Maíz transgénico en México: mucho que arriesgar, poco que ganar. Parte II
Mariela Fuentes Ponce / Iván P. Moreno Espíndola /
Luis M. Rodríguez Sánchez / Juan Macedas Jiménez* / II y última parte
La Jornada Michoacán
22 de agosto de 2013
En la primera parte de este artículo se enfatizó sobre la concepción de la agricultura moderna y la dependencia que se ha generado hacia los insumos agrícolas en manos de empresas privadas apoyadas por los diferentes gobiernos federales, lo que ha provocado la desaparición de modelos de producción agrícolas acordes con el contexto nacional. Los insumos promovidos por estas empresas incluyen las plantas genéticamente modificadas (transgénicos), lo que implica la perdida de diversidad de una planta nativa como es el maíz en México.
Otro problema ecológico es la transferencia horizontal de los transgenes, esto significa que las secuencias de ADN, o parte de ellas, transferidas artificialmente de un organismo a otro, pueden pasar de la planta transgénica a una planta normal por medio del polen. Esta transferencia o flujo génico implica el riesgo de que las secuencias artificiales de una planta transgénica afecten detrimentalmente a variedades nativas de maíz, provocando, cuando menos, anomalías en el desarrollo de las plantas con “flujo génico”. No sabemos realmente cómo se puede expresar el transgén en otras plantas a mediano y largo plazo, sean comestibles o no, ni qué implicaciones ambientales y a la salud podrían tener.
La propuesta de introducción de maíz transgénico en México está enfocada en el norte del país, zonas con agricultura extensiva e industrializada. Entonces la pregunta es: ¿cómo afectaría la liberación de transgénicos a la producción local que se realiza en la milpa?
Como se explicó anteriormente, el flujo de los trangenes por medio de la polinización libre, especialmente en plantas como el maíz, implica el riesgo de que las secuencias de ADN patentadas pasen a las variedades nativas, lo que implicaría, según las leyes de propiedad intelectual, que ese maíz que antes era propiedad social podría pasar a ser propiedad de una empresa, con lo cual los campesinos ya no serían dueños de su semilla y cada año tendrían que comprarla a alguno de los fabricantes trasnacionales que las ofertan. Pensando con un poco de malicia, diríamos que la producción intensiva del norte del país destinada a las empresas procesadoras de forraje y alimento humano estaría dominada por las semillas transgénicas, y que a la par se generaría un mercado de semillas “orgánicas” o “libres de transgénicos” a precios elevados, a los cuales sólo un sector privilegiado de la población tendrá acceso, generándose un nuevo mecanismo de mercado en el que seguramente se incorporarían las mismas empresas productoras semillas, quienes nunca dejarían de ganar.
Otro problema es que se ha demostrado que el uso de plantas transgénicas, como las resistentes al glifosato, estimula el surgimiento de insectos y arvenses resistentes a dicho herbicida, debido principalmente a la repetida exposición al agrotóxico. Evidencias encontradas en Argentina sobre el surgimiento de “super malezas” demuestran que el uso de líneas transgénicas resistentes a herbicidas no disminuye su uso, por el contrario, los agricultores tienden a aumentar las cantidades del agrotóxico aplicadas al suelo para intentar controlar el aumento en el número de arvenses e insectos resistentes.
¿Cómo nos afecta todo esto como consumidores de alimentos?
El uso excesivo de herbicidas, según la Union of Concerned Scientists, en sembradíos de maíz transgénico de 1996 a 2008 (específicamente uso de glifosato) aumentó 173 millones de kilogramos; esto conlleva efectos colaterales como la acumulación de residuos tóxicos en la cadena alimenticia (tanto en legumbres, hortalizas, granos como en diferentes tipos de carne, incluyendo pescado), el deterioro de la calidad del agua superficial y subterránea (el agua que extraemos para tomar y asumimos como potable), la reducción de la biodiversidad y la acumulación en el suelo donde se volverá a sembrar, entre otros. Todo lo anterior implica una amenaza a la salud pública.
