Pobreza indígena, fracaso del gobierno, no del zapatismo: Martínez Veloz
Enrique Méndez
La Jornada
2 de enero de 2014
La pobreza que aún afecta a los indígenas en México, a 20 años del alzamiento armado en Chiapas, «es la expresión del fracaso de una estrategia de política pública del Estado» y no es responsabilidad del zapatismo, aseguró el comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, Jaime Martínez Veloz.
«Es injusto achacarles esa situación. Quienes recurren a esos argumentos son sectores afines a quienes también, con propaganda política de esta naturaleza, señalaban que la iniciativa en materia de derechos indígenas de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) fragmentaría al país», declaró.
En entrevista, Martínez Veloz sostuvo que los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval) confirman el fracaso de las estrategias para los pueblos originarios.
«Hay que precisar que los altos índices de marginación no tienen ninguna relación, como han querido apuntar algunas voces oficiosas, en el sentido de que esto es responsabilidad de los zapatistas. Por el contrario, demuestra que hace 20 años tenían razón y hoy, que siguen subsistiendo las mismas carencias, siguen teniendo l a razón», dijo.
El comisionado planteó que es necesario abordar el conflicto en Chiapas y todos los temas vinculados con los pueblos indígenas, «desde una óptica diferente» y que el proceso gubernamental para presentar una iniciativa de reforma a la Constitución en materia de derechos y cultura indígena va en ese sentido.
Confirmó que en los próximos días, en una reunión que tiene prevista con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se definirán los tiempos y formas para decantar la iniciativa.
«Y entonces sí, con un marco legislativo que incorpore los principios a que se comprometió Gobernación, la relación del Estado con los pueblos originarios se debe basar en el respeto al ejercicio pleno de los derechos constitucionales de las comunidades, como sujetos y no como objetos de las políticas públicas», indicó.
Martínez Veloz calculó que la estrategia para contar con una nueva legislación en materia indígena tiene que concretarse este año. «Por varias razones: 2014 no es un año electoral, es el segundo año de la administración, y eso nos permitiría -si hay definiciones fundamentales- tener cinco años para hacer las reformas institucionales que se deriven de la reforma legislativa y tener buenos resultados en este sexenio», declaró.
«Los tiempos y las formas de un proceso de esta naturaleza los discutiré con el secretario de Gobernación en una próxima reunión, para definir el esquema de la estrategia de este tema que fue aceptada desde el primer día que platiqué con él», informó.
Para el comisionado, existen señales del gobierno federal que confirman la decisión de ir en ese sentido.
«Nuestro reto es precisamente modificar sustancialmente ese esquema que durante años se impuso, de exclusión y marginación. El 12 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación se publicó el compromiso de la armonización legislativa nacional con la declaración de ONU en materia de derechos indígenas
y los tratados internacionales, que caminan en el mismo sentido de los Acuerdos de San Andrés», refirió.
Convino, sin embargo, que no será un proceso sencillo, «porque sé que existen intereses contrarios a una ruta de esta naturaleza: durante 20 años he visto cómo se han expresado a veces en forma abierta o soterrada. Aún así, creo que la única posibilidad de delinear una estrategia sólida para el futuro de los pueblos indígenas se inscribe en esta ruta.
«Lo otro es seguir en la pobreza y además el peligro del incremento de la tensión social en comunidades donde, en este periodo, se han entregado concesiones, en la mayoría de los casos sin prestación alguna para los pueblos y con un deterioro grave del medio ambiente».