La cruzada nacional contra el hambre, a un año
Julieta Ponce
La Jornada del campo
21 de diciembre de 2013
La Cruzada Nacional contra el Hambre se publicó vía un decreto presidencial en los primeros 60 días de este gobierno para garantizar el derecho a la alimentación; el costo de esta premura ha sido entorpecer el planteamiento y sólo se ha reportado hasta el momento un conjunto de acciones inespecíficas y desarticuladas.
La garantía del derecho a la alimentación implica un abordaje integral de la situación alimentaria y nutricional desde una visión sistémica donde la persona es el centro; en cambio, “combatir el hambre” es una visión parcial del problema como fruto de un árbol de otros problemas del mal comer con raíces en la pobreza y la desigualdad.
Conceptualmente, la Cruzada recibió críticas por la ausencia de definiciones, entre ellas “hambre” e “inseguridad alimentaria”. Así, atendiendo conceptos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval), definió hambre como “la situación que enfrenta una persona al encontrarse en pobreza extrema y con carencia alimentaria”, es decir, la población sin posibilidades de adquirir ni la canasta alimentaria más dos carencias sociales y además con un nivel de inseguridad alimentaria grave o severa según la Escala Mexicana de Seguridad Alimentaria.
La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2012 reporta 69 por ciento de la población urbana con algún grado de inseguridad alimentaria y 80 por ciento en zonas rurales, y se estima que menos de la mitad de los hogares en inseguridad moderada o severa reciben programas sociales de ayuda alimentaria.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), los alimentos se abarataron 14 por ciento a escala internacional durante el primer trimestre de 2013, en particular el maíz; sin embargo, en México los precios siguen aumentando. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reportó una inflación promedio menor al dos por ciento en alimentos en los 34 países que la conforman, pero destacó a México como el tercer país con mayor inflación del grupo, 4.1 por ciento general y ocho por ciento alimentaria, sólo superado por Islandia y Turquía. La inflación afecta más a la leche y el huevo (12.6 por ciento), mientras el refresco se mantiene casi sin cambio (0.5 por ciento) en nuestro país. La disminución del poder adquisitivo es en realidad el factor de cambio dietético.
Casi la mitad de la población sufre pobreza. Con menor prevalencia se encuentra Nuevo León (23.2 por ciento) y el más pobre es Chiapas (74.7). Sin embargo, al sumar la pobreza con los 28 millones en carencia alimentaria, más carencias sociales y la población vulnerable por ingresos, se ve afectado 80.2 por ciento de la población nacional; la población objetivo de la Cruzada es atendida entonces sólo en 6.5 por ciento, equivalente a menos de dos millones de hogares.
Según la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH), desde 1994 la proporción del gasto en alimentos permanece estable en todos los quintiles. De ello se deriva que ante el alza de precios las familias ajustan al comprar lo más barato con buen aporte de calorías, aunque sacrifiquen calidad nutricional. Por lo tanto, cualquier nivel de pobreza afecta la alimentación, es decir, ocho de cada diez mexicanos podrán tener afectaciones en su alimentación, como riesgo de obesidad o de desnutrición.
Entre los objetivos de la Cruzada se plantea para la niñez “erradicar la desnutrición aguda”. Pero la desnutrición crónica, caracterizada por la estatura baja, es la deuda social más apremiante, porque México debió resolverla hace más de tres décadas. La baja estatura afecta todavía a 13.5 por ciento de los menores de cinco años, pero esta cifra se multiplica en zonas rurales, en el sur del país, y aumenta todavía más entre pueblos indígenas; además, las personas con menor estatura padecen más obesidad.
La obesidad está íntimamente ligada a la desnutrición y al daño metabólico. La carencia nutricional transita a la obesidad con mayor rapidez por el consumo de refresco, comida chatarra y alcohol. Aun sin sobrepeso, México se expone al daño metabólico por la concentración de azúcares, en particular el jarabe de maíz de alta fructosa, por la vía de 166 litros per cápita de consumo de refrescos y galletería industrial, y más en zonas rurales.
Datos oficiales demuestran que las familias rurales gastan cuatro mil pesos anuales en refresco, galletas, sopa de pasta, aceite y azúcar. Difícilmente se explica por qué la Cruzada formalizó convenios con Pepsico, cuando el consumo de sus productos es parte causal del mal comer entre los más pobres, y con Nestlé, la principal desalentadora industria de la lactancia materna.
El Primer Informe de Gobierno señaló como principal resultado de la Cruzada la afiliación de 288 mil familias y la entrega de 250 mil tarjetas para adquirir una lista de alimentos de venta en tiendas Diconsa. Cabe resaltar el esfuerzo de Diconsa, de clasificar 84 productos por su calidad nutricional, por medio de un semáforo en el anaquel, para orientar el consumo de básicos, aunque nunca debió ser distribuidor de chatarra y menos en poblaciones rurales.
Los huracanes recientes apresuraron a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) a improvisar comedores comunitarios, que bien podrían transformarse en un programa durante este gobierno. Pero de producción de alimentos, nada.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (Sagarpa) se hizo presente en la Cruzada sólo por medio del Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA), y nada nuevo. Sigue reportando resultados de programas ya existentes con apoyos inerciales a la agricultura comercial, y eso es algo deliberado pues de forma pública los funcionarios de Sagarpa declaran: “México debe sembrar lo que se vende”.
Si la Cruzada enfoca todos sus esfuerzos a resolver el hambre, se esperarían medidas estructurales, ya sea para incrementar el poder adquisitivo, o para asegurar alimentos básicos a pesar de la inflación. En pocas palabras, a producir alimentos nutritivos para consumirlos en México y mejorar el estado nutricional por derecho. En términos de derecho, la seguridad alimentaria se logra cuando se garantiza el consumo de alimentos nutritivos, suficientes y de calidad.
La pregunta es: ¿la Cruzada tiene la capacidad para incidir en el modelo económico? Tal vez no, sin embargo, la misión oficial de Sedesol es: “Lograr la superación de la pobreza mediante el desarrollo humano integral incluyente y corresponsable, para alcanzar niveles suficientes de bienestar”, según lo que establece en su portal web.
A un año del torpe camino de la Cruzada, faltaría a) un diagnóstico del derecho a la alimentación en México por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para re-definir los objetivos de la Cruzada y trasformar su enfoque, y b) elevación del nivel de planeación y ejecución, para transformar la estrategia en política pública con capacidad de crear un Sistema Nacional de Alimentación y Nutrición, y activar como primer punto la producción de alimentos para desencadenar procesos virtuosos en toda la cadena del sistema vida.
Lo urgente es:
1. Generar una estrategia especial para población en los primeros mil días; falta la intervención en el tiempo crítico en la vida de los niños y niñas.
2. Definir los alimentos nutritivos, suficientes y de calidad. Una lista de alimentos prioritarios o el diseño de una canasta con componente nutricional.
3. Caracterizar el derecho a la alimentación en quienes pueden sembrar o pescar y autoconsumir o intercambiar sus alimentos.
4. Definir indicadores claros para estimar la garantía del derecho a la alimentación: desnutrición crónica, ingreso, producción y distribución de alimentos nutritivos; creación de empleos, y recuperación de tierras para siembra.
5. Diseñar un programa especial del derecho a la alimentación para pueblos originarios y con lengua indígena.
Cada día que pasa es valioso porque el hambre no espera. La obligación de garantizar el acceso a los alimentos nutritivos, suficientes y de calidad es del Estado. La disyuntiva es: se eleva esta obligación al más alto nivel ejecutivo para enfrentar la situación de manera estructural y articulada, o a prepararse, lo peor del mal comer está por venir.