Tribunal Permanente de los Pueblos La reserva ética de la humanidad

Jorge Covarrubias

Proceso
Edicion Jalisco, Jalisco

6 de julio de 2013

Reunidos durante tres días a finales del mes pasado, los integrantes del Tribunal Permanente de los Pueblos Capítulo México escucharon las demandas de 22 comunidades. Los representantes de los agraviados denunciaron el sistema de agresión instrumentado por autoridades federales, estatales y locales, así como de corporativos trasnacionales. El activista Andrés Barreda fue enfático en sus conclusiones: “Estamos documentando esto en el tribunal –dijo–. No estamos especulando; vamos reconstruyendo los casos puntualmente… No estamos en el cubículo haciendo especulación”.

Los representantes de las poblaciones de Tonaya y El Petacal, Jalisco, y Cheranastico, Michoacán, no pudieron viajar a la comunidad de San Isidro, municipio de San Gabriel, para estar en las preaudiencias del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) Capítulo México, realizadas entre el 27 y el 29 de junio.

Según algunos de los asistentes a ese encuentro, sus compañeros no fueron porque sobre ellos penden amenazas de grupos delictivos que actúan coludidos con las autoridades municipales. Sin embargo, enviaron un escrito al comité dictaminador del TPP, integrado por analistas de México y otros países.

Los de Tonaya, según el documento, son hostilizados por denunciar la contaminación del río Ayuquila-Armería, provocada por los desechos que arroja la minera Metalúrgica Tapalpa, mientras sus vecinos de la comunidad purépecha de Cheranastico enfrentan a los talamontes y a las bandas del crimen organizado que operan en ese entorno.

Tampoco acudieron los integrantes de la organización FM4 Paso Libre, dedicada al apoyo a los indocumentados que atraviesan el territorio nacional hacia Estados Unidos en busca de empleo, trepados en los vagones del ferrocarril.

Un joven del movimiento #YoSoy132 Ambiental leyó el testimonio de los comuneros de Tonaya, quienes aseguran que la minera comenzó a operar en 2006 con un contrato forzoso de 20 años, aunque no cumple con la política de conservación ambiental del Programa de Ordenamiento Ecológico Ambiental del Estado de Jalisco. Ese sitio, exponen, tiene como uso predominantemente forestal, por su flora y fauna.

Según ellos, en julio de 2010 la población descubrió que la minera hacía descargas directas a la microcuenca del arroyo Santa Gertrudis. Incluso realizaron estudios químicos por su cuenta en los laboratorios del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería de la Universidad de Guadalajara para comprobar la toxicidad de las descargas y presentaron su denuncia.

Las autoridades descalificaron los exámenes porque, arguyeron, el laboratorio no está certificado. Mientras, la mina continúa operando en condiciones ilegales.

En el encuentro denominado “Territorialidad, subsistencia y vida digna”, convocado por el TPP, la Red en Defensa del Maíz y la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, presentaron 22 casos. La de San Isidro es una de veintena de preaudiencias programadas de aquí al primer semestre del 2014 bajo siete ejes temáticos: guerra sucia, seguridad alimentaria, devastación ambiental, ataque a los medios de comunicación, migración, explotación laboral y feminicidios.

De acuerdo con Andrés Barreda Marín, responsable de traer a México al TPP, en noviembre se realizará la preaudiencia más significativa, la de la represión social, mientras que en 2014 se abordarán los otros rubros. El jurado del TPP emitirá su sentencia el 14 de agosto de ese año.

Hace seis años, cuenta Barreda Marín, se solicitó al TPP, con sede en  Roma, Italia, abrir el Capítulo México. La organización se demoró tres años en considerar la propuesta porque desconocía la situación de vulnerabilidad de las comunidades nacionales con respecto a las de otros países. En 2010, el tribunal designó como garantes del Capítulo México al propio Barreda, así como a Magdalena Gómez Rivera, al obispo de Saltillo, Raúl Vera López, Javier Sicilia, Jorge Fernández Souza, Clodomiro Siller Acuña y Gilberto López y Rivas.

La reunión de San Isidro

La mesa del comité dictaminador del encuentro de San Isidro estuvo integrada por Dora Lucy Arias, del Colectivo de Abogados Alvear Restrepo de Colombia; Jean Robert, filólogo suizo y activista social  cercano colaborador de Iván Illich; la antropóloga Fernanda Vallejo, de Ecuador, asesora de pueblos indígenas en la defensa de las semillas, y el jesuita Alfredo Zepeda, principal impulsor de Radio Huayacocotla,  La Voz de los Campesinos.

En la pequeña plaza local, los organizadores instalaron un templete y acomodaron sillas de plástico para los asistentes; también montaron una feria con productos orgánicos como café, miel, galletas, frijol, maíz y licores. Cada comunidad expuso sus testimonios ante el comité dictaminador del TPP.

Los del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo hablaron de las presiones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), cuyos funcionarios insisten en llevar adelante la construcción de la presa El Zapotillo, que inundará las tres comunidades. El colectivo Jóvenes Unidos por el Medio Ambiente de Palos Altos (Juxmapa) expuso cómo los jóvenes son orillados a buscar empleo en el sector industrial o de servicios por la falta de apoyo al campo.

