Pago por servicios ambientales sobre el patrimonio biocultural
Ana Isabel Zavaleta Ortega
La Jornada del Campo
18 de enero de 2014
En julio de 2013, unas diez comunidades del estado de Oaxaca firmaron convenios con la Comisión Nacional Forestal (Conafor) para recibir pago por los servicios ambientales que prestan sus recursos naturales, en específico por captación de agua, captura de carbono y conservación de la biodiversidad.
Las comunidades aceptadas en el programa deben cumplir con ciertas obligaciones, como no deforestar las áreas inscritas, evitar el cambio de uso de suelo y hacer trabajos de restauración y reforestación, así como generar talleres de educación ambiental entre los miembros de las comunidades.
En su modalidad de pago por servicios ambientales, el Programa Nacional Forestal (Pronafor) suma alrededor de una década de existencia y se presenta oficialmente como una propuesta de apoyo a las comunidades para el cuidado de sus recursos naturales, mediante la implementación de proyectos dirigidos al manejo forestal sustentable y la gestión territorial. Como es sabido, diversas organizaciones han manifestado que en la práctica el programa promueve únicamente la conservación y puede provocar inactividad y dependencia de parte de las comunidades, con el riesgo de caer en dinámicas asistenciales.
Es importante tener presente que el pago por servicios ambientales está enmarcado en una visión en que los pueblos que conviven directamente con la naturaleza son considerados propietarios que ayudan a proveer servicios elementales para la vida, mientras que las personas y empresas que utilizan los servicios son vistos como usuarios que deben retribuir por lo que se les otorga. Estos programas no toman en cuenta las diversas territorialidades que configuran las comunidades o ejidos y soslayan el anclaje de la diversidad cultural a la biodiversidad.
No obstante, aunque esta concepción pueda parecer contraria a las comunitarias, es importante considerar las razones que tienen los actores locales para solicitar estos recursos. Para algunos puede representar una opción viable de financiamiento dirigido a diversas actividades de protección y restauración de su patrimonio natural, mientras que para otros es la oportunidad de recibir un apoyo monetario, necesario por la situación precaria en que viven muchas comunidades ante la crisis económica del campo.
La comunidad de San Pedro Yolox, de la Chinantla Baja, fue el año pasado una de las elegidas como beneficiarias del Pronafor para recibir pago por servicios ambientales. Los comuneros de Yolox comentan que decidieron solicitarlo para poder realizar actividades en torno al bosque que les permitan generar empleos para los jóvenes, quienes usualmente se ven forzados a migrar ante la falta de alternativas económicas. Yolox cuenta con una amplia experiencia en cuanto a la gestión forestal, han implementado proyectos de reforestación y realizan actividades de aprovechamiento en un predio que pertenece al régimen de bienes comunales. Desde hace muchos años generan normas y acuerdos relacionados con el cuidado del bosque, existe una brigada forestal que pertenece al comisariado de bienes comunales, asignan áreas para la extracción de recursos para uso doméstico y penalizan a quienes no acatan las decisiones de la asamblea. La relación de esta comunidad chinanteca con su bosque va mucho más allá del Pronafor y sus condicionamientos; remite a cientos de años de historia compartida, a prácticas productivas, conocimientos tradicionales y representaciones simbólicas.
Otra experiencia es la del Comité Regional de Recursos Naturales de la Chinantla Alta(Corenchi), una organización conformada por comunidades de la región que trabajan conjuntamente con asociaciones civiles en la protección y conservación de sus recursos naturales. Desde sus comienzos optó por solicitar el pago por servicios ambientales hidrológicos para las comunidades y ejidos que la integran. Las comunidades que pertenecen al Corenchi que fueron seleccionadas para el programa decidieron administrar una parte de los recursos asignados de manera conjunta, generando una nueva dinámica organizativa que no está contemplada en el programa. Sólo el tiempo y las mismas comunidades podrán decir qué beneficios o perjuicios traen estos programas, si promueven la organización local o la desarticulan, y si son compatibles o no con proyectos comunitarios de aprovechamiento forestal y gestión propia del territorio.