Silvia Ribeiro*

La Jornada

1 de agosto de 2009

El 27 de julio de 2009, el secretarilo de Agricultura, Alberto Cárdenas Jiménez, presentó otro componente de la farsa de bioseguridad en México: la Red Mexicana de Monitoreo de Organismos Genéticamente Modificados, otra forma de subsidiar con recursos públicos a las transnacionales de los transgénicos.

Cárdenas Jiménez aprovechó para garantizarles que para el próximo ciclo otoño-invierno comenzarían las primeras plantaciones de maíz transgénico, aprobadas por la Sagarpa ignorando los sólidos argumentos en contra que enviaron agrónomos independientes, técnicos del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y muchas organizaciones campesinas y ambientalistas. Solamente falta, dijo Cárdenas, que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) “cumpla su tarea” y dé su visto bueno, lo cual no pone en duda: “Saldremos siempre juntos y de la mano”1. Agregó que “Para la seguridad alimentaria […] hay que aumentar la producción de alimentos. La biotecnología es pilar en países desarrollados para asegurar la seguridad alimentaria”.2

Reveló nuevamente que su única fuente de información es la propaganda de las empresas transnacionales. ¿Por qué, si no, afirmar algo tan ignorante? El estudio científico más amplio y minucioso sobre rendimientos de los cultivos transgénicos en Estados Unidos —por amplio margen el mayor productor de transgénicos en el mundo— fue publicado en abril del 2009 por la Unión de Científicos Comprometidos (UCS) de ese país. Analiza 20 años de experimentación y 13 de comercialización de transgénicos y muestra que dichos cultivos disminuyen la producción. Corroboran evidencias similares presentadas en años anteriores por las universidades de Kansas y Nebraska. En todos los estudios es clara la fuerte disminución del rendimiento de la soya transgénica frente a la convencional. En el caso del maíz, el estudio de la UCS muestra que el maíz transgénico aumentó el rendimiento un descartable 0.2-0.3% anual (lo cual no compensa en forma alguna el costo mucho más alto de la semillas transgénicas frente a las convencionales, causando una pérdida para los agricultores). Sin embargo el aumento total de producción del maíz en Estados Unidos fue de 13%, debido a enfoques agronómicos no transgénicos. Es decir, si la producción de maíz aumentó en Estados Unidos, fue a pesar de los transgénicos.

La única razón por la que los agricultores estadunidenses siguen plantando transgénicos es que no tienen opción: no tienen semillas propias y deben comprarlas a las transnacionales que controlan férreamente el mercado, que son las mismas dueñas de los transgénicos. Esas empresas, entre ellas Monsanto, DuPont, Dow, son las que ahora pretenden expandir sus lucros inmorales con maíz transgénico en México.

Los transgénicos además aumentan el uso de agrotóxicos, implican serios problemas de salud y colocan en riesgo la biodiversidad y el patrimonio genético, alimentario, económico y cultural más importante del país: el maíz nativo. Sin embargo, para el gobierno es más importante favorecer los intereses de un puñado de transnacionales que atender todo esto.

La anunciada Red Mexicana de Monitoreo de OGM, aparece luego de años de contaminación de maíz nativo, frente a la que el gobierno se hizo cómplice y trató de acallar. ¿Por qué ahora?

Primero, porque el gobierno sabe que la contaminación del maíz nativo o comercial no transgénico, aumentará exponencialmente si se autoriza la siembra de maíz transgénico. Segundo, le sirve para aparentar “preocupación” por la contaminación, financiando con dinero público a laboratorios y empresas privadas de detección de transgénicos, que necesariamente deben pagar sondas patentadas de las multinacionales de transgénicos (otro favor para ellas). Tercero, porque la contaminación transgénica en Estados Unidos y Canadá es un negocio para las mismas multinacionales: le permite saber dónde están las víctimas, y llevarlas a juicio para cobrarles regalías por “uso indebido” de sus genes patentados. Es una práctica regular en Estados Unidos, donde Monsanto ya cobró por juicios, más de 21 millones de dólares a agricultores contaminados y más de 160 millones adicionales en “arreglos fuera de juicio”, por el temor que tienen los agricultores contaminados de tener que pagar aún más. Cuarto, porque esta Red de Monitoreo, si detecta contaminación en milpas campesinas, dará al gobierno una excusa para hacer “limpieza étnica” de semillas, forzando a los campesinos a cambiar sus propias semillas y poco a poco, quedar en dependencia con semillas comerciales, mercado dominado por las mismas transnacionales. Quinto, porque esta red tan amigable con el gobierno puede manipular los resultados, tal como ha hecho el gobierno los años pasados, publicando los datos que le convienen y ocultando los demás. Por ejemplo, que la mayoría de las semillas híbridas importadas que se venden y/o entregan en programas del gobierno, están contaminadas con transgénicos.

Por todo ello la Red en Defensa del Maíz expresó su firme rechazo al monitoreo digitado desde el gobierno contra las milpas campesinas, en una declaración contra la siembra de maíz transgénico en México que ha recibido el apoyo de más de 800 organizaciones de 60 países. Reafirman además, el compromiso de seguir “defendiendo, sembrando, guardando e intercambiando semillas propias, así como a ejercer el derecho sobre sus territorios e impedir la siembra de maíz transgénico”.

 Notas:

1 Ver Reforma, 28 de julio de 2009

2 Ver Crónica, 28 de julio de 2009

 * Silvia Ribeiro es investigadora del Grupo ETC

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