Extracción de hidrocarburos, ¿en tierras de quién?
Manuel Llano
La Jornada del Campo
15 de noviembre de 2014
Las industrias extractivas imponen su ley sobre los territorios del país. Bajo el discurso del desarrollo. se otorgan millones de hectáreas dispuestas al sacrificio ambiental y social. Los minerales y los hidrocarburos son indispensables para nuestra vida como la conocemos; sin embargo, su extracción no puede estar por encima de los derechos a un medio ambiente sano, al territorio o a la vida.
La pregunta entonces no es si estos recursos son indispensables o no, sino ¿en dónde sí y en dónde no se deben extraer minerales o hidrocarburos? ¿Con qué técnicas? ¿Con qué restricciones? Es decir, la cuestión es zonificar geográficamente, determinar aptitudes y vocación del territorio, evaluar prioridades y respetar derechos humanos. Para todo ello hace falta información pública, datos abiertos y debates informados, sin olvidar el derecho a la consulta. Sin embargo, la información pública, gratuita y en formatos abiertos sobre las industrias extractivas no existe en el país.
Tras la aprobación y promulgación de la reforma energética y sus leyes secundarias el pasado mes de agosto, una preocupación importante de la sociedad ha sido comprender lo que ésta implica en términos prácticos, principalmente bajo la figura de la “ocupación temporal” de tierras, debido al carácter estratégico otorgado a las actividades de exploración y extracción, tal como quedó estipulado en el artículo 96 de la Ley de Hidrocarburos.
¿Qué es la Ronda Cero y la Ronda Uno? Los permisos para desarrollar proyectos de exploración y extracción de hidrocarburos, de acuerdo con la nueva legislación, contemplan el otorgamiento de asignaciones o contratos sobre áreas, campos y bloques del territorio nacional; las primeras han sido entregadas, hasta septiembre de 2014, en la Ronda Cero y los segundos serán entregados, a partir de mayo de 2015, en la Ronda Uno.
La Ronda Cero permite que Pemex, frente a la apertura a la inversión privada, defina la asignación a su favor de ciertas áreas con recursos de hidrocarburos en el país que le permitan continuar con las actividades de exploración y extracción que llevaba a cabo bajo el régimen anterior. La Ronda Uno por su parte abrirá a la inversión privada, nacional o extranjera, los recursos de hidrocarburos no considerados en la Ronda Cero, por medio de licitaciones que iniciarán en el 2015.
Desigualdad y opacidad en perjuicio de la sociedad. La nueva Ley de Hidrocarburos autoriza la “ocupación temporal” de tierras para la extracción de hidrocarburos. Sin embargo, oficialmente no se han dado a conocer cuáles predios, ejidos y comunidades podrían ser sujetos a estas medidas. La única información oficial pública de la que dispone la sociedad hasta este momento sobre los territorios que podrán ser afectados por la Ronda Cero y Uno, son unos pequeños mapas carentes de rigor cartográfico publicados por la Secretaría de Energía (Sener) en su sitio de internet (ronda cero y ronda uno). Estos mapas públicos no contienen los archivos vectoriales georreferenciados ni las coordenadas precisas que permitan reconstruir con exactitud los polígonos de las áreas descritas. Se trata tan sólo de imágenes en baja resolución, de modo que esta información en el formato en que se presenta no es útil para determinar los territorios que serán afectados.
En contraste, el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, y el presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), Juan Carlos Zepeda Molina, presentaron a los empresarios del sector los polígonos de las áreas en Ronda Cero y Ronda Uno, así como sus características técnicas. El propio presidente de la CNH había anunciado con anterioridad que se tendría “un acercamiento con la industria para conocer su opinión sobre las áreas y campos [presentados]”. Ante estas declaraciones es preciso preguntarse, ¿y a los que no pertenecemos a la industria quién nos va a consultar?
La opacidad no termina ahí, puesto que ante dos solicitudes de información pública realizadas a la Sener (folio 0001800052614) y a la CNH (folio 1800100011514) pidiendo la información cartográfica correspondiente a las Rondas Cero y Uno, respondieron en ambos casos que la información “se tiene clasificada como reservada por un periodo de 12 años, por contener información sobre datos técnicos y geográficos que pudiesen afectar la seguridad nacional”. Así que mientras los empresarios son consultados, la sociedad y los dueños de las tierras son privados de esta información.
¿Quién puede ser afectado? A pesar de la desigualdad en el acceso a la información promovida por la Sener, realicé un análisis geoestadístico (tomando como base la escasa información pública disponible) que permite conocer y caracterizar los territorios donde están previstas las Rondas Cero y Uno, así como su posible impacto social y ambiental. El estudio completo que incluye mapas y estadísticas, se puede visitar en internet en la siguiente dirección.
Ronda Cero. Abarca una superficie de casi cuatro millones 800 mil hectáreas terrestres, distribuidas en 142 municipios de 11 estados (Campeche, Chiapas, Coahuila, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz). Dentro de esta extensión se encuentran un total de mil 899 núcleos agrarios. Las áreas en la Ronda Cero ocupan poco más de un millón 600 mil hectáreas de superficie ejidal o comunal. Los principales ejidatarios y/o comuneros afectados se encuentran en Veracruz (900 mil hectáreas) y Tabasco (500 mil hectáreas). Trece pueblos indígenas tendrían comprometida una parte de su territorio, en primer lugar el pueblo yoko yinikob (chontal) de Tabasco, con 85 por ciento (27 mil 770 hectáreas) de su territorio ocupado, seguido del pueblo totonaca (38 por ciento) y mixe-zoque del Golfo (popoluca) (31 por ciento).
Ronda Uno. Un total de 68 municipios, en ocho entidades (Campeche, Chiapas, Coahuila, Hidalgo, Puebla, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz) comprenden la distribución terrestre de la Ronda Uno. Esta se extiende a lo largo de un millón 100 mil hectáreas terrestres, principalmente en Veracruz con casi 900 mil hectáreas, seguido de Coahuila y Puebla con poco más de 90 mil hectáreas cada estado. La Ronda Uno comprende un total de 671 ejidos y comunidades, ocupando 441 mil 631 hectáreas de propiedad social, principalmente en Veracruz (317 mil hectáreas) y Coahuila (62 mil). Son cinco los pueblos indígenas que tendrían ocupada una porción de su territorio, sumando poco más de 320 mil hectáreas. Los pueblos téenek (huasteco), náhuatl y totonaca tienen una quinta parte de sus territorios comprometidos.