Admiten deuda con derechos de indígenas
Alberto Morales
El Universal
30 de julio de 2014
Foto: ARCHIVO EL UNIVERSAL
El Senado de la República suscribió un convenio de colaboración con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para desarrollar acciones que promuevan el respeto, la protección y la divulgación de los derechos humanos de los pueblos indígenas.
Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la CNDH, afirmó que a pesar de los avances legislativos, este sector de la población enfrenta una condición de vulnerabilidad que exige una revisión del marco jurídico, particularmente de la manera en que los pueblos y comunidades indígenas acceden a la justicia y en cómo se hacen efectivos sus derechos sociales.
No obstante, dijo, se debe insistir en conservar su pluralidad e identidad, como una condición para impedir que se pierda la diversidad cultural de nuestro país.
El ombudsman nacional destacó que México tiene una población de alrededor de 15 millones de mujeres y hombres que habitan en pueblos y comunidades indígenas, de los cuales cerca de la mitad no habla plenamente el español.
“Existen cerca de ocho mil indígenas en prisión, quienes —al revisar sus expedientes— se encuentra que han sufrido violaciones al debido proceso, tan elementales como el no contar con un intérprete o traductor”, agregó.
Mujeres, con mayores carencias
La senadora María Elena Barrera Tapia, del Partido Verde Ecologista, secretaria de la Mesa Directiva del Senado, recordó la necesidad de reglamentar el artículo 2 de la Constitución, en el que se reconoce y garantiza el derecho de pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación.
La legisladora refirió que la población indígena tiene grandes carencias educativas, de vivienda, de oportunidades, de justicia y de salud.
“Más aún, es entre las mujeres de este grupo poblacional donde se presentan los mayores índices de desnutrición, embarazo adolescente y mortalidad infantil y perinatal”, dijo la legisladora ecologista.
El presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado, Eviel Pérez Magaña (PRI), afirmó que la regulación del artículo 2 constitucional debe consolidar un marco eficaz de las políticas públicas, a favor de los pueblos y comunidades indígenas.
Recordó que la reforma de 2011 en materia de derechos humanos proyectó los derechos indígenas en el marco del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por México desde 1990.
La senadora Luisa María Calderón (PAN) advirtió que aunque el presupuesto para desarrollo de los pueblos indígenas ha crecido a tal grado que en 2014 se destinaron 77 mil millones de pesos —en comparación con 13 mil millones de pesos en 2001—, los gobiernos municipales no los toman en cuenta.
Dijo que “algo faltó” en el articulado de la Constitución mexicana, por lo que se debe reglamentar para que las comunidades indígenas puedan exigir sus derechos.