Suspende la justicia federal los permisos para liberar maíz transgénico en México

Javier Puga Martínez 

La Jornada de Oriente

11 de octubre de 2013

En un hecho sin precedentes, el Juzgado Civil Duodécimo de Distrito de la Ciudad de México ordenó a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), así como a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) suspender cualquier permiso para la liberación comercial de maíz transgénico a favor de las trasnacionales Monsanto, Pioneer, DuPont y otras.

La decisión de la justicia federal mexicana fue resultado de la demanda colectiva que presentó un grupo de 57 ciudadanos entre campesinos, investigadores universitarios, activistas y un clérigo, entre otros, así como 22 organizaciones de la sociedad civil que exigen la protección de las 59 razas de maíz nativas de México ante una posible contaminación de material genéticamente modificado por esas trasnacionales.

La consecuencia más grave para el maíz mexicano sería su desaparición, advirtió el investigador nacional emérito y presidente de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS), Antonio Turrent Fernández, ayer por la mañana en una entrevista radiofónica para la periodista Carmen Aristegui.

Pero también las empresas reclamarían el cobro por el uso de sus productos patentados, y éste no será pagado por los campesinos productores que resulten perjudicados, sino por el Estado mexicano, que emplearía dinero público para pagar a Monsanto y las demás, agregó.

Para el abogado René Sánchez Galindo, de la asociación civil “Colectivas”, el argumento por el cual se dio trámite a la demanda y que derivó en la suspensión de cualquier actividad relacionada con transgénicos fue la defensa de la biodiversidad del país.

Recordó que la acción judicial colectiva determinó como válido ese argumento, abriendo un periodo de notificaciones a todos los involucrados, y a aproximadamente a partir de enero del próximo año inicia el periodo de presentación de pruebas, donde planteó que con seguridad se abrirá un debate con argumentos sólidos y contundentes para la protección del maíz mexicano, como también sobre las consecuencias en la salud humana de los organismos genéticamente modificados.

Así, la Sagarpa y la Semarnat no podrán ejecutar más siembra experimental –que ya realiza en los campos de Chihuahua y Sinaloa–, y menos los comerciales, pues estos últimos le permitirían a Monsanto y las demás trasnacionales liberar sus semillas transgénicas causando una contaminación en el campo nacional.

Sánchez Galindo advirtió que aún cuando la ley establece un proceso de conciliación entre las partes en litigio, definitivamente los demandantes no llegarán a un acuerdo con esas empresas, como tampoco con las dependencias federales.

Resaltó la importancia de que el Poder Judicial de la Federación haya aceptado discutir este tema, pues fueron años de presentar diversos instrumentos jurídicos y la justicia del país se había negado a abordar la protección de la biodiversidad del país.

Presencia en Puebla

La investigadora del Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales (Cupreder) de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP) Argelia Arriaga señaló que desde la década pasada se ha detectado en el estado la presencia de contaminación transgénica; los casos hallados son en la Sierra Norte y en la región de la Mixteca.

Subrayó que organizaciones poblanas como la totonaca Tosepan Titataniske, de Cuetzalan, y Alternativas y Proceso de Participación Social, de Tehuacán, forman parte de las 22 organizaciones que presentaron la demanda colectiva, junto con el antropólogo de la UAP Julio Glockner Rossainz y el investigador del agua Raúl Hernández Garcíadiego.

Subrayó que se están conformando los expedientes de éstos y otros casos que se tienen identificados para presentarlos dentro de los argumentos que se entregarán a la justicia federal.

En tanto, Glockner Rossainz señaló que es un “absurdo” que un grupo de empresas trasnacionales encabezadas por Monsanto se apropie de un proceso milenario, como lo es la siembra del maíz, que data desde hace 8 mil años en la región del valle Tehuacán–Cuicatlán, en los estados de Puebla y Oaxaca.

“Las evidencias arqueológicas indican que por primera vez en la historia de la humanidad se sembró maíz en esta zona, lo que se conoce como teozintle. Los agricultores de esta región y toda Mesoamérica perfeccionaron genéticamente esta planta al seleccionar las mejores semillas y pacientemente cultivada y mejorada a lo largo de estos milenios”, expuso.

Apropiarse del código genéntico del maíz mexicano sólo puede evidenciar “la mezquindad más ruin” de parte de estas trasnacionales, pero resulta peor que el Estado mexicano piense que esto es viable y les facilite el camino. Los campesinos tendrían que estar pagando por una planta que heredaron de sus ancestros, y que tiene una importancia fundamental en la vida del país.

Criticó que existe una demagogia en la que se habla del orgullo por lo tradicional y lo indígena, pero en realidad hay un desprecio hacia esta planta. “Los campesinos mexicanos necesitan apoyos, créditos y asesoría técnica para desarrollar el maíz criollo y no la intervención de compañías extranjeras que modifiquen riesgosamente la salud de los mexicanos y la gastronomía, pues se perderían las variedades de razas, como el maíz azul o pozolero”.

Igual que las mineras

Por otro lado, el representante de la organización indígena Tosepan Titataniske en el municipio de Huitzilan de Serdán, Alonso Aco, expresó que las empresas trasnacionales como Monsanto están aplicando la misma técnica que las empresas canadienses para abrir minas a cielo abierto, y otras nacionales y extranjeras para instalar hidroeléctricas en la Sierra Norte de Puebla; es decir, con la modificación de la ley a favor de la inversión del capital privado y a costa de los recursos naturales de la nación.

Por ello, subrayó que es necesario este debate y la participación social como ha ocurrido con los llamados “proyectos de muerte”, pues se trata de impedir la privatización “de prácticamente todo, como el caso del gobierno del estado de Puebla, que hasta el agua quiere privatizar”.

México, autosuficiente sin transgénicos

De acuerdo con el documento El maíz transgénico en México en 15 píldoras, editado por la UCCS, se expresan estimaciones del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, donde se establece que se podría alcanzar la autosuficiencia en la producción de maíz si se apoya a la agricultura campesina de la misma forma en que se ha apoyado a la agricultura empresarial.

Para ello sería necesario utilizar una reserva de 9 millones de hectáreas de tierra de calidad agrícola, que en su mayoría está subsidiada para la ganadería en el sureste mexicano; utilizar la reserva de agua de escurrimiento al mar, que también se emplea en esa ganadería; estudios de impacto ambiental; tecnología que no está completamente aprovechada y reconstruir los instrumentos de apoyo al campo que quedaron inhabilitados con el Tratado de Libre Comercio.

Ese documento revela que la actual tecnología de producción de maíz se apoya en que 30 por ciento son semillas mejoradas que son producidas y comercializadas por trasnacionales, mismas que planean sustituir por transgénicos, mientras que uno de cada de 10 kilos de ese porcentaje es de maíces mejorados públicos. 20 por ciento de las semillas empleadas cada ciclo son autoproducidas por los campesinos que razas nativas y maíces mejorados naturalmente. 50 por ciento restante son maíces de razas nativas que se autoproducen por los campesinos.

En ese sentido, los maíces de razas nativas pueden satisfacer tanto en calidad como en cantidad la alimentación básica de los mexicanos, ya que éstos no sólo son la materia prima básica de la cocina nacional, sino que los maíces mejorados no podrían sustituirlos, ya que estos últimos no pueden crecer en condiciones adversas y no serían útiles para la comida pluricultural mexicana.

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