligados a pagar regalías sobre semillas transgénicas encontradas en sus campos, incluso si no compraron las semillas ni sacaron ningún provecho.[69]

10. Despojar mediante artilugios legales de los instrumentos para defender las fuentes de agua en los territorios campesinos e indígenas. La defensa del agua es algo crucial en México, donde la cultura del agua entre las comunidades campesinas e indígenas tiene tantos años de antigüedad.  Hay incluso una demanda de la sociedad civil mexicana interpuesta ante el Tribunal Internacional del Agua y la Audiencia de devastación Ambiental para el TPP-México ha basado mucha de su argumentación en esta defensa. Por tanto no ahondaremos en el asunto. Baste citar brevemente, el siguiente texto de Andrés Barreda, un investigador ligado con la defensa integral de los espacios que habitamos.

En México, la devastación del agua es desaforada y única en dos rasgos. Primero, la cantidad de pérdidas de ríos, acuíferos, bosques de agua, glaciares, que provoca más y más estallidos de conflictos en más lugares del país. En ningún otro lugar de América Latina el Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA) (el único tribunal ético sobre la materia en el mundo) ha tenido que atender tantos casos. Segundo, la naturaleza de la catástrofe sólo la explica la política hídrica que impuso el TLCAN, que organizó un uso del agua sistemáticamente discrecional, depredador, corrupto, falsamente remediador (por privatizante y lucrativo); un uso excluyente que a su vez impuso un ocultamiento de la información estratégica (con “confidencialidad” pero con venta de datos), y una criminalización rigurosa de cualquier signo de resistencia social.

En México el libre comercio promovió políticas de uso depredador de los recursos naturales. No sólo el agua. También las tierras, biodiversidad, minerales y fuentes de energía; de los recursos humanos y los territorios. Se reformaron innumerables leyes en favor del uso irresponsable del agua por parte de las transnacionales de la extracción minera, petrolera y del gas shale, de las industrias (automotriz y aérea, maquiladoras, electroinformática o textil) que matan ríos completos; las empresas de agricultura y ganadería con químicos y transgénicos, sea en megagranjas o en megaplantaciones dirigidas a la agroexportación (de hortalizas, frutas, aguacate, mariguana o agrocombustibles). Más la excepcional destrucción de los bosques mexicanos.

Pero también predan el agua las empresas constructoras, comerciales y de servicios (la urbanización salvaje), con negocios ligados a la generación de masas descomunales de basura, la construcción privatizada, extendida y especulativa de microviviendas con obsolescencia programada, la deforestación y descampesinización para construir carreteras y aeropuertos y expandir la frontera urbana, construir miles de nuevas gasolineras, cientos de nuevos clubes de golf, privatizar y construir con despilfarro megaplantas de tratamiento de aguas, y mega o minipresas hidroeléctricas.[70]

11. Una dislocación generalizada que se expresa de varios modos.

a. Dislocar producción del consumo alejando el punto donde se produce de donde se consumen los alimentos y se agregan procesos en todo el camino (transformación, transporte, procesado, almacenamiento, refrigeración, empacado etcétera).[71]

b. Dislocar la creatividad de la labor y volverla trabajo, haciendo redundante la relación productiva, donde el trabajo sirve para ganar dinero para comprar comida para trabajar para hacer dinero para ganar comida (por lo menos visto desde quien trabaja).

c. La dislocación de las decisiones, donde éstas se toman lejos y en otros momentos que los que son pertinentes, y los toman gentes ajenas a la circunstancia puntual. Ése es ya un desvío de poder político puntual.

12. Promover la expulsión de marejadas humanas de sus propios territorios, escindiendo a las personas, a los colectivos, de sus medios propios de subsistencia.

Hay también una conveniencia a nivel global: emplear a trabajadores migrantes aligera el desempleo en sus países de origen. Si los millones de migrantes que viven actualmente en Europa noroccidental regresaran a sus hogares, su presencia ahí bien podría llevar a situaciones políticas explosivas; el país imperialista con más intereses se vería forzado entonces a intervenir para preservar “la ley y el orden”.

Sin embargo, lo más importante es el aspecto político de este cálculo. Los trabajadores migrantes hacen las tareas más serviles. Sus probabilidades de ascenso son ínfimas. Si laboran en brigadas, se hacen arreglos para que están integradas exclusivamente por extranjeros. Las relaciones de trabajo equitativas entre trabajadores migrantes y locales se mantienen al mínimo. Los migrantes hablan un lenguaje diferente, tienen una cultura diferente y tienen diferentes intereses a corto plazo.[72]

Es decir, la migración cumple una de las funciones más concretas en el desvío de poder de las naciones, dentro del sistema global actual: posibilita la precarización laboral, pero sobre todo la eternización de las desigualdades, pues pone a jugar con reglas semejantes (impuestas) a gente procedente de una disparidad infinita de condiciones. Toda migración fragmenta, aunque abra nuevas perspectivas para quien migra. Y la pérdida de la posibilidad de producir los propios alimentos está en el corazón de la migración “económica” actual.

7. Responsabilidades

Señalamos entonces responsabilidades de las instancias de gobierno federal, estatal, municipal, y del ámbito ejecutivo, legislativo y judicial. Obviamente señalamos la complicidad de algunas de estas instancias con empresas transnacionales.

A estas empresas proponemos fincarles responsabilidades por:

* Contaminación transgénica del maíz, uno de los tres principales cultivos de la alimentación mundial, en su centro de origen.

* Acaparamiento de tierras, sean éstas rentadas, compradas o en comodato, para su uso en contratos de largo plazo, y sean para la producción agroindustrial intensiva protegidos por ley agraria, por la nueva ley de asociaciones  público privadas y por otras leyes, que en los hechos dan certeza jurídica a las empresas en su inversión privada en menoscabo de la calidad de los suelos, de los mantos acuíferos y la biodiversidad, de la soberanía alimentaria y de la integridad de las comunidades afectadas.

* El cambio de uso de suelo del ámbito rural, y de las zonas naturales protegidas, en favor de inversionistas privados para el uso, aprovechamiento y disfrute de los recursos naturales de estos territorios monopolizándolos, erosionándolos, expoliándolos.

