Bioseguridad: una fecha para recordar
Alejandro Nadal
La Jornada
14 de diciembre de 2004
Es probable que hoy se someta a votación en el pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa de ley de bioseguridad. Su aprobación traerá efectos negativos para el futuro. Las secuelas se dejarán sentir en los ecosistemas más delicados, en los cultivos y las variedades que se siembran en México, y hasta en la salud humana.
El uso de organismos genéticamente modificados (OGM) sin un régimen de bioseguridad riguroso y responsable no resolverá los problemas del campo y no será una «palanca de desarrollo» como dicen los cabilderos del lobby de biotecnología agrícola. Buena parte de la comunidad científica internacional considera que esa tecnología impone riesgos sin precedentes a la biodiversidad y la salud. Lejos de contribuir a reducir el hambre y la miseria, intensificará el control de un puñado de corporaciones sobre cadenas de producción y distribución.
Cinco corporaciones controlan 75 por ciento del comercio mundial de cereales. Sus patentes imposibilitan la conservación y uso de semillas propias por los productores. Al mismo tiempo, más de 80 por ciento de las cosechas en el mundo subdesarrollado provienen de semillas conservadas por el productor. Este es el espacio económico que las empresas de biotecnología agrícola desean ocupar ahora.
En las últimas dos décadas la tasa de crecimiento de los rendimientos de los principales cultivos del mundo ha caído drásticamente. Esa es la expresión más clara de la crisis del modelo de producción agrícola comercial de monocultivo. Sin embargo, la tecnología de los OGM busca perpetuar ese modelo en crisis. No sólo eso, reforzará las estructuras sociales y económicas, intensificando las prácticas agrícolas que ocasionaron tanta destrucción ambiental y miseria en el campo mundial.
La tecnología de OGM tiene sus problemas. Ya hay estudios sobre la diseminación a parientes silvestres de material transgénico resistente a herbicidas en el cultivo de canola y betabel. Eso puede llevar al surgimiento de súper-plagas, pues el material transgénico confiere ventajas a los receptores. En el caso del maíz y el teocinte en México, eso podría llevar a la extinción de algunas subpoblaciones.
También hay evidencia de mayor uso de plaguicidas en el cultivo de plantas transgénicas resistentes a herbicidas, contrario a la promesa de los proveedores. En ocasiones, esas mismas plantas se han vuelto a manifestar después de la cosecha y deben ser controladas con otros plaguicidas. La toxina Bt, insertada en un numeroso contingente de cultivos que ya han recibido luz verde para ser liberados, puede acumularse en los suelos y tener efectos devastadores sobre insectos inofensivos. La toxina Bt también puede aumentar la resistencia de plagas a ese insecticida natural.
La manipulación genética de organismos vivos todavía está inmadura. Los posibles impactos negativos en salud y medio ambiente son demasiado importantes para ser ignorados. Por eso existe el principio de precaución, consagrado en el derecho internacional y, en especial, en el Protocolo de Cartagena sobre bioseguridad, pero la iniciativa de ley de bioseguridad le da la espalda. Desde esa perspectiva, el proyecto es inconstitucional y deberá ser impugnado.
Nadie en México, ni la Academia Mexicana de Ciencias ni las trasnacionales dueñas de esta tecnología, ni los investigadores que trabajan en laboratorios nacionales, han realizado un estudio riguroso dirigido a cubrir de manera sistemática todos los aspectos de la bioseguridad. Los que promueven esta ley carecen de bases racionales para justificar su compromiso con este proyecto de texto legal.
No se han evaluado los riesgos asociados a la liberación de cultivos transgénicos en los distintos ecosistemas de México. Tampoco se han comparado regímenes regulatorios alternativos, ni en lo que concierne a producción y uso confinado, ni en materia de liberación total. Nadie ha realizado un estudio minucioso de las implicaciones de la liberación para los productores que no desean utilizar esta tecnología. En muchos casos no podrán guardar sus cultivos libres de material transgénico; la ley de bioseguridad que será votada no les garantiza un futuro agradable.
¿Cuál es la prisa por aprobar esa ley? ¿Por qué no abrir el espacio para que la comunidad científica realice los estudios necesarios para dotar al país de una ley de bioseguridad seria y robusta?
Si los diputados del PRI y PAN votan a favor, México siempre los recordará. Con ese voto pueden comprometer la base de recursos genéticos de este país y permitir la expropiación del proceso de producción agrícola en detrimento de todo tipo de productores. Se cubrirán de vergüenza y arrojarán un manto de desgracia sobre nuestro futuro. En cambio, si resisten las presiones de grupos de interés y rechazan el proyecto, darán la oportunidad para que, por una vez, se hagan las cosas bien en este país. De una manera u otra, esta fecha será recordada por todos.