La sequía y la industria del siniestro
Luis Hernández Navarro
La jornada
3 de enero de 2012
El 2011 ha sido un año catastrófico para el campo mexicano. Heladas, inundaciones y sequías han azotado sembradíos y hatos ganaderos. En febrero, el frío daño los cultivos de maíz en Sinaloa, principal productor del grano. En junio, se retrasaron las lluvias y la siembra. Le siguieron heladas en pleno verano en Veracruz y Puebla. El año terminó con la peor sequía en siete décadas en más de la mitad del país.
Los efectos del errático clima en la producción agropecuaria nacional han sido muy dañinos. La cosecha de maíz se derrumbó. Se esperaba una producción de 23 millones de toneladas. Con suerte se obtendrán 19 y medio millones. No será fácil obtener los faltantes en el mercado internacional y el costo de adquirirlos será muy elevado. Estados Unidos disminuyó su producción, los precios internacionales se incrementaron y la ola especulativa con los alimentos no se detiene en todo el mundo.
El resultado de esta situación es, lisa y llanamente, desastroso. A pesar de las exportaciones de cerveza y tequila, la balanza agropecuaria del país tenía, hasta octubre de 2011, un déficit de más de 2 mil 209 millones de dólares. Sólo por concepto de importaciones de maíz se erogaron 2 mil 355 millones de dólares, casi 50 por ciento más que el año pasado.
Existe el peligro real de que varias regiones padezcan hambrunas severas. La situación en que viven los productores es bastante mala y se va a poner peor. Van a sufrir los impactos de la pérdida de sus cosechas o la baja de rendimientos sin contar con seguro agrícola para reparar sus pérdidas.
Que se haya producido un desastre climatológico no es responsabilidad de los funcionarios gubernamentales, pero sí lo es que no cuente con políticas para enfrentarlo. Es el caso de las sequías. En ello no hay novedad. Una parte significativa de nuestros cultivos se siembra en tierras que no tienen vocación para ello. Vivimos en el semidesierto, pero no existen políticas agrícolas para enfrentar esta situación. No hay ni propuestas de reconversión racionales ni una acción sostenida para aumentar la superficie de riego ni recursos compensatorios suficientes para hacer frente a las adversidades.
Precisamente por los factores climáticos, la agricultura es una actividad distinta a otras que requiere, para garantizar estabilidad y certidumbre, medidas estatales de protección y compensación. Sin embargo, en lugar de contar con ellas, los gobiernos neoliberales se han dedicado a desmantelar irracionalmente las protecciones y compensaciones que existían.
El país y sus productores rurales pagan ahora los efectos de una política que ha sacrificado a la agricultura, a los campesinos y a la soberanía alimentaria, a cambio de mantener las variables macroeconómicas sanas y de impulsar un modelo de desarrollo basado en supuestas ventajas comparativas. Ciertamente, las sequías son culpa de la naturaleza, pero los efectos de éstas en los productores y la carencia de colchones productivos para atenuar sus efectos son resultado de una política deliberada de desmantelamiento y distorsión de la presencia del Estado en el sector.