* Envenenamiento de montes, bosques, aguas y poblaciones  por el uso extensivo de agrotóxicos y paquetes biotecnológicos en grandes extensiones de tierra y territorios, y por recurrir a procesos industriales a todas luces nocivos como las granjas y criaderos industriales, las grandes plantas químicas, y los procesos de minería a cielo abierto y en socavones.

* Por la amenaza, muerte y desaparición de líderes comunitarios, de organizaciones civiles campesinos e indígenas por grupos paramilitares promovidos por las empresas mineras,[73] forestales, de infraestructura y otros para lograr el miedo y desaparición de la oposición a sus proyectos de infraestructura o inversión en los que las comunidades tenían oposición.

* El trabajo de presión política, económica y  de amedrentamiento hacia los representantes u autoridades comunitarias o ejidales o del pueblo para lograr acuerdos de concesiones, venta, compra, renta o uso de los recursos naturales de los territorios en propiedad social.

* Tráfico de personas para la mano de obra barata como jornaleros y obreros.

 * La compactación de grandes empresas que se apoderan de toda la producción de alimentos para comercializarla a su modo y con sus reglamentos, mismos que son nocivos a todas luces para los productores, para los consumidores y para el planeta. Sin embargo, su normatividad es parte de la batería de estándares, normas de calidad, sanidad alimentaria y otros criterios “técnicos”, que se invocan para marginar los alimentos producidos “por la libre”, privilegiando a los producidos bajo el control de las corporaciones, aunque en la práctica sean estos alimentos mucho más nocivos que los populares.[74]

* El dolo con que aprovechan la situación de debilitamiento de las comunidades y presionan de maneras diversas para incidir en las leyes que deberían proteger al pueblo, violentando no sólo los derechos de los pueblos sino la soberanía nacional misma, actos que el gobierno pretende no ver o promueve abiertamente.

Acusamos al Estado Mexicano, a los legisladores y funcionarios de todos los niveles que han promovido el desmantelamiento de la agricultura y el ámbito rural mexicanos, de la propiedad social, en favor de empresas trasnacionales para darles certeza jurídica, arrebatando las posibilidades de soberanía alimentaria, debilitando por ello a los pueblos y destruyendo así la integridad de comunidades enteras y sus territorios. Les acusamos del crimen histórico de contaminación transgénica del maíz en su centro de origen.

Este desmantelamiento llega al extremo de una inseguridad alimentaria que suma 28 millones que padecen hambre y por lo menos 3 millones en condiciones de hambruna, según datos de Coneval)[75]; de una urbanización imparable con sus problemas, y acarrea fragmentación de las comunidades, caos generalizado y marginación de grandes segmentos de la población mexicana, al punto de la delincuencia como una de las pocas salidas concretas a su compleja problemática. Todo esto es responsabilidad del Estado mexicano y las corporaciones.

En lo concreto, pensamos que existen responsabilidades del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo de la Federación en lo tocante a los siguientes hechos:[76]

1. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) nunca emitió recomendación alguna a la Denuncia Popular contra la contaminación transgénica en la Sierra Norte de Juárez interpuesta en 2001 por una coalición de organizaciones campesinas y ambientalistas (UNORCA, ANEC, CECCAM, GEA y Greenpeace); sólo pidió más estudios a las autoridades denunciadas, que confirmaron la contaminación, dejando sin resolver la contaminación de las comunidades indígenas y campesinas afectadas.

2. El Congreso de la Unión (senadores y diputados de la LIX Legislatura) aprobaron una Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM, 2005) que fomenta los transgénicos en lugar de garantizar la bioseguridad; que contraviene el interés general al favorecer los intereses de las empresas transnacionales; que viola principios y derechos reconocidos en tratados internacionales de los que México es parte, al dejar sin sustento el Principio de Precaución establecido en ellos (CDB, 1993 y Protocolo de Cartagena sobre la Seguridad de la Biotecnología, 2003) y al anular el derecho de consulta de los pueblos indígenas (Convenio 169 de la OIT); y que además viola el derecho de los pueblos a la información al negar el etiquetado de los productos que contengan OGM.

3. El Estado mexicano desacató la recomendación emitida en 2004 por la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte (CCA), instancia trinacional emanada del TLCAN, de “mantener la moratoria a la siembra comercial de maíz transgénico y fortalecerla, minimizando las importaciones de maíz en grano viable de países que cultiven variedades genéticamente modificadas con fines comerciales”, como consta en el informe Maíz y Biodiversidad. Efectos del maíz transgénico en México[77] Así desatendió un compromiso internacional al no resolver la demanda de las comunidades afectadas por la contaminación transgénica que originó el estudio de la CCA por un panel de expertos entre 2002 y 2004.

5. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) elaboró un reglamento de la LBOGM (2008) sin tomar en cuenta las opiniones del Consejo Consultivo Científico de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de OGM (Cibiogem) de consulta legalmente vinculante y lo reformó mediante un decreto (2009) que suprimió el Régimen de Protección Especial del Maíz previsto en la ley, evadiendo los procedimientos de mejora regulatoria y de consulta pública.

6. La Presidencia de la República, a pesar de haber recibido el expediente probatorio de las ilegalidades cometidas, publicó en la reforma al reglamento de la LBOGM en el Diario Oficial de la Federación.

7. La Sagarpa y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) otorgaron entre 2009 y principios de 2012 más de 140 permisos de siembra experimental de maíz transgénico en seis estados del norte del país, en condiciones de sistemática violación de la legalidad nacional e internacional (reglamento ilegal de la LBOGM, ausencia de Normas Oficiales Mexicanas y de otros mecanismos estipulados en la ley, violación de derechos individuales y colectivos y de los derechos de los pueblos indígenas), así como 6 permisos en etapa piloto, como simple requisito para pasar a la etapa comercial; pasando por encima de los propios dictámenes de bioseguridad negativos emitidos por instancias gubernamentales (como Conabio, INE y Conanp) y desoyendo los estudios científicos más recientes que demuestran los efectos negativos de estos cultivos en Estados Unidos.

Entre enero y septiembre de 2013,  se han recibido 44 solicitudes para siembra de maíz genéticamente modificado en un total de 3’481,628.2368 hectáreas. De las solicitudes, 19 son de fase experimental, 17 son piloto y 8 son de fase comercial.

Mayo es el mes en el que hubo más solicitudes, pero en total de las 11 se solicitaron 98.26 hectáreas. Aun cuando en septiembre sólo hay dos solicitudes, es en este mes en el que se está pidiendo sembrar en una mayor cantidad de hectáreas: 1’779,663.28.