“¿Y yo qué chingados hago en una ciudad que no está hecha para mí?” –se preguntó David Sánchez, convencido de que su lugar está en el campo.

La comunidad anfitriona rememoró las peripecias de los últimos 80 años para recuperar 280 hectáreas que les corresponden por un decreto expedido por el presidente de la república Lázaro Cárdenas. Aún no lo logran, dijeron.

La zona en disputa la ocupa actualmente la trasnacional Amway, dedicada a la elaboración de productos Nutrilite. La abogada del ejido, Carmen Figueroa, refiere que el 25 de febrero último un juzgado auxiliar con sede en Guanajuato resolvió el amparo 1901/2009 a favor de la comunidad y en contra la sentencia dictada anteriormente por el Tribunal Superior Agrario. Ahora, la empresa debe reintegrar la superficie donde está asentada.

Tras la presentación de los 22 casos, Barreda expuso su conclusión en la cual acusa al Estado mexicano de emplear mecanismos para exterminar a la población para beneficiar a “intereses privados”. Habló incluso de un “desvío de poder”.

“Estamos documentando esto en el tribunal –dijo–. No estamos especulando; vamos reconstruyendo los casos puntualmente. Qué le ocurrió a este pueblo; qué le ocurrió a este grupo social. Vamos trabajando con infinidad de víctimas en todos los ámbitos y niveles para que documenten la violencia de la que han sido objeto. No estamos en el cubículo haciendo especulación.”

El Estado mexicano, añadió, ha dado muestras de su favoritismo a una clase burguesa que complicó las condiciones sociales para la gran mayoría de la población cuando firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, lo que afectó la soberanía alimentaria. Hoy, expuso, el país importa 35% del frijol y huevo.

Para Barreda, la clave de la injusticia social es producto de una ingeniería constitucional que garantiza un funcionamiento desviado de las leyes. Y puso como ejemplo la Ley Minera, según la cual el uso del agua es prioritario para cualquier empresa minera, en tanto que la Ley de Aguas Nacionales marca como prioridad a la industria automotriz.

Bajo esa lógica, apuntó, el estado de Guanajuato, donde se encuentran las principales plantas de producción de automóviles, tiene el derecho a usar el agua del Valle de México, de la meseta Purépecha de Michoacán y del Oriente de Jalisco. “Ese es el problema. Ellos no están violando la ley, pues las autoridades la adecuaron para que procedan de esa forma”.

Ese andamiaje torcido de las leyes tiene a una Comisión Nacional de los Derechos Humanos que legitima al gobierno de México ante el mundo como “país democrático”, sostiene Barreda.

Además, “el IFAI, otro de los órganos constitucionales autónomos, es resultado de esa ingeniería que prohíbe al acceso a la información pública de las cosas que importan en los próximos 50 años; no obstante sirve para lucirse en el mundo como país transparente, con acceso a la información. La pregunta es: ¿cuántos periodistas tenemos ya refugiados en el extranjero?”

E insiste: “sólo una ingeniería constitucional como la de México ha permitido tres fraudes electorales consecutivos para impedir que la izquierda arribe al Presidencia de la República y que se criminalicen las protestas sociales de poblaciones e individuos que exigen el respeto a sus derechos”.

Para la colombiana Dora Lucy Arias, los problemas expuestos son similares a los de sus compatriotas, entre ellos el despojo, el uso del derecho como instrumento de poder contra la población, el socavamiento de las organizaciones sociales y el uso de los medios de comunicación para invisibilizar sus demandas.

El gobierno de su país, refirió, puso en marcha un sistema de persecución que cimbró incluso a la sociedad más replegada a los temas políticos conocido como “los falsos positivos”. Consistía en aprehender a gente inocente en las calles y presentarlos como guerrilleros. En su opinión, ese es el camino que ha elegido México para resolver sus conflictos.

“Es un ejemplo del horror al que puede llegarse en el uso desbordado de la fuerza desde la institucionalidad y obviamente muchos otros acontecimientos como el uso de la inteligencia para un ejercicio ilegal de ella como perseguir a magistrados, a periodistas, a opositores políticos, a defensores de derechos humanos”, expuso Arias.

Lo valioso, dijo, es que el TPP es un foro para ventilar las agresiones a las comunidades y los intereses económicos que hay detrás de ellas y actuar para evitarlas. En Colombia, por ejemplo, logró exhibir a las empresas trasnacionales que ingresaron armas para entregarlas a fuerzas paramilitares, así como el financiamiento para exterminar a los sindicatos.

El tribunal es “una reserva ética de la humanidad” porque las instituciones no responden a los problemas que afrontan las poblaciones.

Y remató: “La justicia y la búsqueda de justicia es algo demasiado serio para dejárselo a los jueces, a los abogados y a la institucionalidad. Es deber de los pueblos enfrentar esos problemas, analizarlos y plantearles una solución desde ellos mismos y desde sus reservas éticas y morales”.

 

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