La comunidad de San Isidro albergará audiencia del TPP

27 junio de 2013

La Jornada Jalisco

Alejandro Velazco                                                                                                                    TPP

• Expondrá su caso de despojo a manos de la empresa Nutrilite

Después de 72 años de lucha, los ejidatarios de San Isidro, una población indígena ubicada en el municipio de San Gabriel, Jalisco, aún no pueden disfrutar por completo de sus tierras, que se extienden por 536 hectáreas por un decreto del presidente Lázaro Cárdenas. Los habitantes luchan a diario contra el acaparamiento por parte de la empresa Nutrilite que los ha despojado, y el litigio continúa.

Enmarcado en los paisajes retratados por el escritor Juan Rulfo en el libro El Llano en Llamas, San Isidro será la sede de la preaudiencia “Territorialidad, subsistencia y vida digna” del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), que por segunda ocasión sesionará en tierras jaliscienses.

En total están registrados 22 casos para ser presentados, detalló Evangelina Robles, del Comité Organizador, tanto locales como de otras entidades como Campeche, Michoacán, Estado de México y Puebla.

Los casos, dijo, serán muy diversos, desde comunidades indígenas como la de Mezcala, y otras poblaciones que viven en torno al Lago de Chapala, hasta organizaciones de jóvenes como la comunidad de Palos Altos, en Ixtlahuacán del Río.

“Transmigración, minería, demostrar cómo el gobierno y las empresas están destruyendo la posibilidad de una vida digna”, son, en voz de Robles, algunos de los temas que se presentarán ante el TPP. Ahí, el ejido San Isidro presentará su problemática.

Para Carmen Figueroa, asesora agraria del ejido San Isidro, este pueblo tiene esperanza en el TPP, y recuerda que gracias a la problemática que viven sus habitantes encontró su vocación como abogada.

“Es un pueblo muy golpeado por todos los poderes, por todos los acuerdos, pero es un pueblo lleno de esperanza, que le ha apostado a recuperar su dignidad, un pueblo organizado, que aún en situaciones muy adversas han mantenido su unión”, aseguró.

El trabajo que hacen de manera jurídica en contra de la transnacional Nutrilite es para que el microclima de San Isidro y sus tierras “estén en manos de quien corresponde, agradecemos que hayan dado esa confianza y que sea sede, sabemos que el Llano en Llamas estará levantando lenguas de fuego, estará contento todo el entorno porque es una esperanza”.

Los miembros del comité dictaminador en la preaudiencia que se llevará a cabo desde el viernes 28 hasta el domingo 30 de junio son: Dora Lucy Arias, abogada colombiana, parte del Colectivo de Abogados Alvear Restrepo, y quien fue parte de los promotores del capítulo Colombia del TPP.

Fernanda Vallejo, de Ecuador, investigadora de la fundación Heifer y acompañante del movimiento indígena y campesino en su país.

Jean Robert, filósofo y arquitecto que trabaja en México.

Alfredo Zepeda, sacerdote jesuita acompañante de procesos en pueblos indígenas y director del Radio Huayacocotla.

El TPP, de Colombia a México

Hace ya siete años que el TPP, próximo a cumplir 50 años como órgano de conciencia para juzgar Estados por violaciones a los derechos humanos, llevó a cabo audiencias durante tres años en Colombia, un país enmarcado en ese entonces por un contexto que evidenciaba graves problemas: cinco millones de hectáreas despojadas, millones de personas desalojadas de sus territorios, desapariciones forzadas, tortura, ejecuciones extrajudiciales, criminalización de la participación política y eliminación de opositores políticos.

En México, desde 2011 el TPP –con sede en Roma, Italia– sesiona para evidenciar un panorama que se antoja similar al del país sudamericano.

Dora Lucy Arias, abogada y activista colombiana en defensa de los derechos humanos, formó parte hace siete años del comité organizador del TPP capítulo Colombia. Este fin de semana estará en San Isidro, municipio de San Gabriel, como parte del comité dictaminador escuchando 22 casos mexicanos de problemáticas de violaciones sistemáticas a un modo de vida en el campo y la ciudad.

En Colombia, recuerda Arias, el TPP era la apuesta hacia la construcción de alternativas ciudadanas, políticas y sociales de transformación de esa realidad a través de una solidaridad internacional y desarrollo de actividades que permitieran articular respuestas y propuestas. Había que retornar a la esfera de la decisión pública ciudadana.

En México será una apuesta por la permanencia en los territorios, por la paz, señala; las necesidades y los problemas son similares en ambos casos: mecanismos de impunidad, justificación de violaciones a los derechos humanos por la violencia y los intereses corporativos de las transnacionales.

Para Arias, uno de los puntos importantes del TPP recae en devolver a los ciudadanos los foros de debate de lo que sucede en nuestros países.

“Nos interesaba que el Tribunal nos obligara a caminar bajo miradas comunes de esa realidad y que ayudara a reconstruir lazos entre asociaciones y personas. volver a la gente la posibilidad de pronunciarse sobre sus problemas y otorgar herramientas metodológicas que permitieran construir colectivamente”, recuerda.

Las audiencias también ayudaron a recuperar el lenguaje con la participación activa de las personas, pues existía un silencio generado por el temor a los pronunciamientos de las problemáticas.

En Colombia se hicieron 43 audiencias, inclusive se realizaron eventos en Reino Unido y Estados Unidos de apoyo, pues se estaban ventilando beneficios para empresas como Coca Cola y Nestlé con las violaciones a derechos humanos y la devastación ambiental.

En México, el TPP permanecerá hasta el 2014, cuando de un fallo definitivo sobre las desapariciones, las muertes, la represión, la violencia extrema de género, la violencia contra los trabajadores, la criminalización de la libertad de expresión, la devastación ambiental, la soberanía alimentaria y la autonomía de los pueblos, temas sobre los que giran las preaudiencias en nuestro país.

Arias detalla que una de las conclusiones que quedaron después del Tribunal en Colombia fue el fortalecimiento de las relaciones en lo local y regional y la posibilidad de recuperar la voz para la reivindicación de los derechos, algo que, espera, suceda igualmente en México.