Como se mencionaba, en 2013 se recibieron 8 solicitudes de fase comercial, aun cuando esta fase es la que presenta menos solicitudes, es la que sin comparación rebasa el número de hectáreas de las otras fases. Se nota el deseo de las empresas agroindustriales por sembrar de manera comercial sus semillas de maíz genéticamente modificado al solicitar tal magnitud de hectáreas en suelo mexicano, 3’480,075.28.[78]

8. La Profepa se declaró Incompetente para conocer de una Denuncia Popular en contra de los primeros 24 permisos de siembra experimental de maíz transgénico, interpuesta en 2010 por un amplio colectivo de un centenar de organizaciones campesinas, indígenas, ambientalistas, de derechos humanos y científicos independientes[79]  dejando en peligro inminente a más de 60 razas y miles de variedades de maíz nativo o criollo y en estado de indefensión a los pueblos afectados por los daños y futuros riesgos en el ambiente, en la salud humana y animal y en la economía campesina.

9. El Estado mexicano ha minimizado y desacatado la recomendación del Relator Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, Olivier De Schutter, en marzo de 2012, de que “estudie la posibilidad de volver a declarar la moratoria de los experimentos sobre el terreno y del cultivo con fines comerciales de maíz transgénico”.[80]

10. El gobierno mexicano ha simulado procesos de consulta pública sobre las regulaciones y sobre las solicitudes de permisos de siembra de maíz transgénico en fase experimental y piloto, en los que sólo se puede participar por Internet. Finalmente, la autoridad que otorga los permisos no toma en cuenta los comentarios emitidos por científicos independientes, expertos y organizaciones sociales o civiles, a pesar de estar técnica y científicamente sustentados. Menos aún escuchan la voz de los pueblos indígenas y campesinos.

11. El nuevo gobierno de Enrique Peña Nieto, que asumió el  primero de diciembre de 2013, no ha respondido aún a las solicitudes de liberación comercial de maíz transgénico. Tampoco ha tomado aún ninguna resolución, pero el titular de Sagarpa asegura que se regirá por criterios “científicos”. Por un lado,  la UCCS ha presentado en tres ocasiones (2009, y 2012) expedientes con sólidos argumentos científicos explicando la imposibilidad de liberar maíz transgénico en México, por ser su centro de origen.  Como consecuencia de esta información elaboró una declaración, que ha sido firmada por más de 3000 científicos mexicanos e internacionales, demandando al gobierno que no se siembre maíz transgénico. El gobierno no ha tomado en cuenta estos expedientes, y en su lugar, formó su propio “consejo científico”.

12. El 10 de octubre 2013, un juez del distrito federal ordenó la suspensión de los trámites tendentes a aprobar plantaciones experimentales, piloto o comerciales, como medida cautelar frente a una Acción Civil colectiva planteada por 53 individuos, incluyendo 20 organizaciones. La suspensión es hasta que se decida sobre la demanda. Sin embargo, la Sagarpa y la Semarnat apelaron la resolución de suspensión, aún antes del juicio, colocándose claramente en defensa de las empresas transnacionales y no del interés público.[81] , [82] Dicha apelación aún no se resuelve.

13. La decisión de decidir sobre “bases científicas”, además de referirse a una ciencia hecha a medida para favorecer y justificar a las transnacionales, es además una atrocidad en un país donde el maíz es el legado milenario y la base del sustento de millones de campesinos e indígenas, cuya firme y extendida oposición por una vastedad de causas, muchas de ellas expresadas aquí, han sido ignoradas.

Responsabilidades del Poder Judicial de la Federación:

1. Los juzgados federales desecharon media docena de amparos en contra del Reglamento de la LBOGM interpuestos en 2008 por diversas organizaciones integrantes de la Campaña nacional Sin maíz no hay país (ANEC, AMUCCS, Greenpeace, GEA, Semillas de Vida y Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria), por falta de interés jurídico en cinco casos o porque el daño aún no está consumado en un caso, dejando todo tipo de organizaciones (campesinas y sus agremiados, ambientalistas y de defensa de derechos humanos) en estado de indefensión frente a unos actos de autoridad carentes de legalidad.

2. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desecharon una controversia constitucional en contra del Reglamento de la LBOGM interpuesta por el municipio de Tepoztlán, Morelos (2008), por falta de interés jurídico, dejando un municipio en estado de indefensión frente a un acto de autoridad ilegal.

 

8. Derechos reclamados

1. El derecho a la libre determinación y la autonomía de todos los pueblos indios del país. El derecho a la autodeterminación como pueblo de México en los términos de la Declaración de Argel.

2. El derecho a alimentación efectiva, traducida como seguridad alimentaria de toda la población en su conjunto. El derecho a resolver por medios propios la subsistencia (la producción independiente de alimentos, la soberanía alimentaria) y a custodiar, guardar e intercambiar semillas ancestrales sin requisito alguno de certificación, registro, derecho de propiedad intelectual, ni alguna otra forma de fiscalización. Este derecho en particular, sumamente atacado en las modernas legislaciones nacional e internacionales debemos defenderlo apelando a nuestro derecho histórico como pueblo y apelando también a la Declaración de Argel.

3. El derecho a la integridad de los territorios donde están asentados los pueblos indios sin detrimento de la complejidad de los sistemas tradicionales de tales pueblos para cuidarlos como siempre los han cuidado, sin intromisión alguna por parte del gobierno, las corporaciones y sus instancias intermediadoras.

4. El derecho a tener un país libre de transgénicos, algo que encarnan en muchos estatutos comunales y ejidales.

5. El derecho a seguir viviendo como campesinos, en los ámbitos rurales, sin que impongan desde fuera programas ni modelos de agricultura y producción alimentaria contraria a los saberes ancestrales de la gente.

6. El derecho a que la agricultura no sea incluida en tratados comerciales, ya que es un bien común y no debe tratarse como mercancía.

7. El derecho a  cuestionar cualquier norma, programa, proyecto, asignación, presupuesto, política pública, decisión legislativa, ejecutiva y judicial sin ser criminalizados ni perseguidos.

