La letra no tan chica dela reforma energética
Aroa de la Fuente López Fundar*
La Jornada del Campo
15 de noviembre de 2014
Durante los 12 meses recientes se ha dado en México un proceso de reforma del sector energético sin precedentes que ha supuesto un cambio importante en la manera en que este sector será regulado y gestionado por el Estado. Esta reforma implicó la modificación de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, en diciembre de 2013, y la aprobación en agosto de 2014 de nueve iniciativas de ley y modificaciones a otras 12 leyes. Ambos procesos se llevaron a cabo mediante una discusión legislativa cerrada, rápida y sin participación pública.
Ahora bien, poco nos han contado a la población sobre las reales implicaciones de esta reforma, que tendrá graves consecuencias para los territorios y la garantía de los derechos fundamentales. Esto se debe a la promoción de la explotación de hidrocarburos no convencionales mediante la fracturación hidráulica (fracking) que supone la inclusión de medidas que facilitan el acceso de las empresas petroleras a los territorios, atropellando los derechos humanos y el medio ambiente.
La información que nos ha llegado desde el gobierno sobre la reforma ha justificado la misma con argumentos que aluden al crecimiento económico, la creación de empleo y la reducción en los precios de los combustibles que ésta, supuestamente, conllevará. Sin embargo, hay mucho más implicaciones de las leyes aprobadas que es importante conocer, por los impactos que tendrán para el presente y el futuro del país y su población.
Uno de los puntos clave de la reforma es el hecho de que la Ley de Hidrocarburos define a esta industria como de “interés público”, y a la exploración y extracción de gas y de petróleo como de “orden público”. Más allá del cuestionamiento que puede hacerse en torno a por qué se declara de interés público a una industria que, a raíz de la reforma, tendrá cada vez más un carácter privado, estas definiciones tienen importantes implicaciones prácticas.
Una de ellas es que, a partir de este momento, las empresas petroleras tendrán prioridad con respecto al acceso y uso del territorio. Por tanto, el Estado podrá obligar a las y los propietarios de las tierras a rentárselas a estas compañías. Esto no es un hecho menor. Los proyectos que usanfracking, por ejemplo, presentan tasas de declinación de la producción de entre 81 y 90 por ciento a tan sólo dos años de haber comenzado a producir. Esto implica que la mayor parte de los pozos son abandonados a los tres o cinco años. En poco tiempo las empresas abandonarán los terrenos, dejando a sus dueños daños irreversibles y tierras inservibles para el desarrollo de otras actividades, como la agricultura y la ganadería.
Con base en experiencias observadas en otros megaproyectos con un grado de afectación similar, los posibles pagos que las empresas harán a los propietarios suelen tener un impacto efímero en su bienestar. Incluso, en algunos casos, estos pagos ni siquiera llegarán a sus manos. Esto se debe a que, aunque la Ley de Hidrocarburos establece que las empresas deberán pagar a los propietarios entre 0.5 y tres por ciento de los ingresos que obtengan por las actividades realizadas en sus terrenos, este pago está sujeto a aquellos casos en que haya extracción comercial. Es decir, es probable que las empresas hagan ofertas a comunidades que nunca se materialicen, al tiempo que las mismas se ven afectadas por la contaminación y degradación ambiental que dejarán a su paso.
Por otro lado, el hecho de que esta actividad sea declarada de orden público implica que, en caso de que alguna persona o comunidad afectada por el proyecto ejerza su legítimo derecho a la protesta, pueda ser detenida e incluso encarcelada por poner “en riesgo” el desarrollo de esta actividad. Además, hay que considerar el papel de la nueva Gendarmería creada el 22 de agosto pasado, con el objetivo de actuar en aquellos casos en que haya actores que atenten contra los proyectos productivos o las fuentes de ingresos del Estado. Este cuerpo policial de élite podrá ser uno más utilizado por el Estado para imponer los proyectos energéticos y actuar en contra de las personas que defiendan sus derechos ante los mismos. Por ello, es necesario exigir que la Gendarmería dirija sus actuar a la protección de la población, no a la defensa de las empresas.
Es fundamental que cada vez más personas cobren conciencia sobre las implicaciones de la Reforma Energética, especialmente aquellas que se encuentran en las zonas afectadas por los proyectos gasíferos y petroleros. La información y organización social son las vías más importantes para asegurar el respeto de los derechos humanos ante esta actividad y exigir espacios de participación y consulta, así como la posibilidad de negar el acceso de las empresas a los territorios.
Para más información sobre el papel de la gendarmería en la explotación de hidrocarburos, consultar el posicionamiento realizado por numerosas organizaciones de sociedad civil y miembros de la academia: “Gendarmería debe proteger derechos de personas y no intereses empresariales”.
* Centro de Análisis e Investigación