Estrategias y respuestas jurídicas exitosas, a favor de los pueblos: López Bárcenas
Lourdes Rudiño
La Jornada del campo
19 de julio de 2014
Si bien es cierto que hay una tendencia global brutal a mercar con los recursos naturales, como el agua y el aire, así como con la tierra, despojando a los pueblos, y que la reforma energética apunta a situaciones tan graves como “ocupaciones temporales”, esto es una especie de arrendamientos forzosos, también es cierto que hay una corriente igualmente global de derechos humanos que ha permeado en la población y en las organizaciones sociales de México, y ante las andanadas de despojo a las comunidades rurales hay respuestas jurídicas novedosas que en muchos casos se concretan exitosamente.
Así lo considera Francisco López Bárcenas, prominente abogado en derecho indígena comprometido con causas sociales y asesor agrario. Afirma: “En términos jurídicos, la globalización tiene una doble cara”: abre las posibilidades para el despojo y la contaminación de los recursos, “pero también hay una tendencia de derechos humanos que hay que saber usar y que se puede usar a favor de los pueblos”.
Comenta que él ha hecho un seguimiento durante diez años a las demandas, y sobre todo al tipo de demandas, que emprenden los pueblos para defenderse, y observa que hay planteamientos y estrategias novedosos e inteligentes, en buena parte basados en instrumentos internacionales, como es el caso de la invocación del derecho a la consulta, en demandas que piden al presidente de la República que no abuse en su derecho a otorgar concesiones y que consulte a los pueblos.
A“Por ejemplo, en Chihuahua hay casos donde los pueblos están demandando territorios, no tierras. En ese estado hay varias sentencias importantes, una de ellas un amparo ganado contra el proyecto turístico Barrancas del Cobre, que invadía y destruía territorios indígenas; la sentencia ordena la modificación del proyecto. Asimismo, en Creel se frenó un aeropuerto porque lo construyeron sin consultar a la gente y destruyó sus accesos y el lugar donde tomaban agua. Los cucapás en Baja California están demandando que se modifique el Área Natural Protegida porque no dejan pescar; en Campeche dos comunidades demandaron a Monsanto porque la miel que ellos producen se contamina con la soya transgénica de esa empresa, y acaban de ganar un amparo que obliga a frenar la siembra de esa soya. En San Miguel Progreso, Guerrero, los me´phaa (tlapanecos) dijeron: ‘vamos contra la Ley minera y contra las concesiones mineras’, y les dieron el amparo contra las concesiones mineras, no contra la ley, eso lo están apelando, pero tuvieron un éxito”.
Un caso emblemático es el de Wirikuta, con el pueblo wixarika (huicholes) como protagonista. Ellos desarrollaron una estrategia con muchos elementos, “y me llamó mucho la atención por lo bien que lo hicieron. Presentaron su demanda contra la minera canadiense First Magestic Silver Corp, pero armaron toda una estrategia de difusión, una red de apoyos, de cabildeo en los tribunales y en el Poder Legislativo, así como en el ámbito internacional, en la bolsa de valores de Canadá, y lograron lo que querían: sacar a la minera. Si el capital combina todo eso, aparte de que tiene de su parte al gobierno, tiene sus cabilderos, sus operadores, su estrategia, nosotros tenemos también que hacer algo así.
“Aunque se piense que el derecho no tiene la función que nos han dicho, de proteger a la sociedad, aunque se sepa que hay corrupción, que hay muchos tribunales que de estos temas conocen poco, la gente está haciendo demandas y obtiene éxito”.
Pero, aclara el entrevistado, “¿dónde hemos visto que se traban las cosas? En la ejecución de las sentencias. Los tribunales no ejecutan las resoluciones, las reenvían al Ejecutivo y el asunto se vuelve a enredar en los intereses políticos, te ponen trabas y tienes que recurrir nuevamente al tribunal para decir ‘oye, no estás ejecutando bien’. Entonces hay pueblos que dicen: ‘ganamos un amparo pero en realidad perdimos’.
“Eso nos decían en San Francisco Cherán, Michoacán. El pueblo ganó una sentencia para que lo reconocieran como municipio indígena, y que el Legislativo del estado hiciera una consulta antes de legislar. Pero el Legislativo dijo: ‘bueno, pues allí cuando yo legisle los consulto, por lo pronto voy a hacer la ley’, y los deja fuera. Es un cinismo terrible desde la clase política; el Legislativo debió decir ‘voy a parar la ley porque me está pidiendo la Corte que los consulte’. Hay una sentencia favorable a los yaquis que suma dos años sin poderse ejecutar, y otra a favor de la comunidad de Huetosachi, de la sierra Tarahumara, que demanda el reconocimiento de su territorio, y lleva como tres años sin poder ejecutarse. Ese es realmente el problema que tenemos”.
Otro caso, el de la Presa Zapotillo en Jalisco, “es terrible para la justicia mexicana porque suma como diez amparos ganados, todos dando la razón al pueblo, y además los ganaderos de Los Altos ganaron un amparo contra el acueducto (no la presa). Y ¿qué dice la Comisión Nacional del Agua? –porque es el gobierno el que se ha visto renuente a cumplir con esta sentencia-. Dice que eso implica mucho dinero perdido… La discusión no es el dinero sino la pervivencia de un pueblo y el cumplimiento de la ley. ¿Por qué el gobierno invirtió dinero sin antes asegurarse de la legalidad del proyecto? Alguien, algún funcionario, se excedió en sus funciones, y en todo caso habría que fincarle responsabilidad a ese funcionario, y no decir ‘no voy a cumplir la sentencia porque invertí mucho dinero’”.
López Bárcenas comenta que esta no es una situación privativa de México; “ocurre en todo el mundo, porque el derecho también se globalizó. Muchas de nuestras leyes no se hacen en el Congreso, se discuten en las grandes empresas, las diseñan los bufetes de las trasnacionales.. Antes uno presentaba un juicio y si tenía razón, lo ganaba, no había tanto interés acumulado en la justicia, ahora eso es imposible. ¿Qué tenemos que hacer?, debemos darle otro sentido al uso del derecho.
“A nivel de Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay muchísima jurisprudencia bastante progresista. Por ejemplo, en México cualquier tipo de propiedad se demuestra con documentos -una sentencia o una escritura o una resolución presidencial-. Bueno, pues resulta que la Corte Interamericana ha dicho que los pueblos no tienen por qué presentar un documento para demostrar que son propietarios, porque fundamentalmente su derecho viene de antes de que se formara el Estado. Lo que necesitan los pueblos es demostrar que tienen posesión. Esto es algo muy importante para los indígenas, y es parte del derecho mexicano. Si llega una empresa y pide papeles a los pobladores de un territorio, ellos deben responder que no necesitan papeles. O, según ha dicho la misma Corte, cuando ya sacaron a los pueblos, ellos tienen derecho a regresar aunque no tengan papeles. Esto es algo que los abogados deben ir conociendo como parte del arsenal jurídico con el que pueden defenderse.
“Lo principal, lo central, es crear conciencia en los pueblos y que los pueblos se organicen. Hay procesos importantes, muchos que no vemos, por ejemplo los nuevos movimientos indígenas. Están en un proceso de fortalecimiento interno. Están recuperando parte de sus creencias, cultura, prácticas cotidianas, les están devolviendo el poder a sus líderes de ellos, no a los que se comunican con los agentes externos, sino a sus autoridades, a sus rezanderos. Eso está pasando y es importante porque fortalece el sentido de pertenencia. Lo veo en muchas partes. Eso implica que en algún momento vamos a ver un movimiento nacional grande; por el momento su lógica es esa y van a resistir cosas”.