9. Demandas ante el TPP

Vemos muy importante visibilizar a los responsables, desnudar los mecanismos y procesos que posibilitan hoy en día las condiciones de violencia estructural tan agudas de nuestro país. Emitir recomendaciones para proteger a las víctimas y en la medida de lo posible pudiera emprenderse la reparación del daño que, entendemos, no necesariamente pasa o puede pasar por una remuneración monetaria, que a veces nomás legitima o “redime” a los perpetradores.

Es crucial que salga en defensa de nuestra potestad de cuestionar cualquier acto de la vida social en su conjunto, devolviéndole al derecho su centro. Es decir, devolverle a las acciones su componente de responsabilidad.

Que nos permita visibilizar las posibles transformaciones urgentes a la vida que lleva México.

Tras dos años de proceso, sería importante que recomendara la prohibición absoluta de los cultivos transgénicos y sus variantes, que atentan contra la integridad biológica de las semillas y cultivos nativos. Que se pronuncie a favor de frenar las importaciones de maíz. Que diga que la agricultura industrial, incluyendo los OGM, es atentatoria del derecho de los pueblos a producir sus alimentos y contra la biodiversidad agrícola, cultural y natural. Y sin embargo, que pueda promover la agricultura comercial de los pequeños y medianos productores contra la voracidad de las comercializadoras y contra las desigualdades impuestas mediante el TLC.

Que el TPP se pronuncie a favor de los derechos de los pueblos y reafirme cuales son los derechos del pueblo de México.

Que se pronuncie en contra de los TLC, y de todo mecanismo que promueva el desvío de poder.

Que se pronuncie a favor de la derogación de leyes, políticas publicas que afectan la integridad de los pueblos originarios, agricultores campesinos y de sus territorios.

Que en el caso del maíz,  al ser México centro de origen, se comete un crimen de proporciones históricas contra la biodiversidad y la creación colectiva de los pueblos campesinos a favor de toda la humanidad.

Que se pronuncie contra la omisión de la FAO y el Grupo Consultivo sobre Investigación Agrícola Internacional por no proteger los centros de origen globales de los cultivos.[83]

Que se pronuncie en pro de la creación de leyes que garanticen la integridad de los pueblos originarios, campesinos.

Que se pronuncie a favor de detener la violencia contra los pueblos que defienden sus territorios, recursos naturales, semillas, mercados, formas libres y autónomas de producción de alimentos.

Que dé garantía a los agricultores mexicanos para que puedan reproducirse como pueblos campesinos, sectores esenciales para soberanía nacional, integridad económica del país.

 

10. Conclusiones

1. Podemos afirmar que los tratados de libre comercio son actualmente, uno de los principales instrumentos del desvío de poder. Estos tratados son matrices de gobierno que suplantan la legalidad, y que promueven normas, estándares supra-legales procedentes de otras instancias “internacionales” paralegales. No son la causa ni el origen de los problemas, sino el instrumento para dejar indefensa a la población.

2. Tales matrices de gobierno promueven políticas públicas que abren espacio de maniobra a las corporaciones mientras cierran los canales legales a la gente común. Así, promueven marcos “legales” que le abren cancha a las corporaciones y a los “individuos” mientras erosionan y desmantelan los derechos colectivos, los derechos de los pueblos, y los ámbitos comunes.

3. Promocionan también una certificación y registro de todo (una promoción desmedida, valga el oximoron, de todo lo que esté medido, registrado, certificado. En el fondo, se encuentra la avidez de establecer los más controles posibles para sus propios fines.

4. El establecimiento de tantos controles siempre va acompañado de un margen de maniobra (léase impunidad) para corporaciones, instancias de gobierno e instancias internacionales supra o paralegales (como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y otros muchos).

5. Podríamos sistematizar los efectos de las reformas estructurales instrumentadas por los tratados y acuerdos de comercio y cooperación sobre la agricultura, la soberanía alimentaria y la autonomía de los pueblos, diciendo:

1. Hay una ruptura del ámbito común más fuerte que es el territorio. En México, con la Revolución, se mantenían las comunidades y ejidos como forma de posesión y custodia colectiva, social, de la tierra en asociación con el agua y los recursos, lo que configuraba la idea de los territorios. La contrarreforma del artículo 27 permitió y promovió la privatización de la tierra, su escisión del agua y los recursos, y la posibilidad de su renta, venta, enajenación mediante los contratos con corporaciones e individuos, porque el punto planteaba la individualización y certificación y registro de la tierra, para dar certeza jurídica y promover así la invasión de los territorios y el acaparamiento de la tierra, el agua, la bodiversidad y los recursos minerales.

2. Lo más visible del efecto de los TLC en México para la agricultura es la retirada del apoyo a producción (fuera mediana, pequeña o independiente) de alimentos. Esto en realidad significa promover la agroindustria, a las grandes corporaciones a las que se les otorgan todas las facilidades.

3. La promoción de la agroindustria implica el apoyo a todos los programas de intensificación de cultivos, de corte enajenante y autoritario, que intentan erradicar los modos y saberes ancestrales de manejo agrícola imponiendo en cambio una sustitución de las semillas ancestrales por semillas de laboratorio, paquetes tecnológicos de mecanización, fertilizantes y plaguicidas químicos que si bien aumentan en corto plazo la producción, tarde o temprano la dificultan mucho más (en los términos tradicionales). Sostener grandes rendimientos sólo se logra predando un terreno tras otro y el acaparamiento desmedido de la tierra. Los monocultivos son modelos donde todo lo utilizado es desechable. Así, provoca una devastación ambiental de la tierra de cultivo, y de los bosques y los cuerpos de agua sobre los que avanza.

4. Esto significa un crimen de lesa humanidad, al hacer drogadictos los suelos, destruir los sistemas agrícolas ancestrales, y romper los medios de subsistencia más antiguos para núcleos enormes de población.

5. Desde los cincuentas y sesentas se conoció como Revolución Verde, promovida en concreto por la Fundación Rockefeller y por el CGIAR, y tiene una parte alterna con programa de compensación como Procampo, Solidaridad y Oportunidades, que palian, pero corrompen y desarticulan más esfuerzos de los que dicen promover.

6. Al quedar separadas tierra y agua, se promueve también el acaparamiento del agua, y el abuso en la utilización de la misma.

