El Tribunal Permanente de los Pueblos
Es evidente que la declaración de Olivier De Schutter podrá usarse como otro argumento más en el proceso que con la instalación del Tribunal Permanente de los Pueblos en México (TPP) se abre para ventilar ante un tribunal ético de conciencia las atrocidades que el Estado mexicano ha perpetrado durante varias décadas ya contra los bienes comunes más preciados y profundos de nuestro país México.
Dicho tribunal es una de las conclusiones a las que arribó este documento que tienen ante sus ojos. Es decir, el esfuerzo de documentación y sistematización emprendido por un conjunto importante de comunidades y organizaciones de la sociedad civil internacionales y mexicanas ha confluido con la reflexión paciente y la lucidez para mantener una resistencia activa en defensa de la vida de los pueblos. De este proceso conjunto surge un documento como este libro, que intenta servir de fondo para un proceso como el del Tribunal Permanente de los Pueblos. Lo paradójico es que ese proceso de sistematización llegara a la conclusión de que siguiendo los caminos legales propuestos por el Estado mexicano no podía llegarse a ningún lado. Que había que defender el maíz sembrándolo, y la vida de los pueblos del maíz reinvindicando esa vida de un modo libertario, pero que además había que hacer el intento de visibilizar esta lucha apelando a un tribunal internacional como es el Tribunal Permanente de los Pueblos, antes Tribunal Russell, justamente porque es un espacio jurídico sin vínculos con ninguna instancia gubernamental o institucional en ninguna parte del mundo, y es en cambio un espacio surgido de la legitimidad que le otorgan los procesos con los que el TPP se compromete.
Pese a no ser vinculante, o justamente por no serlo, puede servir de cotejo de una realidad lacerante, como motor que impulsa procesos de vinculación, como lente de aumento para visibilizar una situación oculta o presentada engañosamente, y puede, por último, ser el motivo de una sistematización concreta que articule esfuerzos, promueva organización y genere un diagnóstico detallado de las posibilidades de transformación.
El proceso abierto en un capítulo México, tiene por lo menos siete ejes paralelos (decididos así por quienes buscamos por casi tres años la participación del Tribunal en México). Durante esos tres años nos comprometimos a sistematizar diversas experiencias de lucha y buscamos la participación de quienes sufren y encaran los problemas concretos para que su voz y su presencia fuera el corazón de un proceso de esta importancia. Tenemos la convicción de que todos estos procesos están relacionados y configuran un enorme expediente de atrocidades y esperanzas.
Están relacionados los más de 67 mil asesinatos en la guerra sucia del gobierno en lo que va del sexenio, incluidas todas las mujeres asesinadas sin miramientos ni castigo alguno. Son más de 25 mil los desaparecidos. Hay más de 15 millones de migrantes mexicanos en Estados Unidos. Es descomunal la devastación ambiental por envenenamiento, basura, represas, privatización de agua, deforestación, crecimiento urbano, monocultivos, agrotóxicos, criaderos industriales y minería. Los transgénicos avanzan y el acaparamiento de tierras crece.
El territorio nacional está fragmentado y el miedo cunde, la desconfianza crece. Hay expulsiones masivas de gente en el campo y cambio de uso de suelo a punta de pistola.
Según datos de Francisco López Bárcenas y Mayra Monserrat Eslava las mineras cuentan con 25 mil concesiones, poco más de 51 millones de hectáreas, un 26% del territorio continental mexicano. Son meros indicios de una situación insostenible que tiene que cambiar antes de que nos desbarranquemos en el abismo de violencia y sinsentido que propone “el imperio de la ley”.