Actualmente no se sabe a ciencia cierta los daños directos que podría implicar el consumo de transgénicos en la salud de los seres humanos, sin embargo, ya se ha demostrado que los transgenes son bioacumulables en los tejidos de plantas y animales, pueden llegar finalmente por medio del alimento a las personas. Lo anterior nos remite a la reciente y polémica publicación del investigador francés Gilles-Eric Séralini y colaboradores, quienes mostraron el surgimiento de tumores en ratones que consumieron maíz transgénico. De igual manera, Pusztai y colaboradores alimentaronratas jóvenes con dietas balanceadas que contenían papas genéticamente modificadas y no modificadas; los resultados mostraron un aumento significativo en el grosor de las mucosas del estómago y un alargamiento de las criptas de los intestinos de las ratas alimentadas con las papas modificadas. A pesar de que los exámenes aplicados podrían ser controversiales, la mayoría de los comentarios negativos a este artículo publicado en la revista médica Lancet fueron personales, opiniones no arbitradas y, por ende, con un valor científico muy limitado.
Considerar el cultivo de maíz genéticamente modificado como una alternativa de innovación tecnológica implica la destrucción de modelos sustentables de producción de alimentos en un contexto de escasez, desnutrición y hambre a nivel mundial. Específicamente en México, donde los productores han realizado mejoramiento genético del maíz (50 razas), generando sus propias semillas de variedades adaptadas a las nuevas condiciones agroecológicas, la entrada de transgénicos, los cuales no se distinguen a simplemente vista del resto de las variedades, generaría pérdida de diversidad y de las semillas nativas, lo que implicaría que los agricultores tendrían que comprar cada año la semilla a las empresas privadas, además de que si los maíces nativos presentan flujo génico de material generado por las empresas, el agricultor es perseguido por tener un material que esta registrado por la compañía en cuestión (Monsanto, Syngenta, Aventis, Dupont, BASF).
Todo lo anterior, además de ponernos en riesgo como consumidores, aumenta nuestra dependencia, disminuyendo la soberanía y autosuficiencia alimentaría del país, la cual ya está en serio peligro.
Según Antonio Turrent-investigador de INIFAP-, para el 2012 México importó un tercio del maíz requerido. Es urgente una discusión amplia sobre las perspectivas y planes para el desarrollo de la agricultura en México que incluya a campesinos, asociaciones de productores, diferentes instancias gubernamentales e instituciones de investigación y formación para generar mecanismos de regulación y control para los organismos genéticamente modificados, especialmentede aquellos que, como el maíz, tienen al territorio de México como centro de origen y diversificación.
Aunque la discusión de la introducción de maíz transgénico a campo abierto no se ha agotado, planteamos algunas propuestas. El Estado mexicano debe tener una postura clara que no responda a los intereses de las empresas productoras de semillas, sino a un modelo de desarrollo del campo mexicano, con base en las características bioclimáticas y socio-culturales del país. El Estado debe generar un programa de inventario y monitoreo constante que apoye a los productores para generar bancos de semillas de maíz nativo, asegurando que estén libres de transgenes.
Por otra parte, debe obligarse al etiquetado de los productos que contengan transgénicos o derivados de éstos, salvaguardando el derecho del ciudadano de elegir, de manera informada, el producto que está consumiendo. Si fuera imperante importar maíz transgénico, debe repartirse como harina y no como grano para evitar que se use como semilla. Finalmente, el Estado debe subsidiar y fomentar la selección masal para no perder la riqueza genética del maíz nativo y generar independencia de los productores y del propio país. Todo esto implica una política agrícola de apoyo al pequeño y mediano productor en pos de una autosuficiencia y soberanía alimentaria. Implica un cambio en la política económica y social del país.
Hasta el momento, el Estado no ha asumido una política social y económicamente responsable exponiendo a los sectores socialmente más vulnerables: en el campo a los pequeños productores, los cuales pierden el control sobre la producción de sus propias semillas volviéndose dependientes del gobierno y las empresas, lo que acentuará el abandono de la actividad agrícola; en las ciudades los consumidores con menos recursos no tendrán acceso a alimentos biológicamente seguros. Es urgente que como sociedad nos vinculemos y organicemos para obligar al Estado a garantizar del derecho a la alimentación de buena calidad y a la no privatización y contaminación génica de las semillas.
*Profesores-investigadores del área de agronomía de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, que participan en el Programa de Investigación Sierra Nevada-Centli de la UAM conjuntamente con productores del Valle de México.