7. Uno de los núcleos duros es la privatización de saberes, conocimientos y descubrimientos, lo que llevó al extremo de la privatización de la vida misma. Entonces, la propiedad intelectual, las patentes, los derechos de obtentor y todos sus esquemas asociados de certificación, registro y catalogación (por ejemplo de variedades vegetales) llevan a otro gran crimen que es la homogenización, es decir la erosión extrema, de la biodiversidad, al promoverse variedades acotadas por su registro como si fueran estáticas, cuando que se transforman todo el tiempo.

8. Promueven también la llamada conservación ex situ, en bancos de semillas y jardines botánicos, mientras se devasta la biodiversidad como ocurre en la vida cotidiana a largo plazo.

9. Hay también una criminalización expresa (establecida en leyes concretas) de la custodia e intercambio libre de semillas nativas ancestrales, lo que implica también una grave violación a los derechos de los pueblos como los plantea la Declaración de Argel y un crimen que atenta contra una de las estrategias más antiguas de la humanidad.

10. Obviamente esto conlleva también la criminalización del manejo ancestral de la agricultura tradicional, incluso con cárcel concreta, con el pretexto de que atenta contra la ecología (por ejemplo en el manejo de acahuales), mientras se promueven agroindustrias vastamente nocivos.

11. Al mismo tiempo, se promueve la imposición de normas, estándares, certificaciones y controles de volumen mercantil para cerrar el paso a los productos producidos de manera libre, mientras se promueve todo los producido y procesado y transportado por las grandes industrias. y todo con el pretexto de la sanidad alimentaria (o seguridad alimentaria de los alimentos), mientras se permite la gran nocividad de productos alimentarios industriales de los cuales la producción industrial de pollos o cerdos.

12. La promoción de la agroindustria, finalmente promueve la integración vertical que configura eso que llamamos el sistema agroalimentario industrial: ese proceso que va del acaparamiento de la tierra y pasa por la producción y uso de semillas de laboratorio con paquetes de agrotóxicos (plaguicidas y fertilizantes), el cambio del uso del suelo y la devastación-deforestación-acaparamiento-abuso de agua, el transporte, procesado, empacado, almacenamiento hasta llegar a las grandes cadenas de comercialización de alimentos que condicionan desde la calidad o sanidad alimentaria hasta el precio y el acceso de los alimentos a la gente común.

13. Esto implica también el desmantelamiento de los mercados locales en aras de los grandes acaparadores de alimentos mediante Las GAP, las NOM, la Calidad Suprema, y otras, que fortalecen las grandes cadenas de supermercados. Rompiendo de paso las regiones y sus flujos de mercancías más profundos.

14. Esto tiene el efecto concreto de expulsar enormes cantidades de personas del campo a las ciudades o a donde están los centros agroindustriales, afectando también las condiciones y los derechos laborales en que trabajan esos expulsados fragilizados.

15. Esta expulsión y este vaciamiento, promueve igualmente la invasión de los territorios para los proyectos de minería, deforestación, y otros esquemas fraudulentos de especulación con el carbono y el oxígeno como los servicios ambientales, REDD, las reservas de la biosfera, que a fin de cuenta enajenan el manejo del territorio y predan con el cuidado ancestral que las comunidades han cuidado.

En cambio, la parte agraviada, las comunidades campesinas e indígenas y los agricultores en pequeña escala hoy por hoy producimos la parte sustancial de los alimentos del mundo[84], pese a la poca tierra a nivel mundial que mantenemos, y pese a las condiciones de opresión que intentan imponernos. Y sabemos que mantener nuestros cultivos ancestrales, con nuestras semillas nativas, podría enfriar la tierra si hubiera una voluntad política para defender los modos de vida que están en el centro de esta agricultura, para seguir cultivando el maíz en la comunidad que llamamos milpa: diverso, generoso, alimento en convivencia con otros alimentos, con plantas que curan, con árboles que protegen, con animales que también son nuestra fuerza. Para ello, es crucial que las comunidades tengan un control territorial, un autogobierno, una autonomía. Dice Guillermo Bonfil Batalla: “El cambio cultural más urgente es el que surgirá de un nuevo pensamiento crítico radical y arraigado, capaz de formular alternativas e imaginar futuros posibles. O imposibles, pero que tengan la fuerza de convocar nuestras voluntades”.[85]


[1] Ver Preaudiencia de Cherán, 9 de noviembre de 2012; Preaudiencia de Tepoztlán, 24 de noviembre de 2012; Preaudiencia de San Isidro, Jalisco, 28-30 de junio de 2013, preaudiencia de Maní, Yucatán, 10 de noviembre 2013.

[2] Ver “Territorialidad, subsistencia y vida digna, documento de contexto general de las denuncias ante el Tribunal Permanente de los Pueblos, San Isidro, Jalisco, 27 de junio, 2013:

[3] Ver, “Sanidad alimentaria para quién”, en GRAIN, El gran robo de los alimentos, Editorial Icaria, 2012.

[4] Ver, ETC Group, ¿Quién controlará la economía verde?, Noviembre 2011 y ETC Group  “El Carro delante del caballo –quién controla los insumos agrícolas”, Septiembre 2013 http://www.etcgroup.org/es/content/el-carro-delante-del-caballo-semillas-suelos-y-campesinos

[5] Comunicado de la Red en Defensa del Maíz, 17 de marzo de 2011 .

[6] Ana de Ita, “La seguridad alimentaria como negocio”, La Jornada, 28 de abril 2012.

[7] Ana de Ita, “Catorce años de TLCAN y la crisis de la tortilla de maíz.” Ecoportal.net, 11 de diciembre, 2007.

[8] Guillermo Bonfil Batalla, “Implicaciones culturales del Tratado de Libre Comercio”, México Indígena Nueva Época, número 24, último, septiembre de 1991.

[9] Ver GRAIN, “¿Renunciar a la soberanía nacional?”, junio de 2008. Ver también, Documentos de análisis de GRAIN, “La enfermedad del momento: trataditis aguditis, mitos y consecuencias de los tratados de libre comercio con Estados Unidos”, mayo de 2004, www.grain.org.