En la guerra perpetua contra los pueblos que formamos México, el mismo Estado promueve impunidad para algunos, es decir condiciones para evadir las consecuencias de quebrantar la ley. Menosprecia, tras un impermeable de “responsabilidad superior”, las exigencias de quienes sufren las violaciones frecuentes a sus más elementales derechos. Desmantela el aparato jurídico que antes protegía los bienes o ámbitos comunes. Frena los derechos colectivos —el fundamento más vasto de una democracia real— de pueblos indios, de género, de campesinos, laborales, educativos y otros muchos posibles. Teje una espesura legal tan intrincada que, de facto, la sociedad queda impedida de ejercer la vía procesal. Promulga o enmienda la Constitución, las leyes y reglamentos, obstaculizando directamente la justicia. Criminaliza a las personas, comunidades y grupos que se opongan a políticas, programas o megaproyectos. Se somete a más y más reglas paralelas que dejan de lado el sistema jurídico mexicano en aras de matrices diferentes que engloban prácticas de gobierno —estatutos, reglamentos, criterios, normas estándares— derivadas de los de los tratados de libre comercio. México es el país con más tratados firmados en el mundo.
Desde 1996 la Corte Interamericana de Derechos Humanos califica este actuar del Estado mexicano como “desvío de poder”, como ya hemos expresado en otros capítulos de este documento.
El caso de del maíz, de los pueblos del maíz, es uno de los ejes planteados como base del expediente México porque en el se resumen muchos de los agravios mencionados.
En la petitoria que se presentó ante el Tribunal Permanente de los Pueblos para convocar su aprobación (un voluminoso documento de casos, documentos, sentencias, notas y relatos de periódico sistematizados para su presentación), varios argumentos para que se entendiera la profundidad de la obstrucción de la justicia incrustada en las leyes mexicanas fueron argumentos relacionados con el maíz:1
Una evidencia muy específica que podemos aportar es que gran parte de la institucionalidad jurídica de los últimos años se ha encaminado a aprobar y poner en efecto todo un tramado de leyes, reglamentos y reformas constitucionales, que caminan en sentido contrario a la noción de justicia, y atentan directamente contra muchas de las más vitales estrategias de la humanidad (como es el caso concreto de criminalizar el intercambio libre de las semillas ancestrales que durante milenios permitió que los campesinos nos alimentaran y le brindaran al mundo algo tan maravilloso como el maíz).
[…] ¿Qué condiciones hacen posible que un gobierno como el mexicano, que cuenta en su territorio con los sistemas más ancestrales para garantizar la biodiversidad y una agricultura que alimente a las comunidades, que tienen 10 mil años de certeza, decida desmantelar ese sistema, criminalizar el intercambio libre de semillas y saberes que es parte de ese sistema ancestral y atente directamente contra el maíz, uno de los cereales más importantes de la humanidad, cuyo centro de origen es precisamente nuestro país?
Además de señalar expresamente a leyes como la de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados, y la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas como dos de leyes más nocivas aprobadas en los últimos años “por promover el patentamiento de formas de vida, por socavar ancestrales estrategias de sobrevivencia de la humanidad y poner en riesgo la seguridad y la soberanía alimentaria de México”, “por criminalizar el intercambio libre de semillas que es la base de la diversidad biológica mundial que es una de las actividades más antiguas de la humanidad”, la Petitoria busca expresamente que el TPP entienda la gravedad de “afectar directamente al maíz que puede resultar contaminado transgénicamente, lo que afectaría gravemente la diversidad biológica de México ya que todo su territorio es centro de origen del maíz lo que hace que haya características biológicas especiales que no deben modificarse para no perder esta riqueza fitogenética para la humanidad”.
La Petitoria fue aprobada y México cuenta ya con un expediente abierto por el TPP, a partir de que su instalación el 21 de octubre de 2011. El caso de los pueblos del maíz, es uno de los siete ejes que se dirimirán durante dos o tres años en dicho tribunal.
El proceso está abierto. La presentación que se hizo en la instalación del Tribunal Permanente de los Pueblos, resume el proceso y sistematiza las razones de nuestra resistencia por más de diez años y fue bien recibida por los participantes de esa primera sesión.2
Colectivo por la Autonomía, GRAIN, Casifop
Notas:
1 “Petitoria Formal al Tribunal Permanente de los Pueblos, Fundación Lelio Basso, encaminada a instaurar un Capítulo México donde podamos ventilar los nexos entre libre comercio, guerra sucia y derechos de los pueblos”, febrero de 2011, ver www.tppmexico.org.
2 Ver el texto siguiente en este mismo libro.