[10] Biothai y GRAIN, “Lecciones de las luchas contra los TLC”, diciembre de 2007, www.bilaterals.org/spip.php?article15285

[11] El caso de Metalclad, una empresa estadounidense que enfrentó la resistencia de la gente de del municipio de Guadalcázar en San Luis Potosí ante la instalación de un basurero de desechos tóxicos, nos debe alertar de los efectos suplantadores de los tratados. Apelando a las cláusulas del TLCAN, Metalclad, una empresa, se igualó con el gobierno mexicano en su carácter de personalidad jurídica y pudo demandarlo por “todo lo que no ganó y pudo haber ganado”, y pese a la resistencia y a las acciones incluso gubernamentales en favor de la resistencia, la empresa le ganó el juicio al gobierno y sentó un precedente muy peligroso. Ver, por ejemplo: Fernando Bejarano,  “El conflicto del basurero tóxico de Metalclad en Guadalcázar, SLP, en Enfrentando la globalización. Respuestas de la sociedad civil mexicana a la integración económica de México, 2003. Ahora tenemos el uso de la misma cláusula como amenaza de Monsanto contra el gobierno de Campeche y de éste contra los mayas en 2013.

[12] “Según la primera evaluación del USDA (Departamento de Agricultura de Estados Unidos, según sus siglas en inglés), uno de los principales logros del Tratado fue impedir a México la tentación de recurrir a políticas proteccionistas durante la crisis de 1995”, ver Ana de Ita, “Catorce años de TLCAN y la crisis de la tortilla de maíz, op.cit.

[13] Víctor Quintana: “TLC: Violencia contra las agriculturas campesinas e indígenas,” inédito, documento especial para el Tribunal Permanente de los Pueblos, abril, 2012.

[14] Ver como un ejemplo entre tantos documentos que han criticado esta reforma, http://www.maderasdelpueblo.org.mx/archivos/pdf/contrareforma27.pdf. Ver también el libro de Luis Hernández Navarro, Autonomía y nuevos sujetos rurales en el desarrollo rural, siglo XXI, 1992.

[15] “Según el blog No Deforestación, es muy difícil calcular de una sola manera la tasa anual de la deforestación en México. Los mismos datos de FAO, provienen de los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, o de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Francisco Takaki, un funcionario del INEGI, afirma que “hay una variación enorme en las estimaciones de la deforestación en México, que van de 75 mil hectáreas anuales a 1.98 millones de hectáreas anuales”. Takaki, señala que no se puede decir que no existen criterios consensados para la medición de dichas tasas. Sin embargo, tomando los datos publicados por FAO en 2005, estamos hablando de una tasa anual de 263 mil 400 hectáreas anuales entre 2000 y 2005, lo que representaría 1 millón 562 mil 400 hectáreas en seis años, lo que equivale a los territorios de Tlaxcala y Querétaro juntos. Pese a que los datos de Semarnat para 2010 indican una disminución a 155 mil hectáreas por año, francamente no resulta creíble que haya habido una disminución tomando en cuenta la crisis climática, la expansión de las siembras del narcotráfico y en general los monocultivos, y la expansión de las ciudades por todo el territorio nacional, como lo han estado denunciando comunidades rurales como Cherán en Michoacán, Coajomulco en Morelos, San Francisco Xochicuautla, en el Estado de México y las comunidades rarámuri de Chihuahua y wixaritari de Jalisco. http://cerodeforestacion.blogspot.mx/2010/03/deforestacion-en-mexico-dimensiones.html

[16] Víctor Quintana: op cit.

[17] Ibídem.

[18] La Jornada, 6 de abril de 2012, nota de David Brooks.

[19] Diario Reforma,16 de octubre de 2002.

[20] Diario La Jornada, 5 de julio de 2001.

[21] Víctor Suárez e Iván Polanco: “Saldos de la política agropecuaria panista,” La Jornada del Campo, 18 de agosto de 2009.

[22] Las investigaciones del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam) durante más de 15 años, son la fuente de estas conclusiones. Ver www.ceccam.org.mx

[23] Ana de Ita: “Efectos del libre comercio en la soberanía alimentaria, el maíz y la autonomía”, documento inédito, preparado especialmente para el Tribunal Permanente de los Pueblos, febrero de 2012.

[24] Víctor Quintana, op.cit.

[25] Grupo ETC “El Carro delante del caballo –quién controla los insumos agrícolas”, Septiembre 2013 http://www.etcgroup.org/es/content/el-carro-delante-del-caballo-semillas-suelos-y-campesinos

[26] Dos ejemplos contundentes son la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, o “Ley Monsanto” y la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas. Ver también GRAIN, “Leyes para acabar con la producción independiente de alimentos”, en El maíz no es una cosa: es un centro de origen, Colectivo por la Autonomía, GRAIN, Casifop, Itaca, México 2012. Ver además la Reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales, cuyo componente de desvío de poder es innegable según una investigación de GRAIN, que realizó una revisión de esta ley —contra la cual existe ya una carta de protesta —“Alto a la embestida privatizadora sobre las semillas”, que está circulando en las redes sociales, ver www.biodiversidadla.org/content/view/full/70743

[27] Ver “Cinco desmentidos para rechazar transgénicos”, ponencia de GRAIN en la audiencia: “Los transgénicos nos roban el futuro, Guadalajara, Jalisco, 2 de marzo, 2010. Ver El maíz no es una cosa, es un centro de origen, op.cit.

[28] Ver  GRAIN, “Cuidar el suelo”, 18 de octubre, 2009,  http://www.grain.org/article/entries/1236; “Alimentos y cambio climático: el eslabón olvidado”, 28 de septiembre, 2011, http://www.grain.org/es/article/entries/4364

[29] La autodeterminación en la perspectiva del siglo XXI, Centro de investigación por la paz Gemika, España, 1994.

[30] Decimos que en apariencia, porque intentaremos demostrar que toda restricción promovida por el Estado en una situación de desvío de poder, en realidad abre la cobertura de la legalidad a todos aquellos beneficiados por las legislaciones “interesadas”.

[31] Citado por la abogada Magda Gómez, en “¿Existe en México el desvío de poder?”, La Jornada, 25 de octubre de 2011: “En nuestro país ocurre una regresión democrática, una condición estructural de “desviación de poder”, de uso faccioso del derecho, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos definió en el caso del general Gallardo: “La Comisión considera que ha existido una actitud anómala por parte del Estado mexicano que configura una desviación de poder. La desviación de poder es un abuso de mandato, un abuso de derecho. Un acto administrativo puede estar afectado de ilegalidad si su autor ha usado de sus poderes para un fin distinto de aquel en vista del cual le han sido conferidos (Informe número 43/96, caso 11.430). Consideramos que es una práctica constante lo señalado por la CIDH como la utilización de los poderes del Estado para perseguir y afectar las garantías de los pueblos. Sostenemos que la desviación de poder define la trayectoria de denegación de justicia sistemática que se vive en el país”.

[32] Bonfil Batalla lo dice así: “Nuestra agricultura tradicional, forjada en el transcurso de milenios, busca la diversificación para alcanzar la autosuficiencia. Obedece, pues, a una lógica de la producción que es radicalmente opuesta a la lógica que privilegia el mercado. La contradicción no es nueva (véase la historia de la política de crédito al campo, empeñada en impulsar cultivos ‘comerciales’ en detrimento de los de subsistencia); sólo que en el proyecto actual esa contradicción se acentúa y se torna más nítida e irreductible. Y no es sólo un problema de orientación del crédito: toca directamente asuntos como las formas de tenencia de la tierra (el ejido y las tierras comunales frente a la propiedad privada), la organización del trabajo y, a fin de cuentas, las bases mismas de la vida rural. La cuestión está en quiénes lo deciden y con cuáles razones: ¿qué peso tiene la opinión real de los campesinos acerca de los cambios que se demandarán de ellos?, ¿quiénes y cómo van a decidir si la opción favorable es la especialización de la producción agrícola en cultivos comerciales o, por el contrario, la diversificación orientada hacia la autosuficiencia alimentaria?”, Bonfil Batalla, op.cit.

[33] Ver artículo 2 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Ver también la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados y la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas.

[34] Ver Fernando Bejarano, op. cit. Ver también los documentos de la audiencia de Devastación Ambiental, presentada ante este Tribunal Permanente de los Pueblos.

[35] “En conjunto, los tratados crean las condiciones para el desconocimiento de los derechos de pueblos indígenas y campesinos, la privatización de grandes extensiones territoriales —incluidos los territorios indígenas y sus aguas— la expulsión de la población rural y el control total de la agricultura por parte de las grandes empresas”. Ver “La enfermedad del momento: trataditis aguditis, mitos y consecuencias de los tratados de libre comercio con Estados Unidos, op.cit.

[36] Ver, Petitoria formal al Tribunal Permanente de los Pueblos, Fundación Lelio Basso, Roma, Italia, encaminada a instaurar un Capítulo México donde podamos ventilar los nexos entre Libre comercio, guerra sucia y derechos de los pueblos, Comité promotor del Capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos, febrero de 2011. Ver también la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos, Argel, 4 de julio de 1976.

[37] Ver Bonfil Batalla, op.cit.

[38] “¿Firmar la renuncia a la soberanía nacional?”, op.cit. Ver también “La enfermedad del momento: trataditis aguditis, mitos y consecuencias de los tratados de libre comercio con Estados Unidos, op.cit.

[39] Ibídem.

[40] Ana de Ita: “La seguridad alimentaria como negocio”, op.cit

[41] Luis Hernández Navarro, comunicación personal, mayo de 2012.

[42] GRAIN; “Flujo de alimentos y TLC”,  octubre de 2008, www.grain.org. De hecho, de acuerdo a otro documento de GRAIN, “Cargill, la comercializadora de granos más grande del mundo, reportó un incremento de sus ganancias de cerca del 70 por ciento con respecto a 2007 —un 157 por ciento de aumento en los beneficios desde 2006. Los beneficios para ADM, la segunda comercializadora más grande de granos, declinaron ligeramente en 2008, en parte debido a su gran volumen de inversiones en el mercado en baja de etanol de los EUA, pero aún así las ganancias de la empresa fueron un 41 por ciento mayores que las registradas en 2006. Wilmar International, una de las mayores productoras y comercializadoras de aceite de palma del mundo, vio saltar sus beneficios de 288 millones de dólares en 2006, a 829 millones de dólares en 2007, y a mil 789 millones de dólares en 2008 —un incremento de algo más del séxtuplo en dos años”. Ver “Las corporaciones siguen especulando con el hambre”, enero de 2009, www.grain.org

[43] Ver artículo 27 constitucional, y su crítica en Luis Hernández Navarro, op. cit.

[44] Ver “¿Matar la agricultura?” en El maíz no es una cosa, es un centro de origen, op.cit.

[45] Ramón Vera Herrera, “Antes tierra y libertad, hoy territorio y autonomía”, Ojarasca 112, agosto de 2006.

[46] Tenencia de la tierra y derechos agrarios. pdf, diciembre 2003. http://www.sagarpa.gob.mx/sdr/evets/sm_jovenes/pdfs/1_eirr_sra.pdf

[47] Ver “¿Matar la agricultura?”, en El maíz no es una cosa, es un centro de origen, op.cit.

[48] Grupo ETC, “El carro delante del caballo, los cárteles de la agricultura trastornan el mundo”, septiembre 2013  http://www.etcgroup.org/es/content/el-carro-delante-del-caballo-los-cárteles-de-la-agricultura-trastornan-el-mundo

[49] GRAIN, “Las corporaciones siguen especulando con el hambre”, op.cit. Ver también “Permanent Peoples Tribunal Verdict against the Big six Agroquemical Companies: Syngenta, Bayer, Monsanto, Dow, Dupont, Basf”, Bangalore, India, diciembre 2011, http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/fichas/ficha.php?id=17107

[50] Ver http://eleconomista.com.mx/industrias/2013/10/24/

[51] Cinco desmentidos para rechazar transgénicos”. Conferencia de GRAIN en la audiencia “Los Transgénicos nos Roban el Futuro”, Guadalajara, Jalisco, febrero de 2010, en El maíz no es una cosa, es un centro de origen, op.cit.

[52] Camlila Montecinos (GRAIN), “Análisis de la propuesta de ley de semillas de México”, 2007, documento inédito.

[53] GRAIN, “Leyes para acabar con la producción independiente de alimentos”, en GRAIN, El gran robo de los alimentos, editorial Icaria, 2012.

[54] Silvia Ribeiro, Grupo ETC “Maíz transgénico, cómo infectar al mundo”: http://www.etcgroup.org/es/node/204

[55]Chapela I., Quist D., “Transgenic DNA introgressed into traditional maize landraces in Oaxaca, Mexico”, en: Nature, vol. 414, noviembre 29, 2001. p. 541-543

[56] Ana de Ita,“ El control transnacional del mercado de maíz en México y su responsabilidad en la contaminación transgénica del maíz nativo” en: F. Bejarano y B. Mata, editores, Impactos del libre comercio, plaguicidas y transgénicos en la agricultura de América Latina. México, RAPAM, RAP-AL, UACH, SOMAS, 2003. pp. 231-240.

[57] Ana de Ita, “Efectos del libre comercio en la soberanía alimentaria, el maíz y la autonomía”, documento inédito, preparado especialmente para el Tribunal Permanente de los Pueblos, febrero de 2012.

[58] Ver boletín de prensa colectivo de comunidades indígenas y campesinas de Oaxaca, Puebla, Chihuahua, Veracruz, Ceccam, Cenami, Grupo ETC, GRAIN, Casifop, Unosjo, ajagi, en Grupo ETC, http://www.etcgroup.org/es/node/148

[59]  United States Department of Agriculture, Economic Research Service. http://www.ers.usda.gov/Data/BiotechCrops/ExtentofAdoptionTable1.htm

[60] Secofi, Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Texto oficial,  Art. 712.3, México, Porrúa 1998

[61] Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM); Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, ver http://snics.sagarpa.gob.mx/certificacion/Paginas/Bioseguridad.aspx

[62] Ceccam, la determinación de los centros de origen y diversidad genética del maíz, análisis crítico, 2012. http://mapserverceccam.org/tfc/Documentos/CODGM.pdf

[63] CONABIO Biodiversidad Mexicana, Centro de Origen y Diversidad, 2012 http://www.biodiversidad.gob.mx/genes/centrosOrigen/centrosOrig.html

[64] Los pasos más detallados se encuentran en: Verónica Villa (Grupo ETC) y Ramón Vera Herrera (GRAIN), “Diez años de la Red en Defensa del Maíz y por la autonomía de los pueblos”, Desinformémonos, ver www.desinformemonos.org

[65] Ver El año de la gran contaminación, documento de contexto del Grupo ETC, octubre de 2022, http://www.etcgroup.org/es/node/185 , ver la columna quincenal de Silvia Ribeiro en La Jornada y en http://etcblog.org/ para un recuento cronológico y crítico de la contaminación transgénica del maíz en México.

[66] ETC group, Masacre del maíz mexicano, comunicado de prensa 15 nov, 2102, http://www.etcgroup.org/es/content/masacre-del-maíz-mexicano

[67] Ver Petitoria formal al Tribunal Permanente de los Pueblos, Fundación Lelio Basso, Roma, Italia, encaminada a instaurar un Capítulo México donde podamos ventilar los nexos entre Libre comercio, guerra sucia y derechos de los pueblos, op.cit. Ver también: Ramón Vera Herrera, “El Estado mexicano no reconoce los derechos de los pueblos indios”, Ojarasca 178, febrero de 2011.

[68] Editorial de Biodiversidad, sustento y culturas, número 59 enero de 2009.

[69] Carta a la opinión pública nacional e internacional firmada por 302 organizaciones civiles de 49 países. Consulte la página del grupo etc, octubre de 2003, http://www.etcgroup.org/es/node/138

[70] Andrés Barreda, “La catástrofe del agua en México sólo la explican las políticas del TLC”, Ojarasca 178, febrero de 2012.

[71] GRAIN, “Sanidad alimentaria para quien”, en El gran robo de los alimentos, op.cit. Ver también en ese mismo libro, “Cuidar el suelo”, y “Veinte años en que las agroindustrias han devastado los sistemas alimentarios”.

[72] Cuántos recuentos innombrables de la migración. Baste El séptimo hombre, de John Berger, para dar cuenta del carácter de planificación que tiene la migración para quienes necesitan de la mano de obra precarizada y frágil como fuente de lucro y margen de ganancia. (Ver la edición de Sur+, Oaxaca, México, 2011.

[73] Aunque no es el ámbito de esta demanda, cotejamos también que el 28.58 por ciento del territorio nacional (56 millones 7 mil 756 hectáreas) está concesionado a las mineras y son éstas, hoy por hoy, uno de los peligros más temibles al que se enfrentan las comunidades en su afán de autonomía y subsistencia. Ver, Francisco López Bárcenas y Mayra Monserrat Eslava Galicia, El mineral o la vida. La legislación minera en México. Coapi, AC, 2011. Dicen los autores: “En nuestro país la minería es una industria floreciente. Su incidencia en la economía mexicana comenzó a tener importancia en la década de los noventa después de la reforma al artículo 27 constitucional y la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, dos hechos importantes en el futuro de la industria minera: el primero permitió el cambio de orientación de la legislación minera, mientras el segundo marcó las pautas de lo que debería aprobarse, lo cual no sólo se reduce a la legislación minera, pues incluye el acceso a la tierra bajo la cual se encuentran los minerales, el uso del suelo, el uso del agua para el procesamiento del minera, la prevención o remediación de la contaminación ambiental y la inversión extranjera en este rubro”.

[74] Ver, “Sanidad alimentaria para quién”, en El gran robo de los alimentos, op.cit.

[75] Coneval, Informe de Evaluación de la Política Social 2011.

[76] Para más detalles sobre diversos procesos jurídico-políticos y su análisis crítico ver: Catherine Marielle y Lizy Peralta, “La participación política en una lucha de interés colectivo: la defensa del maíz”, GEA, 2011.

[78] Los datos de las tablas de información y de las gráficas son los que proporciona el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA). Archivo: “Estatus de solicitudes de permiso de liberación al ambiente de maíz ingresadas en 2013” http://www.senasica.gob.mx/?doc=25520

[81]  PJF, Nota informativa de la judicatura, 14/10/2013, http://www.cjf.gob.mx/documentos/notasInformativas/docsNotasInformativas/2013/notaInformativa41.pdf

[82] Jesusa Cervantes, “El transgénico de la discordia”, Proceso nro. 1930, 30/10/2013 http://www.proceso.com.mx/?p=356709

[83] Ver boletín de prensa del Grupo ETC: “La sociedad civil denuncia al CGIAR por Negación, Distracción y Demora sobre la contaminación de maíz en el centro de diversidad genética en México” http://www.etcgroup.org/es/node/180

[84] Grupo ETC: “Quién nos alimentará: ¿la cadena industrial de producción de alimentos o las redes campesinas”? , 2013, http://www.etcgroup.org/es/content/quién-nos-alimentará

[85] Guillermo Bonfil, op.cit.

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